José Gabriel Tabla González
Expediente 673/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 673/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Gabriel Tabla González
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y considerando que el plazo de cinco días para recurrir el auto de nueve de octubre de dos mil veinte, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, transcurrió sin que se haya hecho valer en su contra recurso alguno, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, se advierte que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Luego, una vez que transcurran los plazos de tres y cinco años, tramítese su transferencia y destrucción, respectivamente, de conformidad con los diversos numerales Segundo, fracciones VI y XVI, Décimo, fracción I, Decimoprimero, Décimo Octavo y Vigésimo Primero, fracción I, del Acuerdo General ya referido. De conformidad con el punto decimoprimero del citado acuerdo, se determina que el presente expediente no es de relevancia documental. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Coordinador de Organización de la Extensión del Centro Archivístico Judicial la Noria, en Lerma, Estado de México, de la Dirección General de Archivo y Documentación de la Coordinación de Asesores de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual, en atención a la solicitud formulada por esta juzgadora, remite en calidad de préstamo, por el término de tres meses, los autos originales del presente juicio de amparo, en dos tomos y un anexo. Atento a lo anterior, confírmese recepción del expediente en comento al correo electrónico solicitudescat@correo.cjf.gob.mx. Ahora, visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que en proveído de diecisiete de marzo de dos mil veinte, se ordenó formar cuadernillo, en virtud de que el expediente principal se encontraba en resguardo en la Extensión del Centro Archivístico Judicial la Noria, en Lerma, Estado de México. En consecuencia, y dado que el mismo fue remitido con el oficio de cuenta, glósese a los autos, el cuadernillo que se formó, para los efectos legales a que haya lugar y acuérdese lo conducente en relación al oficio registrado en el libro de correspondencia de este órgano jurisdiccional bajo el folio 5802. En ese tenor, se tiene por recibido el oficio firmado por el Subadministrador Desconcentrada de Recaudación de la Administración Desconcentrada de Recaudación del Distrito Federal "2", con sede en la Ciudad de México, en ausencia del Administrador Desconcentrado de Recaudación del Distrito Federal "2", a través del cual manifestó que al no contar con la información suficiente que permita la identificación o ubicación de los sancionados, esa Administración se encuentra material y jurídicamente imposibilitada para iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución para el cobro de la multa encomendada por este órgano judicial, ya que en caso de iniciar las acciones de cobro bajo tales circunstancias, se podrían transgredir los derechos de terceros (homónimos), devuelve el oficio 947-C5, de trece de abril de dos mil diez; asimismo, solicita que de la información contenida en el expediente en el que se impuso la sanción se deduzca que es improcedente su cobro ya sea por ser un asunto totalmente concluido o alguna razón por la cual haya dejado de surtir sus efectos, se le informe lo correspondiente el presente asunto está totalmente concluido o alguna otra razón por la que haya dejado de surtir efectos. En atención a su contenido, y toda vez que el presente expediente ya se encuentra archivado, infórmese a la autoridad oficiante que a ningún fin práctico conduce el dar continuidad el cobro de la sanción impuesta antes referida; por lo que únicamente, se toma conocimiento de lo indicado.
- Principal
Ciudad de México, veintiuno de agosto de dos mil veinte. Se tiene por recibido el oficio firmado por el Director de Operación e Inversión de Fondos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio del cual exhibe copia certificada de la Cuenta por Liquidar Certificada ****** y del cheque ****** por el monto de *****, con los cuales aducen dar cumplimiento a la ejecutoria del amparo. VISTA DE CUMPLIMIENTO Atento a lo anterior, con copia del oficio de cuenta y anexo que le acompaña, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, DESE VISTA a la parte quejosa, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, manifieste lo que a su interés legal convenga. De igual forma, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para que en el término antes precisado, señale lo que a su representación social competa. Se les apercibe que de no cumplir con la vista, aún sin argumentos de su parte, este juzgador resolverá lo conducente, con las constancias que obren en el sumario.
- Principal
AVISO: SE NOTIFICA PORMEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTE, EL CUAL DICE: Ciudad de México, a veintiuno de agosto de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. En tales circunstancias, con la demanda de amparo promovida por José Gabriel Tabla González, por propio derecho; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 673/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. Ahora, a efecto de estar en posibilidad de proveer lo que en derecho corresponda en relación con la demanda de amparo, resulta oportuno tener en cuenta que los artículos 108, fracción IV, y 114, fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, disponen: Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; [.] Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; [.] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y [.] De los artículos en cita se tiene presente que, si este juzgado al momento de la presentación de la demanda advirtiere alguna irregularidad, debe ordenar prevenir a la parte quejosa para que sea subsanada, para luego determinar lo que en derecho corresponda. Conforme lo anterior, se destaca que de una revisión efectuada a la demanda se advierten diversas irregularidades queesta juzgadora considera deben ser subsanadas por el promovente del amparo. Lo anterior resulta así, ya que el quejoso no es claro en señalar los actos que atribuye a cada autoridad responsable. Se destaca que reclama a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión la inconstitucionalidad de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, en particular los artículos 2, fracción III, X, XIX, 14 bis, 15 y 16; sin embargo, esta autoridad no participó en el proceso de creación de la norma, la cual es un hecho notorio por ser un ordenamiento de carácter general en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, y atento al criterio que informa la jurisprudencia:1 PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Asimismo, reclama del Congreso de la Unión la aplicación de los preceptos impugnados, pero no expresa cuál es el acto concreto, y fecha de conocimiento. A dicha autoridad también le reclama la notificación de un comunicado de la Dirección de Comunicación Social de veintinueve de julio de este año, pero de los antecedentes narrados no se advierte tal circunstancia.Es omisa en mencionar cuáles son los actos que señala como "inconstitucionalidad de los preceptos antes mencionados", atribuidos al titular de la Unidad de Gobierno, Jefa de Gobierno, ambos de la Ciudad de México y Alcalde en Coyoacán. No precisa cuál es la aplicación de los preceptos de los que se duele del Instituto de Verificación Administrativa, al Secretario de Seguridad Ciudadana, y del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Omite mencionar a qué autoridad le reclama la reubicación del puesto, el cual precisa en el capítulo de actos reclamados. Con base en ello, es necesario que el gobernado aclare los actos que en concreto reclama de cada una de las autoridades, puesto que señalados de esa forma, son imprecisos y difusos, esto a fin de que estén en posibilidad de rendir el informe que se les requiere conforme a los actos que se atribuyen. Es necesario señalar que el acto reclamado se refiere a una conducta, activa u omisiva, que se atribuye a una autoridad omitiendo todos los elementos ajenos a éste, calificativos y argumentos encaminados a demostrar la inconstitucionalidad del acto de autoridad. Sirve de apoyo lo establecido por la jurisprudencia I. 3o. A. J/26, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes:2 ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACION. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto paradelimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." Asimismo, genera incertidumbre la denominación de las autoridades Instituto de Verificación Administrativa e Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues se destaca que en estas dependencias existen diversos servidores públicos con diferentes cargos; por lo que, al no citar el cargo o puesto en específico de las autoridades involucradas en el acto reclamado, también se estaría ante una dificultad para solicitar la rendición de los informes correspondientes. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 108, fracción IV y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa, para que, dentro del plazo de cinco días, realice lo siguiente: 1. Señale de manera clara el acto que en concreto reclama de cada una de las autoridades responsables. En el entendido, que deberá mencionar el cargo de los funcionarios queseñaló como autoridades responsables con la denominación de Instituto de Verificación Administrativa e Instituto Nacional de Antropología e Historia. 2. En caso de impugnar la inconstitucionalidad de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, en particular los artículos 2, fracción III, X, XIX, 14 bis, 15 y 16; deberá precisar el carácter con que lo reclama, esto es, autoaplicativo o heteroaplicativo, de ser este último supuesto precise cuál es su primer acto de aplicación. 3. Una vez lo anterior, deberá señalar como responsables a las autoridades encargadas de la creación de la norma que impugna, precisando el acto que en concreto atribuye a cada una de ellas en cuanto a sus facultades legislativas corresponde. 4. Narre de manera amplia, ordenada y cronológica las circunstancias de modo, tiempo y lugar que precedieron al acto reclamado, y que constituyen los antecedentes del mismo, porque si bien relata diversos hechos, éstos no corresponden a su totalidad. 5. Exhiba copias suficientes del escrito por el que desahogue el presente requerimiento para correr traslado a las partes, es decir, para cada una de las autoridades responsables que señale, así como para el Agente del Ministerio Público de la Federación y para los cuadernos incidentales; ello, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 36/2001,3 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresaal escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." Bajo apercibimiento que en caso de incumplir con los requerimientos antes formulados, se procederá conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento que el desahogo del presente requerimiento debe ser realizado forzosamente por el suscriptor de la demanda de amparo, precisamente por tratarse de cuestiones que influyen en la configuración de la litis constitucional, por lo que, tal requisito no puede cumplirlo el autorizado, como lo indica la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes:4 AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA. Conforme a ese precepto legal, el agraviado o el tercero perjudicado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. En las materias civil, mercantil o administrativa, la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. Sin embargo, la disposición no faculta al autorizado a realizar cualquier acto en nombre del quejoso o de su representante, ya que su actuación depende de las reglas regulatorias del juicio de garantías, como lo es el principio de instancia de parte agraviada, previsto en los artículos107 de la Constitución Federal y 4o. de la Ley de Amparo. En esas condiciones, si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, excepción hecha de los supuestos normativos establecidos en los artículos 6o., 15, 17 y 123, fracción II, de la Ley de Amparo; se pone en evidencia que su ampliación también debe contar con la firma autógrafa del quejoso, o en su caso, de su representante legal y no puede ser sustituida por aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de garantías, por tener facultades únicamente para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de garantías o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del interesado e influyen en la configuración de la litis constitucional, como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la formulación de conceptos de violación. Lo anterior se justifica además, en que la ampliación de demanda constituye el ejercicio de una acción nueva, la cual origina la rendición de informes justificados o previos, y que se integra a la controversia sometida a consideración del órgano jurisdiccional. PROVIDENCIAS DE TRÁMITE En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. Se exhorta al quejoso a que, derivado de las medidas de mitigación y control del virus SARS-CoV2 (COVID-19), continúe con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir presentar recursos, promociones y documentos, recibir notificaciones, lo anterior a través de los sistemas tecnológicos del Consejo y del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá solicitar su usuario respectivo. Por otra parte, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tienen como autorizados en los términos amplios establecidos en dicho precepto, a los profesionistas que designa, siempre y cuando al momento de promover acredite tener debidamente registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, y para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. Asimismo, se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo,5 para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuito s.asp?Cir=1&Exp=1. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009.También se autoriza a las partes el examen del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, previo registro. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este juzgado determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por este órgano jurisdiccional, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgadora y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa detrámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. HABILITACIÓN ACTUARIOS De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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