JOSE GABRIEL MARQUEZ MORENO y Otros.

Expediente 424/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
424/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
21/05/2018

Partes del expediente

  • JOSE GABRIEL MARQUEZ MORENO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado de los autos, específicamente la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el acuerdo de tres de mayo de dos mil dieciocho, por el que se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), así como en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. Por último, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además, a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno y una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    MESA V SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO: Vista la demanda de amparo promovida por José Gabriel Márquez Moreno y Claudia Sandoval Acosta, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el libro de gobierno respectivo con el número 424/2018-V-A. REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a José Gabriel Márquez Moreno, sin perjuicio de que previa solicitud pueda ser sustituido con posterioridad. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece:.. El citado precepto impone, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se tiene que en la especie, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado con sede en Altamira, lo siguiente: El acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, dictado en el juicio hipotecario ***, promovido por Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, contra los inconformes, que señala fecha y hora para la diligencia de remate en primera almoneda, en la que se tomará como postura legal las dos terceras partes del avaluó o precio fijado por los peritos. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. En efecto, respecto del citado acto reclamado la suscrita considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diversos 107 fracción IV, del mismo ordenamiento, que disponen:. De los numerales parcialmente transcritos, se desprenden las reglas que rigen la procedencia del juicio biistancial respecto de los actos dictados dentro de juicio, después de concluido y en ejecución de sentencia. Así, se desprenden dos reglas genéricas y una específica; a saber: a) La primera: Consiste en que el amparo indirecto procede contra actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquéllos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos del gobernado tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros. b) La segunda: Consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural. c) La regla específica: consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, la última resolución se considera aquélla que en forma definitiva ordena otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados. La anterior regla tiene el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada. En las relatadas condiciones y en atención a que las reglas antes descritas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de amparo. En estas condiciones, a efecto de evidenciar que se actualiza la citada causal de improcedencia, es pertinente destacar de los hechos que bajo protesta de decir verdad narró la parte quejosa en su escrito de demanda, lo siguiente: 1) En veinticinco de abril de dos mil diecisiete la persona moral privada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, promovió por conducto de su apoderado legal, juicio hipotecario en contra de José Gabriel Márquez Moreno y Claudia Sandoval Acosta, el cual fue radicado con el número **** de la estadística del Juzgado Quinto de lo Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado con residencia en Altamira. 2) El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete se dictó sentencia en el juicio hipotecario *** en la que se resolvió entre otras cosas la procedencia de la acción hipotecaria. 3) Posteriormente, se solicitó el cumplimiento voluntario de la sentencia lo cual fue cordado de forma favorable por la autoridad judicial responsable. 4) Luego, dentro del procedimiento de remate la parte demandada mediante escrito de cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, solicitó que a efecto de que se procediera al avalúo del bien inmueble otorgado en garantía hipotecaria, designaba perito valuador de su intención, lo cual fue acordado de forma favorable mediante auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete contra el cual la parte demandada interpuso recurso de revocación. 5) Mediante resolución interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, el Juez responsable declaró improcedente dicho recurso confirmándose el auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete. 7) Al confirmarse el auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se admite la prueba pericial en materia de valuación ofrecida por la parte actora. 8) El diecinueve de abril de dos mil dieciocho, el juez del conocimiento dictó auto en el juicio de origen en el que fija fecha y hora para la diligencia de remate en primera almoneda, en la que se tomará como postura legal las dos terceras partes del avaluó o precio fijado por los peritos. El anterior acuerdo es el que constituye el acto reclamado. Precisado lo anterior, resulta de igual importancia indicar que, es innegable que los promoventes del amparo son parte demandada en el juicio hipotecario ****, del índice del Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial del Estado con residencia en Altamira, lo anterior cobra relevancia pues la fracción VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en ejecución de sentencia en tratándose de persona extraña al procedimiento, lo cual evidentemente en el caso no acontece. En ese contexto, si en la especie el juicio natural se encuentra en la etapa de ejecución de sentencia, específicamente dentro del procedimiento de remate, es claro que la resolución que fija fecha y hora para la diligencia de remate en primera almoneda, en la que se tomará como postura legal las dos terceras partes del avaluó o precio fijado por los peritos, no es la última resolución dictada en el procedimiento de remate, toda vez que ese acuerdo no es el que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados; por tanto, el juicio de amparo es improcedente en su contra. Lo anterior es comprensible, porque la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo, tratándose del procedimiento de remate, tiene como propósito evitar que en un abuso del ejercicio del juicio de amparo, se entorpezca dicho procedimiento y con ello la ejecución de las sentencias, ya que es una cuestión de orden público, de ahí que dicho procedimiento de remate no debe entorpecerse ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Lo anterior es así, dado que al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecute, por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra del procedimiento de remate hasta el acuerdo que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de remate que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa. De lo anterior, se tiene que si el procedimiento de origen se encuentra en la fase de ejecución de sentencia, precisamente en el procedimiento de remate, los actos que en éste se dicten podrán ser reclamados conjuntamente con la última resolución que se dicte en el procedimiento de mérito, que será el acuerdo que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, donde podrán combatirse las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso. En esas condiciones, resulta evidente que se surte manifiesta e indudablemente la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción IV, párrafo segundo del citado ordenamiento legal. Así las cosas, con fundamento en el citado artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. DOMICILIO Se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupa que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se le practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Se tiene como sus autorizados en términos del último párrafo del artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Orencio Cuervo Olguín, Jesús David Arriaga Aguilar, Tomas Curiel Moreno, Jorge Sánchez Constantino, Gabriel Orencio Cuervo Torres, Eduardo Izaguirre Rivera y Luis Eduardo Núñez Romero, toda vez que no cuentan con cédula profesional debidamente registrada en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías.

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