José Gerardo Beltrán Dávila y Otros.
Expediente 672/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 672/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 28/11/2018
Partes del expediente
- José Gerardo Beltrán Dávila y Otros.
- José Gerardo Beltrán Dávila
- Irma Alicia Gallegos y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Causa estado. Como de la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el auto de veintiséis de octubre del año en curso (folios 107 a 111), en la que se sobreseyó el juicio, e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Del análisis del presente expediente se considera que carece de relevancia documental, al no ubicarse en ninguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El presente expediente, así como el original del incidente de suspensión, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones II y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se sobreseyó en el juicio y se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva, respecto de todos los actos reclamados. En atención al punto vigésimo, fracción III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión; por ende, en virtud que resulta ociosa su glosa a los autos del juicio en que se actúa, entretanto transcurre el plazo para su destrucción, remítase al legajo correspondiente. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Devolución de cuaderno de prueba. Por permitirlo el estado procesal de los autos, devuélvanse al Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, los cuadernos de pruebas constantes en dos tomos, los cuales, remitió en apoyo a su informe justificado. Cambio de denominación del juzgado.Finalmente, toda vez que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó en sesión de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, el Acuerdo General 41/2018 relativo al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; la conclusión de funciones de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; el cambio de denominación de la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el mismo Estado y residencia; así como, las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Juzgados de Distrito en la entidad federativa y residencia indicados; y que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales; de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho; en cuyo artículo 2, textualmente señaló lo siguiente: "2.Los Juzgados de Distrito a partir del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, cambiará su denominación, competencia, y conservará la residencia, domicilio y jurisdicción territorial que tienen asignados, conocerán de los asuntos a que refieren los artículos 52, 53, 54, y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y sus nuevas denominaciones serán las siguientes . Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan" [El énfasis es añadido] En consecuencia, cumpliendo con el supracitado Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho, la denominación de este órgano jurisdiccional será: Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, y como lo ordena el canon 2, del pluricitado Acuerdo General 41/2018, este juzgado de Distrito ejercerá jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa y respecto de las materias que establecen los numerales 52, 53, 54 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO: Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa, el auto de veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, por el cual Del análisis de las constancias que integran el presente juicio se advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. La parte quejosa acude en sede constitucional a reclamar el acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dentro de los autos del juicio civil sumario 148/2001, que previno a los demandados, aquí quejosos, para que otorgaran la escritura de adjudicación a Luis Pacheco Martínez", del bien inmueble materia de remate, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, habida cuenta que con posterioridad al acto reclamado, se dictó una resolución que hace imposible analizarlo sin afectar la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Dicho precepto dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respetivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.).". De acuerdo con la disposición trascrita, el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de una posterior actuación en un procedimiento se deban considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. De la revisión que se realiza al Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), se advierte que el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, fue recibida en este juzgado la demanda de amparo instada por José Gerardo Beltrán Dávila, quien reclamó del Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, la determinación de trece de julio de dos mil dieciocho, emitida por la supracitada potestad común en el juicio civil sumario hipotecario 148/2001, que ordenó la ejecución forzosa y giró oficio al fedatario público para que protocolizara y otorgara la escritura de adjudicación al actor, aquí tercero interesado, Luis Pacheco Martínez, respecto del inmueble materia de remate en el expediente génesis. La existencia de dicho juicio de amparo se invoca como hecho notorio, en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria la ley de la materia. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO. La emisión de una ejecutoria por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un hecho notorio para los Ministros que lo integraron e intervinieron en la discusión y votación de la misma en la sesión relativa. Por tanto el contenido y existencia de tal ejecutoria, cuando así sea advertido por los integrantes de una Sala del propio Tribunal, puede introducirse como elemento de prueba en un juicio diverso, de oficio, sin necesidad de que se ofrezca como tal, o lo aleguen las partes, de acuerdo con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo" De esa manera, queda fehacientemente patentizado que respecto del acto reclamado consistente en el proveído de veintidós de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el expediente 148/2001 de su índice, mediante el cual que previno a los demandados, aquí quejosos, para que otorgaran la escritura de adjudicación a Luis Pacheco Martínez, correspondiente a la finca materia de remate; se satisfacen todos los requisitos previstos en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo para que se surta el motivo de improcedencia señalado. Ciertamente, esa hipótesis de improcedencia se materializa cuando concurre lo siguiente: A. El acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. B. Con posterioridad se pronuncie una resolución en el procedimiento del que dimana el acto reprochado. C. La nueva determinación produzca un cambio de situación jurídica con relación al quejoso, que imposibilite decidir sobre la constitucionalidad del acto tildado de inconstitucional sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el amparo y, por ende, las violaciones reclamadas en éste son irreparables, o bien, que a pesar de que el acto reclamado sea inconstitucional a nada práctico conduciría otorgar la protección federal porque la nueva situación creada, al no ser materia en el amparo, no cambiaría el estado que guardan las cosas. D. Exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional" Precisado lo anterior, ahora se expone la actualización de los requisitos de la hipótesis de improcedencia en estudio al caso concreto. Efectivamente, en el caso fáctico, el primero de los requisitos (que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial) se cumple, porque el auto impugnado deriva del juicio civil sumario hipotecario 148/2001, que se instó contra los ahora impetrantes de amparo. El segundo de los requisitos (que con posterioridad al acto que se reclama se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica de la quejosa) también se surte, porque después de la resolución reclamada, veintidós de junio de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo que sustituyó dicha determinación, esto es, la resolución de trece de julio del año en curso, en la que se ordenó la ejecución forzosa en la etapa de ejecución en el juicio natural. También el tercer requisito (que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo) se actualiza, dado no es posible analizar el acto reclamado (auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho, sin que ello afecte la situación creada por el nuevo acto determinación de trece de julio del mismo año. Por último, la cuarta de las exigencias (que exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional) quedó cumplida, porque la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciocho, fuera o no inconstitucional el acuerdo de trece de julio de la presente anualidad, conservaría su firmeza el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Bajo esa tesitura, al surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V , del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto que se cita a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diecinueve minutos del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho.
- Principal
Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Del análisis de las constancias que integran el presente juicio se advierte que se actualiza una causa de improcedencia, cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. La parte quejosa acude en sede constitucional a reclamar el acuerdo de veintidós de junio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, dentro de los autos del juicio civil sumario 148/2001, que previno a los demandados, aquí quejosos, para que otorgaran la escritura de adjudicación a ***", del bien inmueble materia de remate, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, habida cuenta que con posterioridad al acto reclamado, se dictó una resolución que hace imposible analizarlo sin afectar la nueva situación jurídica de la parte quejosa. Dicho precepto dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respetivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica (.).". De acuerdo con la disposición trascrita, el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de una posterior actuación en un procedimiento se deban considerar consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, por no poderse decidir en el procedimiento respectivo, sin afectar la nueva situación jurídica. De la revisión que se realiza al Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), se advierte que el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, fue recibida en este juzgado la demanda de amparo instada por José Gerardo Beltrán Dávila, quien reclamó del Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, la determinación de trece de julio de dos mil dieciocho, emitida por la supracitada potestad común en el juicio civil sumario hipotecario 148/2001, que ordenó la ejecución forzosa y giró oficio al fedatario público para que protocolizara y otorgara la escritura de adjudicación al actor, aquí tercero interesado, Luis Pacheco Martínez, respecto del inmueble materia de remate en el expediente génesis. La existencia de dicho juicio de amparo se invoca como hecho notorio, en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria la ley de la materia. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO. La emisión de una ejecutoria por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituye un hecho notorio para los Ministros que lo integraron e intervinieron en la discusión y votación de la misma en la sesión relativa. Por tanto el contenido y existencia de tal ejecutoria, cuando así sea advertido por los integrantes de una Sala del propio Tribunal, puede introducirse como elemento de prueba en un juicio diverso, de oficio, sin necesidad de que se ofrezca como tal, o lo aleguen las partes, de acuerdo con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2o. de la Ley de Amparo" De esa manera, queda fehacientemente patentizado que respecto del acto reclamado consistente en el proveído de veintidós de junio de dos mil diecisiete, dictado por el Juez Décimo Primero de lo Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en el expediente 148/2001 de su índice, mediante el cual que previno a los demandados, aquí quejosos, para que otorgaran la escritura de adjudicación a Luis Pacheco Martínez, correspondiente a la finca materia de remate; se satisfacen todos los requisitos previstos en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo para que se surta el motivo de improcedencia señalado. Ciertamente, esa hipótesis de improcedencia se materializa cuando concurre lo siguiente: A. El acto reclamado emane de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. B. Con posterioridad se pronuncie una resolución en el procedimiento del que dimana el acto reprochado. C. La nueva determinación produzca un cambio de situación jurídica con relación al quejoso, que imposibilite decidir sobre la constitucionalidad del acto tildado de inconstitucional sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el amparo y, por ende, las violaciones reclamadas en éste son irreparables, o bien, que a pesar de que el acto reclamado sea inconstitucional a nada práctico conduciría otorgar la protección federal porque la nueva situación creada, al no ser materia en el amparo, no cambiaría el estado que guardan las cosas. D. Exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de contenido siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional" Precisado lo anterior, ahora se expone la actualización de los requisitos de la hipótesis de improcedencia en estudio al caso concreto. Efectivamente, en el caso fáctico, el primero de los requisitos (que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial) se cumple, porque el auto impugnado deriva del juicio civil sumario hipotecario 148/2001, que se instó contra los ahora impetrantes de amparo. El segundo de los requisitos (que con posterioridad al acto que se reclama se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica de la quejosa) también se surte, porque después de la resolución reclamada, veintidós de junio de dos mil dieciocho, se emitió el acuerdo que sustituyó dicha determinación, esto es, la resolución de trece de julio del año en curso, en la que se ordenó la ejecución forzosa en la etapa de ejecución en el juicio natural. También el tercer requisito (que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo) se actualiza, dado no es posible analizar el acto reclamado (auto de veintidós de junio de dos mil dieciocho, sin que ello afecte la situación creada por el nuevo acto determinación de trece de julio del mismo año. Por último, la cuarta de las exigencias (que exista autonomía entre el acto reclamado y el nuevo, de tal forma que este último subsista con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional) quedó cumplida, porque la resolución de veintidós de junio de dos mil dieciocho, fuera o no inconstitucional el acuerdo de trece de julio de la presente anualidad, conservaría su firmeza el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Bajo esa tesitura, al surtirse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, lo conducente es sobreseer fuera de audiencia en el sumario en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto que se cita a continuación: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial" II. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. Como consecuencia de lo acordado anteriormente, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diecinueve minutos del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Téngase por recibido el comunicado y anexos que remite el secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al cual se adjuntó el testimonio de la resolución pronunciada en la queja 238/2018, en la cual se advierte que dicho Tribunal determinó: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto contra la resolución de trece de julio de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco" Acúsese el recibo y háganse las anotaciones respectivas en los libros de gobierno y electrónico, así como en el Sistema Integral de seguimiento de expedientes (SISE). Notifíquese.
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