Josè Francisco Serrano Segovia

Expediente 687/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 44 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
687/2023
Año
2023
Actuaciones
44
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Josè Francisco Serrano Segovia
  • Juez Primero en Materia Civil en el Estado de Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no se puede celebrar, toda vez que aún no obra el informe justificado de la autoridad responsable Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, ni el acuse de recibo del oficio 24495/2023, a través del cual se le requirió. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de octubre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por ****, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a través del cual exhibe el billete de depósito ****, expedido por el Banco del Bienestar, por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), suma que se le fijó para que continúe surtiendo efectos la suspensión provisional de los actos reclamados que le fue concedida en el presente incidente de suspensión. En atención a su contenido, se tiene al incidentista cumpliendo con la obligación impuesta en el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés; lo anterior, hágase saber a las autoridades responsables para los efectos legales correspondientes. En consecuencia, regístrese en el libro de control que se lleva en este juzgado, asignándole el número de registro 45/2023, y guárdese en la caja de seguridad de control de valores de este juzgado federal. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por licencia concedida a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la Carrera Judicial, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/5130/2023, de once de septiembre de dos mil veintitrés, quien actúa asistido por Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido el escrito firmado por ****, autorizada del quejoso ****, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual desahoga la prevención formulada el trece de septiembre del año en curso, y al efecto aclara cual es el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, vía ampliación de demanda. En atención a su contenido, téngase por desahogada dicha prevención, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111, fracción II de la Ley de Amparo, se tiene por ampliado el escrito inicial de demanda. Ilustra a lo anterior la tesis 2a.XLI/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE SU AMPLIACIÓN. Aunque la Ley de Amparo no prevé expresamente, la figura de la ampliación de la demanda, la Suprema Corte, con fundamento en la relación armónica de las disposiciones relativas a la acción constitucional, ha establecido, en tesis aisladas que sí procede y ha dado algunas reglas en relación con el momento procesal en que puede ejercitarse, a saber: 1a. Antes de que se fije la litis constitucional, esto es, cuando aún no hayan sido rendidos los informes por las autoridades responsables. En esa etapa, la demanda puede ampliarse señalando nuevos actos reclamados, nuevas autoridades responsables y nuevos conceptos de violación, con la única condición de que la ampliación se presente dentro del mismo plazo que rige la presentación de la demanda; 2a. Después de que se hayan rendido los informes justificados. En este supuesto la demanda sólo puede ampliarse en aquellos casos en que de dichos informes se advierta la existencia de un nuevo acto, la intervención de una autoridad distinta a la que emitió o ejecutó el acto reclamado o bien, que hasta ese momento se conozcan los fundamentos y motivos que sustenten el acto que se reclama, lo que también haría posible la ampliación por lo que ve a los conceptos de violación. La ampliación de la demanda, en este caso, debe hacerse atendiendo al plazo que establece la Ley de Amparo para la demanda principal. 3a. Que en ninguno de los supuestos señalados haya sido celebrada la audiencia constitucional". (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 1999, Tomo IX, página 209). En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 del ordenamiento legal referido, solicítese informe justificado a la nueva autoridad responsable Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, el que deberá rendir respecto de los actos que en específico se le atribuyen, en el plazo de quince días, computados a partir del día siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído. Se apercibe que ante la omisión sobre el particular, se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario, conforme al artículo 117, párrafo cuarto de la ley de la materia. Conforme al artículo 117 del ordenamiento legal citado, se requiere para que en el mismo plazo, exponga las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad de los actos atribuidos y remita copia certificada de la totalidad de las constancias que acrediten la veracidad de su dicho, las que deberán ser legibles. En la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. De conformidad con lo establecido en el sexto artículo transitorio de la Ley de Amparo, tiene aplicación por las razones que la informan el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, con registro 231455, que dice: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes". (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del tomo I, Segunda Parte-1, Febrero a Junio de 1988, página 351). En la inteligencia de que ese informe deberá remitirlo a este juzgado, con la anticipación que permita su conocimiento por las partes con por lo menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional de este juicio, ya que de lo contrario se propiciaría su diferimiento, con la consecuente dilación en la impartición de justicia. Indíquese a la nueva autoridad responsable que en términos de los numerales 260 y 238, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo3 , podrá multársele con cien a mil Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectiva la medida de apremio4 , en caso de que no rinda su informe justificado, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio. Comuníquesele que se sancionará de igual forma, en caso de negativa a recibir la notificación a que se refiere el artículo 28, fracción I, 3 DECRETO por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. [.] TRANSITORIOS [.] Tercero.- A la fecha de entrada en vigor del presente Decreto, todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para determinar la cuantía de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, estatales, del Distrito Federal, así como en cualquier disposición jurídica que emane de todas las anteriores, se entenderán referidas a la Unidad de Medida y Actualización." (Publicado en el D.O.F. 27 ENERO 2016)." 4 Con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, corresponde al Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Que el 8 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación los valores de la Unidad de Medida y Actualización, vigentes a partir del 1 de febrero de 2021. Que atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, se utiliza el siguiente método para actualizar el valor de la Unidad de Medida y Actualización: 1. El valor diario se determinará multiplicando el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización del año inmediato anterior por el resultado de la suma de uno más la variación interanual del Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes de diciembre del año inmediato anterior. 2. El valor mensual será el producto de multiplicar el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización por 30.4. 3. El valor anual será el producto de multiplicar el valor mensual de la Unidad de Medida y Actualización por 12. Con base en lo anterior, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía da a conocer que el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización es de $96.22 pesos mexicanos, el mensual es de $2,925.09 pesos mexicanos y el valor anual $35,101.08 pesos mexicanos, los cuales estarán vigentes a partir del 1º de febrero de 2022. (Publicado en el D.O.F. 07 ENERO 2022)." de la Ley de Amparo, tal como lo establece el diverso numeral 245 de la ley de la materia; habida cuenta la obligación de recibir los oficios que se le dirijan, pues en caso de negarse bajo cualquier excusa que no resulte trascedente, se tendrán por hechas las notificaciones. Se informa a la autoridad responsable que las notificaciones se le practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." (Registro 2002576, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Página: 1253) Con fundamento en los artículos 64 y 16 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que en el supuesto de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o del fallecimiento del quejoso o alguno de los terceros interesados, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, acompañen las constancias que lo acrediten o proporcionen los datos necesarios para ese efecto, apercibidas que de no hacerlo se les impondrán las multas previstas en los numerales 251 y 242 del ordenamiento legal en cita, respectivamente. De igual forma, para que informen a este juzgado federal sobre la existencia de diversos juicios de amparo promovidos contra actos derivados del juicio, proceso o procedimiento de origen, o bien que pudieren estar relacionados con los actos reclamados en el presente sumario, a efecto de evitar el dictado de sentencias contradictorias. Hágase del conocimiento de la nueva autoridad responsable que se señalaron las ONCE HORAS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Córrase traslado a las demás partes con copia del ocurso de ampliación de la demanda de amparo, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, se tienen por anunciadas las pruebas documentales que menciona la promovente; sin embargo, este órgano jurisdiccional se reserva a proveer lo conducente a su admisión, hasta en tanto obren en este sumario, dado que no se exhibieron. Finalmente, por cuanto hace a la solicitud de la suspensión de los actos reclamados; con fundamento en el artículo 130 de la Ley de Amparo, ACUÉRDESE LO CONDUCENTE EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN que deriva este sumario. Notifíquese; y personalmente a la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe

  4. Incidental

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Vistos; la cuenta secretarial que antecede y en cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo 687/2023-III, promovido por ****, por su propio derecho, contra actos del Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México y de otras autoridades responsables; con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se procede a proveer lo relativo a la suspensión de los actos reclamados vía ampliación de la demanda de amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 140, 141 y 142 de la Ley de Amparo, pídase a la nueva autoridad señalada como responsable Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México, su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, y solicitándole que en el mismo se precise si son o no ciertos los actos reclamados que se le atribuye, pudiendo expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de la garantía correspondiente, tales como el monto al que asciende las prestaciones reclamadas o la condena decretada en el juicio natural. En la inteligencia de que la audiencia incidental está programada para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL DOS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Ahora bien, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se le apercibe que si la nueva autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde al peticionario de amparo estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. En caso de que las partes exhiban documentación o información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Con fundamento en los artículos 2, 5, 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 1, 6 y 8, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales en la resolución interlocutoria que dicte este juzgado federal o en las resoluciones intermedias que hayan puesto fin a una instancia o recurso, con independencia de que al elaborarse la versión pública se suprima la información considerada como reservada o confidencial. Se informa a la nueva autoridad responsable que las notificaciones se le practicarán por medio de lista, salvo las que por su trascendencia se le deban notificar mediante oficio en términos del artículo 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." (Registro 2002576, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Página: 1253) Antes de determinar si es procedente conceder la suspensión provisional solicitada, es menester precisar los actos que en la especie se reclaman, y una vez realizado un cabal estudio de la ampliación de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa en esencia se duele de las siguientes conductas: a) El auto admisorio dictado en el juicio especial hipotecario 669/2023, promovido por Rápido Capital, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de Teclo Mexicana, Sociedad Anónima de Capital Variable y el aquí quejoso José Francisco Serrano Segovia, en el que ordenó la entrega inmediata del inmueble ubicado en la calle Villa del Sol y lote de terreno sobre el cual se encuentra construido el lote resultante de la fusión de los lotes cinco guión "a", cinco guión "b", seis y una fracción del número siete, de la segundo sección del Fraccionamiento Las Brisas, en esta ciudad, al acreedor hipotecario; y, b) La ejecución de dicho mandato. Una vez precisado lo anterior, es momento de verificar si es procedente conceder la medida cautelar solicitada. Así por lo que se refiere a la conducta impugnada en el inciso a), lo procedente es negarla, toda vez que le reviste el carácter de consumada, dado que ya se llevó a cabo al momento de emitirse la resolución impugnada, y contra ello es improcedente conceder la suspensión provisional, pues tal determinación implicaría la restitución al solicitante del amparo en el goce de los derechos humanos que estima violados, efecto que no es propio del otorgamiento de la medida precautoria que se emita en el juicio de amparo, por ser contrario a la naturaleza jurídica de la institución suspensional. Así lo ha definido la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que enseguida se transcribe: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos reclamados y sólo puede obrar hacia el futuro y nunca hacia el pasado, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar precisa que para la fecha en que tenga que resolverse al respecto, esos actos aun no se hayan ejecutado o se hayan ejecutado parcialmente, siendo esto lo que distingue a la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la ejecución de actos que los causarían, del otorgamiento del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación de garantías. Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Sobre tales premisas, es patente que en ningún caso puede otorgarse la suspensión contra un acto ya ejecutado, es decir, consumado, como puede ser respecto de la emisión de una resolución jurisdiccional ya dictada, porque a través de ella ya no se conseguiría detener su emisión, según la teleología de los artículos 122, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; sin que esto impida que lo concerniente a la ejecución de los efectos de esa resolución sea materia de un examen propio en la resolución que provea sobre la suspensión y, por tanto, que se determine sobre la procedencia de la medida en cuanto a esos efectos, por supuesto, de no haberse también ya consumado." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Julio de 2002, tomo XVI, página 1413). Por otra parte, por lo que respecta a la suspensión del acto identificado con el inciso b), lo procedente es conceder la medida cautelar solicitada, toda vez que se satisfacen los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para conceder el beneficio de la suspensión provisional, a saber: 1.- Que la solicite el quejoso. 2.- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Pues bien, el primero de ellos se colmó plenamente toda vez que se solicitó la medida suspensiva. En cuanto al segundo de los requisitos en comento se toma en consideración que con la concesión de la medida cautelar no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues en el caso no se está en el alguno de los supuestos que señala el artículo 129 de la Ley de Amparo 2 , ni se advierte que con su concesión se afecten los derechos de la colectividad. EL EFECTO DE DICHA MEDIDA ES PARA QUE SIN PARALIZAR EL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO NATURAL LAS AUTORIDADES RESPONSABLES SE ABSTENGAN DE PRIVAR AL QUEJOSO DE LA POSESIÓN QUE AFIRMA TENER DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE VILLA DEL SOL Y LOTE DE TERRENO SOBRE EL CUAL SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL LOTE RESULTANTE DE LA FUSIÓN DE LOS LOTES CINCO GUIÓN "A", CINCO GUIÓN "B", SEIS Y UNA FRACCIÓN DEL NÚMERO SIETE, DE LA SEGUNDO SECCIÓN DEL FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS, EN ESTA CIUDAD; SIEMPRE Y CUANDO A LA FECHA NO SE HAYA EJECUTADO LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA O PROVENGA DE UNA AUTORIDAD DISTINTA A LAS SEÑALADAS COMO RESPONSABLES EN ESTE SUMARIO, Y HASTA EN TANTO RECIBAN NOTIFICACIÓN SOBRE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Lo anterior se estima así, toda vez que se considera conveniente conservar la materia del amparo, concediendo la 2 Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social. presente medida cautelar, hasta en tanto se cuente con mayores datos que permitan verificar si el acto reclamado incidió en la esfera jurídica de la parte quejosa, quien acredita su interés jurídico al figurar como parte demandada en el juicio natural. En ese sentido, es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Duodécimo Circuito, consultable en la página 94, Tomo 199-204 Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO PARA LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, que se da si el quejoso es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado." Así también, resulta aplicable, a lo anterior, el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J. 96/97, visible en la página 23, tomo IV, Diciembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 23, que es del rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS, PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN. Cuando se solicita la suspensión provisional señalándose como acto reclamado el desposeimiento de un bien, el Juez de Distrito, atendiendo a las manifestaciones bajo protesta de decir verdad, debe partir del supuesto de que los actos reclamados son ciertos, pero en acatamiento a lo establecido en el artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, debe constatar si el quejoso demuestra, aunque sea indiciariamente, que tales actos lo agravian. Es verdad que para acreditar la posesión, según criterio generalmente aceptado, la prueba idónea es la testimonial, medio de convicción cuya recepción no es factible en la hipótesis examinada, pero también es verdad que puede acreditarse de manera indiciaria, entre otros elementos, con escritura pública de propiedad, certificación del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, documento privado de contrato de compraventa debidamente inscrito, inmatriculación judicial o administrativa, recibo del impuesto predial a nombre del promovente, contrato de arrendamiento, certificado de derechos agrarios, fe de hechos ante fedatario público y otras probanzas que, por sí solas, no son aptas para acreditar plenamente la posesión y que, por tanto, pueden ser desvirtuadas en la secuela del procedimiento, pero que pueden ser suficientes para conceder la suspensión provisional, ya que el dictado de la medida cautelar no presupone un análisis en cuanto a la calidad de la posesión, es decir, si ésta es originaria, derivada, legítima, ilegítima, de buena fe o de mala fe, porque la finalidad es, solamente, decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado." Ahora bien, con fundamento en los artículos 132 y 136 de la ley de la materia, la medida cautelar concedida dejará de surtir efectos si el peticionario de amparo, dentro de los cinco días siguientes a aquel en que le surta efectos la notificación de este proveído, no otorga garantía a disposición de este órgano jurisdiccional por la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos moneda nacional), en billete de depósito o en cualquier otra de las formas establecidas por la ley, para garantizar los posibles daños y perjuicios que con la suspensión puedan provocarse a la persona que en su momento se le reconozca el carácter de tercero interesado. Se hace la aclaración de que el monto de la garantía fue fijado de manera discrecional y tomando en consideración que la vigencia de la suspensión provisional, únicamente perdura ciento veinte horas, como término genérico; aunque es importante mencionar que tanto ésta como cualquier otra garantía podrá ser modificada al momento de resolver sobre la suspensión definitiva, cuando se tengan más datos que permitan a este tribunal formarse un mejor conocimiento del asunto en cuestión. De conformidad con el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención legal que le corresponde a la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Notifíquese; y personalmente a la Fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Mariella Jaramillo Pineda, Secretaria que autoriza. Doy fe

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