José Francisco Tosca Barahona

Expediente 956/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 9 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
956/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
16/12/2021

Partes del expediente

  • José Francisco Tosca Barahona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación y cuenta que antecede, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista ordenada en auto de dos de diciembre del presente año, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado la autoridad responsable en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; en consecuencia, se resolverá sobre el cumplimiento al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar los siguientes antecedentes: 1. Por sentencia de doce de noviembre de dos mil veintiuno, en su primer punto resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso José Francisco Tosca Barahona, para los efectos siguientes: "[.] "El encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tabasco, vigile que el fedatario de su adscripción realice la notificación al quejoso José Francisco Tosca Barahona, del proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, en términos de los artículos 62 y 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, y en caso de que la autoridad decida señalar fecha y hora para que éste proporcione la documentación requerida, deberá notificársela en los términos de los dispositivos legales citados." [.]" De lo transcrito se desprende que los efectos de la sentencia de amparo fueron para que la autoridad responsable notificara el proveído de veinte de febrero de dos mil veinte al quejoso José Francisco Tosca Barahona. 2. Mediante oficio recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el veintiséis de noviembre del presente año, el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo relativa, remitió copia certificada de la notificación de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno dirigida al quejoso José Francisco Tosca Barahona, en la que se destaca que dicho quejoso recibió de conformidad el proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, referente a la solicitud de trámite 27190011412. Constancia a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. 3. Por tanto, en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se reservó acordar respecto del oficio anterior, hasta en tanto transcurriera el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo. 4. En razón de lo anterior, en proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y; en virtud de la reserva dictada en el auto de veintinueve de noviembre pasado, se dio vista y corrió traslado a la parte quejosa con las constancias remitidas por la responsable, con las cuales estimó dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para efecto de que manifestara lo que a su interés conviniere, sin que se haya pronunciado al respecto, no obstante haber sido legalmente notificada para ello. En las relatadas condiciones, la suscrita estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, exhibió la notificación realizada al quejoso Jose Francisco Tosca Barahona, respecto del proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, en relación a la solicitud número 27190011412 de su registro. De lo anterior, se desprende que la notificación realizada satisface los efectos con los cuales fue concedida la sentencia dictada en el presente asunto, toda vez que la parte quejosa fue sabedora del proveído de veinte de febrero de dos mil veinte. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, toda vez que este acuerdo no se emitió en la fecha que corresponde, hágasele saber al secretario judicial encargado de este asunto, que entre las obligaciones establecidas en el manual de puestos del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra la de verificar que las determinaciones de este juzgado, se emitan dentro de los plazos y términos que establece la Ley de Amparo, así como las diversas de aplicaciones supletoria; por lo tanto, se le conmina a que en lo subsecuente de cumplimiento de manera profesional a esa enmienda y en caso de reiterar su omisión se iniciara el procedimiento administrativo correspondiente. Notifíquese.

  2. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el doce de noviembre de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a José Francisco Tosca Barahona; por lo que con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REQUERIMIENTO A LA RESPONSABLE. En la sentencia de mérito se concedió el amparo y protección a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "El encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tabasco, vigile que el fedatario de su adscripción realice la notificación al quejoso José Francisco Tosca Barahona, del proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, en términos de los artículos 62 y 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, y en caso de que la autoridad decida señalar fecha y hora para que éste proporcione la documentación requerida, deberá notificársela en los términos de los dispositivos legales citados." Ahora, de la certificación secretarial se advierte, que en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se reservó proveer respecto del oficio signado por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad; por lo que al respecto, se acuerda: con el oficio DT/SRAJ/1379/2021, se tiene a la citada autoridad remitiendo copia certificada de la constancia de notificación de veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, de la credencial para votar a nombre de José Francisco Tosca Barahona y del acuerdo de veinte de febrero de dos mil veinte. Por lo tanto, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, para que exprese lo que a su interés legal convenga respecto a la constancia remitida por la autoridad responsable; apercibiéndola que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo señalado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito o la imposibilidad jurídica en su caso, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la Junta responsable, de conformidad con la tesis 2ª./J.26/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, del Tomo XI, Marzo de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo rubro: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 956/2021-9, promovido por **************, contra los actos que reclama del Delegado en Tabasco del Registro Agrario Nacional, con residencia en esta ciudad., por estimarlos violatorios de los artículos 8 y 35, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes, por **************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridad que a continuación se detallan: A C T O R E C L A M A D O "La omisión o falta de inscripción de la enajenación de derechos parcelarios". A U T O R I D A D R E S P O N S A B L E "Delegado del Registro Agrario Nacional de la Delegación Tabasco". SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se tuvo por admitida la demanda de amparo, registrándolo con el número 956/2021-9, por lo tanto, se requirió a las autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO.- AMPLIACIÓN. En proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable, por lo que en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes. En proveído de cinco de octubre de dos mil veintiuno de este año, se tuvo a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo, por los siguientes actos: "La falta de notificación del acuerdo de prevención de fecha 20 de febrero de 2020. La falta de espacio para solicitar una cita en la página de internet del Registro Agrario Nacional que de la opción de acudir a continuar trámites iniciados o recibir notificaciones". CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La omisión de acordar la solicitud de trámite 27190011412, presentada el diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve y su notificación. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tabasco, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de los actos reclamados. Lo que se corrobora con las copias certificadas del acuerdo de prevención de veinte de febrero de dos mil veinte, emitida en la solicitud 27190011412que adjuntó al rendir su informe justificado, sin que se advierta las contancias de notificación a las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, página 452, Novena Época, Registro 204370 de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. OMISION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE REMITIR CONSTANCIAS EN EL. La omisión de las autoridades responsables de acompañar pruebas a su informe justificado, para acreditar la legalidad del acto reclamado, sólo da lugar a imponerles determinada multa, pero ello no releva a los quejosos de demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que los quejosos tienen la carga de la prueba conforme lo dispone el párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no sea inconstitucional en sí mismo. Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que el juez de Distrito, conforme lo establece el último párrafo del artículo 78 reformado de la ley antes aludida, tiene la obligación de recabar oficiosamente las pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y considere necesarias para la resolución del asunto, pues tal reforma alude a que el juez de amparo debe recabar de oficio "pruebas", mas no constancias, porque éstas pueden consistir en elementos diversos de aquellos que tuvo en cuenta la responsable para emitir el acto reclamado, y son precisamente estas "pruebas" las que corresponde al quejoso allegar al juicio de garantías, en términos del primero de los preceptos mencionados." Por lo tanto, se tienen por cierto los actos reclamados. CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 624 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADO FEDERAL. Es fundado el concepto de violación, respecto a que la Junta responsable transgrede en perjuicio de la quejosa el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se traduce en una violación al derecho fundamental consistente en la impartición de justicia de manera pronta y expedita, esto es, dentro de los términos y plazos que fija la ley de la materia. En efecto, de acuerdo a los lineamientos preceptuados por el dispositivo constitucional en comento y las reglas contenidas en este caso el Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, se aprecia lo fundado de la transgresión al citado numeral de la Carta Magna, pues al estar probada la existencia del acto reclamado también se demuestra su inconstitucionalidad al ser un acto de naturaleza omisiva. Luego, el numeral constitucional en análisis encierra diversas prerrogativas individuales, pero teniendo en cuenta las características propias del caso, nuestro estudio sólo lo enfocaremos a la de impartición de justicia dentro de los plazos legales. Ahora bien, para demostrar la conclusión anunciada es menester transcribir el contenido del segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales". Del artículo transcrito se desprende que el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, implica que todo justiciable tiene derecho a que las controversias que sean sometidas a la potestad judicial serán tramitadas por tribunales, que están obligados a impartir la justicia en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables al caso, de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, los encargados de impartir justicia tienen la obligación de hacerlo de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, pues no basta que el justiciable acuda ante el órgano jurisdiccional a instar la solución de una controversia, sino que dicho acceso a la justicia debe ser eficaz, lo cual se traduce en obtención de una resolución dictada conforme a la ley aplicable al hecho y decida si al peticionario le asiste o no la razón. Ahora bien, es pertinente precisar a qué se refieren los principios que integran la prerrogativa constitucional de acceso a la justicia, los cuales se traducen en lo siguiente: a) Justicia pronta: se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de realizar las diligencias y resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; b) Justicia completa: consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; c) Justicia imparcial: significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, d) Justicia gratuita: que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público En ese contexto, se satisface el derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal cuando se realizan los emplazamientos y se cita a las partes a las audiencias dentro de los plazos y términos que establecen las leyes aplicables, así como que se emita la resolución dentro de los mismos términos en la cual se resuelve si asiste o no la razón sobre los derechos solicitados; resolución que será apegada a derecho y sin que los órganos encargados de la impartición cobren a los justiciables por la prestación de ese servicio público. Lo anterior encuentra sustento en la Jurisprudencia 2a./J. 192/2007, visible en la página 209 del Tomo XXVI, Octubre de 2007, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 171257, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En ese orden de ideas, la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tabasco, de conformidad con el artículo 17 Constitucional está obligado a impartir en forma pronta, completa, gratuita e imparcial la administración de justicia en los asuntos del ámbito de su competencia, como el que reclama la parte quejosa en esta vía, obligación que incluye impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes aplicables. Por su parte, los artículos 62 y 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, establece lo siguiente: Artículo 62. Las notificaciones se podrán realizar: I. Al interesado, representante legal o autorizado para oír notificaciones, sí se presentan en las oficinas del Registro; II. Por correo certificado con acuse de recibo, si se señala domicilio; III. Por correo electrónico, si se señala como medio para recibir notificaciones; IV. Por edicto publicado en uno de los periódicos de mayor circulación de la Entidad Federativa de que se trate, o en el Diario Oficial de la Federación cuando transcurridos más de tres meses sin que el promovente se haya dado por notificado de la resolución que corresponda o se ignore el domicilio de la persona que se vaya a notificar, y V. A través de la Procuraduría Agraria cuando el promovente haya autorizado a ésta en su solicitud de trámite. Artículo 63. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo anterior, el Registro establecerá los mecanismos de coordinación con la Procuraduría para que, con el apoyo del Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales, por medio de cédulas que se coloquen en los lugares más visibles del ejido, se haga del conocimiento de los ejidatarios o comuneros un extracto de las calificaciones registrales emitidas por el Registro, con el fin de que tengan conocimiento de las mismas y, en su caso, puedan acudir a la Delegación que les corresponda para notificarse de las mismas. Del dispositivo transcrito se desprende que las notificaciones, se podrán realizar al interesado, representante legal o autorizado para oír notificaciones, sí se presentan en las oficinas del Registro; por correo certificado con acuse de recibo, si se señala domicilio; por correo electrónico, si se señala como medio para recibir notificaciones; y por edicto publicado en uno de los periódicos de mayor circulación de la Entidad Federativa de que se trate, o en el Diario Oficial de la Federación cuando transcurridos más de tres meses sin que el promovente se haya dado por notificado de la resolución que corresponda o se ignore el domicilio de la persona que se vaya a notificar, y a través de la Procuraduría Agraria cuando el promovente haya autorizado a ésta en su solicitud de trámite. Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo anterior, el Registro establecerá los mecanismos de coordinación con la Procuraduría para que, con el apoyo del Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales, por medio de cédulas que se coloquen en los lugares más visibles del ejido, se haga del conocimiento de los ejidatarios o comuneros un extracto de las calificaciones registrales emitidas por el Registro, con el fin de que tengan conocimiento de las mismas y, en su caso, puedan acudir a la Delegación que les corresponda para notificarse de las mismas. En esa medida, se desprende la autoridad responsable, no cumplió con lo establecido en las disposiciones transcritas, por lo que es evidente que se transgredió el numeral constitucional analizado. En efecto, se advierte que si bien el Registro Agrario Nacional, Delegación Tabasco, por conducto del registrador integral emitió el acuerdo de prevención de veinte de febrero de dos mil veinte, recaído a la solicitud 27190011412, tramitada por la parte quejosa. Del contenido del citado acuerdo, se desprende que se ordenó notificar al promovente para que surtiera los efectos legales que hubiera lugar, y publicar en el boletín registral, en términos de los artículos 60, 62 y 64 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional. Sin embargo, de las documentales remitidas por la autoridad responsable no se advierten las constancias de notificación realizadas a las partes, por conducto de su notificador de su adscripción, sin que se encuentre justificada en autos esa omisión. No obsta a lo anterior, que la autoridad responsable al rendir su informe justificado relacionado con la ampliación de la demandada, haya señalado fecha y hora para que la parte quejosa se presente para proporcionar la documentación requerida. Sin embargo, no se advierte tampoco que la responsable le haya notificado a dicho quejoso tal fecha y hora. SEXTO. EFECTOS CONCESORIOS DEL AMPARO. En consecuencia, atendiendo a la prerrogativa denominada derecho a la jurisdicción, consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial que consagra el artículo 17 constitucional, lo procedente es, de conformidad con los numerales 74 y 77 de la Ley de Amparo, conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitados, para el efecto de que: El encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tabasco, vigile que el fedatario de su adscripción realice la notificación al quejoso **************, del proveído de veinte de febrero de dos mil veinte, en términos de los artículos 62 y 63 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, y en caso de que la autoridad decida señalar fecha y hora para que éste proporcione la documentación requerida, deberá notificársela en los términos de los dispositivos legales citados. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En auto de veinte de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a **************, por las razones y para los efectos expuestos en los considerandos QUINTO y SEXTO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de esta sentencia, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que en proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el oficio remitido por el Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, por lo que el plazo de los ocho días, transcurrirá del veinticinco de octubre al cinco de noviembre del presente año, con excepción de los días inhábiles que dispone el artículo 19 del citado ordenamiento legal y la circular 9/2021 de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, en el que el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en la sesión ordinaria de esa misma fecha el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó declarar como días no laborales el uno y dos de noviembre de este año, por lo que no correrán los términos de ley. Por lo anterior, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy y se señala como nueva fecha para su celebración las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Sustenta lo anterior, el precedente con registro 191995, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XI, de abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Notifíquese.

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