Jose Gabriel Camacho Gomez
Expediente 1078/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Gabriel Camacho Gomez
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón del actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, en la que expone los motivos por los que no le fue posible notificar el proveído de veintiuno de septiembre del año en curso, al quejoso José Gabriel Camacho Gómez; en consecuencia, practíquese la notificación de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, en los términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese. Auto de 21/09/2021: Cuernavaca, Morelos; veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado que rinde la autoridad responsable: Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Sentido de informe. Informe en el que ACEPTA el acto reclamado. Pruebas Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de su parte la documental que exhibe, como complemento a su informe justificado. Domicilio y Delegados En términos de los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los propuestos por el oficiante. Ahora bien, de la lectura del oficio de cuenta rendido por la autoridad responsable, y de las constancias anexas al mismo, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que señala: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal prevé la improcedencia del juicio de amparo, cuando los efectos del acto que se reclama, hayan cesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que la cesación de efectos del acto reclamado se materializa cuando la autoridad responsable deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando se actualizan los siguientes supuestos: a) Que desaparezcan todos los efectos del acto reclamado en forma inmediata, total e incondicional. b) Que las cosas regresen al estado que guardaban antes de la violación, sin dejar ninguna huella en la esfera de derechos del gobernado. Lo anterior se advierte del criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". La parte quejosa en su escrito de demanda presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, reclamó la omisión de la responsable de dictar acuerdo a la promoción presentada por el quejoso el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, con número de folio 001338 en el expediente 01/501/17. Ahora bien, de las constancias adjuntas al informe justificado, así como las documentales relativas al oficio de cuenta, las cuales tienen el valor probatorio que les asignan los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado por mandato expreso del artículo 2º de la Ley de Amparo, se advierte que el siete de septiembre del año en curso, dictó el acuerdo correspondiente a la promoción presentada el veintiocho de abril del año en curso, con número de folio 001338 en el expediente 01/501/17, la cual fue notificada a la parte quejosa el diez de los actuales a través del apoderado legal de la parte quejosa. Establecido lo anterior, se tiene que si bien al treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la autoridad responsable no había dictado el acuerdo correspondiente, lo cierto es que, como quedó asentado en párrafos precedentes, el siete de los actuales, dictó el acuerdo correspondiente al registro 001338, revocando la designación de apoderados realizada con anterioridad, reconociendo la personalidad que ostentan los nuevos apoderados, por señalado el domicilio que señalan y ordenando la expedición de copia certificada a costa del aquí quejoso, en el juicio laboral de origen, el cual se notificó el diez de septiembre de dos mil veintiuno, a través de su autorizado, por lo que es evidente que en el caso la omisión reclamada, cesó en dichas fechas, desapareciendo así la finalidad de este juicio de amparo, pues la parte quejosa obtuvo el resultado que pretendía al acudir a este juicio constitucional, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos. En esas condiciones, la autoridad responsable al dictar el acuerdo correspondiente al registro 001338 de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, hizo que cesaran los efectos de los actos reclamados, por lo que se actualiza la causa de improcedencia analizada y, por tal motivo, se sobresee en el juicio de conformidad con los artículos 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del siete de octubre de dos mil veintiuno, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa desahogó la vista concedida en autos, en virtud de que si realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a cargo de la autoridad responsable; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, se tiene que el cuatro de diciembre del dos mil veinte, este juzgado de distrito pronunció sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa (fojas 54 a 59), para el efecto de que la autoridad responsable: ".De inmediato implemente las medidas necesarias a efecto de emplazar al juicio laboral ********, a: ********** *********** *********** En los lazos que establece la Ley Federal del Trabajo; a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental violado, como lo dispone el artículo 77, de la Ley de Amparo". Determinación que causó ejecutoria el veintidós de febrero de dos mil veintiuno (foja 68 a 70). Ahora bien, la Junta responsable remitió en copia certificada diversas actuaciones, a fin de acreditar las gestiones que realizó para que la ejecutoria constitucional se encontrara cumplida; sin embargo, posterior a múltiples requerimientos realizados a la parte actora a fin de señalar nuevos domicilios para emplazar a dicha parte, así como diversas razones actuariales en las que los fedatarios adscritos a la Junta responsable, manifestaron su imposibilidad para emplazarlos, mediante acuerdo de once de agosto de dos mil veintiuno, la junta laboral hizo efectivo el apercibimiento decretado en diverso acuerdo de tres de agosto de dos mil veintiuno y tuvo por no interpuesta la demanda en contra de ***************, a su más entero perjuicio y estricta responsabilidad (fojas 178 y 179), así ante la falta de interés jurídico y legítimo en el procedimiento natural toda vez que aduce, la parte actora aquí quejosa, no cumplió en el término otorgado por la autoridad responsable, razón por la que determinó el archivo del juicio laboral, únicamente por cuanto a las demandadas en cita, por carecer de materia para su continuación. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, se estima imposibilidad material y jurídica para acatar el fallo protector, y continuar con los requerimientos a la junta responsable a fin de lograr el emplazamiento de ************, dado que se tuvo por no interpuesta la demanda instaurada en su contra, ordenándose, como consecuencia, el archivo definitivo del asunto únicamente por las demandadas arriba mencionadas, en ese tenor, se determina SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO EL FALLO PROTECTOR. Sin que sea óbice para arribar a la anterior determinación, las manifestaciones realizadas por el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que la Junta responsable, no se pronunció respecto al escrito que presentó el nueve de julio de dos mil veintiuno, en el que solicitó se girara oficio correspondiente a la notaria número diez a fin de que informara y proporcionara los domicilios de los demandados citados con antelación a fin de cumplimentar el emplazamiento. Sin embargo, requerir a la Junta responsable en el sentido que solicita, sería extender los efectos de la concesión otorgada, toda vez que ante la determinación de la autoridad responsable de tener por no interpuesta la demanda de la ahora quejosa respecto de las citadas personas, este juzgado de Distrito se encuentra impedido de continuar requiriendo a la junta de origen el cumplimiento del fallo protector, esto es, para que emplace a las demandadas ***************, en virtud de que la autoridad responsable en relación a lo anterior y, que constituyó el efecto del fallo protector, emitió una determinación que modificó las circunstancias que prevalecían antes del dictado de la sentencia concesoria del amparo. No se tramitó incidencia de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del cuaderno principal. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el capítulo segundo, punto cuarto, capítulo tercero, punto decimocuarto y capítulo quinto, puntos vigésimo al vigesimotercero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, y en concordancia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo quinto, punto vigesimoprimero, fracción IV, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de depuración, tal como lo dispone el punto vigesimocuarto de dicho capítulo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo tercero, puntos decimotercero, decimocuarto y capítulo quinto, punto vigesimoquinto del acuerdo normativo, en concordancia con el artículo 8 párrafo I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; dos de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido y se agrega en autos para que conste como corresponda, el oficio de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, mediante el cual, remite copia certificada de las actuaciones que obran en el juicio de origen, mismas que se tienen por exhibidas para los efectos legales conducentes. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la oficiante, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir de que sea notificado del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias con las que acredite el envío del oficio que ordenó girar al Agente del Ministerio Público en Turno del Municipio de Puente de Ixtla, Morelos, en auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.
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