José Gerardo Alva García

Expediente 1643/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1643/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
08/11/2016

Partes del expediente

  • José Gerardo Alva García

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; como de la certificación que antecede se desprende que ya transcurrió el término de cinco días, a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiese recurrido el acuerdo dictado el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, en el que SE DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales, lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; consecuentemente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, y archívese este asunto como total y legalmente concluido. En términos de los artículos Décimo Primero y Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos el punto Décimo Tercero del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos...VI

  2. Principal

    V I S T O el escrito de cuenta signado por el quejoso ****, por medio del cual da contestación al requerimiento que se formuló en proveído de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciséis, en consecuencia, se provee: DESECHAMIENTO Debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. El artículo 113 de la ley de la materia establece: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda, sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: 1.- Que se encuentre una causa de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este causa sea manifiesta e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo, del escrito aclaratorio o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción, de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.6o.C. J/19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Septiembre de 1999, página: 730: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Así, del análisis de la demanda de amparo, se desprende que el promovente reclama específicamente la omisión de emitir laudo, dentro del expediente laboral 483/2014, del índice de la Junta Especial número 50 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro. Al respecto, conviene señalar que este juzgador obtiene que en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6°, ambos de la Ley de Amparo, puesto que el acto reclamado no irroga un agravio personal y directo al quejoso; que estipulan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. " Por agravio personal y directo se entiende la lesión o afectación de los derechos de una persona, a través de una resolución judicial o cualquier acto de autoridad; el agravio es el equivalente a perjuicio o afectación de un derecho, y éste es el significado que se emplea en los numerales 5° fracción I y 6, de la nueva Ley de Amparo, cuando califica de agraviado al demandante de la protección de los tribunales federales. Lo asentado en los párrafos que anteceden, permite arribar a la indudable convicción que para la procedencia del juicio de amparo, es necesario que exista a favor del peticionario un interés legítimamente tutelado; además que ésta se vea afectada por algún acto de autoridad, pues sólo mediante el cumplimiento de ambas condiciones puede decirse que se afectan los derechos de la parte quejosa. A fin de robustecer los argumentos recurridos con antelación, es necesario traer a contexto el contenido del normativo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del diverso 6° de la Ley de la Materia antes citado, que estatuyen: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Del primero de los artículos transcritos, se desprende que para la procedencia de la acción constitucional, es necesario que ésta se siga a instancia de la parte agraviada, esto es, quien acuda a solicitar la protección de los Tribunales Federales, debe ser aquél que resienta una afectación. Por su parte, el segundo de los dispositivos, confirma lo que el imperativo constitucional establece, pues prevé que el juicio de amparo deberá promoverse únicamente por la parte a quien afectó la ley o acto que de cada autoridad se reclama. En el caso concreto, debe atenderse a que el quejoso reclama la presunta omisión en que incurrió la autoridad responsable. Ahora bien, a efecto de evidenciar que la petición de amparo intentada no encuadra en el supuesto que prevé la Ley para considerar la existencia de una afectación personal y directa, es necesario señalar que conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el quejoso tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos previstos, de ahí que la primera condición exigida sí se cumpla. Para establecer la legalidad de la omisión reclamada, es necesario citar el artículo 17 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que, en lo que interesa, dispone: "ARTÍCULO 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.--- Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." Del precepto constitucional transcrito, se desprende que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En concordancia con lo anterior, es necesario transcribir el contenido de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, y que es del tenor siguiente: "ARTÍCULO 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos. "ARTÍCULO 886. Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. "ARTÍCULO 887. Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas." En este tenor, el requisito de prontitud en la impartición de justicia, tiene como elemento esencial que las resoluciones se dicten dentro de los plazos y términos que fijan las leyes, siendo por ello requisito indispensable que se acredite con los medios probatorios idóneos y suficientes tal supuesto. En las condiciones apuntadas, la omisión reclamada en el presente juicio de amparo, se considera como un acto negativo, pues se pretende demostrar la inconstitucionalidad, por parte del Tribunal responsable, al no dictar laudo, y por ende, no respetar los términos procesales que para tal efecto consagra la Ley Federal del Trabajo. Cabe aclarar que la conducta de carácter omisiva señalada de inconstitucional, debe considerarse como un acto que en sí mismo no es violatorio de la Constitución Federal, lo cual implica que, por su propia naturaleza, necesita demostrarse y justificarse con algún medio de prueba idóneo y suficiente. Así, este juzgador estima que, para acreditar la inconstitucionalidad del acto negativo señalado en esta vía, por no ser un acto inconstitucional en sí mismo, es necesario que se acrediten algunos requisitos, a saber: que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte la quejosa; que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; y que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señale para fallar. Bajo estas premisas, analizando de manera integral la demanda de amparo, se advierte que, en el presente caso, no puede tenerse por satisfecho el tercer requisito mencionado, consistente en que haya trascurrido el término que la Ley Federal del Trabajo señala para fallar; ello, dado que como ya se indicó en párrafos precedentes, a partir de que se declaró cerrada la instrucción en el expediente laboral 483/2014, (diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis), pues así se desprende de la demanda de amparo, el auxiliar del tribunal debe formular el proyecto por escrito y en forma de laudo dentro de los diez días siguientes, del cual entregará en copia a cada uno de los miembros del tribunal, y éstos en un plazo de cinco días habrán de manifestar si a su consideración se encuentran diligencias pendientes por desahogar, a fin de que se acuerde lo procedente, y el Tribunal, con citación a las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo de las pruebas que no se llevaron a cabo para la práctica de las diligencias solicitadas, dentro de un término de ocho días; o bien de no ser así, el presidente del órgano colegiado los cite para discutir y votar dicho proyecto dentro de los diez días posteriores al en que fenezca el término referido. Ello es así, teniendo en cuenta que la instrucción debe declararse cerrada inmediatamente después que haya concluido el término de tres días que se le debe conceder a las partes para que expresen su conformidad con la certificación del Secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar o bien una vez desahogadas las pruebas pendientes y formulados los alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes, la suma de los diez días con que cuenta el auxiliar para formular el proyecto de resolución, los cinco días concedidos a los integrantes del tribunal para solicitar la práctica de diligencias, los ocho días para el desahogo de esas pruebas en caso de solicitarse, y los diez días posteriores para celebrar la audiencia de discusión y votación del proyecto de resolución, plazo máximo para que los integrantes pronuncien sus laudos. Por tanto, como la instrucción en el juicio laboral de mérito se cerró el diecinueve de septiembre de dos mil dieciséis, según se advierte de la demanda de amparo; luego, el término de "breve término", para que se emita el dictado del laudo, es el transcurso hasta de treinta y seis días hábiles, por ende, no se advierte que materialmente se le cause una afectación real y actual a su esfera jurídica, de ahí que la substanciación del presente juicio de amparo deviene improcedente al actualizarse la causal de improcedencia ya señalada. Entonces, es incuestionable que a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (catorce de octubre de dos mil dieciséis), se considera que a la fecha no ha transcurrido un "breve término", para que la autoridad dé contestación a tal petición, ya que, desde la presentación de ésta, a la fecha, han transcurrido únicamente dieciocho días hábiles, cuando LO NORMAL PARA CONSIDERARSE "BREVE TÉRMINO", ES EL TRANSCURSO DE TREINTA Y SEIS DÍAS HÁBILES, por ende, no se advierte que materialmente se le cause una afectación real y actual a su esfera jurídica, de ahí que la substanciación del presente juicio de garantías deviene improcedente. Lo que antecede se estima de esa manera porque aun cuando es cierto que no se ha dictado el laudo en el expediente, sin embargo, ello no se debe a la conducta omisiva de la autoridad responsable, sino a que no ha transcurrido un "breve término" para tal efecto. Por lo que en esa circunstancia no puede considerarse que se hayan violado los términos que para ese efecto establece la citada ley. En consecuencia, resulta inconcuso que la abstención reclamada se encuentra ajustada a derecho y, por ende, no es violatoria de garantías. Por tal motivo, es dable colegir que la petición de amparo que se analiza no encuadra en la hipótesis que permita considerar que existe un agravio personal y directo, pues si bien existe un derecho legítimamente tutelado a favor del impetrante, no menos cierto resulta que en términos de lo narrado en su escrito inicial, aquél no ha sido afectado por un acto u omisión de la autoridad responsable. Con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la nueva Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia antes invocadas. NOTIFICACIÓN PERSONAL Con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia autorizada del presente proveído...VI

  3. Principal

    Vista la demanda de garantías promovida **********, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial número 50 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, con fundamento en el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fórmese y regístrese el juicio de amparo bajo el número 1643/2016-VI, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. PREVENCIÓN Requiérase al promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente aquel en que surta efectos la legal notificación de este auto, cumpla con el siguiente requerimiento: 1.- A fin de cumplir el requisito previsto en la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo vigente, precise bajo protesta de decir verdad y como antecedentes del acto reclamado, a fin de integrar correctamente la litis en este asunto: Cuándo fue la última vez que acudió ante la responsable y constató que a esta data no se ha emitido el laudo respectivo en el juicio laboral 483/2014, ya que fue omiso en señalar tal dato. Del mismo modo, deberá indicar la fecha en el que se declaró cerrada la instrucción dentro del juicio laboral 483/2014, del índice de la Junta Especial Número 50 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro. En la inteligencia de que, deberá exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes de este juicio, en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente y por las razones que contiene la tesis número P./J. 35/2001, sustentada por el Tribunal Pleno, Novena Época, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página 79, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA.- Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." APERCIBIMIENTO Apercibido que de no acatar los requerimientos señalados en el plazo indicado, se tendrá por no presentada la demanda, en términos del ordinal 114, segundo párrafo, de dicha ley especial. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en los artículos 304 y 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica; y como autorizados de su parte, únicamente para recibir notificaciones, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el proemio de su escrito de demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo, del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para el adecuado despacho de los asuntos, con el fin de no entorpecer su trámite. NOTIFICACIÓN EN CASO DE NO ATENDER CITATORIO O AVISO En otro aspecto, en el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES Conforme a lo dispuesto por el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de esos órganos del Poder Judicial de la Federación, Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, en concordancia con el numeral 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para omitir sus datos personales cuando se haga pública la sentencia respectiva que se dicte en el presente asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que dicha sentencia se publique sin supresión de datos. NOTIFICACIONES POR LISTA EN CASO DE QUE SE SEÑALE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES FUERA DE ESTA CIUDAD Y ÁREA CONURBADA. En caso de que alguna de las partes señalen domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la ciudad y área conurbada, con fundamento en el artículo 27, fracción I, a contrario sensu, en relación con el numeral 29 ambos de la Ley de Amparo, las notificaciones se les harán por lista que se fija en lugar visible y de fácil acceso de este juzgado. PROMOCIONES QUE PRESENTEN LAS PARTES Y QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUSIÓN EFECTIVA DEL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y acorde con el derecho a la tutela judicial pronta, expedita y efectiva, así como observando el debido proceso contenido en los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, este juzgador determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio solamente se agregarán al expediente sin mayor acuerdo, previa certificación del (la) Secretario(a) en la que se haga constar que dicha promoción se agrega al presente expediente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 de la Constitución Federal, así como que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Estas promociones exclusivamente son: 1. Cuando se reciba un informe, escrito u oficio por más de una ocasión (caso en el cual el primero se agregará mediante acuerdo y los siguientes sólo se sumarán al expediente con la certificación en comento); 2. Acuses de recibido para diligenciar de exhortos o despachos (caso en el cual se agregará mediante certificación el acuse que se reciba para su diligenciación, mientras que se agregará mediante acuerdo cuando ya se reciba el exhorto o despacho diligenciado o no); 3. Acuses de recibido de devolución de constancias a las autoridades. 4. Autorizaciones de las partes a personas para oír y recibir notificaciones y documentos. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la autorización no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente. 5. Representaciones del Presidente de la República, las que se tienen por realizadas a favor de las autoridades que se indiquen y que se agregarán a los autos surtiendo sus efectos desde luego, emitiéndose el acuerdo respectivo cuando rindan su respectivo informe justificado. 6. Oficios informando sobre meros trámites relativos al cumplimiento de la sentencia en que se llegue a otorgar el amparo. Los cuales se agregarán a los autos mediante simple certificación para que surtan sus efectos, emitiéndose el acuerdo respectivo con vista personal cuando se informe sobre el cumplimiento efectivo y sustancial de la sentencia concesoria o requiriendo el cumplimiento en caso de advertir retraso en acatar la ejecutoria relativa. 7. Solicitud de copias simples o certificadas. Las que desde este momento se acuerdan de conformidad, salvo que quien realice la solicitud no tenga facultades para hacerlo o que la firma que calce el escrito sea notoriamente distinta de la plasmada en el escrito inicial de demanda, caso en el cual se emitirá el acuerdo correspondiente, dichas copias sólo se podrán entregar en un solo tanto, ya que para el caso de que las partes deseen obtener más de un tanto deberán acudir a un fedatario público, tomando en cuenta que la principal actividad de los fedatarios adscritos a este órgano jurisdiccional es auxiliar en la impartición de justicia y no dar fe en más de una ocasión de las constancias que integran los autos. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "COPIAS CERTIFICADAS DE DOCUMENTOS O CONSTANCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE DE AMPARO. PUEDEN SOLICITARSE EN CUALQUIER ESTADO PROCESAL Y SU EXPEDICIÓN DEBE SER EN UN SOLO TANTO O EN UNA OCASIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). (Décima Época, Registro: 2007376, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: IX.1o.7 K (10a.), página: 2387). "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS PROCESALES. LA DECISIÓN JUDICIAL DE NEGAR SU EXPEDICIÓN EN MÁS DE UN TANTO NO ENTRAÑA INFRACCIÓN NI DESCONOCIMIENTO DEL DERECHO DE LAS PARTES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES." (Novena Época, Registro: 174117, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, octubre de 2006, Materia(s): Común, Tesis: I.10o.C.13 K, página: 1374). DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTE Y, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. NOTIFICACION PERSONAL Finalmente con apoyo en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquese de forma personal a la parte promovente, con copia autorizada del presente proveído...VI

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