José García Reyes
Expediente 218/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 11 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 218/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 10/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- José García Reyes
- José García Reyes y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de enero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió para la parte quejosa el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2464, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el numeral 21, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de destrucción; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo de mérito; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, se advierte que en el incidente de suspensión relativo a este juicio de amparo, se concedió la suspensión provisional y la definitiva; por tanto, el original del incidente relativo al presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 18 fracción I inciso A), del citado acuerdo general, es susceptible de DEPURACIÓN. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción y depuración del expediente principal y original del incidente de suspensión, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Ahora, tomando en consideración que la autoridad responsable Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, remitió un cuaderno de pruebas relativo a copias certificadas del expediente 98/1995, de su índice; por tanto, al no existir trámite pendiente por acordar, devuélvase dichas documentales al carecer de objeto su permanencia en este juzgado. Sin necesidad que acuse recibo pues para tal efecto se contará con la constancia de notificación a dicha autoridad, en la cual se deberá plasmar la entrega del mismo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven del presente acuerdo. Finalmente, agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y cúmplase.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 218/2021, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, el diez de marzo de dos mil veintiuno, el cual por razón de turno le correspondió a este órgano jurisdiccional, José García Reyes, endosatario en procuración de Andrés Fuentes López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y por los actos que se precisan a continuación: ".IIl. AUTORIDAD RESPONSABLE.- Señalo en su doble carácter al JUEZ QUINTO CIVIL DE ESTE DISTRITO JUDICIAL DEL CENTRO, [.] IV.- ACTO RECLAMADO.- Reclamo de la Autoridad Responsable en su doble carácter, la resolución interlocutoria dictada con fecha 05 de febrero de 2021, en EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL NUMERO 98/1995, que declara procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, ordena levantar el embargo ejecutado en el juicio y ordena cancelar el registro del indicado embargo; incidente que promovió el ahora tercero perjudicado ARNULFO APOLINAR JIMENEZ CRUZ." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y, manifestó esencialmente como derecho fundamental violado el previsto en los artículos 14 y 16, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y admisión de la demanda. Mediante auto de once de marzo de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional radicó la demanda de amparo con el número 218/2021; se admitió a trámite; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (quien no formuló pedimento); se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en atención a que el acto reclamado dimana de autoridades responsables que tienen su residencia dentro del ámbito territorial en que este juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. De igual manera, se considera que en observancia a la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que la suscrita secretaria en funciones de Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, en términos de lo dispuesto en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2820/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, pues está facultada para dictar sentencia aún en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 67/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 853, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL." SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Atento a lo anterior, del análisis de la demanda y de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama de las autoridades responsables: La resolución interlocutoria de cinco de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro en el Estado, dentro del expediente 98/1995 de su índice, en la cual, en esencia, se determinó declarar procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro en el Estado, al rendir su respectivo informe justificado, aceptó parcialmente la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, se debe tener por cierto el acto reclamado, pues de las manifestaciones vertidas en el mismo se desprende su certeza. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis publicada en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.- En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Lo anterior, incluso se corrobora con las documentales que remitió la aludida autoridad, consistente en copias certificadas del expediente 98/1995, de su índice, el cual obra en un tomo de prueba anexo que obra por separado, del cual se advierte la existencia del acto reclamado; mismo que tiene valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Materia Común, Quinta Época, que versa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Antes de continuar, conviene precisar que el juicio de amparo 932/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, guarda estrecha relación con el presente asunto; mismo que se invoca como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, a fin de resolver el presente asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 16/2018 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10, Décima Época, Materia Común, de rubro siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE)". Ahora, de dicho sumario constitucional, en lo que aquí interesa, conviene hacer mención de las siguientes actuaciones: -Dicho juicio de amparo, fue promovido por José García Reyes, endosatario en procuración de Andrés Fuentes López, contra actos del Juzgado Quinto Civil del Distrito Judicial del Centro, en el Estado, de quien reclamó: La resolución interlocutoria de diez de julio de dos mil veinte, emitida por el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en el Estado, dentro del expediente 98/1995 de su índice, en la cual, en esencia, se determinó declarar procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia. - Por ello, mediante sentencia dictada el veintiséis de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto que la autoridad responsable, dejara insubsistente la resolución interlocutoria de diez de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, en el Estado, dentro del expediente 98/1995 de su índice; y con plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución en la que de forma fundada y motivada, congruente y exhaustiva, se pronuncie en relación con todos los planteamientos realizados por las partes. - Por auto de dieciocho de octubre del año en curso, se tuvo por no cumplida la sentencia amparadora dictada en ese juicio de amparo, y en lo que interesa, se requirió a la autoridad responsable Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, para que, dentro del plazo de tres días, emitiera una nueva resolución en la que cumpliera con todos los aspectos de la misma. - El once de noviembre de dos mil veintiuno, el Juez responsable remitió copia certificada de las constancias con las que refirió dar cumplimiento al requerimiento antes mencionado, de las cuales se desprende que dicha autoridad responsable determinó dejar insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de febrero de dos mil veintiuno. Con base a lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que se despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus garantías individuales que alega le fueron violadas. Esto es, que se deje insubsistente dicha actuación, que se haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, la actuación posterior debe equipararse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, debe añadirse que no es suficiente que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Establecido lo anterior, conviene recordar que el acto reclamado en este asunto, es la resolución interlocutoria de cinco de febrero de dos mil veintiuno, emitida por el Juzgado Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro en el Estado, dentro del expediente 98/1995 de su índice, en la cual, en esencia, se determinó declarar procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia. Luego, si como se mencionó en párrafos precedentes, en el juicio de amparo 932/2019, del índice de este órgano jurisdiccional, el Juez Quinto de lo Civil del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, informó haber dejado insubsistente la resolución interlocutoria de cinco de febrero de dos mil veintiuno, dictada en el expediente 98/1995 de su índice -que resulta ser el acto aquí reclamado- y procedió a emitir una nueva resolución; por tanto, se considera que a la fecha cesaron los efectos del acto que se reclama, es decir, la resolución interlcutoria antes mencionada. Lo anterior, pues insístase, con la determinación emitida por la autoridad responsable, en el sentido de dejar insubsistente el acto reclamado y emitir una nueva resolución, se destruyeron por completo de forma total e incondicional los efectos del aquí reclamado; además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sostiene el razonamiento vertido, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el numeral 61, fracción XXI, lo que procede es decretar el SOBRESEIMIENTO en el juicio en que se actúa, con apoyo en el arábigo 63, fracción V, de la misma ley de la materia. En mérito de lo anterior, se hace innecesario emprender el estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, tal y como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada bajo el número 509, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 335, Séptima Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, se autoriza al Secretario y/o actuario judicial a firmar los oficios que deriven del presente proveído. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por José García Reyes, endosatario en procuración de Andrés Fuentes López, respecto del acto reclamado precisado en el considerado tercero, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente. Notifíquese personalmente; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito signado por *****, en su carácter de autorizado de ****, tercero interesado; por medio del cual realiza diversas manifestaciones. En atención a lo anterior, se ordena formar un expedientillo a fin de que sea agregado sin mayor pronunciamiento, virtud que el juicio de amparo en que se actúa se encuentra con audiencia celebrada, por lo que ya no es posible que se emita pronunciamiento con relación a promociones presentadas después de la hora y fecha en que ésta tuvo lugar, debiendo glosarse al expediente después de que se dicte la sentencia. Asimismo, póngase a disposición el presente expedientillo, en caso de ser necesario, al resolver el presente juicio de amparo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el titular de éste órgano jurisdiccional Pedro Gerardo Álvarez Álvarez del Castillo, se encuentra de licencia el día de hoy, y en virtud que el secretario encargado del despacho únicamente se encuentra facultado para dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente; por tanto, con fundamento en el artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y, en su lugar, se fijan las DOCE HORAS CON CINCUENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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