José Gabriel Aviña Robles

Expediente 549/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
549/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
10/03/2023

Partes del expediente

  • José Gabriel Aviña Robles

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    En diez de marzo de dos mil veintitrés, doy cuenta a la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, con la certificación que antecede. Conste.Durango, Durango, a diez de marzo de dos mil veintitrés. Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el veintidós de agosto de dos mil veintidós, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: "No dar cumplimiento al laudo dictado el siete de mayo de dos mil veintiuno, en la controversia laboral ********************." En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "Que el Tribunal laboral de cumplimiento al numeral 145 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango y requiera el cumplimiento del fallo, realizando los apercibimientos que estime pertinentes, empero, que proceda a materializar las sanciones que correspondan, hasta lograr el cumplimiento total del fallo condenatorio." Dicho fallo causó ejecutoria el ocho de septiembre de dos mil veintidós. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficio de diez de febrero de dos mil veintitrés, el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, adjuntó copia certificada del auto de esa misma fecha, diligencia de ocho de febrero, y recibo de liquidación. Posteriormente, en oficio de veinte de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable informó que la cantidad a que fue condenada la parte demandada se encontraba depositada en dicho Tribunal Laboral a disposición del aquí quejoso; documentales con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte con dichas documentales, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto al citado cumplimiento. De lo reseñado se concluye que la responsable dio cabal cumplimiento al amparo que se concedió, como se advierte de las documentales mencionadas, al realizar los requerimientos a la parte demandada para que cumpliera con la sentencia condenatoria y además, puso a disposición de la parte quejosa un cheque por la cantidad de cincuenta y siete mil novecientos setenta dos pesos con veinte centavos. Sin que obste a lo anterior, que la parte impetrante a la fecha no se hubiera presentado ante el Tribunal Laboral, para recibir el cheque por la cantidad a que fue condenada la demandada, empero, esa circunstancia, no es atribuible a la autoridad responsable. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido de los oficios como de sus anexos que la autoridad responsable remitió con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA. ACUERDO DE 10/03/2023. n diez de marzo de dos mil veintitrés, doy cuenta a la Jueza Segundo de Distrito en el Estado de Durango, con la certificación que antecede. Conste.Durango, Durango, a diez de marzo de dos mil veintitrés. Vistos los autos del presente juicio de amparo, de los que se advierte que se hace necesario establecer si la tutela federal ha quedado cumplida o no, por lo que se procede al análisis de dicha cuestión. En resolución dictada por este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango, el veintidós de agosto de dos mil veintidós, el acto reclamado quedó precisado bajo los siguientes términos: "No dar cumplimiento al laudo dictado el siete de mayo de dos mil veintiuno, en la controversia laboral ********************." En la referida sentencia se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: "Que el Tribunal laboral de cumplimiento al numeral 145 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Tres Poderes del Estado de Durango y requiera el cumplimiento del fallo, realizando los apercibimientos que estime pertinentes, empero, que proceda a materializar las sanciones que correspondan, hasta lograr el cumplimiento total del fallo condenatorio." Dicho fallo causó ejecutoria el ocho de septiembre de dos mil veintidós. A fin de dar cumplimiento a tal sentencia de tutela, mediante oficio de diez de febrero de dos mil veintitrés, el Juez Instructor del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, adjuntó copia certificada del auto de esa misma fecha, diligencia de ocho de febrero, y recibo de liquidación. Posteriormente, en oficio de veinte de febrero de dos mil veintitrés, la autoridad responsable informó que la cantidad a que fue condenada la parte demandada se encontraba depositada en dicho Tribunal Laboral a disposición del aquí quejoso; documentales con plena eficacia, toda vez que tiene carácter público, esto de acuerdo con lo señalado en los preceptos 200 y 202 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo. Mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte con dichas documentales, sin que hubiera realizado manifestación alguna respecto al citado cumplimiento. De lo reseñado se concluye que la responsable dio cabal cumplimiento al amparo que se concedió, como se advierte de las documentales mencionadas, al realizar los requerimientos a la parte demandada para que cumpliera con la sentencia condenatoria y además, puso a disposición de la parte quejosa un cheque por la cantidad de cincuenta y siete mil novecientos setenta dos pesos con veinte centavos. Sin que obste a lo anterior, que la parte impetrante a la fecha no se hubiera presentado ante el Tribunal Laboral, para recibir el cheque por la cantidad a que fue condenada la demandada, empero, esa circunstancia, no es atribuible a la autoridad responsable. En esas condiciones, tomando en consideración los efectos de la sentencia que se dictó en el proceso constitucional y el contenido de los oficios como de sus anexos que la autoridad responsable remitió con motivo de tal acatamiento; con apoyo en el numeral 196 de la Ley de la materia, téngase por cumplido el fallo protector, sin que al respecto se advierta que se incurrió en exceso o defecto. En virtud que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda de que se trate, sentencia, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional, como la definitiva, es susceptible de destrucción una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso c) del precepto 21 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2, del aludido manual. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    AVISO PARTE QUEJOSA. ACUERDO 22/02/2023. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y sus anexos que remiten el Juez Instructor y el Secretario de Acuerdos, ambos del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, en el que dicha autoridad desahoga el requerimiento contenido en proveído de fecha quince del mes y año en curso e informa la imposibilidad para remitir la constancia de la que se advierta la recepción del cheque por el aquí quejoso, por las circunstancias a las que hace referencia. En atención a lo anterior, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio que se provee y anexos que al mismo se acompañan, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga; en su oportunidad, provéase lo conducente. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y sus anexos que remiten el Juez Instructor y el Secretario de Acuerdos, ambos del Tribunal Laboral Burocrático del Poder Judicial del Estado de Durango, en el que dicha autoridad desahoga el requerimiento contenido en proveído de fecha quince del mes y año en curso e informa la imposibilidad para remitir la constancia de la que se advierta la recepción del cheque por el aquí quejoso, por las circunstancias a las que hace referencia. En atención a lo anterior, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, con el oficio que se provee y anexos que al mismo se acompañan, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga; en su oportunidad, provéase lo conducente. Notifíquese personalmente.

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