José Gabriel Hernández Nuñez

Expediente 616/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
616/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
03/07/2023

Partes del expediente

  • José Gabriel Hernández Nuñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó por notoriamente improcedente la demanda, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME EL REFERIDO PROVEÍDO. Archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el artículo 20 del Acuerdo General mencionado, se hace la observación de que el expediente es destruible, en razón de que se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Agréguese sin mayor pronunciamiento el comunicado del Juez Séptimo de Proceso Oral en Materia Familiar de la Ciudad de México, en razón de que el trece de junio del año en curso se desechó la presente demanda. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    (AVISO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA DE REFERENCIA NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE QUIEN LEGALMENTE LE REPRESENTE EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TRECE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Agréguese el escrito del quejoso, donde cumple con la prevención decretada y al respecto enfatiza el antecedente que fue requerido en el auto de prevención, en el sentido de que no se ha llevado a cabo la audiencia del procedimiento, lo cual se valora en términos de lo previsto por el artículo 200 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles1 , lo cual se corrobora con el contenido del oficio remitido por la autoridad y que obra en autos. Al respecto se acuerda: SE DESECHA LA DEMANDA. I. El precepto 113 de la legislación de la materia establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, la desechará de plano, pues de conformidad con el diverso 622 , las causales de improcedencia deben estudiarse de oficio. II. De la lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso reclama la sentencia de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca ... por la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, en la que modificó el proveído de veintiuno de febrero pasado -únicamente respecto a la redacción- donde inadmitió el incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la notificación a las medidas de protección ... radicadas en el Juzgado Séptimo de Proceso Oral Familiar en esta ciudad. III. El juicio es improcedente, pues el acto reclamado es una determinación meramente adjetiva en donde lo que se define es la improcedencia de un medio de defensa para controvertir la forma en que el quejoso fue llamado al procedimiento, mismo que aún no culmina conforme a su diseño jurídico pues la audiencia de ley aún no se lleva a cabo, pues quedó programada ".para el día SIETE DE AGOSTO(SIC) A LAS DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS.-" y aún no se dicta la resolución terminal. De modo que por su naturaleza, el fallo que se combate constituye una violación procesal que no es de imposible reparación ya que no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del precepto 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la Ley de la materia. Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; sin embargo, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. En cambio, el artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), derivada de la citada contradicción de tesis, décima Época. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Página: 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Como esta tesis lo señala, por la connotación legislativa con que ahora cuenta la Ley de Amparo, no pueden seguir siendo aplicables los criterios que trataban el aspecto de la imposible reparación, ya que son criterios generados con una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión; lo que además, se apoya con el contenido del sexto artículo transitorio de la ley de amparo. En el particular, la parte quejosa reclama la sentencia de segunda instancia que modifica el proveído combatido en cuanto a su redacción, pero hace subsistir la inadmisión del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra la primera notificación a las medidas de protección decretadas; por lo cual, el acto reclamado únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales que inciden en la continuación e integración del procedimiento de origen. Esto es, que se limitan a definir la regularidad de la vinculación del quejoso al procedimiento, mismo que aún no ha terminado y que por ende, no lo ha dejado indefenso (incluso ha tenido oportunidad de apelar), pues conoce de él estando aún pendiente la emisión de la determinación que revoca, modifica o confirma las medidas otorgadas en urgencia, conforme al artículo 72 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para la Ciudad de México: "Artículo 72. La orden de protección surtirá sus efectos al momento de ser notificada y en la misma se citará a la persona agresora para comparecer ante el juez que emite la orden al día siguiente en que la reciba para que(sic) celebrar audiencia de pruebas y alegatos. En la audiencia se recibirán, admitirán y desahogarán las pruebas que procedan y se recibirán los alegatos. Serán supletorios a la audiencia que se celebre los códigos procesales de la materia en que se dicten las medidas. El juez tendrá veinticuatro horas para dictar resolución donde confirme, modifique o revoque." Luego, es una vez que se dicte dicha resolución que podrá considerarse culminado el procedimiento, siendo entonces que se examina en su caso la violación que reclama; pues aunque no sea una decisión terminal (precisamente por versar sobre medidas cautelares, que son instrumentales y no un fin en sí mismo) es hasta que concluya el procedimiento que se examinan las potenciales violaciones al procedimiento. Lo anterior, es acorde a la naturaleza transitoria de las providencias y al propio régimen legal con que se dictaron, esto es, conforme a los artículos 70 y 71 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para esta ciudad6 . Lo anterior se apoya en la tesis I.9o.C.51 C (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Materias(s): Civil. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo II, página 1657, que dispone: "ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. AL EXCEDERSE EL PLAZO DE EFECTIVIDAD DE LAS MEDIDAS U ÓRDENES DE PROTECCIÓN QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 62 DE LA LEY RELATIVA, SE CONTRAVIENE LA FINALIDAD PARA LAS QUE FUERON ESTABLECIDAS. Dada su naturaleza cautelar, de urgente resolución, vigencia limitada y previas al procedimiento judicial, las medidas u órdenes de protección que se prevén en el artículo 62 del cuerpo normativo en estudio, tienen como finalidad prevenir, interrumpir o impedir la consumación de acciones que impliquen violencia contra las mujeres, a través del otorgamiento de una orden dictada por la autoridad judicial competente, en apego a las formalidades que deben revestir los mandamientos de autoridad, en términos del artículo 16 constitucional. Sin embargo, la propia medida es de carácter provisional, a tal grado que tiene un máximo de setenta y dos horas de vigencia, en el que, incluso, se respeta la garantía de audiencia de las partes dentro de un procedimiento sumario que, si bien es regulado de forma genérica en el artículo 72 de la norma, también es cierto que en cuestiones adjetivas de la audiencia, resultan supletorias las codificaciones procesales aplicables en atención a la materia de la medida solicitada; por tanto, no debe soslayarse que se trata de una medida de carácter urgente y cautelar que se dicta ante la inminencia que advierte la destinataria de la conducta lesiva y que, a virtud del plazo de protección, cuenta con margen suficiente para, de así estimarlo, iniciar los diversos procedimientos jurisdiccionales donde también se contemplan mayores medidas protectoras por un lapso superior al conferido en la norma en estudio. Considerar lo contrario, esto es, prorrogar indefinidamente la providencia cautelar, estribaría en la contradicción directa, tanto de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, la naturaleza temporal y expedita de la medida, así como en la sustitución de procedimientos diversos ya previstos en otros cuerpos normativos que permiten la efectiva tutela de las partes, tal como lo estipula el artículo 17 constitucional." De ahí que el acto reclamado no afecte de manera directa e inmediata los derechos sustantivos constitucionales del accionante de amparo, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. -y que son algunos ejemplos de los derechos que pueden afectarse en forma irreparable-, pues constituye una resolución que define lo inherente a su vinculación al procedimiento, el cual no ha culminado con la resolución legalmente prevista para ello en términos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Por tanto, se concluye que el acto reclamado no es de imposible reparación, debido a que no afecta de forma material, actual, real y directa derechos sustantivos de la parte quejosa, lo anterior, porque en modo alguno trastoca derechos que rebasen lo puramente procesal y que no sean susceptibles de ser reparados. De tal forma que será hasta que se emita la resolución que confirme, modifique o revoque las medidas de protección decretadas, que se podrá determinar si se materializaron o no las violaciones con trascendencia a los derechos de la parte quejosa y, desde luego, a su resultado. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, de rubro: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Apoya lo anterior, por sus consideraciones, la jurisprudencia 1a./J. 94/2008, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Febrero de 2009, página 256, Novena Época, con registro 167896, que dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. LA INTERLOCUTORIA QUE CONFIRMA LA PROCEDENCIA O NO DEL INCIDENTE RELATIVO EN EL QUE SE RECLAMA LA FALTA O ILEGALIDAD DEL EMPLAZAMIENTO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO DIRECTO. La interlocutoria que confirma la procedencia o improcedencia de un incidente de nulidad de actuaciones en el que se reclama la falta o ilegalidad del emplazamiento, al constituir una resolución en juicio cuya ejecución no es de imposible reparación, es impugnable en amparo directo, conforme al artículo 158 de la Ley de Amparo. Esto es, dicha determinación tiene efectos meramente procesales y no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses del quejoso, quien podrá reclamarlo en la vía directa ante el tribunal colegiado de circuito, en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley mencionada." También, por analogía, la jurisprudencia P./J. 38/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, consultable en la página 12 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 59, Noviembre de 1992, Octava Época, registro 205601, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE ACTUACIONES. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN INCIDENTAL QUE LA DECLARA, PROCEDE POR REGLA GENERAL EL AMPARO DIRECTO. La resolución que pone fin a un incidente de nulidad de actuaciones, declarándolo fundado, no es un acto en el juicio que, por regla general, tenga una ejecución de imposible reparación, sino que tiene efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse en el dictado de dicha resolución, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia definitiva, o la que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses del quejoso, pero de no ser así, este último podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, interponga en contra del mencionado fallo. Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta, además, que tal resolución entraña una violación a las leyes del procedimiento, prevista en la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, en la cual se establece la procedencia del amparo directo "cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad"; y por los términos genéricos en que está redactado el mencionado precepto legal, resulta obvio que la ilegal resolución del incidente de nulidad a que allí se alude, puede consistir tanto en la anulación de las actuaciones favorables al quejoso, como en la negativa a nulificar aquéllas que lo agravian, toda vez que aquél no hace distingo alguno al respecto. Sin embargo, el anterior criterio queda supeditado a que, con motivo de las mencionadas resoluciones incidentales, no se afecten en forma cierta e inmediata los derechos sustantivos de los gobernados, porque de lo contrario, la vía correcta para reclamarlas será la indirecta." Por lo expuesto, al demostrarse la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo que promueve ..., contra actos de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, así como su Secretaria adscrita. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE."

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