Jose Gerardo Martinez Sainz

Expediente 161/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
161/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Jose Gerardo Martinez Sainz

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por el cual realiza diversas manifestaciones en relación a la vista de dos de mayo del año en curso. En atención a su contenido, se le informa que en auto de veinte de abril de dos mil veintidós, se declaró firme el auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo y se ordenó archivar el asunto como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, en que se hace constar que no se interpuso el recurso de queja previsto por el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y, archívese el asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por ***** por derecho propio, contra actos del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y otras autoridades. Fórmense los expedientes que refiere el artículo 3° de la ley de la materia y regístrese con el número de expediente 161/2021-II. Ahora, de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa se desempeñaba como Policía Federal y fue adscrito a la Guardia Nacional, en términos de los acuerdos de transferencia que establecen que conservara su grado y prestaciones; no obstante, señala que "El 15 de diciembre del 2020, después de recibir todo el año el salario indebido, acudí con mi superior jerárquico a señalar que solicitaba se realizara dicha actualización a la brevedad posible, a lo que respondió que ERA EL SALARIO DEL CUAL IBA A GOZAR Y QUE EL SALARIO QUE GOCE EN LA POLICÍA FEDERAL NO LO VOLVERÍA A RECIBIR". El quejoso reclama los actos siguientes: Los recibos de pago en los que se le otorga salario menor al que percibía en la Policía Federal, se le retiran prestaciones y le quintan el cargo ***. El Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la Transferencia de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros que tiene asignados la Policía Federal, "ya que del mismo se desprende que todos los integrantes de la Policía Federal, seremos transferidos a la Guardia Nacional con el mismo salario y prestaciones". La falta de apego y acatamiento a las normas jurídicas y lineamientos emitidos para su transferencia a la Guardia Nacional. La autorización y orden de pago que no corresponden con lo que percibía en la Policía Federal. La omisión de respetar el salario que percibía el quejoso en la Policía Federal, desde que inició el periodo de transferencia (4 de mayo de 2020). Asignación del grado diverso al que tenía en la Policía Federal. La ejecución de la orden de disminuir sus haberes. De la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama, en esencia, la orden de disminuir el salario que recibía en la Policía Federal. Al respecto, debe señalarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, página ochocientos noventa, cuyo rubro y texto es: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De acuerdo con lo anterior, este Juzgado advierte que se actualiza, de forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre los miembros de las instituciones policiales y las dependencias para las que prestan sus servicios, cuando dichas controversias surgen únicamente con motivo del desarrollo de esos servicios y no se vinculan con la suspensión del servicio activo, remoción, cese o baja. El artículo 61 de la Ley de Amparo establece causas específicas en las cuales resulta improcedente el juicio de amparo; sin embargo, en su fracción XXIII, se prevé la posibilidad de que la improcedencia del juicio derive de alguna otra disposición, ya sea de la Constitución o de la misma ley. Con base en ello, se permite que el juzgador desarrolle un proceso intelectivo de argumentación a partir del cual pueda concluir que el juicio de amparo resulta improcedente a pesar de no ubicarse en alguno de los supuestos señalados en las otras veintidós fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo. Por su parte, en el artículo 1°, fracción I de la referida ley se prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen derechos humanos; mientras que en el artículo 5°, fracción II, se establece la definición de autoridad responsable, como aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. En el caso, el hecho de que el quejoso sea integrante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana no implica que todos los actos de esa dependencia vinculados con la prestación de servicios, constituyan actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. Debe recordarse que existen dos regímenes jurídicos de relaciones laborales previstos a nivel constitucional, a saber: a) las reguladas por el artículo 123, Apartado A, entre los patrones y los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y, en general, todos los obligados por un contrato de trabajo, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal del Trabajo; y, b) las reguladas por el apartado B, que se refieren el régimen jurídico de las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, siendo su ley reglamentaria la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Al respecto, se precisa que, aunque en dichas relaciones intervienen distintas partes, ambos tipos de relaciones laborales constituyen relaciones de coordinación. El hecho de que las relaciones laborales que regula el apartado B se susciten entre particulares y entidades públicas, no incide en forma alguna en la naturaleza de la relación; es decir, el hecho de que el patrón sea un ente público no significa que automáticamente la relación laboral se convierta en una relación de supra subordinación. Lo anterior es así, pues más allá de la subordinación jerárquica estrictamente laboral derivada de una relación de trabajo, entre el patrón y el trabajador no existe una relación de supra a subordinación, sino de mera coordinación en la que ambas partes se encuentran en un mismo plano. Tratándose de las relaciones laborales que el Estado establece con sus trabajadores, se obliga como cualquier patrón, por lo que en dichas relaciones no ejerce imperio del derecho público, por lo que los derechos y obligaciones que surgen deben entenderse en un plano de coordinación; de ahí que ambos tipos de relaciones, tanto las que se rigen por el apartado A, como las que se rigen por el apartado B, son de coordinación. Lo anterior, se advierte de la jurisprudencia P./J. 10/90, que lleva por rubro: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE". Así como de la tesis I.6o.T. J/28 (10a.), que lleva por rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN". Por su parte, en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución se regulan las relaciones laborales entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores, y en la fracción XIII, se establece que las relaciones de trabajo de los miembros de las instituciones policiales se regirán por sus propias leyes. Lo anterior, implica que los miembros de las instituciones policiales tienen una relación administrativa con el Estado, esto es, que no se trata de una relación de índole laboral en sentido estricto [que se rija por el derecho del trabajo], sino que dichos servidores públicos están excluidos, por disposición constitucional, de la aplicación de las normas de trabajo para los demás servidores públicos del Estado. Esto quiere decir que los miembros de las instituciones policiales siguen siendo empleados públicos, solo que no son designados mediante contratos de trabajo y, por ende, no tienen derecho a reclamar estabilidad en el empleo ni a la inmutabilidad en las condiciones de permanencia. Por esa razón, en oposición a los demás empleados públicos, los miembros de las instituciones policiales no pueden acudir al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje para resolver sus conflictos individuales, en términos del artículo 123, Apartado B, fracción XII, de la Constitución; sin embargo, ello no implica que no exista una vía ordinaria para ello, pues por afinidad, pueden acudir al Tribunal Contencioso Administrativo correspondiente. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los conflictos suscitados entre los elementos de seguridad pública estatales y sus dependencias, con motivo de la prestación de servicios públicos deben resolverse en el Tribunal Contencioso del Estado por ser dicho órgano el más afín dada su relación jurídica de naturaleza administrativa. Al respecto, resulta aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 82/98, que lleva por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL". En el caso, el quejoso se duele de la disminución del sueldo que percibía como Policía Federal, lo que se relaciona con cuestiones derivadas de la prestación de sus servicios, pero no tiene que ver con la suspensión, remoción o cese de éstos. Tratándose del procedimiento que puede culminar con la remoción o cese de los policías, la Segunda Sala del Alto Tribunal ha sostenido que el acuerdo de inicio constituye un acto de imposible reparación, porque puede culminar en la separación del servicio activo y, aun cuando con posterioridad se demuestre la ilegalidad de esa actuación, no podrán ser reinstalados, por la prohibición establecida en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, por lo que el juicio de amparo es procedente. No obstante, en el caso, aun cuando el quejoso se desempeña como policía y está sujetos al régimen de excepción previsto en el artículo 123, Apartado B, fracción XIII, de la Constitución, lo cierto es que el acto que reclama no se vincula con "el derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él" que refiere la Segunda Sala del Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), lo que lleva a concluir la improcedencia del juicio de amparo para dilucidar controversias relacionadas con aspectos suscitados con la prestación de servicios o con las prestaciones derivadas de ellos, pues para ello existen vías ordinarias. Entonces, en el juicio de amparo no pueden analizarse esas controversias, pues deben ventilarse en las vías ordinarias, en este caso, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por ser el órgano competente por afinidad, atendiendo a la relación administrativa que une al quejoso con la dependencia para la que labora y en sustitución de un tribunal burocrático. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.6o.T. J/39 (10a.), que lleva por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LA POLICÍA FEDERAL. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA (ACTUALMENTE TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA)". De igual manera, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 31/2019 (10a.), que lleva por rubro: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL RECLAMO DE RECONOCIMIENTO DE UN RIESGO DE TRABAJO ANTE EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, FORMULADO POR AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, PERITOS Y MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES FEDERALES". Derivado de lo anterior, el juicio de amparo no es la vía idónea para resolver controversias surgidas entre integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la dependencia para la que presta sus servicios, con motivo del desarrollo de estos, si no se vinculan con su suspensión, remoción o con el acuerdo de inicio del procedimiento respectivo. Sostener lo contrario, implicaría afirmar que uno de los objetos del juicio de amparo es fungir como un "juicio laboral" para los elementos policiales, lo que es inadmisible desde un punto de vista constitucional. Por tanto, resulta improcedente la demanda. Son aplicables las tesis siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE POR NOTORIA Y MANIFIESTA IMPROCEDENCIA, CUANDO SE ADUCE LA INDEBIDA CUANTIFICACIÓN DE PRESTACIONES, RECLAMADA CON MOTIVO DE LA EMISIÓN DEL RECIBO DE PAGO EXPEDIDO A LOS AGENTES DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO. La indebida cuantificación de prestaciones, reclamada con motivo de la emisión del recibo de pago expedido a los agentes de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, por sí misma, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, y menos aún puede considerarse como un acto de molestia que deba cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al derivar de una relación jurídica de coordinación dentro del ámbito administrativo. Por tal razón, al tratarse de una causa de improcedencia notoria y manifiesta, el Juez de Distrito, al proveer lo relativo al escrito de demanda, debe atender al principio de mayor beneficio y desecharla para evitar dilaciones en perjuicio del quejoso, a fin de que haga valer sus derechos en otras instancias. Ello, porque, al admitirse la demanda y continuar con el juicio biinstancial hasta el dictado de la resolución respectiva, se irrumpe, en agravio del gobernado, su derecho al pleno acceso a la justicia, previsto en los artículos 17 constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA POR LA RETENCIÓN O FALTA DE PAGO DE COMPENSACIONES (BONOS). CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL ESTATAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, POR LO CUAL, EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DE ENTREGARLES ESAS PRESTACIONES, SIN HABERLOS DADO DE BAJA, ES IMPROCEDENTE (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 104/2007). Los artículos 99 de la Constitución Política, y 155, 163 y 164 del Código Administrativo, ambos del Estado de Chihuahua, establecen que las Juntas Arbitrales serán las encargadas de resolver las controversias que se susciten entre el funcionario de una unidad burocrática y sus trabajadores y que el Tribunal de Arbitraje solucionará en revisión los conflictos individuales entre la administración o sus representantes y sus trabajadores, así como que el Poder Judicial dirimirá toda controversia derivada de la aplicación de la legislación del Estado y las que se originen dentro de su territorio, con motivo de leyes del orden federal, cuando así lo autoricen esos ordenamientos. Sin embargo, dichos preceptos no señalan qué órgano debe conocer de una demanda promovida por un integrante de las instituciones de seguridad pública del Estado de Chihuahua en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios [retención o falta del pago de compensaciones (bonos)]. Por tanto, ante la falta de disposición en la entidad que otorgue esas facultades a una autoridad en específico, la competencia para conocer de esos reclamos recae en el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, previsto en el artículo 39 bis de la Constitución Local, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé el derecho de toda persona a que se le administre justicia, por ser ese órgano jurisdiccional, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa, al ser un policía quien efectúa el reclamo; máxime que las leyes locales que rigen a dichos servidores públicos tampoco prevén algún procedimiento para resolver las controversias mencionadas. En ese orden de ideas, si en el juicio de amparo indirecto se reclama la omisión de entrega de las prestaciones indicadas y el quejoso ostenta el carácter de policía en activo, debe sobreseerse en el juicio, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1o., fracción I y 5o., fracción II, todos de la Ley de Amparo, ya que el juicio constitucional no es la vía idónea para ello, más aún, porque el quejoso no pretende reclamar su baja en el servicio, caso en el que sí resultaría procedente la acción. Sin que se estime que sea optativo acudir o no a esa instancia local, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 104/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que dicho criterio no alude a servidores públicos con quienes el Estado mantiene una relación de carácter administrativo y no laboral, en términos de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 constitucional, como en el caso". No pasa inadvertido para este Juzgado, que el quejoso en el capítulo de actos reclamados señale el acuerdo por el que se emiten los lineamientos para la transferencia de los recursos humanos, materiales y financieros que tiene asignados la policía federal; sin embargo, de la lectura integral de la demanda de amparo y de la causa de pedir, se puede colegir que reclama su indebida aplicación, pues aduce que dicho acuerdo señala que todos los integrantes de la Policía Federal serian transferidos a la Guardia Nacional con el mismo salario y prestaciones. Además, aun en caso de reclamar el acuerdo, debe acudir al juicio de nulidad, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: I. Los decretos y acuerdos de carácter general, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación; [.]". En las relatadas circunstancias, se estima actualizada la causa de improcedencia y por ende, se desecha de plano la demanda con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, 1°, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Por último, debe señalarse que si bien el artículo 1°, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Lo cierto es que del principio pro persona no deriva necesariamente que lo planteado por los gobernados deba ser resuelto de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva, ya que ese principio no puede ser constitutivo de derechos, cuando no existe sustento para ello en las normas jurídicas aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque es conforme a las normas legales aplicables que deben resolverse las controversias. De este modo lo ha determinado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J.104/2013 (10ª), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, pág. 906, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Es por ello que con el desechamiento de la demanda de amparo no se impide al promovente acceder a la justicia, toda vez que la observancia de los supuestos de procedencia para él establecidos, es un requisito legal que se debe cumplir. Se cita en apoyo la tesis 1a. LXXXIV/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos noventa, del libro XVIII, marzo de dos mil trece, tomo uno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y por así haberlo solicitado expresamente, se ordena que las notificaciones al quejoso, aun las de carácter personal, le sean practicadas vía electrónica. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO. Se tiene por señalado el número de teléfono y el correo electrónico que indica el promovente, como medios alternativos de comunicación; sin embargo, las notificaciones serán practicadas en términos de los que establece la Ley de Amparo. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En término del artículo 3° de la ley de la materia, se le autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa, con el usuario *****. AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a quienes acrediten tener su registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos a las demás personas señaladas. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan a efecto que los Actuarios adscritos puedan llevar a cabo las notificaciones necesarias. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

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