José García Lagunas

Expediente 1296/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1296/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • José García Lagunas

Actuaciones

  1. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, informando que admitió el recurso de queja interpuesto por el quejoso, el cual registró con el número 362/2023; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Visto que transcurrió el plazo concedido al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, en auto del treinta de octubre del año en curso, para que señalara las constancias que deben remitirse al Tribunal Colegiado para la substanciación del recurso interpuesto en autos y no lo hizo. En términos de lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe con justificación en el sentido de que es cierto el acto impugnado, pues este Juzgado dictó el auto del seis de octubre pasado. Atento a lo anterior, teniendo en cuenta el principio de expedites de Justicia que ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que rigen los sumarios constitucionales, remítase mediante correo electrónico institucional a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Civil del Segundo Circuito, el oficio que contenga los datos de identificación de este expediente a efecto de que realice el turno correspondiente. Una vez acontecido lo anterior, sin ulterior acuerdo, remítase copia certificada del expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito que corresponda, así como el original del escrito de interposición de agravios, para su substanciación. Se instruye al Oficial Judicial "A" de este Juzgado de Distrito para que a través de la opción "Vincular con otro Órgano", del submódulo "Expediente", haga disponible el expediente electrónico de este asunto, a fin de que el órgano de destino esté en aptitud de relacionarlo y vincularlo con el presente para que tenga los elementos idóneos a efecto de resolver el medio impugnatorio que se provee. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Téngase por hecha la certificación de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que no obra la constancia de notificación dirigida a ********** (Notario Público Número Veinticinco del Estado de México), por la que se le solicito diversa información, a efecto de no vulnerar las reglas que rigen el juicio de amparo y no irrogar perjuicio alguno a las partes, lo procedente es diferir la audiencia incidental señalada para hoy, por lo que en su lugar se fijan las nueve horas con treinta minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Notifíquese vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    IV. Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda promovida por ¨********, promoviendo en su carácter de albacea de la sucesión a bienes de *********, personalidad que se le reconoce en términos del documento que exhibe, contra actos del Juez Primero de lo Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1296/2023-IV. Atento a lo anterior, provéase lo conducente, respecto a la demanda de amparo. En ese sentido, cabe precisar que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La sentencia interlocutoria de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 88/2021 del índice del Primero de lo Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México. Bajo esa premisa, en la especie, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Ahora, como se estableció en párrafos precedentes, se advierte que el accionante de amparo reclama la resolución interlocutoria de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 88/2021 del índice del Primero de lo Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada en contra del diverso proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, en el cual la citada autoridad responsable previno a la parte actora en el principal, para que amplíe su demanda en contra de Carlos Alberto Quijas Mirabal, dejando subsistente todo lo actuado en el juicio y únicamente se abrirá la fase probatorio para recibir las que ofrezca la persona contra la que se amplíe la demanda en la acción principal y una vez que se agote la etapa probatoria, se abrirá la diversa pre conclusiva y a instancia de parte se turnaran los autos para el dictado de la sentencia. Atento a lo anterior, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, ambos numerales de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, pues es requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial respecto de actos dictados dentro de juicio, que éstos tengan una ejecución que sea de imposible reparación, esto es, que revistan la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fueron emitidos, trascienda materialmente a los derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y tratados internaciones, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia P./J. 24/92, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 56, Agosto de 1992, Página 11, cuyo rubro es: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.". Bajo ese contexto, es necesario precisar en primer lugar, cuáles son los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación. Tales actos son aquellos en los que sus consecuencias son susceptibles de afectar materialmente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera. Ahora bien, los denominados derechos adjetivos o procesales sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I. 4o. C. J/2, visible en la página 827, Tomo: I, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación cuyo rubro es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL)." En esta tesitura, debe señalarse que el juicio constitucional indirecto resulta improcedente en la especie, toda vez que el acto reclamado consiste en la resolución interlocutoria de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente 88/2021 del índice del Primero de lo Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, en la que resolvió el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada en contra del diverso proveído de veinticuatro de agosto del año en curso, en el que la citada autoridad responsable previno a la parte actora en el principal, para que amplíe su demanda en contra de Carlos Alberto Quijas Mirabal, dejando subsistente todo lo actuado en el juicio y únicamente se abrirá la fase probatorio para recibir las que ofrezca la persona contra la que se amplíe la demanda en la acción principal y una vez que se agote la etapa probatoria, se abrirá la diversa pre conclusiva y a instancia de parte se turnaran los autos para el dictado de la sentencia. Por tanto, lo anterior constituye un aspecto única y exclusivamente procesal, ya que no es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación que afecte derechos sustantivos consagrados en la Ley Fundamental o en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, toda vez que con ello únicamente se vulneran derechos adjetivos o procesales y, la parte quejosa puede obtener al finalizar el juicio respectivo, una resolución favorable a sus intereses, sin que dicha violación haya trascendido al sentido del fallo, o dejado huella en su esfera jurídica. De lo expuesto, se deriva un elemento toral para considerar que el acto impugnado no es susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo indirecto, porque se reitera, no se trata de una violación que cause a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación, pues el aspecto medular de los autos combatidos es meramente procesal. Es también aplicable la tesis de jurisprudencia número IV.2o. J/13, del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Junio de 1996 correspondiente a la Novena Época, página 538, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL. CUANDO SE ALEGAN VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO, SU FUNDAMENTO NO RADICA EN QUE PUDIERAN SER MATERIA DE AMPARO DIRECTO, SINO EN QUE NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACION. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclamen violaciones procesales, el fundamento de su improcedencia no radica en la posibilidad de plantearse como tales en el amparo directo, en los términos del artículo 159 de la Ley de Amparo, sino en el evento de que no se traten de actos dentro del juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, como lo previene el diverso artículo 114, en su fracción IV, del mismo ordenamiento, al contemplar precisamente los supuestos de procedencia del juicio bi-instancial." En abundamiento, cabe señalar que en el caso, se tratan de cuestiones que no afectan derechos sustantivos de la parte quejosa, habida cuenta que son violaciones intraprocesales, las que pueden ser resarcidas en la sentencia que se llegue a dictar en el juicio de origen; o bien, de no ser así, éstas son susceptibles de ser reclamadas mediante el juicio de amparo directo que en su momento se promueva contra la resolución de segunda instancia que confirme la de primera, en términos de lo establecido en los artículos 170 y 171, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues del análisis integral de los preceptos citados en el párrafo que antecede, se pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formalizarse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la resolución definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, pues lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa, es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado; razonamientos todos estos que cobran fuerza, si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si las infracciones trascendieron o no, afectando las defensas de la parte quejosa, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia es favorable a aquél en contra de quien se cometieron aquéllas, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente violaciones procesales, como en la especie acontece, el juicio deviene improcedente. Igualmente cobra aplicación la Jurisprudencia número VI.2o.C. J/209, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV Octubre de 2001, Materia Civil, Novena Época, página 1060, que sostiene: "VIOLACIONES PROCESALES MATERIA DEL AMPARO DIRECTO. Si bien en los juicios civiles las violaciones al procedimiento reclamables en amparo directo deben impugnarse en el curso mismo del procedimiento, esto no autoriza a reclamar la resolución de esas impugnaciones en el amparo indirecto, pues con esto se estaría desvirtuando la finalidad perseguida por la Ley de Amparo al reservar el conocimiento de determinadas violaciones para el juicio de garantías uniinstancial, que es la de evitar el entorpecimiento del procedimiento natural a través de la promoción de diversos juicios de amparo que harían interminable la solución del asunto natural, por eso precisamente contempla en su artículo 161 que las violaciones al procedimiento sólo podrán reclamarse en amparo directo, combatiéndolas en el curso mismo del procedimiento mediante el recurso ordinario que prevea la legislación aplicable, o si ésta no concede el recurso, o concediéndolo, el recurso fuere desechado o declarado improcedente, se debe invocar la violación como agravio en la segunda instancia, si se cometió en la primera.". Así, resulta inconcuso que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del artículo 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos de la parte quejosa, razón por la cual, lo que procede es desechar de plano la presente demanda en estudio, atento a lo dispuesto en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita. Ahora, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, realícense ésta y las subsecuentes notificaciones vía electrónica, con la precisión que enseguida se hará, al titular del nombre del usuario proporcionado por la ocursante, en virtud que cuenta con registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" y la Actuaria adscrita, a efecto de que realicen los registros convenientes. En el entendido que, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, la persona titular de la cuenta autorizada está obligada a ingresar al referido portal electrónico (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx) todos los días, para obtener la constancia de notificación relativa, en un plazo máximo de dos días a partir de que este órgano jurisdiccional la hubiere enviado. No obstante lo anterior, se precisa que este órgano jurisdiccional realizará las notificaciones electrónicas únicamente de aquellas determinaciones judiciales que por disposición expresa del artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, deban ser de carácter personal, por lo que las restantes notificaciones serán practicadas mediante lista, publicada en los estrados de este juzgado de Distrito y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 8/2023 (11a.), titulada: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. LA ELECCIÓN DE ESA VÍA EN EL JUICIO DE AMPARO POR LA PARTE QUEJOSA O TERCERA INTERESADA (PARTICULAR) IMPLICA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL REALICE ÚNICAMENTE AQUELLAS QUE TIENEN CARÁCTER PERSONAL." Ténganse por autorizadas a las personas que designan para los efectos que establecen, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Se le autoriza el uso de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de los acuerdos que obran en el presente juicio. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo atendiendo a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese y vía electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Antonia Remedios Martínez Jiménez, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

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