Jose Francisco Sosa Ramos
Expediente 1522/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1522/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 07/12/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Director General del Hospital Regional de Alta Especializadad de Salud Mental, de Centro Tabasco
- Jose Francisco Sosa Ramos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
MESA VII.- Ha causado Estado, se ordena el archivo
- Principal
MESA VII. ÚNICO. SE SOBRESEE EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO...
- Principal
MESA VII. SE DA VISTA A LAS PARTES CON EL INFORME JUSTIFICADO RENDIDO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE MANIFIESTEN LO QUE A SU INTERÉS CONVENGA...
- Principal
MESA VII.- Visto, se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda el INFORME JUSTIFICADO rendido por el 1. Director General del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental del Estado de Tabasco; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Ahora bien, toda vez que la autoridad responsable manifiesta que ya atendió el escrito de diez de junio de dos mil dieciséis signado por la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 75 de la citada Ley en vigor, requiérase a la mencionada autoridad, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita copia certificada de la contestación del escrito de diez de junio de dos mil dieciséis, respecto a lo solicitado por el quejoso José Francisco Sosa Ramos, dado que son necesarias para resolver el presente asunto. El requerimiento, tienen sustento por símil jurídico en la Jurisprudencia P. -J. 17-97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 108, del tomo V, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Se apercibe a la autoridad responsable que de no dar cumplimiento al requerimiento antes señalado o no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa de cien días de Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, donde se reforman el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123; y se adicionan los párrafos sexto y séptimo al apartado B del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los numerales 238 y 260 fracción II en relación con el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor.
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