José Gerardo Carrera Rosales
Expediente 674/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Gerardo Carrera Rosales
Actuaciones
- Principal
Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponde el oficio y anexo que remite el Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, en cumplimiento a lo solicitado en acuerdo de catorce de octubre actual. Atento al contenido de las constancias que remite la autoridad oficiante y al estado que guardan los presentes autos, el Juez acuerda: Del estado que guardan los presentes autos se advierte que fue señalada como autoridad responsable: El Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas. Asimismo, como acto reclamado: . la abstención prolongada de dar respuesta a petición que le formulara la C. Agente del Ministerio Público Especializada en investigación del Robo de Vehículos, misma petición que se encuentra fechada el 6 de julio del año 2017, la cual se hizo en cumplimiento de la sentencia dictada dentro del Juicio de Amparo Indirecto número 1284/2016, radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, promovida por el mismo quejoso, en donde se le solicitaba analizara la viabilidad jurídica de otorgar placas de circulación pagando la correspondiente tributación respecto del vehículo marca Ford, sub marca Tritón, con plataforma de redilas, color rojo, modelo 1999, con número de serie placa VIN 3FEKF36L8XMA04283 con placas de circulación PS32133 particulares del Estado de Nuevo León, propiedad del mismo quejoso. Y de los antecedentes del acto reclamado y constancias remitidas por el Juez Federal, se advierte que: 1. Hace más de trece años, José Gerardo Carrera Rosales, adquirió en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, un vehículo usado marca Ford, sub marca Tritón, con plataforma de redilas, color rojo, modelo 1999, con número de serie placa VIN 3FEKF36L8XMA04283 con placas de circulación PS32133 particulares del Estado de Nuevo León. 2. Posteriormente José Gerardo Carrera Rosales, vendió a Ubaldo Vázquez Martínez, el vehículo marca Ford, sub marca Tritón, con plataforma de redilas, color rojo, modelo 1999, con número de serie placa VIN 3FEKF36L8XMA04283. 3. En atención a que el referido vehículo presentó algunas anomalías el agente del Ministerio Público Instructor contra el Robo de Vehículos citó a José Gerardo Carrera Rosales, quien devolvió a Ubaldo Vázquez Martínez, el dinero que le había pagado por la venta del citado vehículo, quedando el automotor en resguardo y custodia de la agencia del Ministerio Público. 4. El diecinueve de abril de dos mil dieciséis, luego de diversos trámites el agente del Ministerio Público Instructor contra el Robo de Vehículos entregó en depositaría y con las reservas legales a José Gerardo Carrera Rosales, el vehículo de que se trata. 5. El veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, José Gerardo Carrera Rosales, solicitó al agente del Ministerio Público Instructor contra el Robo de Vehículos, librara oficio al Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, para que le otorgara placas de circulación del vehículo marca Ford, sub marca Tritón, con plataforma de redilas, color rojo, modelo 1999, con número de serie placa VIN 3FEKF36L8XMA04283, previo el pago de derechos correspondientes. 6. A la petición de José Gerardo Carrera Rosales, el veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, el agente del Ministerio Público Instructor contra el Robo de Vehículos, pronunció acuerdo en el cual determinó que no era procedente acordar de conformidad, en atención a que el automotor presentaba huellas o indicios de alteración en sus diferentes sistemas alfanuméricos de identificación vehicular. 7. El siete de diciembre de dos mil dieciséis José Gerardo Carrera Rosales, promovió juicio de amparo, contra el agente del Ministerio Público Instructor contra el Robo de Vehículos del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, al que le reclama: El acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, pronunciado dentro de la averiguación previa número 154/AUX/IV/2006 R.V.Z., en el cual niega girar oficio al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que proporcione a José Gerardo Carrera Rosales, las placas de circulación del vehículo marca Ford, sub marca Tritón, con plataforma de redilas, color rojo, modelo 1999, con número de serie placa VIN 3FEKF36L8XMA04283, una vez cubierto el pago de impuestos y derechos correspondientes. Juicio de amparo del que le correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, registrándolo bajo el número 1284/2016. 8. Seguidos los trámites correspondientes el diecinueve de abril de dos mil diecisiete se dictó sentencia dentro del juicio de amparo 1284/2016, en la que se determinó que la Justicia de la Unión Ampara y protege a José Gerardo Carrera Rosales. 9. El once de mayo de dos mil diecisiete, causó ejecutoria la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 1284/2016. 10. En cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo 1284/2016, la agente del Ministerio Público Instructor contra el Robo de Vehículos del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, dictó acuerdo en el cual dejó sin efecto el diverso de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis que constituía el acto reclamado y realizó diversos pronunciamientos relativos al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, entre ellos libró el oficio 552/2017 de seis de junio de dos mil diecisiete, en el cual solicita al Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, para que analice la viabilidad jurídica de otorgar placas de circulación a José Gerardo Carrera Rosales y se realice la respectiva tributación. Por su parte, la Sección Octava del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal establece las disposiciones en materia administrativa de los órganos jurisdiccionales, en la que se regula lo relativo a los sistemas de turno de asuntos, y en lo que aquí interesa establece: SECCIÓN OCTAVA SISTEMAS DE TURNO DE ASUNTOS Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: . II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; .. V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; .. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano. De la transcripción anterior se advierte con claridad que existen juicios de amparo relacionados, entre otros supuestos, cuando se promuevan demandas de amparo contra actos provenientes de una averiguación previa y/o cuando se reclaman actos derivados del cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Así tenemos, que la demanda de amparo en estudio se encuentra relacionada con el juicio constitucional 1284/2016, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas; en el cual se tramitó y resolvió el citado juicio, contra el acuerdo de veintinueve de noviembre de dos mil dieciséis, pronunciado dentro de la averiguación previa número 154/AUX/IV/2006 R.V.Z., en la que la agente del Ministerio Público Instructor contra el Robo de Vehículos del Distrito Judicial de la Capital de Zacatecas, niega girar oficio al Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, para que proporcione a José Gerardo Carrera Rosales, las placas de circulación del vehículo marca Ford, sub marca Tritón, con plataforma de redilas, color rojo, modelo 1999, con número de serie placa VIN 3FEKF36L8XMA04283, una vez cubierto el pago de impuestos y derechos correspondientes; y después en cumplimiento a la ejecutoria libró el oficio 552/2017 de seis de junio de dos mil diecisiete, en que solicita al Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, analice la viabilidad jurídica de otorgar placas de circulación a José Gerardo Carrera Rosales, que afirma el quejoso no ha sido atendida, omisión que constituye el acto que en esta vía se combate. Advirtiéndose así, que el quejoso dentro del juicio de amparo 1284/2016, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es el mismo que figura dentro del presente juicio como quejoso; y, que el oficio cuya omisión constituye el acto reclamado deriva del mismo expediente, averiguación previa número 154/AUX/IV/2006 R.V.Z., con lo que se actualiza la fracción II del artículo 46 del Acuerdo General citado, puesto que existe un juicio de amparo previo que conoció el citado órgano jurisdiccional respecto de actos emitidos en la misma averiguación previa número 154/AUX/IV/2006 R.V.Z., de la que deriva el oficio cuya omisión aquí se reclama. Además, se actualiza la hipótesis prevista en la fracción V, del citado numeral, pues el oficio 552/2017 de seis de junio de dos mil diecisiete, cuya omisión se reclama en esta instancia fue librado en cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del juicio de amparo 1284/2016, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. Por lo cual, este órgano jurisdiccional con apoyo en lo establecido en los artículos 45 y 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reforma y Adiciona el similar, que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en Relación con el Funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común, estima que no le corresponde conocer del juicio de amparo que promueve José Gerardo Carrera Rosales, contra la omisión de dar respuesta al oficio 552/2017 de seis de junio de dos mil diecisiete, librado dentro de la averiguación previa número 154/AUX/IV/2006 R.V.Z., y con motivo de la ejecutoria pronunciada dentro del juicio de amparo 1284/2016 y ordena remitirlo al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, para los efectos legales procedentes, solicitándole tenga a bien informar a este juzgado el acuerdo que al presente recaiga; previo cuadernillo de antecedentes que por ello se forme con copia de la demanda. En consecuencia, toda vez que la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo se encuentra señalada para las once horas con treinta minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve, se deja sin efecto dicho señalamiento.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que el quejoso José Gerardo Carrera Rosales, en su escrito de demanda solicitó se incorporaran al presente juicio de amparo, las constancias que integral el diverso 1284/2016 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado; en consecuencia, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda dentro del presente juicio de amparo, solicítese a la citada autoridad federal, que de no tener inconveniente legal alguno y en caso de que ya se encuentra resuelto remita a este juzgado los autos del citado juicio o bien copia certificada del mismo, el cual una vez que se realice el pronunciamiento correspondiente en este juicio le será devuelto. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha y en su lugar se fijan las once horas con treinta minutos del once de noviembre de dos mil diecinueve para su celebración.
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se desprende que el informe justificado de la autoridad responsable, no se puso a la vista de las partes con la anticipación de los ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, en virtud que el auto en que se dio vista con su contenido, se notificó el doce de septiembre de dos mil diecinueve; consecuentemente, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del catorce de octubre de dos mil diecinueve, para su celebración. Es aplicable en lo conducente, la tesis jurisprudencial 54/2000, misma que resuelve la contradicción de tesis 29/98, entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y la anterior Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("el juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado,..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto (Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen.); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario.
- Principal
Vista; la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho, contra actos del Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado, por violación a diversos preceptos Constitucionales, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución General de la República; 1°, fracción I, 33, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de cuenta. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 674/2019-I y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sin tramitar incidente de suspensión, al no haberse solicitado. Con apoyo en el artículo 117 de la ley de la materia, pídase informe con justificación a la autoridad responsable, el cual deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que se notifique, donde expondrá las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado. Asimismo, se requiere a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado y en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copias autorizadas, legibles y completas de las constancias que tomó en consideración para emitirlo; en el entendido que de no rendirlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, conforme a lo dispuesto en el ordinal 117 en consulta. Se apercibe a la autoridad responsable que de no rendir el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, la constancia en la forma indicada, se le impondrá una multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 260, fracción II, de la ley en comento y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se fijan las once horas con veinte minutos del dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Sin que de la lectura de la demanda se advierta por el momento la existencia de tercero interesado. En otro aspecto, infórmese a la autoridad responsable que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervenga, toda vez que este juzgado en lo subsecuente, notificará por lista los acuerdos de trámite de trascendencia menor, pues sólo se ordenará notificar por oficio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, cuando se trate de la primera notificación y aquellas que se consideren trascendentes, como lo es, la sentencia que se llegue a dictar, no así los acuerdos de mero trámite ni los diferimientos de la audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página mil doscientos cincuenta y tres del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, con registro 2002576, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." También sustenta lo anterior el criterio del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la tesis I.20o.A.2 K (10a.), publicada en la página dos mil trescientos noventa y nueve, del Libro 36, Noviembre de dos mil dieciséis, tomo IV, materia común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2013030, bajo el rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CONFORME AL ARTÍCULO 192, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 26, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RELATIVA A LA SENTENCIA DICTADA EN EL RECURSO DE REVISIÓN, DEBE SER REALIZADA POR OFICIO ACOMPAÑADO DEL TESTIMONIO CORRESPONDIENTE ÚNICAMENTE CUANDO SE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO. La interpretación histórico-progresiva de las disposiciones de la Ley de Amparo que han regulado las notificaciones a las autoridades responsables en el juicio de amparo indirecto, revela que la legislación abrogada preveía que las ejecutorias recaídas a los procedimientos seguidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los Tribunales Colegiados de Circuito debían dárseles a conocer por medio de oficio acompañado del testimonio de la resolución, sin importar el sentido de ésta; sin embargo, en la ley vigente se estableció esa obligación sólo por cuanto a las ejecutorias en las que se concede el amparo al quejoso, en aras del pronto cumplimiento de aquéllas. En esas condiciones, conforme al artículo 192, en relación con el diverso 26, fracción II, inciso a), de la propia ley, para los casos en que no se concedió la protección constitucional al quejoso, es innecesario que la notificación a las autoridades responsables de la sentencia dictada en el recurso de revisión, se lleve a cabo por medio de oficio acompañado del testimonio respectivo, toda vez que esa obligación fue excluida de la actual legislación de amparo." Con apoyo en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, se requiere a la parte quejosa y a la autoridad responsable, para que, en el supuesto que tuvieran conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, de las establecidas en el artículo 63 de la ley de la materia, lo hagan saber de inmediato a este juzgado, y de ser posible acompañar las constancias que así lo acrediten; pues, de no cumplir con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que, en su caso, se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior en términos de los artículos 238 y 251 de la Ley de Amparo y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Con copia autorizada de este auto y de la demanda con que se formó el presente expediente, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario para que dé fe, de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, se incorporen todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ******************** ******************** y ********************; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en calle ********************, número ********************(********************), Fraccionamiento ********************, en esta ciudad de ********************. Se autoriza al secretario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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