José Gabriel Marmolejo Ruiz

Expediente 441/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 16 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
441/2023
Año
2023
Actuaciones
16
Última actuación
08/08/2023

Partes del expediente

  • Antonio se Jesús Ornelas González
  • José Gabriel Marmolejo Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    CERTIFICACIÓN DE ARCHIVO.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, apareciendo que dentro del término legal otorgado por el precepto 86 de la ley de la materia, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente asunto; por tanto, con fundamento en los normativos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Por otra parte y en atención a que no existe trámite pendiente alguno, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto totalmente concluido. En esa virtud, conforme a lo ordenando en el artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, trasferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase del conocimiento de las partes, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos tres años después de concluido definitivamente este juicio, sin obrar documentos originales. Por otro lado, dado lo antes acordado, resulta innecesario conservar los anexos acompañados por la autoridad responsable en su comunicado de ley; consecuentemente, devuélvanse vía oficio. Finalmente, dese vista con el presente proveído dentro del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa.

  3. Incidental

    Visto el auto dictado en esta misma fecha dentro del juicio de amparo del que deriva el presente incidente del cual se advierte que causó estado el sobreseimiento fuera de audiencia, dictado dentro del sumario principal. En consecuencia, conforme a lo ordenado en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye que el original del presente cuaderno es susceptible de conservación, una vez transcurridos tres años después de concluido definitivamente, ya que se concedió en forma provisional y definitiva la medida cautelar solicitada; además, no obran documentos originales.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos del presente expediente para los efectos legales a que haya lugar, el oficio allegado por la Secretario adscrita a la Coordinación de Gestión Judicial del Estado, mediante el cual informa que el uno de los actuales, se calificó de ilegal la detención de la parte quejosa Antonio de Jesús Ornelas González y se ordenó la inmediata libertad del referido agraviado, dentro de la carpeta judicial 10870/2023, allegando copia certificada de la audiencia respectiva en un disco versátil digital. No obsta la circunstancia de que dicho informe carezca de firma autógrafa; empero, en modo alguno es impedimento para que el mismo pueda adquirir validez, en términos del numeral 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid -19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, dado cuenta con firma electrónica, e.firma, por tanto se da certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Ahora bien, visto el estado de autos, se advierte que mediante escrito presentado el treinta de mayo pasado, José Gabriel Marmolejo Ruiz, en representación del directamente quejoso Antonio de Jesús Ornelas González, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del Unidad de Tramitación Masiva de Guadalupe y otras autoridades, de quienes reclamó los siguientes actos: la privación ilegal de la libertad, tratos crueles e inhumanos, contra del traslado al cereso. En ese contexto de las constancias aludidas se advierte que en el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, de acuerdo al razonamiento lógico-jurídico que a continuación se expondrá. En efecto, el artículo antes señalado dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". Como se obtiene de la anterior trascripción, en específico, del primer párrafo de la fracción en comento, la causal de improcedencia invocada se actualiza cuando al emanar el acto reclamado de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio, surge una nueva situación jurídica que hace que las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo no puedan analizarse, sin afectar, precisamente, esa nueva situación jurídica. La regla general o interpretación literal, hace referencia a que las violaciones reclamadas hayan quedado irreparablemente consumadas con el cambio de situación jurídica. Empero, también existen casos en los que el cambio de situación jurídica, si bien no produce que las violaciones reclamadas queden irreparablemente consumadas, lo cierto es que las mismas igualmente devienen de imposible análisis en el juicio de amparo, puesto que de hacerlo indudablemente se vería afectada esa nueva situación jurídica que ahora rige en el procedimiento. Así pues, de acuerdo a interpretación amplia y conforme a cada caso concreto, puede concluirse que realmente la existencia de dicha causal se basa en la creación de una etapa o estadío procesal diferente, que dejó al acto reclamado en una secuela procesal anterior, lo cual hace improcedente el juicio de amparo de que se trata, aunque no necesariamente en todos los casos queden irreparablemente consumadas las violaciones alegadas. En el caso concreto que nos ocupa, el quejoso combate la privación ilegal de la libertad, tratos crueles e inhumanos, contra del traslado al cereso. En ese sentido, la autoridad judicial, en su oficio de cuenta, comunicó que en audiencia de uno de junio de este año, ordenó la inmediata libertad del quejoso Antonio de Jesús Ornelas González, al no calificar de legal su detención. Pues bien, bajo las anteriores premisas, se pone de manifiesto que en los autos de la carpeta judicial de origen ocurrió un cambio de situación jurídica, lo cual hace que ya no puedan analizarse mediante el control constitucional en esta vía las violaciones reclamadas por el quejoso, que estimó se cometieron en su contra por virtud del acto reclamado, esto es, privación ilegal de la libertad, tratos crueles e inhumanos, contra del traslado al cereso, que en su momento combatió el agraviado de mérito. Ello es así, ya que la materia de análisis del acto reclamado habría sido si la autoridad responsable vulneró o no los derechos fundamentales del quejoso, al haberse restringido su libertad. De ahí que, es claro, que las posibles violaciones que dichos actos pudieran haber ocasionado al agraviado, ya no son analizables por haber ocurrido un cambio en la situación jurídica de este último, quien por virtud de la orden de inmediata libertad, al no calificarse de legal su detención, ordenándose su inmediata libertad. Por consiguiente, no podría válidamente analizarse ese acto, pues es evidente que al haber ocurrido un cambio de situación jurídica, al no calificar de legal su detención, legalmente ya no puede emitirse pronunciamiento alguno en cuanto a la constitucionalidad de aquella orden detención o internamiento, sin afectar el nuevo acto por el cual ocurrió un cambio de fase o estadío procesal. Por todo lo antes expuesto, se ha venido señalando que el acto reclamado en este juicio ya no resulta analizable mediante el control constitucional en esta vía, pues en la controversia de origen, con la orden de inmediata libertad emitida por el Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, dentro de la carpeta judicial 10870/2023, ha ocurrido un cambio de situación jurídica por haberse sustituido el procedimiento a otra etapa, lo cual impide dicho estudio sin que se afecte el nuevo acto; conclusión ésta la cual se sustenta en que cada etapa del procedimiento penal se rige por normas jurídicas autónomas, las que deben examinarse en forma separada, cuando son reclamadas en vía de amparo. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR, EN CASO DE SUSTITUCION DE UNA ETAPA PROCESAL POR OTRA EN UN JUICIO PENAL. Si la situación jurídica que impera para el recurrente en la época que solicita el amparo, depende de los efectos y consecuencias de un auto de formal prisión, los cuales desaparecen al ser sustituidos por los efectos y consecuencias de la sentencia que se dicta en el proceso penal, aun cuando en ambos casos resulta privado de su libertad personal, en cada uno lo es por motivos diversos, por lo que opera un cambio de la situación jurídica precedente, lo que lleva a concluir que se consumaron de manera irreparable las violaciones reclamadas, provocando la improcedencia del juicio de garantías, en los términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo.". Igualmente, en lo conducente y por identidad jurídica sustancial, la tesis del Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, que señala: "RATIFICACIÓN DE LA DETENCIÓN. EL AMPARO EN SU CONTRA DEVIENE IMPROCEDENTE, POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO CON POSTERIORIDAD SE DICTA AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El nuevo sistema de procedimiento penal para el Estado de Chihuahua se divide en tres etapas (investigación, intermedia o de preparación del juicio y de juicio oral o audiencia de debates). En la etapa de investigación corresponde al Ministerio Público llevar a cabo todos los actos tendientes a esclarecer la verdad de los hechos materia de la denuncia y/o querella para preparar debidamente la acusación. Una vez realizada la imputación, el órgano jurisdiccional (Juez de Garantía) tiene la obligación constitucional de resolver la situación jurídica del imputado (vinculandolo en su caso a proceso) en los términos y condiciones previstos en el numeral 19 de la Carta Magna, vigente para aquella entidad a partir del 19 de junio de 2008, y su correlativo artículo 280 del Código de Procedimientos Penales vigente en el Estado. Ahora bien, con el dictado del "auto de vinculación a proceso" se provoca un cambio de la situación jurídica que tenía el quejoso al momento en que se ratificó su detención, pues es evidente que dicho auto, en el caso, tiene un efecto similar al auto de formal prisión, ya que lo vincula a un proceso, y si bien el auto vinculatorio no trae implícita en todos los casos la prisión preventiva, pues el Juez de Garantía está facultado para dictar diversas medidas precautorias que afecten la libertad personal del sujeto, incluso después de su dictado en el supuesto de que el Ministerio Público las solicitara (prisión preventiva, arraigo domiciliario o cualquier otra que restrinja su libertad), empero, ello no impide que la emisión del auto de vinculación a proceso produzca una nueva situación jurídica en el ahora inconforme, pues conforme al artículo 281 del invocado código, cuando no se reúna alguno de los requisitos de ley, el Juez debe negar la vinculación del imputado, lo que genera como consecuencia ineludible la revocación de las medidas cautelares personales y reales que hubiese decretado; luego, si el acto reclamado consiste en la resolución que determinó aquella calificación, pero en la misma causa la autoridad jurisdiccional dicta el mencionado auto de vinculación, es claro que la libertad del inculpado ahora se rige por esta resolución y no por la que calificó de legal su detención y, por tanto, sobreviene la causal de improcedencia por cambio de situación jurídica prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo.". Así como la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que dispone: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados.". De ahí, al operar la causal de improcedencia a que alude la fracción XVII del artículo 61 de la legislación aplicable a la materia, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia de este juicio de amparo, acorde lo dispuesto en el arábigo 63, fracción V, de la invocada legislación. Frente a ese panorama, por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada a las once horas con trece minutos del veintinueve de junio de esta anualidad.

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