José Francisco Torres Cepeda
Expediente 1357/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1357/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- José Francisco Torres Cepeda
- Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, seis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 1357/2021-1, promovido por José Francisco Torres Cepeda, contra acto de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se advierte que no fue desahogada la vista dada en proveído de diez de marzo del año en curso, en el que se puso a la vista el oficio y anexo de la citada autoridad. Por tanto, procede analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida en base a las constancias allegadas por la autoridad de referencia. En el presente asunto, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución incidental de liquidación de laudo de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el expediente laboral 934/2017. Seguido el juicio de amparo en todas sus etapas, el veintisiete de enero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que se dejara insubsistente la resolución incidental reclamada y en su lugar, se dictara otra en la que se dejara intocado lo que no fue materia de dicha concesión, y calculara el monto de las prestaciones a partir del tres de septiembre de dos mil diecinueve, en que quedó firme la acción principal, además, calculara la actualización anual de la cuantía en los términos que dispone el artículo 68 de la Ley del Seguro Social, así como los que se fueren generando hasta el total cumplimiento de la condena (fojas 211 a 217); resolución que causó ejecutoria el veintitrés de febrero siguiente, al no haberse recurrido por las partes (foja 231). Para observar la ejecutoria de mérito, la Presidente de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, remitió copia de la resolución incidental de liquidación de siete de marzo del año en curso. Por tanto, se determina que con dicho proceder el mismo ha quedado cumplido desde el siete de marzo de dos mil veintidós, en que se emitió la resolución incidental respectiva, en el expediente 934/2017. En consecuencia, con apoyo en los numerales 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo General, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión.Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibido el oficio 767/2022 del Presidente de la Junta Especial Numero Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa los actos realizados al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en este asunto. En atención a ello, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada con el oficio de cuenta, para que dentro del término de tres días, computados legalmente, manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento que da la autoridad responsable, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el entendido que de no hacer manifestación alguna en el término indicado, este órgano de control constitucional se pronunciará respecto del citado cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en autos. Apoya lo dicho, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Diciembre de 1999, visible en la página 728, (registro 192631), de rubro: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercera interesada.Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez , Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, por tanto, con fundamento en el artículo 2°, de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a José Francisco Torres Cepeda, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con apoyo en el artículo 192, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días contado a partir de aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, informe a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento dado al fallo protector, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, con apoyo en el numeral 258 de la Ley de la Materia, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
S E N T E N C I A V I S T O los autos que integran el juicio de amparo 1357/2021-1; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, residente en Reynosa, turnado a este órgano de control constitucional, ********************, en representación de ********************, promovió juicio de amparo contra acto de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con asiento en esta ciudad, por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales a que se refieren los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (fojas 1 a 7). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda con el número 1357/2021-1; se pidió informe justificado a la autoridad responsable; se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; fue señalada fecha para la audiencia constitucional (fojas 13 a 15); y se emplazó al tercero interesado ******************** (fojas 18 y 19). Integrado el expediente, la audiencia constitucional se desahogó el tres de enero de dos mil veintidós, en los términos del acta que antecede (fojas 209 y 210); y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Punto Cuarto, fracción XIX, párrafo cuarto, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que conforme a los preceptos legales invocados, al no ser este Juzgado de materia especializada, le corresponde conocer de todos los asuntos a que se refiere el Título Segundo, Capítulo I, de la Ley de Amparo, aunado a que la resolución reclamada fue emitida por autoridad responsable con residencia en la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara que en este asunto el acto reclamado es: Resolución incidental de liquidación de laudo de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el expediente ********************, relativo al juicio laboral promovido por ******************** contra el ********************. Apoya tal precisión, la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. La Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de la Presidente, con sede en esta ciudad, al rendir informe justificado acepta el acto que se le atribuye (foja 24). Lo que se corrobora con la documental pública que allegó, consistente en copia fotostática certificada de las constancias del expediente ********************, relativo al juicio laboral promovido por ******************** contra el ********************, de la que se advierte la determinación reclamada (fojas 25 a 169). Tal documental, al ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, párrafo segundo. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia 226 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Estudio de fondo. Las partes no hicieron valer causas de improcedencia ni este órgano de control constitucional advierte alguna que deba analizarse de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, y que amerite el sobreseimiento en el juicio, por lo que se procede al examen de los conceptos de violación, que no se transcriben por no exigirlo los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. En ese aspecto, es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Cabe mencionar que al ser el quejoso trabajador, opera en su favor la figura jurídica de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, de conformidad con el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. En ese sentido, del estudio efectuado a las constancias que obran en autos, se llega a la conclusión que los motivos de disenso esgrimidos resultan esencialmente fundados, por los motivos que enseguida se exponen. El impetrante se duele de que la responsable violenta en su perjuicio los derechos humanos, entre otros, de legalidad, fundamentación, motivación, seguridad jurídica y justicia completa, contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 Constitucionales, además, infringe el numeral 842 de la Ley Federal del Trabajo. Ello, porque realizó una cuantificación errónea al señalar equivocadamente que el laudo a cumplimentar es del siete de febrero de dos mil veinte, pasando por alto el fallo anterior, de tres de septiembre de dos mil diecinueve, donde se reconoció el riesgo de trabajo, y no cuantifica los aumentos al salario. En primer término, en lo que interesa, se citan los antecedentes del acto reclamado que obran en autos: 1. Laudo de tres de septiembre de dos mil diecinueve, cuyos resolutivos son: "PRIMERO.- El actor ******************** acreditó su acción y el demandado ********************, no justificó sus excepciones y defensas. SEGUNDO.- Se reconoce que el actor ********************, es portador de una incapacidad total permanente derivada de riesgo de trabajo. TERCERO.- Se condena al ******************** a otorgar a la parte actora la pensión por incapacidad permanente total prevista en el artículo 58-II de la Ley del Seguro Social, a partir de la fecha de emisión de este laudo, en la forma y términos establecida en la parte considerativa, ordenándose la apertura del incidente de liquidación para cuantificar los pagos que se generen a partir de la fecha de emisión del laudo hasta el instante de cumplimiento. CUARTO.- Se absuelve a la demandada ******************** de las prestaciones del inciso f) que el actor estableciera en su contra. QUINTO.- Se concede al ******************** el término de quince días para que den cumplimiento en forma voluntaria a esta resolución, como lo contempla el numeral 945 de la Ley Federal del Trabajo." (fojas 36 a 43). 2. Contra dicha determinación, el apoderado del actor, aquí quejoso, promovió juicio de amparo directo ********************, del índice del Segundo Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, residente en esta ciudad, en el que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 70 a 87), por lo que en cumplimiento a tal fallo, se emitió el laudo de veinte de febrero de dos mil veinte, siendo la parte considerativa, en lo que interesa, y puntos conclusivos los siguientes: " C O N S I D E R A N D O: III. para el cumplimiento de esta resolución se deberá tomar como base el salario de $******************** ********************, que señala el actor en su demanda, por lo que será el que habrá de considerarse para establecer la pensión diaria, la que en un 70% equivale a $******************** diarios, la que deberá incrementarse de conformidad al artículo 68 de la Ley del Seguro Social, por lo que las prestaciones que se generen a partir de la fecha del laudo anterior (tres de septiembre de 2019, quedó firme la acción principal) deberán ser cuantificadas en incidente de liquidación. R E S U E L V E "PRIMERO.- En cumplimiento a la ejecutoria emitida en el Amparo Directo Número ********************, se deja insubsistente el laudo de fecha 3 de septiembre de 2019.- El actor ******************** acreditó su acción y el demandado ********************, no justificó sus excepciones y defensas. SEGUNDO.- Se reconoce que el actor ********************, es portador de una incapacidad total permanente derivada de riesgo de trabajo. TERCERO.- Se condena al ******************** a otorgar a la parte actora la pensión por incapacidad permanente total prevista en el artículo 58-II de la Ley del Seguro Social, en la forma y términos establecida en la parte considerativa de esta resolución, ordenándose la apertura del incidente de liquidación para cuantificar correspondiente. CUARTO.- Se absuelve a la demandada ******************** de las prestaciones del inciso f) que el actor estableciera en su contra. QUINTO.- Se concede al ******************** el término de quince días para que den cumplimiento en forma voluntaria a esta resolución, como lo contempla el numeral 945 de la Ley Federal del Trabajo." (fojas 100 a 107). 3. Contra tal laudo, el apoderado del demandado, aquí tercero interesado, promovió juicio de amparo directo ********************, del índice del referido Tribunal Colegiado, en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 139 a 155). 4. Una vez agotado el trámite del incidente de liquidación promovido por el actor, aquí impetrante, se emitió la respectiva interlocutoria el trece de agosto de dos mil veintiuno, que constituye el acto reclamado, en el que se concluyó: "PRIMERO:- Es procedente el Incidente de Liquidación promovido por la parte actora. SEGUNDO.- Se cuantifica la condena impuesta al demandado ******************** mediante laudo firme de fecha 07 de febrero del año 2020, habiéndose cuantificado dicho incidente del 07 de febrero del año 2020 a la fecha en que se actúa, con los incrementos correspondientes al salario mínimo promedio en los términos establecidos en la tabla que antecede, y el mismo se calculó en base al artículo 58 fracción II y IV de la Ley del Seguro Social Vigente; Por lo que se condena al ********************, a otorgar al actor el C. ********************, la cantidad de $******************** ********************. (********************M.N.), lo anterior salvo error u omisión de carácter aritmético." (fojas 165 a 167). Ahora bien, se considera que lo resuelto por la junta responsable vulnera los principios de congruencia externa y cosa juzgada. En efecto, la resolución incidental de liquidación de laudo, debe ser emitida sin modificar, anular o sobrepasar las bases fijadas en el laudo, pues en ella únicamente se liquidan las prestaciones que no fueron determinadas en cantidad cierta en el fallo definitivo, por ende, debe ajustarse a la condena decretada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia I.1o.T. J/67 del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, del rubro y texto: "INCIDENTE DE LIQUIDACION. DEBE CONCRETARSE A LOS TERMINOS DEL LAUDO. De la interpretación armónica de los artículos 843 y 946, ambos de la Ley Federal del Trabajo, se obtiene claramente que la resolución que se pronuncie en el incidente de liquidación, deberá ceñirse a los términos señalados en el laudo definitivo, pues es en esta resolución, conforme al primero de los invocados preceptos, cuando se trata de prestaciones económicas, donde se cuantifica el importe de la prestación, para que posteriormente se despache ejecución dentro de los lineamientos expresamente señalados en el laudo, según se desprende del segundo de los citados artículos." Luego, si en el laudo se fijó la fecha a partir de la cual deben generarse las prestaciones, hasta el cumplimiento, así como el salario que deberá tomarse en consideración y sus posteriores incrementos para ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Seguro Social, no es correcto que en la interlocutoria se haya modificado tal fecha ni que se haya anulado el pago de los incrementos al salario base para cuantificar la condena impuesta. Ello, porque la cosa juzgada es una figura que se relaciona con el derecho de acceso a la justicia previsto en el numeral 17 y se vincula con la seguridad jurídica a que alude el diverso 14, párrafo segundo, ambos de la Carta Magna, que implica la garantía de que la resolución que dirime esa controversia será respetada con todas las consecuencias jurídicas que esta conlleve y, por ende, podrá ejecutarse, pues de lo contrario, el derecho de acceso a la justicia no sería efectivo. La institución procesal de la cosa juzgada se relaciona con el derecho de acceso a una justicia completa y efectiva, además, se vincula a la seguridad jurídica, en la medida en que se identifica con una sentencia que al provenir de un juicio concluido, en el que se presume fueron cumplidas las formalidades esenciales del procedimiento, constituye una verdad legal que ya no es susceptible de discusión. Resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 85/2008 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales." En ese tenor, si en el laudo de veinte de febrero de dos mil veinte, se estableció que las prestaciones se generarán a partir de la fecha del laudo anterior, esto es, tres de septiembre de dos mil diecinueve, en que quedó firme la acción principal, entonces es contradictorio que en la resolución reclamada se haya establecido: ". por lo anterior se procede a realizar la cuantificación a partir del 07 de febrero del año 2020." Por otra parte, no se ve reflejada en la interlocutoria reclamada, la actualización anual de la cuantía de la aludida pensión, en los términos que dispone el artículo 68 de la Ley del Seguro Social, tomando como base el salario que asciende a la cantidad de $******************** ******************** (ciento noventa y un ******************** 08/100 moneda nacional) diarios, dado que se apuntó: ". es de verse que el incremento porcentual a los salarios mínimos al año 2021 6%...", sin que se establezca el origen de ese incremento, es decir, se ignora si es conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, como lo dispone el mencionado dispositivo legal. Aunado a lo expuesto, y debido a la incongruencia en que se incurrió, no se tomó en cuenta el incremento al salario correspondiente al año dos mil veinte. Por lo que se concluye que en la determinación reclamada, la autoridad modificó y anuló las bases fijadas en el respectivo laudo, con lo infringió el principio de cosa juzgada. Consecuentemente, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. QUINTO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77, fracción I, de la Ley de la Materia, la protección federal se concede para que la autoridad responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente la resolución incidental de liquidación de laudo de trece de agosto de dos mil veintiuno, emitida en el expediente laboral ********************. 2. En su lugar dicte otra, donde deje intocado lo que no es materia de esta concesión, y calcule el monto de las prestaciones a partir del tres de septiembre de dos mil diecinueve, en que quedó firme la acción principal, además, calcule la actualización anual de la cuantía en los términos que dispone el artículo 68 de la Ley del Seguro Social, así como los que se vayan generando hasta el total cumplimiento de la condena. Por último, cabe destacar que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la actual Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, para la resolución de la presente sentencia, es aplicable la jurisprudencia integrada conforme a la legislación de la materia abrogada que no se contrapone a lo previsto en la ley vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, en el juicio de amparo 1357/2021-1, promovido por conducto de ********************, respecto del acto reclamado a la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, precisados en los considerandos segundo y tercero, por los motivos descritos en el diverso cuarto y efectos indicados en el quinto del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante , Secretario de Juzgado que autoriza y da fe hoy veintisiete de enero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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