José Gabriel Covarrubias Franco

Expediente 2414/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2414/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • José Gabriel Covarrubias Franco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de siete de diciembre de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos de ley. Archívese este expediente por estar concluido. En otro aspecto, este expediente es susceptible de destrucción, en términos de lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal En ese orden de ideas, de conformidad al Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, atento a su contenido; al respecto, agréguese a los autos el libelo de cuenta, para los efectos legales conducentes, y téngase a dicha Secretaria informando lo expuesto. En atención al mismo, acúsese recibo a la Superioridad de su oficio , por el que comunica su proveído de veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Por otro lado, en relación a su solicitud de habilitar el expediente electrónico relativo al juicio de amparo

  3. Principal

    Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio que suscribe el DELEGADO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA, por medio del cual, manifiesta la imposibilidad que tiene la autoridad señalada como responsable para rendir su informe justificado; en esas condiciones, remítasele copia simple de la ampliación de la demanda de amparo, e indíqueseles que el término concedido en auto de seis de enero de dos mil veintitrés para tal efecto, empezará a correr a partir de la notificación del presente proveído.

  4. Principal

    Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental, lo anterior de conformidad a lo establecido en el artículo 138, fracción II. Previamente a entrar a la materia de la suspensión, es conveniente destacar, que los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad que violen derechos humanos. En ese sentido, cabe señalar que, el juez Federal está legalmente facultado para fijar conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias o estado en que deban quedar las cosas a virtud de que se conceda la suspensión del acto reclamado, aun cuando se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su demanda, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues lo que se busca es conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el promovente; con la única limitante de no llegar al extremo de ordenar la paralización de actos que no fueron reclamados en la demanda. En el presente asunto, se solicitó la medida cautelar para el siguiente efecto: ". El acto reclamado se hace consistir en el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que la autoridad responsable se niega a proveer la solicitud de alimentos provisionales, y deja a salvo los derechos del quejosa para que dicha solicitud la tramite vía incidental por cuerda separada. Dado que en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo los jueces de Distrito sólo pueden pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión que se haya solicitado expresamente. Desde una perspectiva lógica, se interpreta la inexistencia del acto reclamado produce que las medidas cautelares deban, en consecuencia, negarse ante la ausencia de materia para que produzcan efectos. Para resolver sobre la suspensión provisional se debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones que la parte quejosa formuló en la demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad; pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar. En el caso, como se anticipó, la quejosa, promovió la presente demanda de amparo, contra actos del Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Séptimo Partido Judicial en Arandas, Jalisco, por la omisión de la responsable de decretar la pensión alimenticia provisional a su favor en el expediente de origen; a partir del cual garantizara su derecho humano que busca proteger. Lo anterior, porque atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se trataba de un acto negativo, respecto del cual, si bien la Ley de Amparo no establece que debe negarse la suspensión, el criterio reiterado del Poder Judicial de la Federación es que no procede la suspensión contra ese tipo de actos, pues la concesión tendría efectos restitutorios, lo que era propio de la sentencia que se dictara en el fondo del asunto. Sin embargo, como fundadamente lo argumenta el recurrente, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, es posible restablecer provisionalmente la quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En efecto, el artículo 147, párrafos segundo y tercero, de la ley de la materia prevé la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Asimismo, se debe fijar la situación en la cual habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio. El órgano jurisdiccional de amparo también está obligado a dictar las medidas necesarias para evitar que se defrauden sus derechos, en tanto se dicta sentencia definitiva en el juicio de amparo, con lo cual existe la posibilidad no solo de que sean medidas conservatorias, sino también innovativas y prohibitivas, acorde a la naturaleza del acto reclamado, para garantizar que los derechos de ellos no se defrauden y por ende, se hagan efectivos. También, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, tiene facultad para establecer condiciones de cuyo cumplimiento que dé la quejosa, depende que la medida cautelar siga surtiendo efectos. Entonces, el texto del citado artículo 147, obliga al juez a analizar cada caso en concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo, dado que la norma no hace distinción al respecto, debe ponderar la apariencia del buen derecho, y la afectación o perjuicio que ocasiona el acto, para establecer en qué medida se afecta un derecho sustantivo del agraviado, puesto que tan grave pueden ser las consecuencias de un acto positivo, como las de una omisión, porque lo relevante es precisar cómo se manifiesta el acto reclamado en la esfera de derechos de la quejosa. En ese contexto, sí podrá conceder la suspensión y fijar la situación que habrá de imperar, ordenando que todo se conserve en el estado en que se encuentra y, en su caso, de resultar jurídica y materialmente factible, restablecer de manera provisional a la quejosa en el disfrute de la prerrogativa que le fue afectada y dictar las medidas necesarias para que no se defrauden sus derechos; y defraudar es burlar o no atender a derechos sustantivos de las personas. Por tanto, si el acto reclamado es la omisión de la responsable de decretar la pensión alimenticia provisional a su favor, es claro que esa omisión implica un no actuar de la autoridad en materia familiar que impide que obtenga un medio de subsistencia y se defraude su derecho a los alimentos que en sí mismos son de carácter urgente y no admiten dilación con formalismos procedimentales. En efecto, el acto omisivo -no proveer sobre una pensión alimenticia- por cualquier causa, supone no atender a un estado de necesidad del acreedor alimentario; por lo que tan grave es suspender una medida que los decreta y que no deba ser excesiva; como el no decretar la pensión en un porcentaje determinado. Por eso, y atendiendo a que la buena fe se presume y basta lo informado en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, para establecer que mientras se decide sobre la suspensión definitiva y en su caso, el juicio de amparo, es preciso dictar la medida pertinente que asegure ese derecho a recibir alimentos, y ordenar a la autoridad responsable que de inmediato fije la pensión y ordene su cobro para dar provisionalmente el efecto restitutorio al derecho que se presume infringido en perjuicio de la quejosa. Por tanto, existe materia para conceder la suspensión de los actos reclamados, en los términos que se expondrán más adelante. Los presupuestos para el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados son las razones por las cuales se justifica que en un proceso se pueda afectar a la parte demandada sin haberse dictado sentencia, conciliando la eficacia y el debido proceso legal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación define al peligro en la demora como la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo, aunque ésta fuere en sentido favorable. Tal presupuesto es una valoración positiva, jurídicamente aceptable, de la posición de la solicitante de la medida, constituye una estimación prima facie del derecho del promovente que no prejuzga sobre el fondo del asunto; cuando resulta evidente, es una valoración rápida y no pormenorizada de que éste tiene derecho a que se le otorgue la medida cautelar; se trata de una apariencia lo suficientemente consistente para otorgar en el proceso cautelar la protección definitiva solicitada en relación con ese derecho, hay por tanto un juicio de probabilidad y verosimilitud. Por lo que procede conceder la suspensión provisional del acto reclamado, por las razones y para los efectos que se exponen enseguida: En ese sentido, a continuación se cita el marco legal que justifica la determinación que se adopta: Del dispositivo se desprende que los derechos humanos no podrán limitarse, ni suspenderse, salvo en los casos y condiciones establecidas en la propia Ley Suprema. Luego, como fue dicho, de la demanda de amparo, se permite observar que por acuerdo reclamado dejó a salvo los derechos de la quejosa para que su solicitud de alimentos provisionales los hiciera valer vía incidental y por cuerda separada. Ahora bien, si desde que se presenta una demanda se solicita, se fije una pensión alimenticia provisional y en su momento definitiva, ninguna razón formal puede constituir un obstáculo jurídico válido que impida pronunciarse respecto a esa determinación, lo que se justifica en la medida de que el derecho a recibir alimentos comprende un conjunto de satisfactores necesarios para preservar la salud y subsistencia, en este caso, cuyo interés, como derecho fundamental, debe ser tutelado para evitar que ese derecho resulte defraudado. La existencia del derecho a los alimentos se debe presumir y surte el supuesto de la apariencia del buen derecho como elemento de procedencia de la suspensión en el juicio de amparo. Ante ello, el hecho que el acto reclamado lo constituya la omisión de la responsable de decretar la pensión alimenticia provisional a favor de la quejosa, origina que pueda ser puesta en peligro su subsistencia, ya que el propósito fundamental de los alimentos es proporcionar los medios necesarios y suficientes para la manutención o subsistencia de una persona que no tiene forma de obtenerlos y se encuentra en imposibilidad real de procurárselos, por lo que se considera una institución de interés social y orden público. En este sentido, conforme a lo dispuesto por el artículo 147, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establece la posibilidad de que, por virtud de la concesión de la suspensión, se restablezca provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, pero sí con base en un análisis de la apariencia del buen derecho, así como el peligro en la demora, al estar en riesgo la subsistencia de la quejosa, resulta posible conceder la medida precautoria solicitada con efectos restitutorios provisionales. Además, atendiendo a la apariencia del buen derecho, que consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto (como ya se dijo), en la especie es dable sostener provisionalmente, que si se requiere los alimentos, le asiste derecho a que se determine lo que conforme a derecho corresponda en relación a recibir una pensión provisional. Asimismo, es incuestionable el peligro en la demora, ya que la obligación de dar alimentos es de tracto sucesivo porque la necesidad de recibirlos surge y persiste de momento a momento, es decir, están en juego la subsistencia y el eventual daño que podría ocasionar la falta de alimentos si éstos no están garantizados. Por tanto, respecto a los efectos y consecuencias del acto reclamado, con fundamento en los artículos 128, 129, 138, fracción I y 147 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional de los actos reclamados a la quejosa, para el efecto de que el Juzgado de Primera Instancia en Materia Civil del Séptimo Partido Judicial con sede en Arandas, Jalisco, de inmediato, con libertad de jurisdicción provea sobre la pensión alimenticia provisional, dentro del expediente La suspensión se otorga para el efecto que, hasta en tanto se resuelve la suspensión definitiva, la autoridad responsable, como se dijo, de inmediato, con libertad de jurisdicción provea sobre la pensión alimenticia provisional, dentro del expediente Sin que haya lugar a fijar garantía a la quejosa, para responder de los daños y perjuicios que pudiera resentir el tercero interesado, pues la pretensión de la solicitante del amparo es que se decrete una pensión alimenticia, lo que lleva a presumir la necesidad de su otorgamiento para su subsistencia y la consecuente puesta en peligro de no hacerse de ese modo, que es precisamente lo que se busca proteger con la concesión de la presente medida cautelar. En esas condiciones, la presente suspensión surte plenos efectos de inmediato conforme a lo dispuesto por el artículo 136 de la Ley de Amparo, sin estar sujeta a la exhibición de garantía alguna. Ahora bien, de acuerdo a la certificación de cuenta, se tienen como autorizados de la quejosa en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, , por contar con cédula profesional de abogado registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los tribunales de circuito y juzgados de Distrito en la materia penal, civil, mercantil, y administrativa. se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente del juicio de amparo, previa petición verbal de la parte interesada a la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos. Con apoyo en lo establecido en el artículo 21, tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la elaboración de las notificaciones que se ordenen en este expediente. En otro aspecto, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Finalmente, debido a que la presente determinación fue autorizada de manera electrónica, la misma no se integrará al expediente físico, ello en términos del artículo 22 y sexto transitorio del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO.

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