Jose Garcia Guzman

Expediente 770/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
770/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
10/09/2019

Partes del expediente

  • Jose Garcia Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO DE AUTOS. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, a través del cual se DESECHÓ DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ***. CAUSA ESTADO. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, ambos de la Ley de Amparo, en relación 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, de conformidad con el numeral 2, se declara que dicho fallo ha causado estado. ARCHIVO. Por tanto, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de la Materia. SIN RELEVANCIA DOCUMENTAL. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos vigésimo y vigésimo primero, es de precisarse que este expediente no es de relevancia documental. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, toda vez que en el presente juicio de amparo se desechó de plano la demanda de amparo promovida, éste expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos de la Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar, residente en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 770/2019-IV.1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El promovente del amparo hace consistir el acto reclamado, en lo siguiente: IV. ACTO RECLAMADO. El instructivo de la Resolución del Recurso de Revocación de fecha (primero) de Agosto del 2019, emitida dentro del expediente M-07/2018 emitida por el Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Así las cosas, el suscrito Juzgador estima que contra el citado acto reclamado se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, primer párrafo, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu que estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior. Como se advierte del artículo transcrito en primer término, el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la causa resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o, en su caso, de la Ley de Amparo. El segundo de los preceptos, establece que el juicio de amparo indirecto procede, tratándose de actos de ejecución de sentencia, solamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente; y, tratándose el procedimiento de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de los bienes rematados. Por tanto, se tiene que el juicio de amparo indirecto procede siempre y cuando la sentencia pronunciada se tenga totalmente cumplida, o bien, en los procedimientos de remate la que ordena el otorgamiento de la escritura o la entrega de los bienes rematados, no así, como acontece en el caso que nos ocupa, que respecto de los dos inmuebles de los cuales se tuvo por rendido su avalúo por auto de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, es el origen de lo aquí reclamado. Ahora bien, dado que el solicitante del amparo reclama en esta vía constitucional la resolución de primero de agosto del año en curso, pronunciada por la Juez Único Civil de Partido y de Oralidad Familiar de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato en el expediente M-07/2018, que confirmó el auto de veinticuatro de junio del presente año, por el que no se admitió a trámite el incidente de imposición de los avalúos presentados por la parte actora y nombrar perito valuador de su parte; resulta un hecho notorio para este Juzgador Federal los antecedentes de dicho acto, toda vez que se cuenta con las constancias relativas al expediente M07/2018, de donde deviene la resolución reclamada, en razón del informe justificado rendido en el diverso juicio de amparo 714/2019-IV.1, del índice de este Juzgado Federal, de tales documentales se advierte lo siguiente: 1. El trece de marzo de dos mil dieciocho, ***, en su carácter de endosatarios en procuración de ***, promovieron demanda en la vía ejecutiva mercantil y en ejercicio de la acción cambiara directa, en contra de ***. Demanda que le tocó conocer a la Juez Único Civil de Partido y Oralidad Familiar, con residencia en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, la cual mediante auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho, la registro bajo el número de expediente M07/2018 y despachó la orden con efectos de mandamiento en forma para que se requiriera al demandado en su domicilio, la cantidad reclamada y anexidades legales que se reclamaban; por lo cual el once de abril de dos mil dieciocho, se dejó el respectivo citatorio al demandado, intentando en diversas diligencias se permitiera el ingreso al domicilio del domicilio. En treinta de abril de dos mil dieciocho, con el uso de la de la fuerza pública y cerrajero, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento al demandado *** (aquí quejoso), que es lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Diligencia en la que se trabo embargo sobre cinco bienes inmuebles. Seguidas por sus etapas de estilo la vía ejecutiva encausada en doce de julio de dos mil dieciocho se dictó sentencia definitiva, en la cual la Juzgadora del conocimiento determinó los resolutivos siguientes: PRIMERO.- Este Juzgado resultó competente para conocer y resolver el presente juicio. SEGUNDO.- La vía Ejecutiva Mercantil por la que se encausó el presente juicio fue la correcta. TERCERO.- La parte actora acreditó los hechos constitutivos de su acción y el demandado no opuso excepciones. CUARTO.- Se condena a ***, a pagar a favor de la actora la cantidad de ***, por concepto de suerte principal. QUINTO.- Se condena a ***, al pago de intereses moratorios en razón de la tasa disminuida del 4.16% (cuatro punto veintiséis por ciento) mensual, respecto del pagaré valioso por la cantidad de *** se cubrirá a partir del día en que se incurrió en mora, esto es veintiocho de enero de dos mil dieciséis, día siguiente al de su vencimiento y hasta su total liquidación y por lo que hace al pagaré valioso por la cantidad de *** se cubrirá a partir del día en que se incurrió en mora, esto es once de febrero de dos mil dieciséis, día siguiente al de su vencimiento y hasta su total liquidación. SEXTO.- Se condena al demandado al pago de costas procesales. SÉPTIMO.- Para el caso de que la parte demandada no haga el pago de lo aquí sentenciado una vez que esta resolución cause ejecutoria, hágase trance y remate de los bienes embargados y con su producto páguese al acreedor. OCTAVO.- Dese salida al presente expediente en los Libros de Gobierno de este Juzgado, inclúyase en la estadística mensual que se rinde a la Superioridad y en su oportunidad archívese como asunto totalmente concluido. Mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo a la parte actora por exhibiendo lo certificados de gravámenes expedidos por la Encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y por anexando los avalúos de dos de los bienes embargados cuyas cuentas prediales lo son I-000108-001 y G-001674-001, con lo cual se ordenó dar vista al demandado por el termino de tres días. Sin que hubiese hecho manifestación alguna la parte demandado respecto de la vista que se le corrió con los avalúos presentados por su contra parte, por auto de cinco de septiembre de dos mil dieciocho, se decretó la adjudicación directa en favor de la parte actora ***, de dos los bienes inmuebles embargados cuyas cuentas prediales lo son I-000108-001 y G-001674-001, ello por el monto del avalúo, que había arrojado la suma de ***. Siendo que el monto de la suerte principal era superior por ***. Por auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por recibida la protocolización de la escritura y se ordenó poner en posesión material y jurídica al adjudicatario ***. Mandamiento de autoridad que se advierte efectuado mediante diligencia de once de octubre de dos mil dieciocho, aprobada mediante proveído del doce siguiente. Mediante escrito recibido el once de octubre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común para los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, y que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgador Federal, ***, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Juez Único Civil de Partido y Oralidad Familiar (en su carácter de ordenadora) Encargada de la Central de Actuarios del Juzgado Único Civil de Partido y Oralidad Familiar y Registrador Público de la Propiedad y del Comercio (en su carácter de ejecutora), todos con residencia en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, demanda que quedó registrada bajo el número 857/2018, que fue el que por su orden le correspondió, desprendiéndose de dicha vía constitucional que el promovente se ostentó como tercero extraño a juicio por equiparación, aduciendo que su llamamiento a juicio no había cumplido las formalidades esenciales del procedimiento, por lo que reclamaba: El emplazado al Juicio Ejecutivo Mercantil M7/2018, del índice del Juzgado Único Civil de Partido y Oralidad Familiar, con residencia en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. Juicio constitucional que fue fallado en contravención a sus intereses, pues mediante sesión de veinticuatro de abril del dos mil diecinueve, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito falló el amparo en revisión 48/2019, de su índice, determinando que la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento desahogada en el juicio natural si cumplió con los parámetros constitucionales y por ende negó el amparo y protección solicitados. Mediante proveído de diecisiete de junio de dos mil diecinueve, se tuvo a la parte actora por exhibiendo lo certificados de gravámenes expedidos por la Encargada del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, y por anexando los avalúos de otros dos de los bienes embargados cuyas cuentas prediales lo son R-002105-001 y S-001063-001, con lo cual se ordenó dar vista al demandado por el termino de tres días. Mediante proveído de veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, no se admitió al impetrante su intentado incidente de imposición de avalúos presentados por la parte actora, motivo por el cual interpuso recurso de revocación, el cual seguidos por sus trámites se resolvió adverso a sus intereses al haberse confirmado el proveído que no admitió su incidencia planteada. Esta es la resolución reclamada en la presente demanda. De lo anterior, se advierte que la resolución reclamada por ***, emitida por la Juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar, residente en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato, no constituyen la última resolución que declare por cumplido el fallo, o bien, que ordene el otorgamiento de la escritura o la entrega de los bienes cuyas cuentas prediales lo son R-002105-001 y S-001063-001, para que de conformidad con los artículos 107, fracción IV y 114, fracción III de la Ley de Amparo, la presente instancia sea procedente. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencia, 1a./J. 13/2016 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1066, del rubro siguiente: REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. Así como la Tesis XX. 291 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 545, del Tomo XIV, Noviembre de 1994, Octava Época, dentro del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL JUICIO RESPECTIVO. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA. Si el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en la fase de ejecución del juicio respectivo, tal circunstancia hace improcedente el amparo indirecto, pues si bien es cierto que tal precepto dispone que el amparo se pedirá ante el juez de Distrito contra actos de Tribunales judiciales ejecutados fuera de juicio o después de concluido, también lo es, que debe entenderse que se refiere a la última resolución dictada en esa fase de ejecución, por lo que si esta hipótesis no se actualiza, el amparo promovido en esos términos resulta improcedente en términos de la fracción XVIII, del artículo 73, de la Ley de Amparo en relación con la fracción III, del artículo 114 de la ley en comento. Y, la diversa jurisprudencia P./J. 32/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, Novena Época, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del tenor siguiente: AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente. Consecuentemente, al quedar evidenciado que sobre el particular se actualiza el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este último aplicado a contrario sensu, se desecha la demanda de amparo promovida. En la inteligencia de que la Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. Ahora, tomando en consideración que el gestionante solicita se les tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, lo que no es técnicamente posible, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, practíquenseles mediante lista de acuerdos que se fije en los referidos estrados de este juzgado. Asimismo, se tiene como autorizados de su parte al licenciado ***, en los términos más amplios de la primera parte del numeral 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en la base de datos instaurada en cumplimiento al Acuerdo General 24/2005, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y, a ***, en términos restringidos, esto es, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del precepto legal invocado, por así haberlo solicitado la parte promovente del amparo. Se hace del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando Décimo Quinto del Reglamento de la Suprema corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Finalmente, en observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que de igual forma protege el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias.

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