Jose Gbriel Ramirez Luna
Expediente 781/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 7 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 781/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 30/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Gbriel Ramirez Luna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de doce de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 33 a 38), mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009).
- Principal
(publicación citatorio) SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE 12 DE septiembre DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE SEÑALA: "San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Vista la comparecencia de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, atento a su contenido, téngase al promovente Jonatán Vera Carvajal, en su carácter de asesor jurídico de José Gabriel Ramírez Luna, ratificó el contenido y la firma del escrito presentado en este Juzgado de Distrito el dos de septiembre de dos mil diecinueve, registrado con el folio 17365 (fojas 20 a 22), mediante el cual desahoga la prevención formulada por esta autoridad en auto de doce de agosto del año en curso (fojas 12 a 16), pues al efecto el promovente, precisó su nombre correcto, así como el da la víctima dentro de la carpeta administrativa de origen, y los actos reclamados que combate en la presente instancias, asimismo, acreditó la personalidad con la que se ostenta. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. Cabe precisar que el promovente Jonatán Vera Carvajal, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, acredita la personalidad con la que se ostenta (asesor jurídico de José Gabriel Ramírez Luna), con el acta de comparecencia de veintinueve de agosto del año en curso; razón por la cual, téngasele por reconocida la personalidad con la que se ostenta. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. En principio, conviene señalar que en el apartado correspondiente del escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, la parte promovente indicó que reclama a la autoridad responsable 1. Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla y otras autoridades, lo siguiente: "IV. LEY Y ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. A. De las autoridades mencionadas en las letras A, B, C y D del apartado anterior; reclamo la aprobación, expedición, promulgación y publicación de los decretos mediante los cuales se expiden por la legislatura local: Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla; publicada en el Periódico Oficial del Estado el día veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis. De las autoridades responsables mencionadas en las letras A, B, C y D del capítulo anterior; reclamo la aprobación, expedición, promulgación y publicación del artículo 284Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla; publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis. B. De las demás autoridades que nombro como responsables reclamo, los actos tendientes al cumplimiento, aplicación y ejecución de los actos que reclamo; C. Así mismo, de todas las autoridades que nombro como responsables reclamo, la aplicación en perjuicio de mi representado del artículo 284 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla." Y al Juez de Control le reclama: "(.) los actos tendientes al cumplimiento, aplicación y ejecución de los actos que reclamo; EN ESPECIFICO EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR AL SEÑALAR QUE NO SE ACREDITA EN LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO QUE EXISTIERA UNA COHABITACIÓN ENTRE VÍCTIMA E IMPUTADO TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 284 BIS (.)" Ahora bien del capítulo de hechos del acto reclamado, el promovente refirió lo siguiente: "1. Con fecha tres de febrero del dos mil diecinueve, mi representado presentó formal denuncia ante el Agente del Ministerio Público adscrito al cuartel Metropolitano C5, de la ciudad de Puebla, Puebla; iniciándose por tal motivo la Carpeta de Investigación número 325/2019/CHOLULA, la cual siguiendo sus etapas de investigación se recabaron diversos datos de prueba entre ellos: (.) 2. Seguido que fue, con fecha veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, la Ministerio Publico Abogada Nadia Garzón Catarino, una vez que se tuvieron datos de prueba suficientes dentro de la Carpeta de investigación número 325720197CHOLULA, remitió solicitud al Juez de Control de la Región Centro Poniente con sede en San Andrés Cholula, a fin de citar a JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ CUATLE a fin de que la representación social tuviera oportunidad de FORMULAR IMPUTACIÓN en su contra por su posible participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, (.) cometido en agravio de mi representado JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ LUNA. 3. Con fecha veintinueve de mayo del dos mil diecinueve, el Juez de Oralidad Penal y ejecución Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, tuvo a bien admitir la solicitud realizada por el Ministerio Publico y dicto un acuerdo donde admitía su solicitud, señalándose las 10:00 horas del día veinticuatro de junio del 2019 dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la audiencia de formulación en contra de JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ CUATLE por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR previsto y sancionado por el artículo 284 BIS en relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de JOSÉ GABRIEL RAMIREZ LUNA. Audiencia que una vez que llego la fecha no se llevó a cabo por no haber condiciones para su celebración, señalándose nueva fecha para el día quince de julio del presente año. (.) 5. Con fecha diecinueve de julio del dos mil diecinueve siendo las trece horas de ese día se reanudo la audiencia y se solicitó la vinculación a proceso por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR cometido en agravio de mi representado y en contra de su hijo JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ CUATLE, dictando el Juez de Control de la región Judicial Centro Poniente UN AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO por las siguientes razones: (.) 6.-lnconforme con dicha resolución con fecha veinticuatro de julio del dos mil diecinueve, ante el mismo Juez de control interpuse recurso de apelación para que previo sus trámites de ley la causa penal se resolviera ante el Magistrado Unitario del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, el cual actualmente se encuentra pendiente para su resolución." De las anteriores transcripciones y del análisis integral de la demanda así como el escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado en la presente vía constitucional, es la audiencia de diecinueve de julio del año en curso, dictada en la carpeta judicial administrativa 1877/2019/CHOLULA, por el juez responsable en la que determinó la no vinculación a proceso de José Gabriel Ramírez Cuatle, así como la inconstitucionalidad del artículo 284 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, en el cual se fundamentó el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez responsable En tales condiciones, respecto del acto precisado, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, en relación con el párrafo tercero de la fracción XIV y XIX, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)." De los preceptos y fracciones transcritas, se advierte que el juicio constitucional es improcedente: a) cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual dicho acto puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual será optativo para el peticionario de amparo hacerlo valer o impugnar la norma general en juicio de amparo; y, b) cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso y esté en trámite un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causa en comento. De lo anterior, se infiere que la intención de la disposición legal de que se trata, es evitar que la acción del amparo y el recurso o medio de defensa ordinario coexistan en cuanto a su iniciación y substanciación procesal, habida cuenta que los citados medios de defensa, podrían culminar con resoluciones contradictorias. En tales circunstancias, para que se actualice la causa de improcedencia invocada, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de derechos; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso particular, la jurisprudencia P/J.144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Ahora bien, del escrito inicial de demanda, se desprende que el aquí promovente, bajo protesta de decir verdad, refirió que el veinticuatro de julio del año en curso, interpuso recurso de apelación en contra de la audiencia de diecinueve de julio del año en curso, dictada en la carpeta judicial administrativa 1877/2019/CHOLULA, por el juez responsable en la que determinó la no vinculación a proceso de José Gabriel Ramírez Cuatle, el cual actualmente se encuentra pendiente de resolverse. De lo anterior, se aprecia que la apelación propuesta por el promovente, en la fecha en que se dicta este auto, se encuentra pendiente de resolver; se dice lo anterior, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, arábigo seis, en el que se asentó lo siguiente: "6.-lnconforme con dicha resolución con fecha veinticuatro de julio del dos mil diecinueve, ante el mismo Juez de control interpuse recurso de apelación para que previo sus trámites de ley la causa penal se resolviera ante el Magistrado Unitario del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, el cual actualmente se encuentra pendiente para su resolución." En efecto, contra el primer acto de aplicación de la ley que se combate, procede el recurso de apelación, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; y el párrafo tercero de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, en el caso, el hoy quejoso optó por el medio de defensa legal citado (apelación), el cual esta pendiente de resolución, por lo que opera el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a continuar previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendiente a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. Recapitulando, se colige que cuando el amparo indirecto se reclame una ley con motivo de su primer acto de aplicación y el gobernado opte por impugnar dicho acto a través de un medio ordinario de defensa, el juicio constitucional es improcedente por encontrarse pendiente un recurso; y, éste no puede abandonarse, porque ello equivaldría a dejar en manos del gobernado el momento en que puede promover el amparo; por lo que se concluye, que no hay precepto que autorice el empleo de los medios en forma simultanea (amparo y apelación); de ahí la improcedencia del juicio de amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia, misma que es del tenor literal siguiente: "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACION DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses." Por tal motivo, ya que el quejoso apeló la determinación que por esta vía reclama y dicho recurso se encuentra pendiente de resolver, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, en relación con el párrafo tercero de la fracción XIV y XIX, de la Ley de Amparo, pues se hace patente que a través de dicho medio ordinario de defensa, se puede confirmar o revocar el acto combatido en el presente asunto, por lo que al haberse acreditado de forma notoria e indudable la causal de improcedencia señalada, se desecha la demanda de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Desechamiento que se hace extensivo por cuanto hace a la inconstitucionalidad que reclamara la parte quejosa, consistente en la aprobación, expedición, promulgación y publicación del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, el veintitrés de diciembre de min novecientos ochenta y seis, en específico el artículo 284 Bis, del citado ordenamiento legal, al haberse desechado la demanda en contra de su acto de aplicación (audiencia de diecinueve de julio del año en curso, dictada en la carpeta judicial administrativa 1877/2019/CHOLULA, por el juez responsable en la que determinó la no vinculación a proceso de José Gabriel Ramírez Cuatle). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada..."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, doce de septiembre de dos mil diecinueve. CUESTIONES PRELIMINARES. Vista la comparecencia de cuenta, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales a que haya lugar y, atento a su contenido, téngase al promovente Jonatán Vera Carvajal, en su carácter de asesor jurídico de José Gabriel Ramírez Luna, ratificó el contenido y la firma del escrito presentado en este Juzgado de Distrito el dos de septiembre de dos mil diecinueve, registrado con el folio 17365 (fojas 20 a 22), mediante el cual desahoga la prevención formulada por esta autoridad en auto de doce de agosto del año en curso (fojas 12 a 16), pues al efecto el promovente, precisó su nombre correcto, así como el da la víctima dentro de la carpeta administrativa de origen, y los actos reclamados que combate en la presente instancias, asimismo, acreditó la personalidad con la que se ostenta. PERSONALIDAD DEL PROMOVENTE. Cabe precisar que el promovente Jonatán Vera Carvajal, en términos del artículo 10 de la Ley de Amparo, acredita la personalidad con la que se ostenta (asesor jurídico de José Gabriel Ramírez Luna), con el acta de comparecencia de veintinueve de agosto del año en curso; razón por la cual, téngasele por reconocida la personalidad con la que se ostenta. Resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se citan: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA CUANDO PROVEE ACERCA DE LA DEMANDA Y, SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión acerca de los dispositivos de la Ley de Amparo en torno al tema de la personalidad y de los criterios surgidos a lo largo de varias décadas sustentados, primero por el Tribunal Pleno, y luego por las Salas de esta Suprema Corte, conducen a que este órgano supremo abandone las tesis jurisprudenciales publicadas en la última compilación, Tomo VI (Materia Común), identificadas con los números 369 y 378, intituladas: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que al Juez de Distrito no le es dable examinar de oficio la personería del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de análisis oficioso, de cuyo resultado si está plenamente satisfecho ese requisito, el Juez lo debe hacer constar en el acuerdo admisorio; y, de no estarlo, lo estime como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir al promovente, en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo legal, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le tendrá por no interpuesta; proceder que independientemente de estar apoyado en la Ley de Amparo, obedece a los imperativos del precepto 17 constitucional y responde también a los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, en tanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en el trámite del juicio iniciado por quien carece de personalidad y evita los daños graves ocasionados, tanto para el sistema de impartición de justicia como para las partes. La inobservancia de este criterio, origina que el tribunal revisor, si estima que no está comprobada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento, según lo previene el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo." DESECHAMIENTO. En principio, conviene señalar que en el apartado correspondiente del escrito inicial de demanda y escrito aclaratorio, la parte promovente indicó que reclama a la autoridad responsable 1. Congreso del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla y otras autoridades, lo siguiente: "IV. LEY Y ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. A. De las autoridades mencionadas en las letras A, B, C y D del apartado anterior; reclamo la aprobación, expedición, promulgación y publicación de los decretos mediante los cuales se expiden por la legislatura local: Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla; publicada en el Periódico Oficial del Estado el día veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis. De las autoridades responsables mencionadas en las letras A, B, C y D del capítulo anterior; reclamo la aprobación, expedición, promulgación y publicación del artículo 284Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla; publicado en el Periódico Oficial del Estado el día veintitrés de diciembre de mil novecientos ochenta y seis. B. De las demás autoridades que nombro como responsables reclamo, los actos tendientes al cumplimiento, aplicación y ejecución de los actos que reclamo; C. Así mismo, de todas las autoridades que nombro como responsables reclamo, la aplicación en perjuicio de mi representado del artículo 284 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla." Y al Juez de Control le reclama: "(.) los actos tendientes al cumplimiento, aplicación y ejecución de los actos que reclamo; EN ESPECIFICO EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO POR EL DELITO DE VIOLENCIA FAMILIAR AL SEÑALAR QUE NO SE ACREDITA EN LA AUDIENCIA DE VINCULACIÓN A PROCESO QUE EXISTIERA UNA COHABITACIÓN ENTRE VÍCTIMA E IMPUTADO TAL Y COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 284 BIS (.)" Ahora bien del capítulo de hechos del acto reclamado, el promovente refirió lo siguiente: "1. Con fecha tres de febrero del dos mil diecinueve, mi representado presentó formal denuncia ante el Agente del Ministerio Público adscrito al cuartel Metropolitano C5, de la ciudad de Puebla, Puebla; iniciándose por tal motivo la Carpeta de Investigación número 325/2019/CHOLULA, la cual siguiendo sus etapas de investigación se recabaron diversos datos de prueba entre ellos: (.) 2. Seguido que fue, con fecha veinticuatro de mayo del dos mil diecinueve, la Ministerio Publico Abogada Nadia Garzón Catarino, una vez que se tuvieron datos de prueba suficientes dentro de la Carpeta de investigación número 325720197CHOLULA, remitió solicitud al Juez de Control de la Región Centro Poniente con sede en San Andrés Cholula, a fin de citar a JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ CUATLE a fin de que la representación social tuviera oportunidad de FORMULAR IMPUTACIÓN en su contra por su posible participación en la comisión del hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR, (.) cometido en agravio de mi representado JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ LUNA. 3. Con fecha veintinueve de mayo del dos mil diecinueve, el Juez de Oralidad Penal y ejecución Región Judicial Centro Poniente, con sede en San Andrés Cholula, tuvo a bien admitir la solicitud realizada por el Ministerio Publico y dicto un acuerdo donde admitía su solicitud, señalándose las 10:00 horas del día veinticuatro de junio del 2019 dos mil diecinueve, para que tuviera verificativo la audiencia de formulación en contra de JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ CUATLE por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de VIOLENCIA FAMILIAR previsto y sancionado por el artículo 284 BIS en relación con los diversos 13 y 21 fracción I del Código Penal del Estado de Puebla, en agravio de JOSÉ GABRIEL RAMIREZ LUNA. Audiencia que una vez que llego la fecha no se llevó a cabo por no haber condiciones para su celebración, señalándose nueva fecha para el día quince de julio del presente año. (.) 5. Con fecha diecinueve de julio del dos mil diecinueve siendo las trece horas de ese día se reanudo la audiencia y se solicitó la vinculación a proceso por el delito de VIOLENCIA FAMILIAR cometido en agravio de mi representado y en contra de su hijo JOSÉ GABRIEL RAMÍREZ CUATLE, dictando el Juez de Control de la región Judicial Centro Poniente UN AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO por las siguientes razones: (.) 6.-lnconforme con dicha resolución con fecha veinticuatro de julio del dos mil diecinueve, ante el mismo Juez de control interpuse recurso de apelación para que previo sus trámites de ley la causa penal se resolviera ante el Magistrado Unitario del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, el cual actualmente se encuentra pendiente para su resolución." De las anteriores transcripciones y del análisis integral de la demanda así como el escrito aclaratorio, se advierte que el acto reclamado en la presente vía constitucional, es la audiencia de diecinueve de julio del año en curso, dictada en la carpeta judicial administrativa 1877/2019/CHOLULA, por el juez responsable en la que determinó la no vinculación a proceso de José Gabriel Ramírez Cuatle, así como la inconstitucionalidad del artículo 284 Bis del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, en el cual se fundamentó el auto de no vinculación a proceso dictado por el juez responsable En tales condiciones, respecto del acto precisado, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, en relación con el párrafo tercero de la fracción XIV y XIX, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)." De los preceptos y fracciones transcritas, se advierte que el juicio constitucional es improcedente: a) cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal a través del cual dicho acto puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual será optativo para el peticionario de amparo hacerlo valer o impugnar la norma general en juicio de amparo; y, b) cuando se está tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, por lo que basta que esté acreditado que se interpuso y esté en trámite un recurso ordinario en contra del tal acto para que opere la causa en comento. De lo anterior, se infiere que la intención de la disposición legal de que se trata, es evitar que la acción del amparo y el recurso o medio de defensa ordinario coexistan en cuanto a su iniciación y substanciación procesal, habida cuenta que los citados medios de defensa, podrían culminar con resoluciones contradictorias. En tales circunstancias, para que se actualice la causa de improcedencia invocada, es necesario que se satisfagan los siguientes requisitos: a) Que el quejoso haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite el amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de derechos; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como reclamado en el juicio de amparo. Tiene aplicación al caso particular, la jurisprudencia P/J.144/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo." Ahora bien, del escrito inicial de demanda, se desprende que el aquí promovente, bajo protesta de decir verdad, refirió que el veinticuatro de julio del año en curso, interpuso recurso de apelación en contra de la audiencia de diecinueve de julio del año en curso, dictada en la carpeta judicial administrativa 1877/2019/CHOLULA, por el juez responsable en la que determinó la no vinculación a proceso de José Gabriel Ramírez Cuatle, el cual actualmente se encuentra pendiente de resolverse. De lo anterior, se aprecia que la apelación propuesta por el promovente, en la fecha en que se dicta este auto, se encuentra pendiente de resolver; se dice lo anterior, pues así lo manifestó bajo protesta de decir verdad en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, arábigo seis, en el que se asentó lo siguiente: "6.-lnconforme con dicha resolución con fecha veinticuatro de julio del dos mil diecinueve, ante el mismo Juez de control interpuse recurso de apelación para que previo sus trámites de ley la causa penal se resolviera ante el Magistrado Unitario del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, el cual actualmente se encuentra pendiente para su resolución." En efecto, contra el primer acto de aplicación de la ley que se combate, procede el recurso de apelación, por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado; y el párrafo tercero de la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, en el caso, el hoy quejoso optó por el medio de defensa legal citado (apelación), el cual esta pendiente de resolución, por lo que opera el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a continuar previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendiente a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses. Recapitulando, se colige que cuando el amparo indirecto se reclame una ley con motivo de su primer acto de aplicación y el gobernado opte por impugnar dicho acto a través de un medio ordinario de defensa, el juicio constitucional es improcedente por encontrarse pendiente un recurso; y, éste no puede abandonarse, porque ello equivaldría a dejar en manos del gobernado el momento en que puede promover el amparo; por lo que se concluye, que no hay precepto que autorice el empleo de los medios en forma simultanea (amparo y apelación); de ahí la improcedencia del juicio de amparo. Tiene aplicación, la jurisprudencia, misma que es del tenor literal siguiente: "LEYES, RECURSOS QUE DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO CONTRA. SI EL INTERESADO ESCOGE EL RECURSO O MEDIO DE DEFENSA LEGAL POR VIRTUD DEL CUAL PUEDA SER MODIFICADO, REVOCADO O NULIFICADO EL PRIMER ACTO DE APLICACION DE LA LEY, OPERA EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el criterio flexible y equitativo del tercer párrafo de la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, adicionado por el decreto de 3 de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado en el Diario Oficial de treinta de abril del mismo año, en vigor a los ciento ochenta días siguientes al de su publicación (28 de octubre de 1968), si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida procede algún recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar, desde luego, la ley a través del juicio de amparo. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de defensa legal, y si ese recurso o medio de defensa legal es procedente, opera el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, quedando obligado el interesado a recorrer, previamente a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios tendientes a revocar o modificar el acto lesivo a sus intereses." Por tal motivo, ya que el quejoso apeló la determinación que por esta vía reclama y dicho recurso se encuentra pendiente de resolver, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, en relación con el párrafo tercero de la fracción XIV y XIX, de la Ley de Amparo, pues se hace patente que a través de dicho medio ordinario de defensa, se puede confirmar o revocar el acto combatido en el presente asunto, por lo que al haberse acreditado de forma notoria e indudable la causal de improcedencia señalada, se desecha la demanda de amparo de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 113 de la misma ley. Desechamiento que se hace extensivo por cuanto hace a la inconstitucionalidad que reclamara la parte quejosa, consistente en la aprobación, expedición, promulgación y publicación del Código Penal para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, el veintitrés de diciembre de min novecientos ochenta y seis, en específico el artículo 284 Bis, del citado ordenamiento legal, al haberse desechado la demanda en contra de su acto de aplicación (audiencia de diecinueve de julio del año en curso, dictada en la carpeta judicial administrativa 1877/2019/CHOLULA, por el juez responsable en la que determinó la no vinculación a proceso de José Gabriel Ramírez Cuatle). Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el escrito aclaratorio signado al parecer por Jonatán Vera Carvajal, quien refiere ostentarse como asesor jurídico de José Gabriel Ramírez Luna, mediante el cual, pretende desahogar el requerimiento formulado el doce de agosto de dos mil diecinueve (fojas 12 a 16). Sin embargo, toda vez que la firma que aparece en el escrito de demanda y en el diverso de cuenta, a simple vista difiere notoriamente, con fundamento en el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resérvese acordar lo conducente a su contenido y requiérase al ocursante, para que dentro del término de tres días siguientes a la notificación del presente auto, comparezca ante el personal actuante de este juzgado a reconocer la firma que calza el escrito de cuenta (con credencial oficial y vigente). Apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho ocurso; hágase del conocimiento del promovente que el artículo 261 de la Ley de Amparo, prevé una sanción de dos a seis años y multa de 30 a 300 días, para el quejoso, su abogado autorizado o a ambos, que afirmen hechos falsos u omitan los que le consten en relación con el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial número 258, visible en la página ciento setenta y cuatro, Octava Época, Materia Común del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, cuyo texto literal dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerla, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- JOSE FROYLAN LOPEZ MORALES y Otros.703/2018
- Jose Gabriel Liebano Morales149/2019
- Jose Gabriel Marquez Blanco613/2018
- Jose Gabriel Ortiz Hernandez1190/2023
- Jose Garcia Salazar1191/2019
- Jose Gaudencio Victor Leon Castañeda1223/2019
- Jose Gelin Giron Torres57/2017
- Jose Genovevo Huinatl Flores838/2020
- Jose Gerardo Alcala Angulo472/2022
- Jose Gerardo Andrade Macuil1251/2015
- Jose Gerardo Arce Vega641/2020
- Jose Gerardo Conde Jimenez1105/2018