José Gabriel Flores Moguel

Expediente 114/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
114/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/12/2018

Partes del expediente

  • José Gabriel Flores Moguel

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de trece de noviembre de dos mil dieciocho, por el que se determinó desechar la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente diversos documentos originales aportados por la parte quejosa; con fundamento en el segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009; requiérasele para que dentro del término de noventa días comparezca a recogerlo en las instalaciones de este juzgado federal, con el apercibimiento que de no hacerlo dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Asimismo, a consideración de este juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en atención a que de la certificación de cuenta se desprende que no se notificó por lista el proveído de trece de noviembre de dos mil dieciocho, de conformidad con la instrucción contenida en el diverso acuerdo de veintiuno del mes y año que transcurren, se comisiona nuevamente a la Actuaría, a efecto de que realice la notificación del proveído de trece de noviembre de la presente anualidad por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase. ACUERDO DE TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. "San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil dieciocho.  Desechamiento: Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla y de la Diligenciaria Non adscrita al referido órgano jurisdiccional. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 114/2018-IV. Al respecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que promueve la parte quejosa deriva, esencialmente, del hecho consistente en que el juicio de amparo es improcedente contra actos respecto de los cuales la ley conceda algún recurso o medio de defensa. Atento a lo anterior, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Al respecto, resulta ilustrativa la tesis jurisprudencial 2a./J. 115/99 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, que dispone lo siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Asimismo, es oportuno precisar que la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 348/2010, de la que derivó la jurisprudencia de rubro: EMBARGO. EL AUTO QUE NIEGA ORDENARLO ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, PREVIA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS A QUE HAYA LUGAR, sostuvo que la falta de interposición del medio de defensa legal procedente contra el acto reclamado es una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, tal como se advierte de la parte conducente siguiente: "(.) Al respecto, se advierte que en la materia de la contradicción, si para los tribunales contendientes es claro que procede el recurso de apelación en contra de las determinaciones que no estén encaminadas a obtener la ejecución de la sentencia -en particular las que niegan el embargo de las cuentas bancarias del deudor-, entonces es factible estimar que la falta de interposición de dicho medio de defensa es una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto, sobre la cual el juzgador puede pronunciarse desde el auto admisorio..." En el caso concreto, los actos reclamados consisten en el acuerdo dictado el veintisiete de septiembre del dos mil dieciocho en los autos del juicio de alimentos ***, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual se ordenó requerir de pago al deudor [parte quejosa] por el importe de la pensión alimenticia provisional que se determinó a su cargo, así como la diligencia de requerimiento de pago y embargo del treinta y uno de octubre del año en curso. En esas condiciones, se considera que respecto del acuerdo reclamado se actualiza la aludida causa de improcedencia, dado que se reúnen los siguientes requisitos: A. Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal: El acuerdo reclamado proviene de una autoridad judicial, es decir, del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla. B. Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa: El artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla , establece que la reclamación es el medio de impugnación que tiene por objeto revocar o modificar un auto que no ponga fin al procedimiento. Por su parte, el artículo 409 del mismo ordenamiento jurídico, dispone que los autos que no fueren apelables pueden ser reclamados ante el Tribunal que los dictó. En esa tesitura, las condiciones para que sea procedente el recurso de reclamación son las siguientes:  Que se trate de un auto que no ponga fin al procedimiento; y,  Que el auto no sea apelable. Por lo tanto, en virtud de que el acuerdo reclamado es impugnable a través del recurso de reclamación previsto en los artículos 408 y 409 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, porque se trata del proveído dictado el veintisiete de septiembre del año en curso en los autos del juicio de alimentos ***, del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, por medio del cual se ordenó requerir de pago al deudor [parte quejosa] por el importe de la pensión alimenticia provisional que se determinó a su cargo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. C. Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada: El recurso de reclamación se substancia dentro del procedimiento civil, conforme a los artículos 408 a 412 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. D. Que por virtud de dicho medio de defensa, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. La resolución que se emita en el recurso de reclamación puede tener por objeto revocar o modificar el auto impugnado, tal como lo dispone el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. En esa medida, tomando en cuenta la naturaleza de la determinación adoptada por la autoridad responsable y la etapa del juicio en la que se emitió, previo a instar este juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el recurso de reclamación previsto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla. Además, en el presente asunto no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción que prevé el propio artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues dada la naturaleza de los actos reclamados: I. No se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; II. Tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal; III. La parte quejosa no es una persona extraña al procedimiento, ya que se trata de la parte demandada en el juicio natural y además compareció al mismo, tal como lo manifestó bajo protesta de decir verdad en el apartado de antecedentes, en tanto precisó que el nueve de octubre de esta anualidad presentó un escrito ante el juez responsable, a través del cual exhibió pruebas que acreditan el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. IV. La procedencia del recurso no está sujeta a interpretación adicional y su fundamento legal es suficiente para determinar la procedencia del medio de defensa. Finalmente, no se soslaya que el acto reclamado podría tener una ejecución de imposible reparación. Sin embargo, al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido que de acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, tal como lo confirma el siguiente criterio jurisprudencial: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Además, es pertinente determinar que el Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto Circuito han concluido que la determinación judicial que ordena el embargo del sueldo del deudor a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias a su cargo debe reclamarse ante el propio Juez que la emite, antes de promover el juicio de amparo en su contra, para así satisfacer el principio de definitividad, tal como lo ponen de manifiesto los siguiente criterios: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CONTRA EL AUTO QUE LA FIJA DE MANERA PROVISIONAL, PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, AL SER EFICAZ PARA CONTROVERTIR DICHO ACTO EN SEDE ORDINARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado consiste en el auto que decreta la pensión alimenticia provisional, a fin de observar el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, debe agotarse previamente el recurso de reclamación previsto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, puesto que éste tiene por objeto revocar o modificar un auto que no pone fin al procedimiento y, además, se considera eficaz para reparar los actos de la autoridad en un plazo razonable, en tanto que al no existir disposición expresa que indique cuál es el término para resolver el citado recurso, cobra aplicación el artículo 80 del mismo ordenamiento legal, que establece que cuando la ley no señale el término para la práctica de un acto judicial, se tendrán por señalados tres días. Cabe destacar que si bien es cierto que en la legislación inicial no existía precepto que facultara al Juez a resolver el recurso antes del dictado de la sentencia, y que en la exposición de motivos de esa codificación se puntualizó que debía resolverse en la sentencia, también lo es que mediante decreto de doce de julio de dos mil siete, se adicionó al artículo 410 del aludido cuerpo de leyes, la fracción V que establece: "cuando el estado de los autos lo requiera, se podrá resolver antes de que se turnen los mismos para fallar la cuestión planteada", de lo que se sigue que la finalidad del creador de la norma al adicionar esa porción normativa fue precisamente dotar de eficacia al recurso de reclamación, permitiendo que éste pudiera ser resuelto previamente al dictado de la sentencia de fondo, cuando el caso lo amerite." "ALIMENTOS. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL DE EMBARGO DE SUELDO DEL DEUDOR, DEBE IMPUGNARSE MEDIANTE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN ANTES DE PROMOVER EL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Si bien es cierto que en los artículos 677 al 687 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, vigente a partir del uno de enero de dos mil cinco, ubicados en el libro cuarto denominado Procedimientos sobre cuestiones familiares; capítulo primero: Principios fundamentales en el proceso familiar se establece que los procedimientos en esta materia son ordinarios, especiales o privilegiados; que los primeros son los que no tienen señalada una tramitación especial o privilegiada; los segundos son a los que se les confiere una tramitación particular y no encuadran dentro de las hipótesis previstas para los privilegiados; y por exclusión, los mencionados en tercer término son a los que la propia legislación les confiere tal carácter, también lo es que en esas disposiciones no se limita o impide la procedencia de los recursos regulados en esa legislación procesal por cuanto hace a los juicios ordinarios o especiales, ya que lo establecido en el numeral 687 de ese ordenamiento, que prevé expresamente que las resoluciones definitivas son apelables y en contra de las de trámite no procede recurso alguno, sólo aplica en lo relativo a la sustanciación de los juicios o procedimientos privilegiados; en mérito de lo cual, se concluye que las resoluciones de trámite y definitivas que se pronuncien en los juicios ordinarios y especiales, ambos en materia familiar, son impugnables a través de los recursos previstos en ese ordenamiento legal. De ahí que si el juicio de alimentos cuenta con una tramitación particular, regulada en los artículos que van del 688 al 698 de ese cuerpo normativo, resulta indiscutible que las resoluciones emitidas durante su trámite, son impugnables mediante el recurso de reclamación previsto en los diversos numerales 408 al 412 de ese ordenamiento. Consecuentemente, la determinación judicial de embargo del sueldo del deudor, debe reclamarse ante el propio Juez que la emite, antes de promover el juicio de amparo en su contra, para así satisfacer la regla de procedencia contenida en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por tanto, se desecha la demanda de amparo, respecto del mencionado acto reclamado por la parte quejosa, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de amparo. En otro orden, respecto del acto reclamado consistente en la notificación del auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dentro del expediente ***, practicada por la diligenciaria responsable el treinta y uno de octubre del año en curso, la parte quejosa debió agotar el incidente de nulidad de notificaciones previo acudir al juicio de amparo indirecto. En efecto, el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, establece: "Artículo 74. Cuando una notificación se hiciere en forma distinta de la prevenida en este Capítulo, o se omitiere, se aplicarán las disposiciones siguientes: I.- La parte agraviada podrá promover ante el Tribunal que conozca del juicio, incidente sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada; II.- El incidente de nulidad se tramitará conforme a las reglas generales que para los incidentes establece este Código; pero si antes de resolverse la cuestión principal, se cita para sentencia en el juicio principal, se suspenderá el procedimiento en éste, para que ambas cuestiones se resuelvan en una sola sentencia y, si se declara la nulidad, se declarará también no estar el principal en estado de fallarse; III.- El ejecutor que hubiere omitido o realizado en forma ilegal la notificación, será responsable administrativa, civil y penalmente, y IV.- No obstante lo prevenido en este artículo si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la resolución, la notificación surtirá desde entonces sus efectos como si estuviere legalmente hecha." Del citado precepto normativo, se desprende la posibilidad de impugnar la notificación cuando alguna de las partes en un procedimiento considere que fue realizada en una forma distinta a la prevista en la ley, a través del incidente de nulidad, que se promueva ante el tribunal que conozca del juicio, sobre declaración de nulidad de lo actuado, a partir de la notificación impugnada. En este contexto, por medio del juicio de amparo la parte quejosa también reclamó la notificación del auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, dentro del expediente ***, practicada por la diligenciaria el treinta y uno de octubre del año en curso. De ahí que el quejoso estaba en condiciones de impugnar la referida notificación a través del incidente de nulidad de notificaciones, que prevé el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, pues a través de ese medio de defensa ordinario se puede controvertir la notificación en comento. Se afirma lo anterior, dado que el incidente tiene como finalidad dejar sin efectos lo actuado a partir de la indebida notificación, esto es, las actuaciones efectuadas después de emitida la resolución, a fin de que se practique de nueva cuenta la comunicación judicial conforme a derecho, por ende, debe agotarse dicho incidente de nulidad de notificaciones antes de acudir al juicio de amparo. Tiene aplicación a lo expuesto, por su idea jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, intitulada: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES PROCEDENTE EL INCIDENTE RELATIVO, INCLUSO SI YA FUE DICTADO EL AUTO QUE DECLARÓ EJECUTORIADA LA SENTENCIA. Si se parte de la interpretación que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo del artículo 32 de la Ley de Amparo en la jurisprudencia P./J. 5/94, y se toma en cuenta que durante la sustanciación del juicio de garantías se presentan diversas hipótesis relacionadas con las notificaciones que deben practicarse para hacer del conocimiento de las partes las decisiones emitidas en cada etapa procesal, debe aceptarse la procedencia del incidente de nulidad de notificaciones no sólo contra aquellas que se practiquen antes de que el Juez de Distrito dicte sentencia, pues en atención al espíritu del citado artículo y a las directrices que ha establecido el Tribunal Pleno, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte que se considere afectada, es procedente el mencionado incidente en contra de la notificación de la sentencia del Juez de Distrito, aun en el caso de que ésta ya se hubiese declarado ejecutoriada, y en el supuesto de que aquél resultara fundado deberá reponerse el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, tal como lo ordena el referido precepto legal; sin que lo anterior contravenga el principio de cosa juzgada, en virtud de que los efectos jurídicos de la tramitación y resolución del referido incidente no afectan la decisión del Juez de Distrito plasmada en su sentencia, pues en caso de resultar fundado, sólo tendría como consecuencia ordenar que la notificación de la sentencia se practique de manera legal, subsanando las deficiencias que motivaron su impugnación, pero la sentencia misma queda intocada." De igual forma, resulta aplicable, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." Máxime, que de conformidad a la jurisprudencia temática número P./J. 4/2018 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 50, Enero de 2018, Tomo I, Materia Común, Página 6, de rubro: "INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. ES EL MEDIO IDÓNEO PARA IMPUGNAR LA NOTIFICACIÓN REALIZADA POR LISTA DE UNA SENTENCIA DICTADA EN AMPARO DIRECTO, CUANDO SE ESTIMA QUE DEBIÓ ORDENARSE O PRACTICARSE EN FORMA PERSONAL"; en los incidentes de nulidad de notificaciones se tiene la posibilidad de analizarse tanto los vicios propios de la notificación, como la forma en la que ésta se ordenó, en ese sentido debió efectuarse en el incidente de nulidad de notificaciones correspondiente. Por tanto, debe sostenerse que respecto del acto reclamado consistente en la notificación del auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, practicada por la diligenciaria adscrita al Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, el treinta y uno de octubre del año en curso, debió agotar el quejoso el incidente de nulidad de notificaciones, previsto en el artículo 74 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Puebla, antes de acudir al juicio de amparo indirecto. Por lo tanto, ante la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio, a ningún fin práctico conduciría dar trámite al juicio de amparo, razón por la cual es preferible que la parte quejosa tenga conocimiento, desde este momento, del resultado del análisis de la demanda y, a su vez, se evite un trámite innecesario, a fin de privilegiar el derecho de prontitud en la impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que esta determinación le permite promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia definida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar de plano la demanda de amparo. Domicilio. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa. Autorizado(s): Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, pues tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales. Por otro lado, únicamente se les autoriza para oír y recibir notificaciones y para que se impongan de los autos a ***. Se habilitan días y horas inhábiles. Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aún en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo. Digitalización. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...".

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. Razón actuarial. Vista la razón actuarial que antecede de veintiuno de noviembre del presente año, de la que se advierten los motivos por los cuales al fedatario judicial adscrito a este Juzgado, no le fue posible notificar a la parte quejosa el auto de trece de noviembre de 2018 en el domicilio señalado en autos; se ordena notificar a dicha parte el proveído de mérito, así como las subsecuentes determinaciones, aun las que deban hacerse de manera personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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