José Francisco Saavedra Ávila
Expediente 761/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 761/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 08/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Francisco Saavedra Ávila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Agréguese en autos el oficio que suscribe el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito, con residencia en Guanajuato, capital, mediante el cual remite testimonio autorizado de la resolución pronunciada por ese Tribunal el veintiséis de abril de dos mil diecisiete, en el incidente de inejecución de sentencia 1/2017, en la que se resuelve: "ÚNICO. Es improcedente el incidente de inejecución." Acúsese recibo; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para sus efectos y las anotaciones del caso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. En estricto cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal de Alzada, y como de autos de advierte que la concesión del amparo fue para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente únicamente en la parte relativa, el auto de ocho de agosto de dos mil dieciséis y procediera a emitir uno nuevo siguiendo los lineamientos marcados en el fallo protector, del examen de las constancias remitidas por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, se desprende que ya se resolvió en definitiva el juicio oral ordinario F1556/2016, lo que procede es declarar sin materia el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, al no subsistir el acto reclamado contra el que se hizo valer. En esa tesitura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito, será susceptible de depuración, una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, por lo que deberá conservarse la demanda y la sentencia respectiva. Por lo que hace al original del cuaderno incidental de suspensión, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse la hipótesis prevista en la fracción III párrafo primero del punto vigésimo primero, del multicitado acuerdo, toda vez que se negó la suspensión definitiva; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para su mejor resguardo. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo a que alude dicho punto. Atendiendo al punto vigésimo, fracciones I y III, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el cuaderno de antecedentes, deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo, por lo que se ordena mandarlo al lugar que les corresponde en el archivo de este Juzgado Federal hasta en tanto se destruye. Finalmente, toda vez que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, mediante el cual informa que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia planteado por este Juzgado, quedando registrado con el número 1/2017.
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y a la tercera interesada en proveído de veinticuatro de febrero pasado, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, haciendo uso de ese derecho únicamente la parte quejosa; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a **********, en contra del acto reclamado al Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. La protección constitucional se concedió para el efecto de que la responsable realizara lo siguiente: "I. Deje insubsistente, únicamente en la parte relativa, el proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis; y, II. Con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda respecto a la medida alimentaria, motivando su actuar en términos del numeral 365 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y conforme a lo delineado en la presente resolución, observando además lo dispuesto en la jurisprudencia 44/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 11, tomo XIV, agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).- De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social." b) Inconformes con la resolución anterior los terceros interesados Francisco y Adrián, ambos de apellidos Saavedra Rodríguez, interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, y el diecisiete de febrero pasado se le tuvo remitiendo el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 285/2016, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia impugnada. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, por su propio derecho, contra el acto atribuido al Juez Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad Familiar, Región Celaya, Guanajuato." c) En proveído de veinte de febrero del año en curso se requirió a la responsable para el efecto de que cumpliera con la ejecutoria de amparo. d) Mediante oficio número JOFAC/1546/2017 el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, allegó copia certificada de la sentencia definitiva dictada el quince de noviembre de dos mil dieciséis en el juicio de origen, así como del testimonio de la ejecutoria emitida por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca de apelación 94/2017, advirtiéndose con ello el impedimento legal que tuvo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que el juicio natural se resolvió en definitiva. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: No obstante que la concesión del amparo, fue para el efecto de que la autoridad responsable dejará insubsistente únicamente en la parte relativa, el auto de ocho de agosto de dos mil dieciséis y procediera a emitir uno nuevo siguiendo los lineamientos marcados en la sentencia de amparo, del examen de las constancias remitidas por la responsable, se desprende que ya se resolvió en definitiva el juicio oral ordinario F1556/2016, por tanto es evidente que existe una imposibilidad jurídica y de hecho para cumplir cabalmente con el fallo amparador. Sin que sea obstáculo a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en las que en esencia señala que la ejecutoria de amparo no se encuentra cabalmente cumplida, aludiendo que la sentencia no ha causado ejecutoria, toda vez que los terceros interesados promovieron juicio de amparo en contra de la resolución de segunda instancia. Empero no le asiste razón en lo que alega, ya que al haberse resuelto en definitiva el juicio de origen cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, independientemente de que exista o no un juicio de amparo en contra de la resolución emitida en segunda instancia; dejándose a salvo los derechos de la parte quejosa para que de estimarlo conveniente los haga valer en la vía y términos que estime prudente. En virtud a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito en turno, con sede en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga determinar en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo, en el que deberá obrar una copia de la demanda de amparo, así como de las demás constancias necesarias para su debida integración.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE SEIS DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa y a la tercera interesada en proveído de veinticuatro de febrero pasado, para que hicieran manifestaciones respecto del cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, haciendo uso de ese derecho únicamente la parte quejosa; por tanto, se acuerda: Con apoyo en el numeral 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procederá a verificar si la sentencia de amparo está cumplida, o no lo está, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla. Para estar en condiciones de resolver lo anteriormente mencionado, es importante resaltar los siguientes antecedentes: a) Mediante sentencia de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a **********, en contra del acto reclamado al Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad. La protección constitucional se concedió para el efecto de que la responsable realizara lo siguiente: "I. Deje insubsistente, únicamente en la parte relativa, el proveído de ocho de agosto de dos mil dieciséis; y, II. Con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho proceda respecto a la medida alimentaria, motivando su actuar en términos del numeral 365 del Código Civil para el Estado de Guanajuato y conforme a lo delineado en la presente resolución, observando además lo dispuesto en la jurisprudencia 44/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 11, tomo XIV, agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: ALIMENTOS. REQUISITOS QUE DEBEN OBSERVARSE PARA FIJAR EL MONTO DE LA PENSIÓN POR ESE CONCEPTO (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL ESTADO DE CHIAPAS).- De lo dispuesto en los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos 304, 305, 307 y 310 del Estado de Chiapas, se advierte que los legisladores establecieron las bases para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen fundamentalmente a los principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución judicial, sea ésta provisional o definitiva, lo que significa que para fijar el monto de esta obligación alimentaria debe atenderse al estado de necesidad del acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla, pero, además, debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que representa la familia a la que pertenecen, pues los alimentos no sólo abarcan el poder cubrir las necesidades vitales o precarias del acreedor, sino el solventarle una vida decorosa, sin lujos, pero suficiente para desenvolverse en el status aludido; de ahí que no sea dable atender para tales efectos a un criterio estrictamente matemático, bajo pena de violentar la garantía de debida fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, eventualmente, hacer nugatorio este derecho de orden público e interés social." b) Inconformes con la resolución anterior los terceros interesados Francisco y Adrián, ambos de apellidos Saavedra Rodríguez, interpusieron recurso de revisión, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en el Estado de Guanajuato, y el diecisiete de febrero pasado se le tuvo remitiendo el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión 285/2016, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia impugnada. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, por su propio derecho, contra el acto atribuido al Juez Civil de Partido Especializado en Materia de Oralidad Familiar, Región Celaya, Guanajuato." c) En proveído de veinte de febrero del año en curso se requirió a la responsable para el efecto de que cumpliera con la ejecutoria de amparo. d) Mediante oficio número JOFAC/1546/2017 el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, allegó copia certificada de la sentencia definitiva dictada el quince de noviembre de dos mil dieciséis en el juicio de origen, así como del testimonio de la ejecutoria emitida por la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en el toca de apelación 94/2017, advirtiéndose con ello el impedimento legal que tuvo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que el juicio natural se resolvió en definitiva. Ahora, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, mismas que de conformidad con los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se desprende que: No obstante que la concesión del amparo, fue para el efecto de que la autoridad responsable dejará insubsistente únicamente en la parte relativa, el auto de ocho de agosto de dos mil dieciséis y procediera a emitir uno nuevo siguiendo los lineamientos marcados en la sentencia de amparo, del examen de las constancias remitidas por la responsable, se desprende que ya se resolvió en definitiva el juicio oral ordinario F1556/2016, por tanto es evidente que existe una imposibilidad jurídica y de hecho para cumplir cabalmente con el fallo amparador. Sin que sea obstáculo a lo anterior, las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en las que en esencia señala que la ejecutoria de amparo no se encuentra cabalmente cumplida, aludiendo que la sentencia no ha causado ejecutoria, toda vez que los terceros interesados promovieron juicio de amparo en contra de la resolución de segunda instancia. Empero no le asiste razón en lo que alega, ya que al haberse resuelto en definitiva el juicio de origen cambió la situación jurídica que imperaba al momento de la concesión del amparo, independientemente de que exista o no un juicio de amparo en contra de la resolución emitida en segunda instancia; dejándose a salvo los derechos de la parte quejosa para que de estimarlo conveniente los haga valer en la vía y términos que estime prudente. En virtud a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, último párrafo, de la Ley de Amparo remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Decimosexto Circuito en turno, con sede en Guanajuato, capital, para lo que a bien tenga determinar en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Fórmese el cuadernillo de antecedentes respectivo, en el que deberá obrar una copia de la demanda de amparo, así como de las demás constancias necesarias para su debida integración.
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