José García Ramírez

Expediente 3229/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 40 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
3229/2017
Año
2017
Actuaciones
40
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • José García Ramírez
  • Agente del Ministerio Público adscrita

Actuaciones

Las 4 más recientes de 40.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por omisión del oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se excluyó la baja de la comunicación oficial enviada en la estadística correspondiente. NÚMERO DE ORDEN NÚMERO DE ORIGEN TIPO DE COMUNICACIÓN EXPEDIENTE 235/2014 160/2014 Despacho 2837/2014 Amparo indirecto En consecuencia, toda vez que el presente expediente se ordenó al archivo el cinco de diciembre de dos mil dieciséis, instrúyase al oficial encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de realizar la correspondiente baja de la comunicación respectiva. Finalmente, devuélvase al archivo; lo anterior, para los efectos legales que tenga lugar. Cúmplase.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado procesal de autos, se advierte que dentro del término legal de diez días a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la resolución dictada el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, por la cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos de ley. Consecuentemente, se ordena archivar el presente juicio como asunto totalmente concluido, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Luego, en atención a los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, pronunciado por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del veintiséis de noviembre de ese mismo año, este asunto no se considera de relevancia documental, pues no se ventiló algún tema relacionado con el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente, la gestión ambiental, entre otros, que tenga algún tópico de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora bien, de conformidad con la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, tomando en consideración que se decretó el sobreseimiento en el juicio, éste se considera susceptible de DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo. Sin que sea dable requerir a la parte quejosa para que comparezca a recoger el documento que anexó a su escrito de demanda, en razón que del análisis del mismo, se advierte que el mismo no resulta relevante, toda vez que consiste en una actuación de seis de octubre de dos mil diecisiete, que recayó en el juicio natural 15/2006-D, del índice de la autoridad responsable. Finalmente, téngase por recibido el oficio y anexos, que remite la Juez Cuarto de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial en Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual devuelve sin diligenciar, por las razones que expone, el despacho 40/2019, comunicación oficial 77/2019, derivado del juicio de amparo 3229/2017 del índice de este juzgado federal, el cual se le remitió para que en auxilio de este juzgado, emplazara a juicio a la tercera interesada Inmobiliaria López Mateos, Sociedad Anónima de Capital Variable; por tanto; agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, en razón de que mediante proveído dictado el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Dese de baja administrativamente la citada comunicación procesal, en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiocho de mayo de dos mil diecinueveevuelve despacho sin diligenciar. Visto lo de cuenta, ténganse por recibido el oficio y anexos, que remite la Juez Cuarto de lo Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial en Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual devuelve sin diligenciar, por las razones que expone, el despacho 53/2019, comunicación oficial 100/2019, derivado del juicio de amparo ** del índice de este juzgado federal, el cual se le remitió para que en auxilio de este juzgado, emplazara a juicio a la tercera interesada ***; por tanto; agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, en razón de que mediante proveído dictado el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Dese de baja comunicación. Dese de baja administrativamente la citada comunicación procesal, en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, fungirá como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por el Presidente Auxiliar y el Secretario, ambos de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a través del cual, informan el estado procesal que guarda el juicio de origen. Asimismo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales que anexan, de conformidad con el arábigo 119 de la Ley de Amparo, mismas que serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Ahora bien, esta juzgadora estima que tocante al acto reclamado consistente en la omisión de proveer el desahogo de la prueba denominada ratificación de firma y del contenido, ofrecida por la parte demandada Impulsora Turística de Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable, aquí tercero interesado, así como la falta de respuesta al escrito presentado el seis de octubre de dos mil diecisiete, dentro de los autos del juicio ***, se concreta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados. A lo que se provee lo siguiente: En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, en el particular, el peticionario de amparo reclama como acto destacado la omisión de proveer el escrito presentado el seis de octubre de dos mil diecisiete, así como proveer lo relativo al desahogo de la prueba denominada ratificación de firma y del contenido, ofrecida por la parte demandada Impulsora Turística de Occidente, Sociedad Anónima de Capital Variable, aquí tercero interesado, dentro de los autos del juicio laboral de origen. En ese orden de ideas, de las constancias que remitió el Presidente Auxiliar y el Secretario, ambos de la Sexta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, se advierte que el dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dicho órgano de impartición de justicia laboral proveyó el escrito presentado por la parte quejosa el seis de octubre de dos mil diecisiete, dentro del expediente ***, así como declaró desierta la prueba de ratificación de contenido y firma, a cargo de los CC. Tomás Teran García y Olimpia Ramírez Rodríguez, cuya omisión se reclama. Además, de que de las constancias de cuenta exhibidas por las autoridades responsables, se desprende que concluyó con el desahogo de los medios de convicción ofrecidos por las partes, turnándose los autos para el dictado del proyecto respectivo. De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, se desprende con claridad que lo que procede es sobreseer en el juicio respecto de los indicados actos, toda vez que se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haberse impugnado la omisión de la autoridad laboral de proveer el referido ocurso y de la prueba ofrecida por la aquí tercera interesada, incluso de encontrarse el juicio de origen en estado de resolución, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado y el amparo resulta improcedente conforme a la fracción y artículo en estudio. En ese orden de ideas, como la responsable demostró haber dictado el acuerdo correspondiente, es evidente que han quedado destruidos los efectos del acto violatorio de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho esencial violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Consecuentemente, con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, toda vez que al haber recaído un respuesta a la petición del inconforme cuya abstención generó violación en su perjuicio a las garantías consagradas en los artículos 14, 16, 17 y 123, de la Constitución General de la República, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, que era precisamente obtener de la autoridad de que se ha venido hablando emitiera un pronunciamiento en torno a la pretensión del agraviado. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198, que previene: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". También es útil en este tema la jurisprudencia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Es corolario de lo expuesto, que en términos de lo dispuesto en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, lo que procede es SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, toda vez que conforme a lo aquí apuntado, han cesado los efectos del acto reclamado en sede constitucional. Es de invocarse en apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. La actuación del Juez Federal por la que decreta el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia, no transgrede los artículos 76, 77, 78 y 80 de la Ley de Amparo, pues es indudable que con independencia de que aprecie el acto reclamado tal como aparece acreditado ante la responsable, como lo establece esencialmente el artículo 78 en cita (lo que ni siquiera puede estar a discusión), ello no impide la actualización de las causales de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que el contenido del diverso artículo 76 recoge el principio de relatividad de las sentencias, de manera que cuando en él se establece que: "Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubiesen solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere ...", no se impone una obligación de conceder el amparo sino la limitación de que el pronunciamiento se emita, en su caso, sólo respecto del directo quejoso; en cambio, en el artículo 77 de la ley de la materia, se enuncian los requisitos que deben contener las sentencias, tales como la fijación del acto reclamado, los fundamentos en que se apoye el sobreseimiento, o bien, la declaración o no de inconstitucionalidad, y los puntos resolutivos en los que se concrete con claridad y precisión el acto o actos por los que se sobresea, conceda o niegue el amparo, lo cual, de ninguna manera se trastoca por el hecho de que el sentido del fallo sea precisamente el sobreseimiento en el que la posibilidad de hacerlo encuentra incluso fundamento formal. Finalmente, en el artículo 80 se establece el objeto o finalidad de las sentencias en que se conceda el amparo, hipótesis que no se actualiza precisamente ante el sentido de una resolución en la que legalmente se decreta el sobreseimiento en el juicio, por lo que es evidente que ninguno de los preceptos aludidos se ve afectado, en virtud de que se resuelva el sobreseimiento sin abordar el fondo del asunto". En virtud de lo expuesto, se deja sin efectos la citación para la audiencia constitucional, señalada para las doce horas con cuarenta minutos del cuatro de junio de dos mil diecinueve. Asimismo, conforme lo dispone el artículo 26, fracción I, inciso f), de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a la parte quejosa y a los diversos terceros interesados, debiendo corrérsele traslado con copia simple de las constancias que se adjuntaron al oficio de cuenta, así como la diversa que obra a foja ciento diez del juicio en que se actúa, para los efectos legales a que haya lugar. No es óbice para concluir en los términos apuntados, la circunstancia de que no exista constancia de emplazamiento a esta contienda de derechos fundamentales del diverso tercero interesado Inmobiliaria López Mateos, Sociedad Anónima de Capital Variable, conforme lo ordenado en el auto admisorio de catorce de noviembre de la presente anualidad, en atención a que el sentido de la presente determinación no le irroga lesión a su esfera de derechos y de efectuar las gestiones necesarias para lograr su llamamiento a juicio, se retrasaría injustificadamente la impartición de justicia en su perjuicio. La anterior determinación no desacata la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J.90/2010, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", sino que atiende a la invocada reforma constitucional en aras de tutelar los derechos humanos de las partes, evitando un prolongado trámite de investigación de la parte que se trata y, en su caso el también tardado y oneroso llamamiento por edictos, lo que finalmente, insístase, ofende esos derechos que se pretenden garantizar". Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia identificada con el número de registro VI.T. J/1 (10a.), que al tenor literal establece: "TERCERO PERJUDICADO. SI LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA SE LIMITAN A AMPARAR AL QUEJOSO PARA QUE LA RESPONSABLE REALICE DETERMINADOS ACTOS PROCESALES Y DICTE RESOLUCIÓN DEFINITIVA, AQUÉL CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN, PUES ELLO NO LE CAUSA PERJUICIO (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 90/2010). La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 90/2010, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, enero de 2011, página 448, de rubro: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO.", determinó que la figura del tercero perjudicado en el juicio de garantías tiene su génesis en el artículo 5o. de la Ley de Amparo, numeral que instituye a la citada parte procesal en su fracción III y, particularmente, en su inciso a) designa como tal a la contraparte del agraviado cuando el acto reclamado emana de un juicio o controversia que no sea del orden penal; así también, sostuvo que la mencionada figura jurídica no puede dejar de existir en función de la naturaleza de los actos que se impugnen, aun cuando se trate de violaciones a la garantía de justicia pronta y expedita, por lo que será suficiente con que se haya tenido un interés contrario al del agraviado en el juicio de primer orden para que, por ese solo hecho, se adquiera el carácter de tercero perjudicado en la vía constitucional. Lo anterior permite determinar el alcance de la jurisprudencia en cita, habida cuenta que si la razón por la que debe llamarse al tercero perjudicado al juicio de garantías obedece a que tuvo un interés contrario al del quejoso en el juicio natural, entonces el requisito para que dicho tercero pueda promover el recurso de revisión debe ser que en la sentencia de amparo prevalezca ese interés antagónico o que se le produzca una afectación directa e inmediata. Ello es así, en virtud de que los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 4o. de la Ley de Amparo, establecen el principio de instancia de parte agraviada, premisa que a su vez se hace extensiva al recurso de revisión, pues de los artículos 83, fracción IV y 88 de la citada ley, se advierte implícitamente la necesidad de que la sentencia de amparo irrogue alguna lesión a los derechos del inconforme a fin de que éste se encuentre en posibilidad de impugnar esa afectación; por tanto, cuando los efectos de la sentencia protectora se limitan a amparar al quejoso para que el tribunal o la Junta responsable realice determinados actos procesales y dicte la resolución definitiva, ello incide exclusivamente en la autoridad responsable, por lo que al no prevalecer el interés contrario del tercero perjudicado, éste carece de legitimación para interponer el recurso de revisión y, por tanto, procede desechar el citado medio de defensa." En esas circunstancias, se ordena dar de baja el despacho número 40/2019, dirigido al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Vigésimo Séptimo Partido Judicial en Puerto Vallarta, Jalisco, en Turno, en razón de lo ordenado en líneas precedentes, por lo que háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, de un análisis de los presentes autos se advierte que en proveído de cinco de junio de dos mil dieciocho, se dijo que una vez que en el juicio de amparo ***, se resolviera el incidente de acumulación planteado por el tercero interesado Carlos Oscar Trejo Herrera, se acordaría lo conducente en el juicio en que se actúa; en esas condiciones, esta juzgadora estima, que si bien es un hecho notorio que el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, se resolvió dicho incidente de acumulación, empero de las constancias no se advierte que hubiese una solicitud de acumulación pues ambos juicios son de naturaleza distinta en el presente se controvierten omisiones en materia laboral y el comentado juicio 3149/2017, es de índole administrativa y en éste se reclaman entre otras cosas el procedimiento para la elección de un Magistrado Integrante del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, por lo que no guardan ninguna relación, por ende se estima que por un error involuntario se involucró el presente sumario con el diverso, sin que él mismo resulte procedente.

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