José Gerardo Núñez Jaramillo y Otros.

Expediente 1140/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1140/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
03/01/2018

Partes del expediente

  • José Gerardo Núñez Jaramillo y Otros.
  • Marina Gaona Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del proveído de quince de diciembre de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido, el que, al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ..........., por su propio derecho, contra actos de la Juez Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato y otras autoridades. Se ordena el registro de la demanda con el número 1140/2017-III. Ahora bien, efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" El precepto transcrito establece como causa de improcedencia del juicio de amparo que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado Cabe señalar que el medio de defensa a que se refiere la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación, modificación o nulificación del acto que lesiona sus derechos, de modo tal que no cualquier recurso o medio de defensa legal puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que tengan los efectos precisados. De lo que se sigue que, si la parte quejosa promueve una demanda de amparo en contra de los mismos actos por los cuales hizo valer un recurso improcedente o no idóneo para obtener la revocación, modificación o nulificación de la resolución que le afecta, no está en posibilidad de estimar improcedente el juicio constitucional, ya que ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. En este orden de ideas, la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; 2) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido; y, 3) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 29, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 41, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Compilación 2001, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar algunos de los antecedentes del acto reclamado que narraron los promoventes bajo protesta de decir verdad, siendo éstos los siguientes: José Alfredo Laguna Laguna, demandó en la vía ordinaria civil a Marina Gaona Gómez y José Gerardo Núñez Jaramillo. El conocimiento de esa contienda correspondió al Juzgado Civil de Partido, con residencia en Cortazar, Guanajuato, en donde se radicó con el número C-0023/2017. Seguido el juicio por sus etapas se dictó sentencia en la que se condenó a la parte demandada a la entrega del bien inmueble ubicado en la calle Matamoros, número 211, zona Centro de Cortazar, Guanajuato. En auto de veintitrés de noviembre pasado, se ordenó poner en posesión material de la parte actora el inmueble antes descrito, autorizándose para tal efecto el uso de la fuerza pública, así como rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario, al no haber dado cumplimiento voluntario a la sentencie emitida. Por ello, la parte quejosa interpuso recurso de revocación en contra de dicho proveído, toda vez que el mismo no es preciso en describir el inmueble que se pretende poner en posesión. Medio de defensa que se admitió a trámite el uno del presente mes y año, sin que a la fecha se haya emitido la resolución correspondiente. Manifestaciones a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Precisado lo anterior, en el caso concreto la quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando el desposeimiento del inmueble ubicado en la calle Matamoros, número 211, zona Centro de Cortazar, Guanajuato, ordenado en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, emitido en el juicio ordinario civil C23/2017, del índice del Juzgado Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato. En ese orden, el suscrito se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio -fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo-, dado que concurren las circunstancias a que se han hecho referencia. En efecto, la exigencia marcada con el número 1 se encuentra cubierta, dado que en contra del auto de veintitrés de noviembre del año en curso, que ordenó poner en posesión material a la parte actora el inmueble antes descrito, los aquí quejosos promovieron recurso de revocación. Por lo que respecta al requisito precisado con el número 2, también se encuentra satisfecho, debido a que el recurso de revocación se admitió a trámite y como lo refirió la propia parte quejosa todavía no se ha dictado resolución. En lo tocante al último de los requisitos identificado con el número 3, consistente en que el recurso de revocación constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el presente juicio, igualmente se encuentra colmado. Se afirma lo anterior, dado que la finalidad perseguida con la promoción del recurso de revocación tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el auto de mandamiento de ejecución reclamado, ya que es el medio de defensa idóneo. Por tanto, no es dable jurídicamente examinar los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, en virtud que está en vías de ser resuelto a través de un mecanismo de defensa que tiene efectos semejantes a los que se obtienen o derivan del juicio de amparo, lo que precisamente impide la hipótesis prevista en la fracción XIX del citado artículo 61 de la ley de la materia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica al no contar con cédula profesional inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Vista la demanda de amparo promovida por ..........., por su propio derecho, contra actos de la Juez Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato y otras autoridades. Se ordena el registro de la demanda con el número 1140/2017-III. Ahora bien, efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia la deseche de plano. Respecto al concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Bajo ese contexto, el suscrito estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado;" El precepto transcrito establece como causa de improcedencia del juicio de amparo que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesta por el quejoso, que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado Cabe señalar que el medio de defensa a que se refiere la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe tener por objeto que el promovente del mismo pueda obtener la revocación, modificación o nulificación del acto que lesiona sus derechos, de modo tal que no cualquier recurso o medio de defensa legal puede dar lugar a la actualización de la causal de improcedencia en examen, sino sólo aquellos que tengan los efectos precisados. De lo que se sigue que, si la parte quejosa promueve una demanda de amparo en contra de los mismos actos por los cuales hizo valer un recurso improcedente o no idóneo para obtener la revocación, modificación o nulificación de la resolución que le afecta, no está en posibilidad de estimar improcedente el juicio constitucional, ya que ese recurso o medio de defensa legal improcedente o no idóneo, no tendría por efecto modificar, revocar o nulificar el acto materia del juicio constitucional. En este orden de ideas, la improcedencia del juicio de amparo por la causal prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo debe estimarse actualizada cuando se cumplan los siguientes requisitos: 1) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; 2) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido; y, 3) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo, lo que debe ser examinado por el Juez de amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 29, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 41, Tomo VI, Materia Común, Novena Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Compilación 2001, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Ahora, con el objeto de comprender por qué el suscrito estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia referida, conviene relatar algunos de los antecedentes del acto reclamado que narraron los promoventes bajo protesta de decir verdad, siendo éstos los siguientes: José Alfredo Laguna Laguna, demandó en la vía ordinaria civil a Marina Gaona Gómez y José Gerardo Núñez Jaramillo. El conocimiento de esa contienda correspondió al Juzgado Civil de Partido, con residencia en Cortazar, Guanajuato, en donde se radicó con el número C-0023/2017. Seguido el juicio por sus etapas se dictó sentencia en la que se condenó a la parte demandada a la entrega del bien inmueble ubicado en la calle Matamoros, número 211, zona Centro de Cortazar, Guanajuato. En auto de veintitrés de noviembre pasado, se ordenó poner en posesión material de la parte actora el inmueble antes descrito, autorizándose para tal efecto el uso de la fuerza pública, así como rompimiento de cerraduras en caso de ser necesario, al no haber dado cumplimiento voluntario a la sentencie emitida. Por ello, la parte quejosa interpuso recurso de revocación en contra de dicho proveído, toda vez que el mismo no es preciso en describir el inmueble que se pretende poner en posesión. Medio de defensa que se admitió a trámite el uno del presente mes y año, sin que a la fecha se haya emitido la resolución correspondiente. Manifestaciones a las que se les otorga valor pleno como confesión, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en atención al criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicado en la página 857, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Precisado lo anterior, en el caso concreto la quejosa acude a esta instancia constitucional reclamando el desposeimiento del inmueble ubicado en la calle Matamoros, número 211, zona Centro de Cortazar, Guanajuato, ordenado en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, emitido en el juicio ordinario civil C23/2017, del índice del Juzgado Civil de Partido de Cortazar, Guanajuato. En ese orden, el suscrito se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en estudio -fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo-, dado que concurren las circunstancias a que se han hecho referencia. En efecto, la exigencia marcada con el número 1 se encuentra cubierta, dado que en contra del auto de veintitrés de noviembre del año en curso, que ordenó poner en posesión material a la parte actora el inmueble antes descrito, los aquí quejosos promovieron recurso de revocación. Por lo que respecta al requisito precisado con el número 2, también se encuentra satisfecho, debido a que el recurso de revocación se admitió a trámite y como lo refirió la propia parte quejosa todavía no se ha dictado resolución. En lo tocante al último de los requisitos identificado con el número 3, consistente en que el recurso de revocación constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el presente juicio, igualmente se encuentra colmado. Se afirma lo anterior, dado que la finalidad perseguida con la promoción del recurso de revocación tiene como consecuencia que se nulifique, revoque o modifique el auto de mandamiento de ejecución reclamado, ya que es el medio de defensa idóneo. Por tanto, no es dable jurídicamente examinar los actos que se reclaman en esta instancia constitucional, en virtud que está en vías de ser resuelto a través de un mecanismo de defensa que tiene efectos semejantes a los que se obtienen o derivan del juicio de amparo, lo que precisamente impide la hipótesis prevista en la fracción XIX del citado artículo 61 de la ley de la materia. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por otra parte, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que precisa y autorizando en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica al no contar con cédula profesional inscrita en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".

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