José Gabriel López Mendoza

Expediente 294/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
294/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/04/2021

Partes del expediente

  • José Gabriel López Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, mediante los cuales el Director de Otorgamiento de los Servicios de Salud, de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, pretende rendir su informe justificado. Ahora bien, toda vez que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, se avocó al conocimiento del presente asunto bajo su expediente 315/2021 se ordena remitir la promoción de mérito. Sin que sea necesario acusar recibo del mismo, toda vez que el contenido y recepción que se asiente en la constancia y notificación del oficio correspondiente, hace las veces del acuse respectivo; lo anterior, en términos del Acuerdo General del Comité Coordinador para Homologar criterios en Materia Administrativa e Interinstitucional del Poder Judicial de la Federación, que establece las medidas de austeridad, optimización, disciplina presupuestal y mejora de la gestión, capítulo III, inciso F), 1.d. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; mediante el cual, manifiesta que para estar en posibilidad de llevar a cabo el cumplimiento solicitado en autos, es necesario contar con la reimpresión de la planilla de liquidación al ejercicio fiscal dos mil veintiuno; asimismo, informa que solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos a fin de que realice los trámites necesarios para la obtención de dicho documento, y hecho lo anterior, procederá a realizar las gestiones administrativas y financieras para el efecto de emitir la suficiencia presupuestal correspondiente. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar y se deja insubsistente el apercibimiento decretado en autos. En atención a su contenido y en obvio de mayores dilaciones al procedimiento de ejecución de sentencia del presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto la reimpresión de la planilla de liquidación al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, a fin de que dicha Dirección se encuentre en posibilidad de otorgar la suficiencia presupuestal correspondiente y tramite el contra-recibo y cheque respectivo. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que en el ámbito de su función respectiva y en el plazo concedido deberá acreditar con copia certificada de las documentales que estime pertinentes, haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo en los términos antes precisados; o bien, justifique la causa del incumplimiento de los actos que debe realizar para el cabal acatamiento. En el entendido de que deberá cumplir con la totalidad de lo requerido, pues con fundamento en el dispositivo legal 193, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se considera incumplimiento de sentencia, cualquier retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable que esté sujeta al cumplimiento del fallo de amparo. Con el apercibimiento que de no acatar lo ordenado, se le aplicará lo previsto en los artículos 192 y 193, con relación a los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo; esto es, se le impondrá multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización; se determinará por qué a juicio de este juzgado, no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; se procederá conforme al punto cuarto del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata de los cargos por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, de conformidad con los artículos 193, párrafos primero, quinto, sexto; y, 195, de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad mencionada, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. Por otra parte, agréguese para que obre como corresponda el oficio de la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; por medio del cual, informa que se encuentra realizando todas las gestiones necesarias para que sea reimprimida la planilla de liquidación del quejoso al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno y se culmine con el pago correspondiente; asimismo, solicita una prórroga para dar cumplimiento a lo requerido en autos. De lo que únicamente se toma conocimiento, en virtud del requerimiento formulado en el presente proveído. Notifíquese.

  3. Principal

    se notifica por medio de lista a la parte quejosa el acuerdo de diecisiete de marzo de dos mil veintiuno Demanda de Amparo. Vista la demanda de amparo. Integración del expediente. Fórmese el expediente 294/2021 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Antecedentes: De la lectura integral de la demanda, se advierten los siguientes hechos: El quejoso manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que desde el cuatro de julio de dos mil diecinueve, ha estado en regulación médica por un problema de radiculopatia en la columna vertebral y refiere que desde esa data, únicamente se le han suministrado medicamentos para mitigar el dolor, sin recibir rehabilitación o tratamiento alguno para mejorar su estado de salud. De igual manera, señala que el veinte de enero de dos mil veintiuno, acudió a consulta con el doctor especialista en neurocirugía Erick Ariñez Barahona, dependiente del Sanatorio Servicios Médicos Obregón, sociedad anónima de capital variable, quien le informó que era necesario que se sometiera a cirugía, ya que no existía tratamiento para su enfermedad y que en caso de que la operación no resultara favorable, lo canalizaría a Medicina del Trabajo de la Caja de Previsión, para que le otorgaran incapacidad, o bien, un dictamen de invalidez. Finalmente, que ante la actitud arrogante del especialista, se negó a someterse a cirugía. Acto reclamado. Precisado lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito advierte que el promovente se duele primordialmente de la deficiente atención médica que ha recibido, de la falta de una valoración exacta del padecimiento que tiene, de la negativa por parte del especialista a brindarle diversas opciones de tratamientos para mejorar su salud, a fin de evitar una intervención quirúrgica, de la falta de protección al derecho de la salud, consistente en que se le otorgue una adecuada atención médica y garantía, como trabajador dependiente de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, en caso de una situación desfavorable. Sentido de la determinación inicial. En virtud de lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal, por cuestión de materia, para conocer del presente asunto. Debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Al respecto, es importante destacar el contenido del artículo 55, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que: "55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán:" "(.)" "III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial, y. (.)" Sobre lo que debe entenderse por materia de trabajo, se ha establecido que ello acontece cuando la controversia derive de una relación de trabajo, o bien, tienda a la preservación de los derechos establecidos en el artículo 123 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.14o.T.1 L, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA LABORAL. ELEMENTOS QUE LOS DEFINEN PARA EFECTOS DE COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO." Con la salvedad de que la competencia por materia entre juzgados de distrito del trabajo y administrativo se debe determinar atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y su contenido, sin tomar en cuenta los conceptos de violación, por lo que atento a ello, en principio no es determinante la naturaleza formal de la autoridad responsable (ni sus atribuciones legales), es decir, si es una autoridad laboral o administrativa, pues ello no es definitorio para este tipo de controversias. Al respecto, es aplicable la Tesis I.6o.T.278 L, que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA ENTRE JUZGADOS DE DISTRITO DEL TRABAJO Y ADMINISTRATIVO. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DEL ACTO Y SU CONTENIDO". Lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda pero, en todo caso, se debe prescindir por completo del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule a las partes, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Es oportuno citar la tesis de jurisprudencia P./J. 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lleva por rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES". En el caso particular, se aprecia que la relación que guarda el quejoso frente a las autoridades responsables, es de coordinación, justamente porque la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, funge como ente asegurador, es decir, quien salvaguarda el derecho a la salud, en tanto que el diverso particular, también señalado como autoridad responsable, es quien presta el servicio de salud, subrogado de la citada Caja de Previsión; por tanto, se concluye que la única relación que existe entre el quejoso y las autoridades responsables, es de coordinación, no así de supra a subordinación, precisamente, por cuestiones de la prestación del servicio médico. De modo que los actos reclamados se vinculan con los derechos previstos en el artículo 123 de la Constitución Federal, pues es obligación de los patrones (Policía Auxiliar de la Ciudad de México), propiciar y garantizar el acceso a una atención médica adecuada, así como a servicios de salud e implementar las medidas apropiadas para cuidar la integridad y vida de los trabajadores. En esa medida, resulta inconcuso que los actos reclamados se ubican dentro de lo que se entiende por materia de trabajo, pues, además de que derivan de la relación de trabajo que sostiene la quejosa con motivo del servicio público que presta, lo que reclama tiende a la preservación de los derechos previstos en el artículo 123 constitucional. En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado carece de competencia para conocer de la demanda a que se refiere este expediente. Por tanto, sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio, remítase el cuaderno relativo al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en Turno y, con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, atentamente solicítese el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la determinación que tenga a bien adoptar. Fórmese cuaderno de antecedentes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. Suspensión de plano. Sin que obste lo anterior, al tratarse de una omisión por parte de las autoridades de brindar la debida atención médica, en términos del último párrafo del artículo 126 de la Ley de Amparo y considerando que la quejosa solicita la suspensión de plano para los siguientes efectos: por lo cual se solicita la suspensión plano a efecto de que las autoridades responsables, así como cualquier otra autoridad médica o administrativa que deba intervenir en la inmediata intervención del quejoso, respecto de la totalidad de padecimientos que se encuentran documentados, así como todos aquellos que se encuentren asociados a ellos o que se lleguen a derivar, sean atendidos con toda prontitud y puntualidad, con el fin de que se brinde la atención integral medicamentos, procedimientos -incluso quirúrgicos-; para que, bajo su más estricta responsabilidad, proporcionen los cuidados médicos necesarios de forma inmediata, oportuna, eficaz y suficiente, de acuerdo a los diagnósticos obtenidos en torno a las afectaciones de salud que cursa, así como, a realizar sin demora, todos aquellos estudios clínicos que el paciente quejoso requiera, a fin de que, una vez que puede reincorporase a laborar no este de por medio su salud e integridad tanto física como monetaria De la interpretación de las manifestaciones transcritas, se advierte que la medida cautelar se vincula con el derecho a la protección de la salud. Al respecto, el artículo 4, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. A la luz de esas normas, tenemos que las personas tienen el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". En ese tenor, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud e, incluso, en riesgo la vida del quejoso, se concede la suspensión de plano del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables, de manera INMEDIATA, lleven a cabo las providencias necesarias, a fin de que el quejoso José Gabriel López Mendoza reciba atención médica integral, se le brinde el servicio de salud conforme a su padecimiento y que en todo momento, se proteja el derecho a la salud, esto es, se le dé la atención médica adecuada que requiera. En el entendido que la presente medida cautelar surtirá sus efectos siempre y cuando se trate única y exclusivamente del padecimiento que señala el quejoso en su escrito inicial de demanda, es decir, el acceso a los servicios de salud sólo se prestaran para atender y vigilar el padecimiento mencionado; en caso de no ser así, las prescripciones médicas, tratamientos y demás servicios relacionados con diversos padecimientos o enfermedades al planteado, su aplicación y vigilancia será responsabilidad única del médico tratante. Con ese fin, las autoridades responsables podrán implementar como medidas para lograr el cumplimiento a la suspensión otorgada, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes acciones. Las autoridades responsables deberán llevar a cabo todas las medidas necesarias para otorgar al quejoso una atención médica de calidad, despojándose de todas las formalidades administrativas que impidan la consecución de ese fin, como principio de relevancia a salvaguardar; en razón de que cualquier conducta contraria se traduciría en una contravención al artículo 4 Constitucional. Importa destacar que no sólo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Asimismo, se requiere al Director de Servicios de Salud de la Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal, ahora Ciudad de México y al Director del Sanatorio y Servicio Médicos Obregón, sociedad anónima de capital variable, autoridades directamente vinculadas al cumplimiento de esta medida cautelar, para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que queden debidamente notificados de esta determinación, informen a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que han dado cumplimiento a la suspensión de plano otorgada. Cabe precisar que las medidas ordenadas con motivo de la suspensión de plano aquí ordenada, no restringen la facultad del juez de distrito competente para que, una vez que admita a trámite el juicio de amparo, las limite, reduzca o amplíe, en caso de que las considere insuficientes o excesivas para salvaguardar el derecho a la salud de la parte quejosa. Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se dé cumplimiento a los efectos por los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Debiendo acreditar tales circunstancias a este Juzgado de Distrito con las constancias fehacientes vía correo institucional 4jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que realizan a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, el Juzgado de Distrito competente estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. En el entendido que al llevarse a cabo la notificación de este proveído, y de conformidad con el "Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de abril del año corriente, los fedatarios públicos, en el acto de la diligencia, deberán solicitar el correo institucional de las responsables emplazadas para que las subsecuentes notificaciones se les realicen por ese medio y no se propicie el riego de contraer el contagio del virus SARS-CoV2 (COVID-19). Finalmente, tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Se autoriza a los secretarios adscritos a este juzgado a firmar los oficios derivados del presente asunto. Notificación vía electrónica. Vista la certificación secretarial en la que se asentó que de la búsqueda realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se advierte que la revisión efectuada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para efectos de autorizar la consulta del expediente electrónico, el nombre de usuario: "SER771008" corresponde a Sergio Ulises Hernández Morales. En virtud de lo expuesto, se autoriza la consulta del expediente electrónico a Sergio Ulises Hernández Morales, asimismo, para que se realicen las notificaciones electrónicas al referido usuario "SER771008". Por ello, notifíquese el presente auto por vía electrónica, así como las subsecuentes notificaciones que deban ser personales, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, del ordenamiento citado. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio (alterno) de la parte quejosa el que indica en su escrito de demanda, téngase por autorizado en términos de la primera parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, en estrecha relación con el diverso 24, párrafo segundo, de la ley de la materia a Sergio Ulises Hernández Morales, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por cuanto al número telefónico y al correo electrónico que se advierten en la demanda de amparo, téngase a los mismos como medios de contacto para efectuar comunicaciones no procesales con la parte quejosa, por lo que póngase a disposición de los actuarios adscritos a este Juzgado para que, de ser necesario, faciliten las diligencias que se encomienden. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. Transparencia. En términos del artículo 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en las versiones públicas de las resoluciones dictadas por este Juzgado de Distrito se testarán las partes o secciones que contengan información reservada o confidencial. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.

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