José García Romero

Expediente 759/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
759/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/08/2023

Partes del expediente

  • José García Romero

Actuaciones

  1. Principal

    ... Admite recurso. Agréguese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, a través del cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por ********************, contra el acuerdo de ocho de agosto del año actual, radicándolo como queja ********************. Notifíquese. ...

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, a dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Recurso de queja. ... Informe. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe relativo a la queja de que se trata y dígasele que es cierto el acto reclamado, cuya legalidad se sostiene por sus propios fundamentos y consideraciones. Remisión. Remítase el escrito de agravios y el original de este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, para que realice el turno correspondiente. Disponibilidad de expediente electrónico. Infórmese a la Superioridad que está disponible el expediente electrónico para su consulta, mismo que de acuerdo con la certificación secretarial, se encuentra debidamente integrado. Cuaderno. Fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias que se estimen necesarias. Notifíquese. ...

  3. Principal

    ... Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por José García Romero, por propio derecho, contra actos del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz y otras autoridades; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 759/2023/V/B. ... Desechamiento.... al actualizarse las causales de improcedencia contenidas en las fracciones VI y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. ... Notifíquese personalmente al quejoso...

  4. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE OCHO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa de Enríquez, Veracruz, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo promovida por José García Romero, por propio derecho, contra actos del Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz y otras autoridades; fórmese el juicio de amparo bajo el registro 759/2023/V/B. Firma electrónica de promociones. Toda vez que la demanda de cuenta fue presentada físicamente, en cumplimiento a lo ordenado por los artículos 253 y 263 fracción I, del Acuerdo General que establece las Disposiciones en Materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, se ordena digitalizarla e incorporarla al expediente electrónico con firma electrónica del Secretario, así como las demás promociones y actuaciones que se presenten y generen de forma impresa. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263 fracción II, párrafo segundo, del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes, para que cuando les sea posible, transiten a la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Así, del análisis integral de la demanda, se advierte que el quejoso en sus conceptos de violación, reclama la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito en el conflicto competencial del Trabajo 1/2023, en el que se determinó: ".SEGUNDO: Se declara legalmente competente, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), con sede en esta ciudad, para conocer de la demanda laboral promovida por José García Romero, en contra del (I) Tribunal Superior de Justicia, (II) Consejo de la Judicatura, (III) Pleno del Consejo de la Judicatura, lo tres del Poder Judicial del Estado y del (IV) Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, todos con residencia en esta ciudad. TERCERO: Remítanse los autos que integran el conflicto competencial al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), para los efectos legales a que haya lugar, y envíese testimonio de la presente ejecutoria al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, para su conocimiento y efectos legales procedentes.". Asimismo, de la literalidad de la demanda, se advierte que el promovente también reclama de las siguientes autoridades los actos consistentes en: AUTORIDADES RESPONSABLES: ".A) H. Congreso del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. B) H. Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con sede en la Ciudad de México. ACTOS RECLAMADOS: ".A) El decreto 463 publicado en la gaceta del Estado de Veracruz, el día 20 de diciembre del año 2022, por las razones expuestas en mis conceptos de violación narrados en líneas que preceden. B) El acuerdo general número 1/2023 de fecha 26 de enero del año 2023, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 3 de marzo del año 2023; por las razones expuestas en mis conceptos de violación narrados en líneas que preceden; y, C) Los acuerdos 6/1999, de 22 de junio del año de 1999; 1/2000, de 17 de enero del año 2000; y 5/2001, de 21 de junio del año 2001 emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que invoca el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, de esta ciudad de Xalapa, Veracruz, en el acuerdo de fecha 3 de noviembre del año 2022 dentro del expediente laboral número 70/2022-IV, al declararse incompetente por segunda ocasión.". En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción VI de la Ley de Amparo1 . Ello, toda vez que de la totalidad de la demanda (conceptos de violación y capítulo de actos reclamados) se advierte que en esencia, lo que el quejoso reclama, es la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, en el conflicto competencial 1/2023 en la que se resolvió sobre el conflicto competencial suscitado entre el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, y la Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, ambos con residencia en Xalapa, Veracruz. En dicha determinación se declaró legalmente competente, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz (TRIJAEV), con sede en esta ciudad, para conocer de la demanda laboral promovida por José García Romero, radicada en el expediente 70/2022. La improcedencia radica en que la resolución reclamada se trata de un pronunciamiento definitivo derivado de un conflicto competencial, en la cual el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad fijó la competencia a favor del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz. Cabe señalar que la competencia para emitir la resolución del Tribunal Colegiado en cita, deriva de la competencia delegada para conocer y resolver conflictos competenciales con fundamento en el artículo 94 párrafos quinto y 106 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 38 fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 5/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otros. En ese sentido, la resolución reclamada, es definitiva, por tanto, irrebatible, indiscutible e inmodificable, por lo que dicho acto ya no puede ser cuestionado al haberse emitido por el Pleno del Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, determinaciones que no pueden ser combatidas a través del juicio de amparo indirecto. Es decir, se trata de resoluciones definitivas que no admiten recurso alguno, sin que pueda caber una excepción a la regla general prevista en la fracción VI del artículo 61 aludido, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones emitidas por aquél se delimitó tanto en la Ley de Amparo, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo que no acontece en el caso concreto, por lo que no es sostenible una interpretación diversa que permita impugnarla, pues de lo contrario, se vaciaría el contenido de la disposición constitucional que le otorga el carácter de definitiva e inatacable. Sirve de apoyo de apoyo la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1459, tomo 2, de la Décima Época, registró 2002187 del Semanario Judicial de la Federación que prevé lo siguiente: "RECURSO DE REVISIÓN. DEBE PREVALECER LA AUTORIDAD DE LA COSA JUZGADA RESPECTO DE LAS DETERMINACIONES SOBRE CUESTIONES COMPETENCIALES. Cuando existe pronunciamiento definitivo derivado de un conflicto competencial, en que un Tribunal Colegiado de Circuito fijó su postura con base en la atribución legal para conocer de un asunto por razón de la vía, dicha resolución adquiere la categoría de cosa juzgada, propia de toda decisión jurisdiccional, que es irrebatible, indiscutible e inmodificable. Por ello, en el recurso de revisión en el que se impugna la sentencia de amparo indirecto, el tribunal de alzada ya no puede cuestionar esa decisión. Ahora, si posteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación sienta jurisprudencia sobre el tema, su aplicación no llega al extremo de privar de efectos jurídicos la autoridad de la cosa juzgada, porque uno de los fines de la jurisprudencia es la seguridad jurídica y sería ilógico que su observancia posterior resulte adversa al principio de acceso a la justicia previsto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Asimismo, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia PC.III.L. J/11 L (10a.) del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, cuyo criterio se comparte, que a la letra dice2 : "AMPARO INDIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN UNA MULTA IMPUESTA EN LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE QUEJA EMITIDA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DE DICHO JUICIO". De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 107, fracción VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 61, fracción VI y 113 de la Ley de Amparo, se advierte que: a) contra las sentencias dictadas por los Tribunales Colegiados de Circuito no procede recurso alguno y el juicio de amparo en su contra es improcedente; b) la función de tales órganos es netamente jurisdiccional; y, c) si al examinar el escrito de demanda de amparo se advierte alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. Asimismo, de los numerales reseñados se abstrae que cuando el acto reclamado consista en una multa impuesta en la resolución de un recurso de queja emitida por un Tribunal Colegiado de Circuito, se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia toda vez que dicha resolución es definitiva y no admite recurso alguno, sin que pueda caber una excepción a la regla general prevista en la fracción VI del artículo 61 aludido, toda vez que la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones emitidas por aquél se delimitó tanto en la Ley de Amparo, como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que no es sostenible una interpretación diversa que permita impugnarla, pues de lo contrario, se vaciaría el contenido de la disposición constitucional que le otorga el carácter de definitiva e inatacable; además de que durante el trámite del recurso de queja la autoridad responsable puede contestar la omisión imputada y aportar las pruebas que estime conducentes para justificar su dicho. Ahora, por cuanto hace a los actos reclamados en el inciso A), B) y C), consistentes en el decreto 463 publicado en la gaceta del Estado de Veracruz, el día veinte de diciembre del año dos mil veintidós, emitido por el Gobernador del Estado, el acuerdos generales número 1/2023, y los diversos 6/1999, 1/2000 y 5/2001 emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el juicio de amparo resulta improcedente. Lo anterior, toda vez que si el quejoso pretende reclamarlos como actos heteroaplicativos, esto es, con motivo de que le fueron aplicados en la resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, al resultar improcedente el juicio de amparo por cuanto hace a dicha resolución -conflicto competencial-, por los acuerdos señalados, en vía de consecuencia también resulta improcedente el juicio, pues la aplicación jurídica de la norma -tales acuerdos- se materializó en resolución reclamada. Ello, atento a que no los impugna de forma autónoma sino que sirvieron de base para emitir la resolución que de forma principal reclama -resolución de conflicto competencial dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en cita-. Sin que en el caso, se advierta que reclama dichos acuerdos como normas autoaplicativas; además que, aun cuando así aconteciera, en ese supuesto, la demanda de amparo también resulta improcedente, pues al respecto se actualiza la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo3 . Es así, porque el juicio de amparo es improcedente, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, es decir, aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En relación con lo anterior, el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo, establece: ".Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días.". Dicho precepto prevé que el plazo para impugnar una norma general autoaplicativa, que son aquellas que por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) es de treinta días. Con relación a lo anterior, el artículo 114, fracción I, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: ".Artículo 114.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito: I.- Contra leyes federales o locales, tratados internacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo con la fracción I del artículo 89 constitucional, reglamentos de leyes locales expedidos por los gobernadores de los Estados, u otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicios al quejoso.". De los artículos transcritos, se advierte que todos los gobernados cuentan con dos momentos fundamentales para impugnar las leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, con motivo de su sola vigencia o por el acto de aplicación. En el primer caso, basta con que el gobernado se ubique en los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal, que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días, contados a partir de la entrada en vigor del precepto que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley de Amparo. En el segundo caso, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales, para que se produzca la actualización de la hipótesis normativa y, entonces, el término con que cuenta el agraviado 22/09/23 14:14:00 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.76.72 YESARELI PEREZ GARCIA para promover el juicio de garantías será de quince días, según la regla establecida en el artículo 21 de la ley citada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de este Alto Tribunal, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, página 123, correspondientes al mes de abril de 1996, cuyo rubro y texto dice: ".LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento...". Ahora, los acuerdos que el quejoso impugna son el decreto 463 publicado en la gaceta del Estado de Veracruz el veinte de diciembre de dos mil veintidós, el acuerdo general 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de marzo de dos mil veintitrés y los acuerdos 6/1999, de veintidós de junio del año de mil novecientos noventa y nueve; 1/2000, de diecisiete de enero del año dos mil; y 5/2001, de veintiuno de junio del año dos mil uno, emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese sentido, en el caso de que los reclame como autoaplicativos era indispensable que el quejoso ejerciera la acción constitucional dentro del plazo de treinta días siguientes a la publicación de dichos acuerdos, por lo que de conformidad con las fechas de publicación de los mismos, resulta evidente que dicho plazo ya feneció, de ahí que la promoción de la demanda de amparo resulte extemporánea. En consecuencia, al actualizarse las causales de improcedencia contenidas en las fracciones VI y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la citada ley, se desecha la demanda de amparo origen de este asunto. Domicilio y autorizados. Con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta y por autorizados en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a Inocencio Martínez Cortes y Rosalba Luna Falfan, en virtud de que la certificación secretarial, se conoce que cuentan con cédula profesional; en tanto que Daniel Soto Aguirre, únicamente queda autorizado para recibir notificaciones, por así haberlo solicitado el promovente. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a la secretaria, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente al quejoso..

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