Jose Francisco Torres Castellano

Expediente 1164/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1164/2023
Año
2023
Actuaciones
14
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Jose Francisco Torres Castellano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    MESA IV.- Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días para la interposición del recurso de revisión, que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, sin que el promovente del juicio de amparo lo haya hecho valer en contra del auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Consecuentemente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Glósese a los presentes autos el incidente de suspensión derivado del presente juicio. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en los artículos 20, párrafo primero, fracción II, y 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del siete de junio de dos mil veintitrés).; por tanto, el principal es susceptible de destrucción y el incidente de conservación. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 17, párrafo primero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, solicítese la transferencia del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Además, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 20 del citado Acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada Dirección. Sin necesidad de proveer con motivo de garantía alguna, toda vez que no fue exhibida dentro del incidente de referencia. Del mismo modo, se advierte de autos que la autoridad responsable ********************, Juez de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con sede en Xochitepec, remitió un disco en formato digital; en consecuencia, al no ser indispensable la retención de las mismas; devuélvase dicho medio de almacenamiento digital, sin necesidad de que sea remitido acuse de recibo, toda vez que el sello de recepción hará las veces del mismo. Finalmente, se hace notar que en el presente juicio de amparo no obran documentos originales. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV.- Visto lo de cuenta, agréguese a los autos la razón levantada por el Actuario de la adscripción, mediante el cual, manifiesta la imposibilidad de emplazar al tercero interesado ******************** Agente del Ministerio Público, quien intervino en la carpeta de investigación en la causa penal ********************, por los motivos que ahí expone. Al respecto, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, lo anterior, toda vez que mediante auto de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, se determinó sobreseer fuera de audiencia el presente asunto. Notifíquese. JRL

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que: 1. En audiencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en los autos de la causa penal ********************, se dictó auto de vinculación a proceso contra el aquí quejoso José Francisco Torres Castellano, por su probable intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en concordancia con los diversos 7, fracción II (delito permanente), 8 (hipótesis de dolo), 9 párrafo primero (acción dolosa) y 13, fracción II (autor material), todos del Código Penal Federal (Fojas 27 a 29). 2. En la propia audiencia se le impuso como medida cautelar la de prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 155, fracción XIV y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 92 y 83, fracción II, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual debería de ejecutarse en el Centro Estatal de Reinserción Social "Morelos", ubicado en Atlacholoaya, vigente por el tiempo que durara el proceso (Foja 29 vuelta). 3. En su demanda de amparo, el quejoso José Francisco Torres Castellano, señaló como acto reclamado el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************, así como la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y su ejecución (Foja 2 vuelta). 4. El veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo en cita (Fojas 13 a 18). 5. En auto de doce de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio número 9841/2023, suscrito por la autoridad responsable Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en Xochitepec; y de las constancias que adjuntó en copia auténtica de la causa penal ********************, se advierte que el siete de septiembre de dos mil veintitrés, emitió sentencia dentro del procedimiento abreviado, en la que declaró al aquí quejoso José Francisco Torres Castellano, penalmente responsable con carácter de autor material, de la comisión del delito Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, imponiéndole las penas de DOS AÑOS SEIS MESES DE PRISIÓN, y multa de CUARENTA Y DOS veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a $4,357.08 (cuatro mil trescientos cincuenta y siete pesos 08/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional); determinación que se declaró firme el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, dado que las partes renunciaron al plazo con el que cuentan para recurrir dicha sentencia (Fojas 48 a 67). Las constancias aludidas y remitidas por la responsable, relativas a las actuaciones de la causa penal ********************, merecen valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2 de la ley de la materia. Misma consideración merecen las videograbaciones remitidas en un disco compacto, que contienen la audiencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal ********************, de las que deriva el acto reclamado en esta instancia constitucional; habida cuenta que dicho medio de convicción tiene naturaleza documental para los efectos del presente juicio de amparo. En lo conducente, se cita la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), registro 2004362, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto, siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." En ese contexto, tocante al acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso, el numeral 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII.- Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. (.)" En la especie se surte esa causa de improcedencia, por virtud del consentimiento del auto de vinculación reclamado por la parte quejosa, toda vez que el siete de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de los autos de la causa penal ********************, se admitió y autorizó el procedimiento abreviado propuesto por la Fiscalía, respecto del quejoso José Francisco Torres Castellano, a quien se le dictó sentencia condenatoria, por el delito Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, imponiéndole las penas de DOS AÑOS SEIS MESES DE PRISIÓN, y multa de CUARENTA Y DOS veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a $4,357.08 (cuatro mil trescientos cincuenta y siete pesos 08/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), la cual se declaró firme el día siguiente. Lo anterior es así, ya que del examen de los artículos 183, primer párrafo, 185 y 201, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es factible colegir que la adopción del procedimiento abreviado como forma de terminación anticipada de un proceso penal importa que la parte sujeta a proceso acepte la responsabilidad en el delito materia de imputación, así como ser sentenciado con los datos de prueba que en su caso exponga la fiscalía, en aras de obtener un beneficio concreto, como puede ser una reducción de la pena cuya imposición proceda. Por ende, se considera que si el quejoso optó por someter la controversia a un mecanismo de terminación anticipada del proceso que importa la aceptación de su responsabilidad en los hechos materia de imputación; ello implica consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso que en su caso se hubiese dictado, en el contexto de la búsqueda de una solución alterna construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal. Más aún, porque las transgresiones aludidas contra la determinación de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la que la responsable dictó vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, quedaron superadas por la renuncia expresa al juicio oral y se consintió la aplicación del procedimiento abreviado, como lo hizo constar la autoridad responsable al emitir la sentencia definitiva de siete de septiembre pasado. Por tanto, es evidente que en el caso se encuentra demostrado el consentimiento expresado por el imputado, aquí quejoso, respecto del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra, al acogerse al procedimiento abreviado que derivó en el dictado de la sentencia definitiva correspondiente en el proceso penal primigenio, que efectivamente resultó condenatoria. Bajo esa circunstancia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61, en relación con el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio fuera de audiencia promovido contra el acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en audiencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************. Orienta lo anterior la tesis 1a.XXXI/2021(10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2023539, de rubro siguiente: "RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA UN AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. DEBE TENERSE POR CONSENTIDA CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO Y CON POSTERIORIDAD LA PARTE QUEJOSA ACEPTA QUE LA CAUSA PENAL QUE SE SIGUE EN SU CONTRA SE RESUELVA A TRAVÉS DE UN PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE ES AUTORIZADO JUDICIALMENTE. Hechos: Al promover un juicio de amparo indirecto la parte quejosa reclamó la resolución de segunda instancia que confirmó un auto de vinculación a proceso que pesa en su contra, en el que alegó la inconstitucionalidad de los artículos 114 y 117, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ante la negativa del amparo decretada interpuso recurso de revisión, el cual fue remitido a este alto tribunal para conocer del reclamo de inconstitucionalidad de esos preceptos. Con posterioridad el recurrente aceptó que la causa penal fuera resuelta a través de un procedimiento abreviado en el que le fue dictada sentencia. Criterio jurídico: Cuando la parte quejosa reclama la resolución de apelación que confirma un auto de vinculación a proceso y con posterioridad otorga su aceptación para que la causa penal sea resuelta a través de un procedimiento abreviado, el cual es autorizado por el órgano jurisdiccional, ello actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues dicha aceptación constituye un consentimiento de la acusación, su responsabilidad en la comisión de los hechos y a ser juzgada con los datos de prueba que sustentaron el auto de vinculación que pesa en su contra. Justificación: Lo anterior, porque el procedimiento abreviado es instituido como una forma anticipada de resolución de la controversia penal que constituye una negociación entre la fiscalía y la defensa para que se emita una sentencia condenatoria una vez que el imputado ha sido vinculado a proceso y consiente la acusación, acepta su responsabilidad y admite ser sentenciado con base en los datos de prueba de la fiscalía a cambio de una reducción en la pena, siempre que se haya garantizado la reparación del daño, en caso de que exista, tal y como disponen los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo tanto, siguiendo la lógica de lo resuelto por esta Primera Sala al emitir la jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), de título: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO.", si un amparo es interpuesto en contra de una resolución que confirma un auto de vinculación a proceso, y posteriormente el quejoso expresamente acepta la instauración del procedimiento abreviado, el cual es autorizado judicialmente, tal reconocimiento constituye un consentimiento del acto reclamado, pues conforme a las reglas diseñadas para ese procedimiento, la persona imputada emite una aceptación de manera libre e informada de su participación en los hechos delictuosos, como a ser juzgada con el contenido de los datos de prueba que sustentaron la acusación ministerial y la emisión del auto de vinculación a proceso que pesa en su contra, lo cual actualiza la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo." Así como la jurisprudencia sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 461, del Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2014495, que dice: "CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Luego, en relación al acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y su ejecución, decretada en audiencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, se advierte que en el presente asunto se actualiza la diversa causal prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El precepto normativo transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, ya que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sentado lo anterior, debe decirse que, en el caso concreto, se actualiza la causal invocada, en virtud de que de las constancias que obran en autos y que fueron remitidas por la juez responsable en copia certificada, se advierte que el siete de septiembre de dos mil veintitrés, dentro de los autos de la causa penal ********************, se admitió y autorizó el procedimiento abreviado propuesto por la Fiscalía, respecto del quejoso José Francisco Torres Castellano, a quien se le dictó sentencia condenatoria, por el delito Portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, imponiéndole las penas de DOS AÑOS SEIS MESES DE PRISIÓN, y multa de CUARENTA Y DOS veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalentes a $4,357.08 (cuatro mil trescientos cincuenta y siete pesos 08/100 moneda nacional), a razón de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), la cual se declaró firme el día siguiente (fojas 50 a 66). De lo anterior, se desprende que ya cesó la prisión preventiva oficiosa, pues en el resolutivo octavo de la sentencia aludida expresamente se estableció que la medida cautelar previamente impuesta seguiría surtiendo efectos hasta que la propia sentencia quedará firme, lo que ocurrió el día siguiente de su emisión; de forma tal a partir del ocho de septiembre de dos mil veintitrés, cesaron los efectos de la prisión preventiva reclamada y cobró vigencia la diversa prisión punitiva respecto de la cual inclusive la juez responsable le concedió al aquí quejoso los beneficios establecidos en los artículos 70, fracciones I y II, y 90, del Código Penal Federal; en consecuencia, la autoridad responsable hizo cesar la violación reclamada, con lo que también se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad de los actos reclamados. Sustenta lo anterior la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, con número de registro 193758, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. IX, junio de 1999, novena época, p. 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." No es óbice a lo anterior la jurisprudencia 1ª/J.44/2022 (11a.), publicada en la página 2299, del Tomo II, Julio de 2022, Undécima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "ESTUDIO CONSTITUCIONAL DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXI, DE LA LEY EN LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO HA SIDO LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, AUN SI SOBREVIENE UNA RESOLUCIÓN DE REVISIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES QUE LA CONFIRMA.", ya que el presente criterio se refiere a que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado ha sido la imposición de la prisión preventiva, si sobreviene una resolución de revisión de medidas cautelares que confirman ésta, al encontrarse el quejoso privado de su libertad con motivo de la prisión preventiva; lo que no acontece en el caso, puesto que como se acreditó con el dictado de la sentencia con motivo del procedimiento abreviado el siete de septiembre de dos mil veintitrés, aquella no es una resolución de medidas cautelares y, además como ya se dijo, ha quedado insubsistente la prisión preventiva, dando origen a una prisión punitiva a partir del ocho del mes y año que transcurren al encontrarse firme la sentencia. Pero independiente a lo anterior, en relación al citado acto reclamado, también se actualiza la diversa causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.).". Conforme a la intelección de este precepto, se obtiene que si el acto reclamado originariamente ha sido sustituido por uno diverso, por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica de la parte quejosa, debe decretarse el sobreseimiento, al considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas, ya que no podría decidirse en el juicio constitucional sin afectar la nueva situación jurídica. Sirven de apoyo a lo anterior, en lo conducente, las tesis aisladas cuyos datos de localización, rubro y contenido son: Del numeral que antecede se advierte que para la actualización de esta causa de improcedencia comúnmente denominada "cambio de situación jurídica", se requieren los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que el promovente del amparo se encuentre en un estado jurídico determinado, es decir, que aquel acto procedimental haya definido su posición frente al orden jurídico; c) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; d) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. Ello es así, ya que el acto que inicialmente reclamado por la parte quejosa fue la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y su ejecución, decretada en audiencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, dentro de los autos de la causa penal ******************** sin embargo, la libertad personal del quejoso ya no se rige por tal medida cautelar sino por la sentencia de siete de septiembre de dos mil veintitrés. De este modo, no puede decidirse sobre la constitucionalidad de la determinación administrativa reclamada sin afectar la nueva situación jurídica, porque existe independencia entre el acto reclamado y la nueva resolución dictada. En consecuencia, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las once horas con cinco minutos del veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa

  4. Principal

    MESA IV. Téngase por hecha la certificación secretarial que antecede, para que surta los efectos legales a que haya lugar. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no es posible llevar a cabo el desahogo de la audiencia constitucional señalada para hoy, en virtud de que no obra constancia de emplazamiento del tercero interesado Agente del Ministerio Público *****, que intervino en la carpeta de investigación en la causa penal *****, toda vez que en auto de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, se comisionó al actuario adscrito el emplazamiento de dicha parte procesal, sin que a la fecha obre en autos la constancia respectiva, dada la cercanía con la citada determinación. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la presente audiencia y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para su celebración. Notifíquese

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · 15,924 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano