José Gabriel Celis Bayona

Expediente 545/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
545/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
29/07/2019

Partes del expediente

  • José Gabriel Celis Bayona

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto de doce de julio de dos mil diecinueve, que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto causa estado para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, por el término de tres años, transcurridos los cuales deberá transferirse a la DIRECCIÓN GENERAL DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN Y ANÁLISIS, ARCHIVOS Y COMPILACIÓN DE LEYES DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por propio derecho, contra actos del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Chihuahua, Chihuahua y otras autoridades, la cual, se ordena registrar bajo el juicio de amparo 545/2019-VI-A. Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de garantías, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de garantías. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la legislación federal que rige en la materia, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situaciones que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes".autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo". Ahora bien, de la lectura integra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado lo es el siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS.- ÚNICO. La falta de emisión y/o notificación de la resolución correspondiente al recurso de inconformidad presentado ante la Oficina de Archivo y Correspondencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, con fecha de recepción de 09 de Enero de 2019, la cual se dirige al H. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Chihuahua, Chihuahua. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 1°, fracción I, y último párrafo, y 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, en razón de que el Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad, carece del carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. En complemento, el artículo quinto define las partes que intervienen en la instancia de control constitucional, destacando a la "autoridad responsable" que conceptúa en primer término como el ente que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas de manera unilateral y obligatoria, es decir, sólo por voluntad del ente y de manera impositiva aun contra la voluntad del gobernado; en el segundo supuesto, la que omita el acto que de llegar a realizarse crearía, modificaría o extinguiría determinada situación jurídica. Paralelamente, el Máximo Tribunal de Justicia precisó que de no reunirse tales características, indefectiblemente haría concluir que no se actualiza la condición de supra a subordinación del ente público respecto del gobernado, sino que se estaría en presencia de una relación de coordinación, es decir, en un plano de igualdad en que el órgano del estado actúa como particular frente al gobernado; caso en el cual la controversia debe resolverse ante tribunales ordinarios, excluyendo así la pertinencia del juicio de amparo pues en tal supuesto no se colmaría su objeto de tutela al gobernado frente al poder público. Por supuesto, el estudio del Máximo Tribunal del País sobre las facultades y atribuciones del Instituto Mexicano del Seguro Social le permitieron delimitar que, por una parte, en términos de los numerales 5, 270 y 271 de la Ley del Seguro Social, el citado organismo se erige como un órgano fiscal autónomo siempre que en ejercicio de sus facultades, despliegue su potestad jurídica para exigir el cumplimiento a los patrones y sujetos obligados respecto de sus cargas en materia de seguridad social, es decir, como un ente coactivo con imperio de ley capaz de emitir actos de manera unilateral que modifican situaciones de hecho o de derecho en los obligados. es el organismo público descentralizado encargado de administrar el seguro social, como instrumento básico de la seguridad social, cuya finalidad es garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que, en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales, será garantizada por el Estado. De ese modo, concluyó, cuando un asegurado o su beneficiario solicita al Instituto Mexicano del Seguro Social cualquier prestación de seguridad social prevista en la ley, dicho Instituto se encuentra en la relación jurídica como ente asegurador, porque al resolver cualquier petición sobre ese particular, no hace sino cumplir con su obligación de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo, así como el otorgamiento de cualquier pensión que será garantizada por el Estado, de forma que está sometido al imperio de la ley, a favor del asegurado. Inclusive, el Órgano del Máximo Tribunal de la Nación en cita recapituló sobre lo determinado por la otrora Cuarta Sala del Tribunal constitucional al emitir la jurisprudencia de rubro "SEGURO SOCIAL, INSTITUTO MEXICANO DEL, CUANTO ACTÚA COMO AUTORIDAD Y CUANDO NO TIENE ESE CARÁCTER.". A partir de ello, concluyó que dada la dualidad con la que puede desempeñarse el Instituto Mexicano del Seguro Social, en tratándose de la resolución a recurso de inconformidad que interpone un patrón o sujeto obligado, tendrá naturaleza de organismo fiscal autónomo, es decir, al erigirse como autoridad con plena potestad de decisión. Por el contrario, abundó, cuando dirime el mismo medio de impugnación que plantea un asegurado o beneficiario, esa actuación no lo hace investido de facultad de imperio característica de las autoridades, por cuanto la relación que surge entre el organismo y ese tipo de recurrente es de igualdad o coordinación, ya que al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación. En efecto, conforme al dualidad en la naturaleza del Instituto Mexicano del Seguro Social que determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al tenor de las consideraciones previamente apuntadas, es palmario que la intervención del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social con sede en Chihuahua, Chihuahua, al omitir la notificación de la resolución del recurso de inconformidad, hecho valer por el peticionario de amparo, no se emitió con base en potestad jurídica ni en su carácter de organismo fiscal autónomo con imperio de ley para vincular al ahora quejoso, puesto que éste no se constituye como sujeto obligado. Ello, debido a que la relación jurídica generada entre por conducto del órgano resolutor de la Delegación Regional Chihuahua, derivó del plano de coordinación o igualdad, es decir, porque a partir de la impugnación que hizo el quejoso como trabajador respecto de la incapacidad permanente concedida, la resolución recaída en el medio de impugnación, se hizo a su vez en calidad de órgano asegurador que ordenó la baja del régimen obligatorio que comprende el Seguro Social, a partir del que se otorgaban las prestaciones proporcionadas por el indicado organismo descentralizado conforme el ordinal 2 de su legislación. Lo que se concluye con base en lo sustentado por el Máximo Tribunal del País, en el sentido de que mientras para sujetos obligados, verbigracia, los patrones, la instauración del recurso de inconformidad sí genera una relación que implica el ejercicio de imperio de ley por el organismo descentralizado capaz de crear, modificar o extinguir situaciones de hecho o de derecho de manera unilateral, en tratándose de su posición frente a asegurados o beneficiarios, la autoridad administrativa resolutora no adquiere ese carácter, lo que impide configurar un presupuesto necesario para la pertinencia de la instancia de control constitucional. En ese tenor, aun cuando la falta de notificación de la resolución contra la que se promueve el amparo haya sido dictada para dirimir, además, idéntica impugnación por quien se identificó como presunto patrón, ya que ello no dota del carácter de autoridad responsable al Consejo Consultivo resolutor en relación con el aquí quejoso, pues, se insiste, dicha entidad cuenta con la dualidad de actuar con imperio de ley por cuanto hace a sujetos obligados, pero únicamente en plano de igualdad en función de asegurados o beneficiarios que, como en el caso se constata, José Gabriel Celis bayona impugnó ostentándose trabajador. En tales condiciones, la falta de notificación personal de la por la que se solicita el amparo, no puede reputarse como una violación al derecho de petición tutelado en el artículo 8° constitucional, por cuanto la prerrogativa a ser comunicado de las determinación recaída en la instancia administrativa, sólo derivaba en función de su posición procesal del plano de igualdad. Así, se concluye que debido a la función como ente asegurador con que se constituyó el Consejo Consultivo frente al asegurado la falta de notificación personal con motivo del recurso administrativo de la que se duele, no puede reputarse como violatorio del derecho fundamental de petición.Precisión que se vierte en razón de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual no se surte en el caso en estudio pues, se reitera, la substanciación de la instancia administrativa no erige al Consejo Consultivo Regional del carácter de autoridad responsable, ya que no se erigió como entidad con obligación de responder el ejercicio del derecho de petición; por el contrario, respecto del aquí quejoso, se insiste, solo se estableció como asegurador que dirimió controversia sobre prerrogativa de trabajador sobre el derecho de previsión social en cuyo caso, el criterio invocado reitera que en tal supuesto el trabajador tiene a su cargo acudir a la instancia laboral en términos del artículo 295 de la Ley del Seguro Social. De ese modo, la falta de notificación de la resolución recaída al recurso de inconformidad, no actualiza caso de excepción a la causa de improcedencia invocada, habida cuenta que dicha violación debe hacerse valer ante la autoridad administrativa ya sea con base en las reglas que para las notificaciones prevé el Reglamento del Recurso de Inconformidad, o bien, a las disposiciones supletorias aplicables a que refiere el artículo 1 de dicho ordenamiento. "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." En tales condiciones, procede el desechamiento de la demanda, dada la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción II, del diverso 5°, ambos de la citada legislación, respecto de los actos imputados a las autoridades responsables. Lo manifiesto e indudable de la causal de improcedencia reseñada estriba en que aun cuando se admitiera a trámite la demanda, a nada práctico conduciría, y que el motivo de improcedencia seguiría subsistiendo. De ese modo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo vigente, este último interpretado a contrario sensu, al no ser de imposible reparación el acto reclamado, por lo que se impone DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, ambos de la Ley de Amparo. Lo expuesto, sin soslayar el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA.", puesto que en términos de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, pronunciada en el expediente de solicitud de sustitución de tesis de jurisprudencia, limitó su aplicación para el caso de que se impugnara el acuerdo de fijación de tarifas para suministro y venta de energía eléctrica. la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento. que es del siguiente contenido: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. Finalmente, no pasa inadvertido para este juzgador, que la causal de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de garantías; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página trescientos dieciséis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: "DEMANDA, DESECHAMIENTO DE LA, POR MOTIVOS DE IMPROCEDENCIA. En relación con la substanciación del juicio de garantías ante los jueces de Distrito, el artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone: El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Se comprende, pues, que los motivos manifiestos indudables a que alude el precepto citado, son aquellos que surgen de la solo lectura de la demanda que permitan asegurar, con certeza, que existe un motivo de improcedencia. En otras palabras, puede decirse, atendiendo al contenido del precepto en consulta, que la demanda podrá desecharse, cuando se advierta fácilmente, de su simple lectura, que existe un motivo indudable de improcedencia, y que, de no ser así, deberá llevarse por todo su trámite hasta la audiencia de fondo, sin que esto ocasione agravio, pues siempre queda latente la posibilidad de examinar, en la audiencia de fondo, la existencia de causas que, ya supervinientes o anteriores a la admisión de la demanda determinen el sobreseimiento en el juicio de garantías, empero, referidas lógicamente a las que no encuadran en los motivos indefectibles a que alude la norma en examen; lo que obedece por razones de técnica de amparo, a que el estudio de la improcedencia del juicio de amparo es de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, según lo precisa el artículo 73, in fine, de la Ley de Amparo". Tesis de artículo 73 fracción IV actos que ya fueron materia de otra ejecutoria de amparo." Además, la particular circunstancia de que se deseche la presente demanda de amparo al actualizarse la causal de improcedencia descrita, no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los Órganos de amparo no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses de los solicitantes, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los Órganos Jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento; de tal suerte que, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para resolver un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negarse que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no se comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis identificada con el número CCLXXV/2012, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página quinientos veinticinco, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Materia Constitucional, Décima Época, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano.". En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales para que de ser necesario, en días y horas inhábiles lleven a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto. Por otro lado, se hace destacar que los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. En diverso aspecto, de conformidad con el ordinal 27, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene como domicilio procesal de la parte promovente, el ubicado en las oficinas de Asesoría Jurídica del Instituto Federal de Defensoría Pública, sito en Avenida Tecnológico 1670, tercer piso, fraccionamiento Fuentes del Valle, en esta ciudad.

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