Jose Galvan Herrera

Expediente 746/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
746/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
19/10/2020

Partes del expediente

  • Jose Galvan Herrera
  • Subdirección de Prestaciones Y Cumplimientos de la Dirección de Prestaciones Y Política Laboral Perteneciente A la Secretaría de Seguridad Ciudadana

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, diecinueve de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señalan los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, para recurrir el proveído de siete de septiembre de dos mil veinte, sin que a la fecha lo hubiese hecho. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales procedentes se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por José Galván Herrera. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación de diez de diciembre de dos mil doce y en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un expediente en el que se desechó la demanda. Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que éste Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, en términos de lo previsto en el artículo 15 del Acuerdo aludido. Remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que haya transcurrido el término de tres años, a que se refiere el artículo 21 del Acuerdo General Conjunto aludido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, cuatro de septiembre de dos mil veinte. Visto el escrito de cuenta suscrito por el quejoso ********************, por medio del cual desahoga las prevenciones formuladas en el auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, para lo cual, precisa que el acto que reclama en el presente juicio es el SCC/OM/DGAP/DDPL/SPC/808/2020, de fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, por medio del cual se dio respuesta a su solicitud de pago de los salarios que le corresponden con motivo de la sentencia dictada en el juicio de nulidad número II-4774/01, del índice de la Segunda Sala Ordinaria del actual Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México; por lo que señala como única autoridad responsable, al Subdirector de Prestaciones y Cumplimientos de la Dirección de Prestaciones y Política Laboral, de la Dirección General de Administración de Personal perteneciente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y, señala la fecha en que tuvo conocimiento de tal acto; al respecto, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito de cuenta para los efectos legales a que haya lugar y, ténganse por desahogadas las prevenciones de mérito. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En ese sentido, como quedó precisado en el primer párrafo, el quejoso manifestó expresamente su voluntad de reclamar en este juicio, únicamente el oficio SCC/OM/DGAP/DDPL/SPC/808/2020, de fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, emitido por el Subdirector de Prestaciones y Cumplimientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; acto respecto del cual, bajo protesta de decir verdad, manifestó que tuvo conocimiento el cuatro de marzo de dos mil veinte. En ese contexto, en relación con el acto reclamado, se advierte que se actualiza, de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. La anterior fracción, tiene relación con los diversos artículos 17 y 18, de la Ley de Amparo, los cuales, en lo que interesa, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". Así, de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro del plazo que señala el artículo 17 de la Ley de la Materia. Al respecto, el artículo 17 de la Ley de Amparo señala que el plazo para presentar la demanda es de quince días; y, por su parte, el artículo 18 de la Ley de Amparo dispone que los plazos a que se refiere el artículo 17 de la misma ley se computarán a partir del día siguiente a aquél en que: 1. Surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. 2. Haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. 3.- Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. De lo anterior se concluye que la Ley de Amparo prescribe como referente para iniciar el cómputo respectivo el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado, bien sea por la notificación de este último o porque el propio quejoso tiene conocimiento o se ostenta sabedor del mismo o de su ejecución, con la única salvedad de aquellos casos en que se reclame una norma general autoaplicativa, en que el plazo respectivo comenzará a partir del día de su entrada en vigor. Es oportuno destacar que las hipótesis descritas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, relativas al momento a partir del cual comienzan a correr los plazos para la promoción del juicio constitucional, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno; por lo que, aunque conforme a la primera de dichas hipótesis el plazo debe comenzar a correr desde el día siguiente al en que surte efectos la notificación del acto reclamado, la mecánica del surtimiento de efectos no es aplicable a las dos hipótesis restantes que prevé dicho artículo, ya que éste es categórico y dispone que cuando el quejoso tenga conocimiento del acto o de su ejecución, o se ostente sabedor del mismo, el plazo comenzará a transcurrir a partir del día siguiente al acaecimiento de dichos sucesos, sin que en estas últimas dos hipótesis aplique la mecánica del surtimiento de efectos. Puntualizado lo anterior, con la finalidad de verificar la actualización de la causal de improcedencia de mérito, resulta oportuno reiterar que, el quejoso manifiesta bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del oficio SCC/OM/DGAP/DDPL/SPC/808/2020, de fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, desde el día cuatro de marzo de dos mil veinte; manifestaciones que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que gozan de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; en consecuencia, se tiene como válida esta fecha para efectos de realizar el computo del plazo que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número IV.2o.C. J/7, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Julio de 2005, página 1035, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO." Así como la tesis número XXI.3o.C.T.2 K (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, cuyo rubro es: "PROTESTA DE DECIR VERDAD DE LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYEN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO AQUÉLLOS SE DESVIRTÚAN DURANTE EL JUICIO, E INCIDEN EN LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA." Ahora, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, a través de los Acuerdos Generales números 4/2020, 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020 y 18/2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales; como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales derivado del virus COVID-19. Así, en el artículo 2, fracción I, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19", se determinó lo siguiente: "Artículo 2. Reanudación de plazos y términos procesales. Se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del 18 de marzo al 31 de julio de 2020, con las siguientes precisiones, que atienden a la subsistencia de la situación de emergencia y a la necesidad de permitir el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal: I. Dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que se quedaron pausados y no su reinicio." De lo anterior se observa que, a partir del uno de agosto de dos mil veinte, se reanudaron los plazos y términos previstos en la Ley de Amparo, en el punto que quedaron pausados. Entonces, en el caso concreto, si el quejoso tuvo conocimiento del oficio reclamado, desde el cuatro de marzo de dos mil veinte, el término de quince días que establece el artículo 17, de la Ley de Amparo, empezó a computarse al día siguiente, esto es, el cinco de marzo siguiente (primer día), y transcurrió los días seis, diez, once, doce, trece y diecisiete de marzo, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez, once y doce de agosto de dos mil veinte, siendo este último día el de vencimiento, En ese contexto, conviene precisar que de conformidad con el artículo 19, de la Ley de Amparo y el comunicado de prensa 044/2020 de veintiséis de febrero de dos mil veinte, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal, fueron días inhábiles, los sábados y domingos, así como los días nueve y dieciséis de marzo de dos mil veinte. Entonces, si la presentación de la demanda de amparo se realizó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el dieciocho de agosto de dos mil veinte, como se advierte del sello respectivo, es claro que se presentó fuera del plazo de quince días establecido por el artículo 17 de la ley de la materia y, por ello, debe estimarse consentido tácitamente el oficio reclamado. Tiene sustento lo anterior, en la tesis sin número, aplicable por el criterio que contiene, publicada en la página 364 del Tomo IX, Junio de 1992, Octava Época, Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. En consecuencia, se determina que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el oficio SCC/OM/DGAP/DDPL/SPC/808/2020, de fecha veinticinco de febrero de dos mil veinte, emitido por el Subdirector de Prestaciones y Cumplimientos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; motivo por el cual, con fundamento en el artículo 113, de la ley citada, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, en términos del diverso 63, fracción V, de la Ley citada. Asimismo, conviene precisar que el presente proveído atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en el presente acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en la presente vía. Notifíquese personalmente a, en el domicilio ubicado en calle. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de agosto de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio signado por la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, mediante el cual, solicita que las actuaciones que le deban ser notificadas sean practicadas en el domicilio señalado para tales efectos, en razón de que dicha dependencia no cuenta con firma electrónica, ni correo institucional habilitado para recibir de manera oficial notificaciones vía electrónica; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda tomando conocimiento de su contenido. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad citada a las personas que menciona. Finalmente, dígasele a la autoridad oficiante, que las notificaciones subsecuentes serán practicadas en los términos solicitados. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

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