José Gerardo López Tiscareño
Expediente 526/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 526/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- José Gerardo López Tiscareño
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta, remitido por la Secretaria del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, al que acompaña el oficio 56180/2022, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, al que anexa el acuerdo dictado el veintinueve de abril de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo..., de su índice. Ahora bien, de éste último se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, aceptó la competencia planteada por éste órgano jurisdiccional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por..., contra actos atribuidos a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión y otras autoridades, que le fue remitida mediante oficio 21969/2021, derivado del presente juicio de amparo, la cual registró bajo el número de amparo... En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese al archivo. El cuaderno de antecedentes es destruible. Notifíquese; mediante lista a las partes.
- Principal
REMITE BOLETA DE TURNO - Visto el correo de cuenta, remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones en la Ciudad de México, al que anexa boleta de turno con registro 017629/2021, de la que se advierte que el presente juicio de amparo fue turnado al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México. - SE REQUIERE INFORME - Por tanto, solicítese atentamente al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, de no tener inconveniente, informe a éste órgano jurisdiccional el tratamiento que ha dado a la demanda presentada por el quejoso José Gerardo López Tiscareño, remitida por este juzgado en cumplimiento al proveído de incompetencia dictado el veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Notifíquese por oficio al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México (vía IOJ) y cúmplase.
- Principal
-Informe turno de asunto - Visto el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno este Juzgado decretó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, ordenado su remisión al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Sin que hasta esta data se haya acusado de recibo por parte del órgano jurisdiccional a quien se turnó o bien por parte de la Oficina de Correspondencia Común de dicha materia, lo anterior para estar en condiciones de declarar el presente asunto como concluido y ordenar su archivo en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por tanto, se solicita a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, para que, de no tener inconveniente, informe a qué Juzgado se turnó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo. Notifíquese por oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones y cúmplase.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE: "...El escrito de demanda debe estudiarse en su integridad, con un sentido liberal y no restrictivo, a fin de impartir una recta administración de justicia, lo cual encuentra apoyo en la tesis aislada 206167, 1ª.II/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Mayo de 1992, Tomo IX, página 94, de rubro: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU". De la demanda se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables: a) La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. b) La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. c) El Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. d) La Secretaría de Gobernación. e) El Instituto Federal de Telecomunicaciones. f) La empresa de telefonía celular TELCEL. A quienes reclamas los actos siguientes: De las autoridades precisadas en los incisos a) y b), la discusión y aprobación del Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de abril de 2021, particularmente el artículo 186 QUATER De las precisadas en los incisos c) y d) la orden de mandar publicar y el refrendo de la normativa expuesta. De la autoridad indicada en el inciso e), la inminente recepción de datos personales (biométricos) del quejoso, derivado de la obtención e ingreso de los mismos al PADRÓN NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, derivado de la aprobación del Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de abril de 2021, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en específico los artículos 15 fracción XLII BIS, 176, Y 180 BIS A 180 SEPTIMUS. Finalmente, de la última autoridad, se reclama la inminente obtención e ingreso al PADRÓN NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL datos personales (biométricos) del quejoso, derivado de la aprobación del Decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 16 de abril de 2021, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en específico los artículos 15 fracción XLII BIS, 176, Y 180 BIS A 180 SEPTIMUS. Dados los actos reclamados y las autoridades responsables, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. Precisa mencionar que la competencia es la cualidad que legitima a un órgano judicial para conocer de un determinado asunto, con exclusión de los demás órganos judiciales de la misma rama de la jurisdicción, por lo que constituye un presupuesto procesal de orden público. A su vez, la competencia material se traduce en la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tratándose de la competencia material en el juicio de amparo, debe ponderarse principalmente la naturaleza del acto reclamado y, a partir de su objetiva constatación, se podrá determinar qué órgano jurisdiccional deberá conocer del asunto. Con relación a ese tópico, sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 412, registro 167761, Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." En virtud de los actos que reclama la parte quejosa y de las autoridades señaladas como responsables, resulta oportuno destacar lo dispuesto en los artículos 6, 28 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los temas de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión: "Artículo 6o.- La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios. Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente: (.) B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales. II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias. III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución. IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión. V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad. El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo. El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría. El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes. VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.". "Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará als (sic) prohibiciones a título de protección a la industria. (.) El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. Corresponde al Instituto, el otorgamiento, la revocación, así como la autorización de cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones en materia de radiodifusión y telecomunicaciones. El Instituto notificará al Secretario del ramo previo a su determinación, quien podrá emitir una opinión técnica. Las concesiones podrán ser para uso comercial, público, privado y social que incluyen las comunitarias y las indígenas, las que se sujetarán, de acuerdo con sus fines, a los principios establecidos en los artículos 2o., 3o., 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones, así como por la autorización de servicios vinculados a éstas, previa opinión de la autoridad hacendaria. Las opiniones a que se refiere este párrafo no serán vinculantes y deberán emitirse en un plazo no mayor de treinta días; transcurrido dicho plazo sin que se emitan las opiniones, el Instituto continuará los trámites correspondientes. Las concesiones del espectro radioeléctrico serán otorgadas mediante licitación pública, a fin de asegurar la máxima concurrencia, previniendo fenómenos de concentración que contraríen el interés público y asegurando el menor precio de los servicios al usuario final; en ningún caso el factor determinante para definir al ganador de la licitación será meramente económico. Las concesiones para uso público y social serán sin fines de lucro y se otorgarán bajo el mecanismo de asignación directa conforme a lo previsto por la ley y en condiciones que garanticen la transparencia del procedimiento. El Instituto Federal de Telecomunicaciones llevará un registro público de concesiones. La ley establecerá un esquema efectivo de sanciones que señale como causal de revocación del título de concesión, entre otras, el incumplimiento de las resoluciones que hayan quedado firmes en casos de conductas vinculadas con prácticas monopólicas. En la revocación de las concesiones, el Instituto dará aviso previo al Ejecutivo Federal a fin de que éste ejerza, en su caso, las atribuciones necesarias que garanticen la continuidad en la prestación del servicio. El Instituto Federal de Telecomunicaciones garantizará que el Gobierno Federal cuente con las concesiones necesarias para el ejercicio de sus funciones. La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: (.) VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales; (.)". "Artículo 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. (.) El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Asimismo, mediante acuerdos generales establecerá Plenos de Circuito, atendiendo al número y especialización de los Tribunales Colegiados que pertenezcan a cada Circuito. Las leyes determinarán su integración y funcionamiento. (.)". Conforme a los preceptos constitucionales le corresponde al Estado garantizar, entre otros objetivos, el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet y para tal efecto se creó el órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, denominado Instituto Federal de Telecomunicaciones, que tiene por objeto, el desarrollo eficiente de las políticas y regulación de la radiodifusión y las telecomunicaciones, teniendo a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales; cuyos actos, de conformidad con la propia reforma constitucional, sólo podrán impugnarse a través del juicio de amparo substanciado ante jueces especializados en términos del artículo 94 de la Ley Fundamental. En atención a lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal expidió el ACUERDO General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y jurisdicción territorial en toda la República. A la conclusión de funciones de los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Primer y Segundo Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y jurisdicción territorial en toda la República. Así como su domicilio, fecha de inicio de funcionamiento y a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Órganos Jurisdiccionales indicados. Y al cambio de denominación de la oficina de correspondencia común del Centro Auxiliar de la Primera Región. Dicho acuerdo establece: "(.) SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. (.) OCTAVO.- A partir de la fecha señalada en los puntos SEGUNDO y CUARTO del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región se denominará Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región; y prestará servicio a los órganos jurisdiccionales motivo del presente acuerdo además del que brinda a los juzgados y tribunales auxiliares de su adscripción. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles a partir del diez de agosto de dos mil trece que correspondan a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito especializados de que se trata, así como entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la especialización de mérito según corresponda, en términos de los acuerdos generales que regulan el turno de los asuntos. Cuando el escrito inicial de demanda sea presentado utilizando el sistema de firma electrónica, la oficina de correspondencia común turnará el asunto inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente. (.) TRANSITORIOS PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación. (.) CUARTO. Los amparos indirectos y los recursos derivados de los mismos que se presenten como asuntos nuevos a partir del diez de agosto de dos mil trece, relacionados con los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, serán resueltos por los órganos jurisdiccionales de nueva creación. Los amparos indirectos y los recursos que se encuentren radicados, en trámite, pendientes de resolución, en cumplimiento o ejecución, o en archivo definitivo, anteriores a la fecha de que se trata, serán conservados por los juzgados y tribunales en que se encuentren. (.)". También es conveniente citar algunas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en cuanto a los actos inmersos en la competencia material de los Juzgados de Distrito administrativos especializados en esa materia (telecomunicaciones y radiodifusión): "Artículo 1. La presente Ley es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde al Instituto: (.) XLII. Llevar y mantener actualizado el Registro Público de Telecomunicaciones, que incluirá la información relativa a las concesiones en los términos de la presente Ley; (ADICIONADA, D.O.F. 16 DE ABRIL DE 2021) XLII Bis. Instalar, operar, regular y mantener el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil; procurar su buen funcionamiento y el intercambio de información con las autoridades competentes, así como establecer los procedimientos para validar la información que deba incorporarse al mismo conforme a los sistemas informáticos y procedimientos que establezca para tal efecto; XLIII. Establecer a los concesionarios las obligaciones de cobertura geográfica, poblacional o social, de conectividad en sitios públicos y de contribución a la cobertura universal, en los términos previstos en esta Ley. Para estos efectos, el Instituto considerará las propuestas de la Secretaría conforme a los planes y programas respectivos; (.)." Artículo 176. El Instituto llevará el Registro Público de Telecomunicaciones, el cual estará integrado por el Registro Público de Concesiones, el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y las disposiciones aplicables que se emitan." En mérito de lo expuesto, tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo anteriormente transcrito se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Así es, acorde con la reforma constitucional en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, lo relacionado con esa materia debe ser analizado, estudiado y aplicado por jueces especializados en tal materia, atendiendo a la complejidad de aspectos técnicos de la misma, así como aquellos temas relacionados o vinculados directa e indirectamente con esa materia, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios. En el particular, la parte quejosa reclama el Decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de abril del año en curso; en cuanto a los artículos 180 Quáter, Quintes y Transitorio Cuarto, referentes al registro del número de una línea telefónica en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, así como a la obligación de los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, de recabar e ingresar la información respectiva. Del Instituto Federal de Telecomunicaciones reclama los inminentes actos de aplicación de la norma reclamada, consistentes en la integración del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, los requerimientos que gire a las empresas concesionarias de telefonía móvil con el objetivo de ordenar el requerimiento de datos personales, incluyendo biométricos al suscrito; la cancelación de la línea telefónica móvil por la no incorporación de los datos personales, incluyendo los biométricos en el referido Padrón o la negativa de otorgarle una o varias líneas telefónicas móviles nuevas por la misma causa. Asimismo, de la empresa concesionaria prestadora del servicio de telefonía celular Telcel, la parte quejosa reclama, en lo esencial, la aplicación de las disposiciones impugnadas, como lo es la inminente obtención e ingreso de los datos personales, incluyendo los biométricos, para ser integrados en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, la cancelación de la línea telefónica por la no incorporación de aquellos datos en el referido Padrón o la negativa para otorgarle una o varias líneas telefónicas móviles nuevas por la misma causa. En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 48 de la Ley de Amparo y tomando en consideración que el Acuerdo General 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en su artículo cuarto transitorio, establece que los amparos indirectos y los recursos derivados de los mismos que se presenten como asuntos nuevos a partir del diez de agosto de dos mil trece, relacionados con los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, serán resueltos por los órganos jurisdiccionales creados en ese mismo acuerdo; este Juzgado de Distrito determina carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo, puesto que quien debe conocer de la misma es el Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y jurisdicción territorial en toda la República, en Turno, toda vez que los actos reclamados guardan relación con la materia de telecomunicaciones. Por tanto, previa formación de cuaderno de antecedentes, remítase la demanda de amparo al citado órgano jurisdiccional, solicitándosele atentamente al Juez que reciba el asunto, comunique si acepta o no la competencia declinada. Autorizado Téngase como autorizados legales en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Graciela Padilla Ramírez y Blanca Guillermina Ramírez Herrera, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, conforme al sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. No se autoriza consulta y notificaciones electrónicas Por otra parte, no ha lugar a autorizar el acceso al expediente electrónico y las notificaciones a la parte quejosa realizadas vía electrónica, a través del acceso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el nombre de usuario "JOSÉ GERARDO LÓPEZ TISCAREÑO", toda vez que el mismo no aparece registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asociado al correo electrónico proporcionado en la demanda , conforme deriva de la certificación de cuenta, y en términos de lo dispuesto por los artículos 3 y 26 de la Ley de Amparo, 35, 36, 37, 39 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Domicilio De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. Dato de contacto Se toma nota de los datos de contacto proporcionados por la parte quejosa, consistentes en el correo electrónico. Generación de Citas En atención a lo dispuesto en los numerales 3 y 4 del Acuerdo General 21/2020, se hace saber a las partes que, en los términos previstos en ese ordenamiento, para el caso de ser necesaria la consulta del expediente de manera física, el desahogo de comparecencia o requerimientos, deberán generar una cita a través del Portal de Servicios en Línea, en el que se encuentra un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", con el enlace https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales. Habilitación de Días Y Horas Inhábiles Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. Información Reservada O Confidencial En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Transparencia Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General."
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