José Gabriel Hernández González

Expediente 914/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 20 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
914/2017
Año
2017
Actuaciones
20
Última actuación
30/07/2019

Partes del expediente

  • José Gabriel Hernández González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En sentencia emitida el tres de abril de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional sobreseyó, negó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Gabriel Hernández González, la cual modificó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito para los efectos siguientes: 1. Efectos restitutorios respecto del acto concreto de aplicación. a).

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, este tribunal resolverá si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En sentencia emitida el tres de abril de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional sobreseyó, negó y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a José Gabriel Hernández González, la cual modificó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito para los efectos siguientes: 1. Efectos restitutorios respecto del acto concreto de aplicación. a). El Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Culiacán deje insubsistente la notificación de adeudo de contribuciones que se pretende ejecutar en contra del quejoso por los ejercicios fiscales 2012 y 2017, respecto del inmueble con clave catastral 07-000-015-191-013-001. b). En caso de que reitere ese acuerdo, deberá recalcular el importe a pagar respecto del ejercicio fiscal dos mil doce a dos mil dieciséis, en lo que respecta al tópico de valores de construcción establecido en los decretos 345, 708, 12, 226 y 454, en los cuales se establecieron las valores unitarios del suelo y de las construcciones del municipio de Culiacán, que sirvieron de base para determinar el impuesto predial para el ejercicio los ejercicios fiscales de dos mil doce y dos mil dieciséis, en el entendido que se atenderá la categoría de menor cuantía correspondiente a la tabla de valores, esto es, la de provisional. c). Asimismo, si la autoridad responsable reitera el cobro del impuesto predial para el ejercicio dos mil diecisiete, deberá establecer de manera fundada y motivada cuál es la base gravable para el cobro del tributo y los accesorios, en su caso, deberá señalar con toda precisión de dónde obtiene el monto de referencia. 2. Efectos restitutorios en relación con la norma declarada inconstitucional. a). En caso de que las autoridades encargadas del cobro del impuesto predial, en lo futuro pretendan efectuar el cobro al quejoso de la tarifa establecida en los Decretos 345, 708, 12, 226 y 454, mediante el cual se establecen los valores unitarios del suelo y de las construcciones del municipio de Culiacán, de igual manera deberán determinar el importe de dicho tributo para los ejercicios fiscales dos mil doce al dos mil dieciséis, únicamente en lo que respecta al tópico de valores de construcción, atendiendo a la categoría de menor cuantía correspondiente a la tabla de valores, esto es, la de provisional. En cumplimiento a lo anterior, el Delegado Jurídico de las autoridades pertenecientes al Ayuntamiento de Culiacán remitió el oficio sin número de doce de julio del año en curso, del que se advierte que dejó sin efecto la resolución administrativa con número de folio 947/08/2017/CLN determinante del cobro del impuesto predial urbano. Asimismo, respecto a los restantes efectos para los que se concedió la tutela constitucional informó que se encuentra imposibilitado material y jurídicamente para cumplirlos, virtud que el predio con clave catastral 07-000-015-191-013-001 propiedad de la quejosa es un predio baldío sin construcción, por lo tanto, no es posible aplicar la categoría de provisional. Documentales que tienen valor probatorio pleno, a la luz de lo dispuesto por los artículos 129 y 202, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, se determina que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria de amparo, sin excesos ni defectos; por tanto, se ordena el archivo definitivo de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, conforme a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en ninguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; así entonces, hágase la anotación correspondiente en la carátula respectiva así como la relativa al archivo, en el entendido que este expediente es susceptible de depuración. Expediente que no encuadra en alguna de las hipótesis que establece el punto Vigésimo del citado Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; consecuentemente, una vez que trascurra el término de tres años a que se refiere el punto Décimo Octavo del citado acuerdo, remítase el presente expediente al Centro Archivístico Judicial correspondiente. Para efectos de lo anterior, deberá hacerse del conocimiento de las partes que cuentan con un plazo de noventa días, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, para que soliciten la devolución de los documentos originales que, en su caso, hayan exhibido, apercibidos que de no hacerlo así, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente, en términos de lo señalado por los puntos décimo primero y vigésimo segundo del acuerdo general conjunto de referencia.

  3. Principal

    Agréguese el oficio remitido por el Delegado Jurídico de las autoridades pertenecientes al Ayuntamiento de Culiacán, por medio del cual se pronuncia respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y constancias dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte quejosa. Agréguese el oficio remitido por el Delegado Jurídico de las autoridades pertenecientes al Ayuntamiento de Culiacán, por medio del cual se pronuncia respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el citado oficio y constancias dese vista a la parte quejosa para que en el plazo de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efecto la notificación correspondiente, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto dicho cumplimiento. Trascurrido el plazo concedido, con desahogo de la vista o sin ella, se emitirá pronunciamiento en torno el cumplimiento de la sentencia protectora.

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