José Francisco Ruiz Vázquez

Expediente 587/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
587/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
22/08/2019

Partes del expediente

  • José Francisco Ruiz Vázquez
  • Congreso del Estado Libre Y Soberano de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión y quedó registrado con el número 303/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.Jc

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de julio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito del autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el doce de julio del año en curso; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. En virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Finalmente, en caso de que las autoridades a las que se les gira oficio en vía de notificación, se encuentren gozando del primer periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanuden labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Tirado Ruíz, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de julio de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial que antecede, mediante la cual el Actuario de la adscripción manifiesta la imposibilidad de notificar el contenido de la sentencia de doce de julio de dos mil diecinueve, a la parte tercera interesada CAROLA PELLICO VERGARA, por las razones que en la misma expone; en mérito de lo anterior, de conformidad con la fracción III, del artículo 26, de la Ley de Amparo, practíquese a la referida parte, la notificación de la resolución de referencia, así como los subsecuentes, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma el licenciado Paulo Yair García Meza, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/2127/2019 de fecha veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe...sentencia que en lo conducente establece: ...Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 587/2019-V, promovido por JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ, por derecho propio, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades: 1) Congreso del Estado, 2) Gobernador, y 3) Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. SEGUNDO. ADMSIÓN Y TRÁMITE. Mediante auto de dos de mayo de dos mil diecinueve se admitió la demanda de garantías, quedó registrada bajo el número de expediente 587/2019. Por consiguiente se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, el lugar donde reside la autoridad responsable emisora del acto reclamado, que no tiene ejecución material. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que los actos reclamados son los siguientes: 1. El proceso legislativo que culminó con la expedición del artículo 606 fracción I del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos; 2. La resolución de once de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 244/2019-15-10-11, en la que ocurrió la aplicación de dicha norma. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso del Estado y Gobernador, ambos del Estado de Morelos, consistentes en la expedición y promulgación del artículo 606, fracción I, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. Ello en virtud de que así lo expresaron al momento de rendir su informe justificado (fojas 102, 103, 105 a 120). Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, y por extensión las locales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2 de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Por otro lado, es cierto el acto reclamado a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil 244/2019-15-10-11, en virtud de que la última así lo señaló en su informe justificado (foja 101), y se corrobora a través de las fotocopias certificadas de las constancias del toca de mérito a las que se otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de ser un documento público, por ser expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, ya que son de estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, respeto del artículo 606, fracción I, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 77 y 78, todos de la Ley de Amparo, como en seguida se explica. En esas condiciones, los preceptos invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley. Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado.". A fin de sustentar al improcedencia del juicio respecto a los preceptos legales que se impugnan, es imperativo citar los siguientes antecedentes del caso: 1. A través de escrito presentado el trece de agosto de dos mil quince, JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ, demandó en la vía de controversia del orden familiar, el divorcio necesario a CAROLA PELLICO VERGARA, admitida y radicada ante el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; bajo el número de expediente 287/2015. 2. La demandada compareció a juicio y en audiencia de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, las partes solicitaron que mutara el procedimiento a divorcio voluntario, y exhibieron convenio aprobado por el Juez natural el diez de febrero de dos mil dieciséis, en cuya cláusula sexta se pactó la obligación del aquí quejoso de proporcionar $2,050.00 (DOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de manera mensual, por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hijo, MATEO RUIZ PELLICO. 3. El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, CAROLA PELLICO VERGARA, a través de incidente reclamó el pago de pensiones alimenticias a favor del menor referido, que se admitió y al que compareció el aquí peticionario del amparo a contestar lo que a su derecho convino y que fue dirimido por resolución de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, cuyos puntos resolutivos se trascriben enseguida: ".PRIMERO: Este juzgado es COMPETENTE para conocer y resolver el presente asunto y la vía elegida razonamientos expuestos en el Considerando I de esta resolución. SEGUNDO. Se DECLARA IMPROCEDENTE el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS ADEUDADAS, en vía de ejecución forzosa de la cláusula sexta del convenio aprobado mediante resolución de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, que causó ejecutoria el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, promovido por CAROLA PELLICO VERGARA en contra de JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ, en virtud de no haber acreditado con medio de prueba alguno las aseveraciones en las que apoya su acción incidental y tampoco JOSE FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ justificó con prueba suficiente los hechos de su contestación al incidente de referencia, en función de los razonamientos expuestos en el cuerpo de este fallo. TERCERO. Se dejan a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer conforme legalmente corresponda.". 4. Inconforme con la resolución indicada, JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ, interpuso recurso de queja que fue desechado por la Sala responsable, mediante resolución de once de abril de dos mil diecinueve, en el toca 244/2019-15-10-11, considerando dicho tribunal que conforme al artículo 590, fracción II, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos el recurso queja procede contra las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias; sin embargo, que la resolución combatida mediante queja por el actor del juicio fue dictada con motivo del incidente de liquidación de sentencia promovido por la contraparte de aquél, razón por la que era aplicable el artículo 606, fracción I, del mismo ordenamiento legal, en la parte que señala que no procederá recurso alguno contra las resoluciones que recaigan a la petición de ejecución de las sentencias que no contengan liquidación; aunado a ello, que las resoluciones que se dicten en el periodo de ejecución de sentencia sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente, y que no lo era la indicada de veintiséis de febrero del año en curso. Es tal resolución la que se combate a través del presente juicio de amparo, estimando el quejoso que constituye el primer acto de aplicación en su perjuicio del artículo 606, fracción I, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, que también impugna aquí. Ahora bien, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues es precisamente el acto de aplicación el que causa perjuicio al quejoso y no la norma por sí sola, considerada en abstracto. Lo anterior implica que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la norma general; que la negativa del amparo contra la norma, por no ser inconstitucional, debe hacerse extensiva al acto de aplicación, cuando éste no se reclama por vicios propios, y que la concesión del amparo contra la norma general, por ser inconstitucional, debe hacerse extensiva también al acto de aplicación. Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia de la Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo: Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, Tesis: 346, Página: 400, con el rubro y texto: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación.". Con base en lo anterior, al reclamarse una norma general con motivo de un acto concreto de aplicación, no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Por tanto, en primer lugar, se debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente respecto del acto de aplicación. Si el juicio es improcedente contra el acto de aplicación, se debe sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada. En cambio, si el juicio resulta procedente en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la norma general impugnada, salvo que se actualice alguna causal de improcedencia. De no actualizarse lo último, si se concluye que la norma general es inconstitucional, la concesión del amparo contra ésta debe hacerse extensiva al acto de aplicación. Si se concluye que la norma no es inconstitucional, la negativa del amparo debe hacerse extensiva al acto de aplicación, cuando éste no se reclama por vicios propios. Pero si se concluye que la norma general no es inconstitucional y el acto de aplicación se reclama también por vicios propios, entonces será la ocasión para analizar éstos; siendo incorrecto, por ende, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, Tesis: 2a./J. 71/2000, Página: 235, que se cita: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Ahora, si bien en los términos antes apuntados cuando se reclama una norma general con motivo de un acto de aplicación, dado que la procedencia del amparo respecto de aquélla está condicionada a la procedencia respecto de éste, cuando se concluye que el juicio sí es procedente en contra del acto de aplicación, lo que enseguida debe hacerse es analizar la constitucionalidad de la norma general; pero esto último sólo se da cuando no se surte respecto de ésta alguna causal de improcedencia, cuestión que, como en todo juicio de amparo, es de análisis previo al del fondo y si del tal análisis, se concluye que el amparo es improcedente respecto de la ley, tal como se señaló, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio respecto de ella y hacerse extensivo al acto de aplicación, cuando éste no se combate por vicios propios. Dicho esto, al no advertirse causal de improcedencia respecto a la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, en la que ocurrió la aplicación del impugnado artículo 606, fracción I, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, procede que, previamente al estudio de fondo de ella, se analice la procedencia del amparo en torno al precepto legal impugnado. En ese sentido, de oficio, se advierte que por cuanto a dicha norma, se actualiza la causal de improcedencia anunciada. Ello es así, porque la resolución combatida de once de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Sala responsable, por la que se desecha el recurso de queja hecho valer por el aquí quejoso contra la diversa que resolvió la solicitud de liquidación de la sentencia, declarando infundada la liquidación y dejando a salvo los derechos de las partes, de veintiséis de febrero del año en curso, emitida por el juez natural en la controversia familiar de origen, como se explicó, se sustenta tanto en el referido 606, fracción I, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, como en el diverso 616, del mismo ordenamiento que son del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 606.- REGLAS PARA PROCEDER A LA LIQUIDEZ. Si la resolución cuya ejecución se pide no contiene cantidad líquida, para llevar adelante la ejecución debe previamente liquidarse conforme a las siguientes prevenciones: I. Si la resolución no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta no la objetare dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe, pero moderada prudentemente por el juez; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, por tres días, y de lo que replique, por otros tres días, al deudor. El juez fallará dentro de igual término lo que estime justo, y la resolución no será recurrible;." "ARTÍCULO 616.- RECURSOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. En los demás casos, las resoluciones no serán recurribles.". Conforme al contenido de ambas normas y como lo estableció la Sala responsable, las resoluciones que se dicten en ejecución de la sentencia y particularmente aquéllas emitidas con motivo de la solicitud de liquidación de la sentencia, no son recurribles; de ahí que aquéllos preceptos sustentan el desechamiento del recurso de queja promovido por JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ. Consecuentemente, ya que se combate en esta instancia constitucional la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, en la cual la responsable sustentó el desechamiento del recurso de queja contra la determinación que resolvió el incidente de liquidación del convenio elevado a categoría de cosa juzgada, en los artículos 606, fracción I, y 616, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, sin que la parte quejosa combata ambos preceptos, sino sólo el primero, deviene improcedente el juicio de garantías de conformidad con lo ordenado por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por los artículos 77 y 78 del mismo ordenamiento. Ello, en virtud de que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento sí impugnado, sería imposible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, dado que la resolución reclamada subsiste con el sólo apoyo del diverso ordenamiento que no se combatió. Hipótesis que se surte en el caso, ya que el numeral 616, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos determina que fuera de los casos previstos expresamente, las resoluciones que se emitan en el periodo de ejecución no serán recurribles, estimando la responsable que la que dirime la solicitud de liquidación de sentencia, no está prevista expresamente como aquéllas que son recurribles a través de dicho medio de defensa, con lo cual dicha disposición sustenta por sí misma el desechamiento del recurso en cita, y por ese motivo al no combatirse conjuntamente con el diverso 606, fracción I, del Código en comento, el juicio de amparo para impugnar aisladamente ésta última disposición, resulta improcedente. Es aplicable al respecto la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 197893, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 32/97, Página: 79, del texto y rubro siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE DOS NORMAS DISTINTAS QUE LO FUNDAMENTAN. ES IMPROCEDENTE SI SÓLO SE IMPUGNÓ UNA DE ELLAS, CUANDO EL ACTO SUBSISTE APOYÁNDOSE EN LA OTRA NORMA QUE NO SE COMBATIÓ. Cuando se reclama un acto de autoridad que se funda en dos ordenamientos distintos y sólo se impugna uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que, aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, sería imposible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, siempre y cuando el acto reclamado subsista con el solo apoyo del diverso ordenamiento que no se combatió.". En las condiciones apuntadas, al actualizarse la causal de improcedencia explicada, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al no existir causa de improcedencia hecha valer o que se advierte de oficio, respecto la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 244/2019-15-10-11 procede al análisis de fondo de los vicios que se le atribuyen. QUINTO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En este apartado se analiza la constitucionalidad de la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 244/2019-15-10-11, arribándose a la conclusión de que los conceptos de violación que por vicios propios endereza la parte quejosa contra dicha resolución, son infundados. El peticionario de amparo sostiene que la resolución combatida viola el derecho fundamental de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al desechar la queja en una etapa procesal distinta a la de admisión o desechamiento, por lo que el proceder de la autoridad responsable es contrario a lo previsto en el artículo 595 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos. Refiere que de acuerdo a dicha disposición el desechamiento del recurso de queja procede en dos hipótesis: a) Que el recurso se funde en hechos falsos o no esté fundado en derecho; y b) Cuando exista otro medio de defensa contra la resolución impugnada. Que el acto reclamado desechó el recurso de queja interpuso sin que se surtiera ninguna de las hipótesis anteriores, porque dice, la queja se fundó en hechos verdaderos y con apoyo en los preceptos legales citados y con la expresión de agravios. Aunado a lo anterior, que la propia Sala determina que no procede recurso contra la resolución emitida en la liquidación de la sentencia; existiendo por ende contradicción es su actuar, al no poder desechar la queja si a la vez determinó que no hay recurso contra la resolución impugnada a través de dicho medio de impugnación. Es infundado lo anterior. Si bien el artículo 595 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos alude a que se desechará la queja cuando no se den las condiciones anotadas en los incisos de referencia, debe decirse que si bien en el acto reclamado la Sala no se sustenta en dicha norma, lo cierto es que no debe ser interpretada de forma aislada en razón de que la procedencia del recurso de queja al promoverse la ejecución en el juicio natural, se rige también conforme a los diversos artículos 606, fracción I, y 616, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, como correctamente lo determinó la Sala responsable en el acto reclamado. Es así, porque de acuerdo al contenido de ambas normas y como adecuadamente lo estableció la Sala responsable, las resoluciones que se dicten en el periodo de ejecución de la sentencia y, particularmente aquéllas emitidas con motivo de la solicitud de liquidación de la sentencia no son recurribles. Es por eso que aun y cuando un recurso de queja colme los requisitos de contener los hechos, el derecho y los agravios respectivos, de todas maneras no sería admisible si a través de él se pretende impugnar una resolución sobre liquidación de sentencia, pues como lo señaló la Sala responsable, no sólo no está previsto expresamente el recurso de queja para combatir una resolución de esa naturaleza, sino que hay disposición que indica con toda claridad que no será recurrible. En ese sentido, resulta innecesario colmar los requisitos aludidos en el artículo 595 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos al actualizar la condición para su desechamiento por diverso motivo legal, incluso no impugnado por el impetrante; por tal razón es infundado que a la luz de esta disposición, la responsable obrara ilegalmente al declarar inadmisible la queja interpuesta por el quejoso al evidenciar que resultaba improcedente dicho recurso con base en diversas razones legales ya expuestas. Cabe apuntar que no pueden analizarse en este apartado los conceptos de violación en los que se sostiene la inconstitucionalidad del artículo 606, fracción I, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, ya que como se expuso en el considerando anterior, se actualizó en relación a su reclamo una causa de improcedencia, sustentada en el hecho de que tal responsable sustentó el desechamiento del recurso de queja, tanto en dicha norma como en el diverso 616, del Código en cita; sin embargo, en el presente juicio, la parte quejosa sólo combatió el primero de los preceptos, lo que devino en la improcedencia del reclamo. Entonces, a virtud del sobreseimiento los conceptos de violación hechos valer aduciendo la inconstitucionalidad del referido precepto legal no pueden ser analizados; pues el sobreseimiento no sólo libera del deber de abordar su estudio, sino que imposibilita realizarlo, pues constituiría un proceder incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Es aplicable al respecto la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 195741, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 52/98, Página: 244, que se cita enseguida: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.". Es por eso que las argumentaciones del quejoso en torno a la trasgresión al derecho a un recurso sencillo y efectivo contra violaciones a derechos humanos, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva, al constituir una de las bases de los conceptos de violación enderezados contra el citado precepto 606, fracción I, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, no pueden ser analizados en relación a la supuesta inconstitucionalidad de la sentencia de once de abril de dos mil diecinueve. Por lo demás, tampoco se estima que esta resolución desatienda lo previsto en la tesis que invoca en la demanda correspondiente a la Décima Época, Registro: 2003026, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: I.2o.C.5 C (10a.), Página: 1992, con el rubro: "DERECHOS HUMANOS. EL DE ACCESO A LA JUSTICIA NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBA SUBSANAR EL ERROR EN QUE INCURRAN LAS PARTES AL INTERPONER UN RECURSO NO IDÓNEO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD, ATENTO A LOS PRESUPUESTOS PROCESALES, FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS.", porque precisamente en dicha tesis se sostiene que el hecho de que una de las partes interponga un recurso que no es el idóneo para impugnar la resolución de que se queja, no da lugar a que la autoridad jurisdiccional corrija el error, inclusive cuando se trate de menores de edad, pues para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia de las acciones y de los recursos, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados; de ahí que las reglas de su procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos, por lo que si el medio de impugnación interpuesto no resulta ser el idóneo, fue correcto que se desestimara por la Sala responsable. Porque como se ha sostenido en la resolución combatida correctamente se sustentó el desechamiento en sendas disposiciones legales conforme a las cuales no es admisible la posibilidad de admisión del recurso de queja, para combatir la resolución que en el juicio de origen declaró infundado el incidente de liquidación del convenio elevado a categoría de sentencia, a saber los artículos 606, fracción I y 616, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos; de ahí es infundado lo alegado en relación a que el proceder de la Sala trasgrediera el derecho humano de acceso a la justicia, pues no podía al amparo de esas normas declarar admisible un recurso que no lo era, pues ello atentaría contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica que deben observarse en materia civil. En efecto, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Consecuentemente, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2005917, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.), Página: 325, del rubro siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.". En estrecha vinculación con lo anterior, debe decirse que ante la no admisión del recurso de queja, la parte quejosa no ha sido afectada en el derecho humano a una recurso judicial efectivo, ya que en caso de que en el juicio natural se inste un nuevo incidente de liquidación -la resolución de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, declaró infundado el incidente de liquidación de pensiones alimenticias hecho valer en el juico natural, dejando a salvo los derechos de las partes- y de resultar afectado por la resolución que llegara a dictarse, estará en aptitud de combatirla a través del juicio de amparo, que constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, a la luz de la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2010984, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 12/2016 (10a.), Página: 763, con el rubro: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Entonces un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación. Además, en la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 196891, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 6/98, Página: 60, con el rubro: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO", se ha reconocido la procedencia del juicio de amparo para combatir las determinaciones que ponen fin al incidente de liquidación de sentencia, al ser considerado para efectos del juicio de amparo, un acto ejecutado después de concluido el juicio, es decir, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial. Atento todo lo anterior, los conceptos de violación hechos valer contra la resolución combatida, son infundados, sin que se advierta materia que suplir en deficiencia de la queja, estimando que esta conclusión no desatiende en modo alguno la jurisprudencia de la Décima Época , Registro: 2018093, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 42/2018 (10a.), Página: 773, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. SU PROCEDENCIA DEBE ANALIZARSE CASO A CASO, CUANDO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SEA LA QUE DECRETA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL", ya que aunque la causal de suplencia de la queja a favor del orden y desarrollo de la familia debe operar a favor de ésta, su procedencia no se da en todos los caso ni bajo cualquier circunstancia, sino sólo en aquéllos casos en que se adviertan razones fundadas para ello, lo cual no ocurre en el caso específico, al ser evidente que aun de acceder a ésta no sería útil favorecer al quejoso. Sobre este último aspecto, es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2019687, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, Civil, Tesis: PC.VII.C. J/7 C (10a.), Página: 1631, con el rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. TAMBIÉN PROCEDE A FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO.". Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ, respecto a la expedición y promulgación de los artículos 606, fracción I y 616, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, reclamados al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Morelos, en términos del considerando cuarto. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ, respecto a la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil 244/2019-15-10-11, reclamada a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy doce de julio de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 587/2019-V, promovido por JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ, por derecho propio, contra actos del Congreso del Estado de Morelos y otras autoridades; y RESULTANDO: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el treinta de abril de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y turnado el mismo día a este Juzgado de Distrito, JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades: 1) Congreso del Estado, 2) Gobernador, y 3) Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. SEGUNDO. ADMSIÓN Y TRÁMITE. Mediante auto de dos de mayo de dos mil diecinueve se admitió la demanda de garantías, quedó registrada bajo el número de expediente 587/2019. Por consiguiente se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción I y 108 de la Ley de Amparo en vigor; 1º, fracción V, 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa, el lugar donde reside la autoridad responsable emisora del acto reclamado, que no tiene ejecución material. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que los actos reclamados son los siguientes: 1. El proceso legislativo que culminó con la expedición del artículo 606 fracción I del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos; 2. La resolución de once de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 244/2019-15-10-11, en la que ocurrió la aplicación de dicha norma. TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los actos que se reclaman al Congreso del Estado y Gobernador, ambos del Estado de Morelos, consistentes en la expedición y promulgación del artículo 606, fracción I, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. Ello en virtud de que así lo expresaron al momento de rendir su informe justificado (fojas 102, 103, 105 a 120). Lo anterior se ve robustecido con el principio de derecho que establece la no sujeción a prueba alguna de las leyes nacionales, y por extensión las locales, que se encuentra implícito en lo dispuesto por el artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispone así el numeral 2 de esta última. En apoyo de lo expuesto, por identidad de razón jurídica se invoca jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Novena Época), identificada con el número 2a./J. 65/2000, consultable en la página 260, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de 2000, registro número 191452, del rubro siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Por otro lado, es cierto el acto reclamado a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, consistente en la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil 244/2019-15-10-11, en virtud de que la última así lo señaló en su informe justificado (foja 101), y se corrobora a través de las fotocopias certificadas de las constancias del toca de mérito a las que se otorga valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de ser un documento público, por ser expedido por autoridad en ejercicio de sus funciones. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, ya que son de estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, respeto del artículo 606, fracción I, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 77 y 78, todos de la Ley de Amparo, como en seguida se explica. En esas condiciones, los preceptos invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley. Artículo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado.". A fin de sustentar al improcedencia del juicio respecto a los preceptos legales que se impugnan, es imperativo citar los siguientes antecedentes del caso: 1. A través de escrito presentado el trece de agosto de dos mil quince, JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ, demandó en la vía de controversia del orden familiar, el divorcio necesario a CAROLA PELLICO VERGARA, admitida y radicada ante el Juez Quinto Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos; bajo el número de expediente 287/2015. 2. La demandada compareció a juicio y en audiencia de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, las partes solicitaron que mutara el procedimiento a divorcio voluntario, y exhibieron convenio aprobado por el Juez natural el diez de febrero de dos mil dieciséis, en cuya cláusula sexta se pactó la obligación del aquí quejoso de proporcionar $2,050.00 (DOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), de manera mensual, por concepto de pensión alimenticia a favor de su menor hijo, MATEO RUIZ PELLICO. 3. El veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, CAROLA PELLICO VERGARA, a través de incidente reclamó el pago de pensiones alimenticias a favor del menor referido, que se admitió y al que compareció el aquí peticionario del amparo a contestar lo que a su derecho convino y que fue dirimido por resolución de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, cuyos puntos resolutivos se trascriben enseguida: ".PRIMERO: Este juzgado es COMPETENTE para conocer y resolver el presente asunto y la vía elegida razonamientos expuestos en el Considerando I de esta resolución. SEGUNDO. Se DECLARA IMPROCEDENTE el INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE PENSIONES ALIMENTICIAS ADEUDADAS, en vía de ejecución forzosa de la cláusula sexta del convenio aprobado mediante resolución de fecha diez de febrero de dos mil dieciséis, que causó ejecutoria el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, promovido por CAROLA PELLICO VERGARA en contra de JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ, en virtud de no haber acreditado con medio de prueba alguno las aseveraciones en las que apoya su acción incidental y tampoco JOSE FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ justificó con prueba suficiente los hechos de su contestación al incidente de referencia, en función de los razonamientos expuestos en el cuerpo de este fallo. TERCERO. Se dejan a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer conforme legalmente corresponda.". 4. Inconforme con la resolución indicada, JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ, interpuso recurso de queja que fue desechado por la Sala responsable, mediante resolución de once de abril de dos mil diecinueve, en el toca 244/2019-15-10-11, considerando dicho tribunal que conforme al artículo 590, fracción II, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos el recurso queja procede contra las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencias; sin embargo, que la resolución combatida mediante queja por el actor del juicio fue dictada con motivo del incidente de liquidación de sentencia promovido por la contraparte de aquél, razón por la que era aplicable el artículo 606, fracción I, del mismo ordenamiento legal, en la parte que señala que no procederá recurso alguno contra las resoluciones que recaigan a la petición de ejecución de las sentencias que no contengan liquidación; aunado a ello, que las resoluciones que se dicten en el periodo de ejecución de sentencia sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente, y que no lo era la indicada de veintiséis de febrero del año en curso. Es tal resolución la que se combate a través del presente juicio de amparo, estimando el quejoso que constituye el primer acto de aplicación en su perjuicio del artículo 606, fracción I, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, que también impugna aquí. Ahora bien, cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una norma general con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, pues es precisamente el acto de aplicación el que causa perjuicio al quejoso y no la norma por sí sola, considerada en abstracto. Lo anterior implica que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la norma general; que la negativa del amparo contra la norma, por no ser inconstitucional, debe hacerse extensiva al acto de aplicación, cuando éste no se reclama por vicios propios, y que la concesión del amparo contra la norma general, por ser inconstitucional, debe hacerse extensiva también al acto de aplicación. Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia de la Séptima Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo: Tomo I, Const., Jurisprudencia SCJN, Tesis: 346, Página: 400, con el rubro y texto: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación.". Con base en lo anterior, al reclamarse una norma general con motivo de un acto concreto de aplicación, no se debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. Por tanto, en primer lugar, se debe analizar si el juicio de amparo resulta procedente respecto del acto de aplicación. Si el juicio es improcedente contra el acto de aplicación, se debe sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y de la norma impugnada. En cambio, si el juicio resulta procedente en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la norma general impugnada, salvo que se actualice alguna causal de improcedencia. De no actualizarse lo último, si se concluye que la norma general es inconstitucional, la concesión del amparo contra ésta debe hacerse extensiva al acto de aplicación. Si se concluye que la norma no es inconstitucional, la negativa del amparo debe hacerse extensiva al acto de aplicación, cuando éste no se reclama por vicios propios. Pero si se concluye que la norma general no es inconstitucional y el acto de aplicación se reclama también por vicios propios, entonces será la ocasión para analizar éstos; siendo incorrecto, por ende, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Al respecto es aplicable la siguiente jurisprudencia de la Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Agosto de 2000, Tesis: 2a./J. 71/2000, Página: 235, que se cita: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." Ahora, si bien en los términos antes apuntados cuando se reclama una norma general con motivo de un acto de aplicación, dado que la procedencia del amparo respecto de aquélla está condicionada a la procedencia respecto de éste, cuando se concluye que el juicio sí es procedente en contra del acto de aplicación, lo que enseguida debe hacerse es analizar la constitucionalidad de la norma general; pero esto último sólo se da cuando no se surte respecto de ésta alguna causal de improcedencia, cuestión que, como en todo juicio de amparo, es de análisis previo al del fondo y si del tal análisis, se concluye que el amparo es improcedente respecto de la ley, tal como se señaló, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio respecto de ella y hacerse extensivo al acto de aplicación, cuando éste no se combate por vicios propios. Dicho esto, al no advertirse causal de improcedencia respecto a la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, en la que ocurrió la aplicación del impugnado artículo 606, fracción I, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, procede que, previamente al estudio de fondo de ella, se analice la procedencia del amparo en torno al precepto legal impugnado. En ese sentido, de oficio, se advierte que por cuanto a dicha norma, se actualiza la causal de improcedencia anunciada. Ello es así, porque la resolución combatida de once de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Sala responsable, por la que se desecha el recurso de queja hecho valer por el aquí quejoso contra la diversa que resolvió la solicitud de liquidación de la sentencia, declarando infundada la liquidación y dejando a salvo los derechos de las partes, de veintiséis de febrero del año en curso, emitida por el juez natural en la controversia familiar de origen, como se explicó, se sustenta tanto en el referido 606, fracción I, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, como en el diverso 616, del mismo ordenamiento que son del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 606.- REGLAS PARA PROCEDER A LA LIQUIDEZ. Si la resolución cuya ejecución se pide no contiene cantidad líquida, para llevar adelante la ejecución debe previamente liquidarse conforme a las siguientes prevenciones: I. Si la resolución no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta no la objetare dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe, pero moderada prudentemente por el juez; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, por tres días, y de lo que replique, por otros tres días, al deudor. El juez fallará dentro de igual término lo que estime justo, y la resolución no será recurrible;." "ARTÍCULO 616.- RECURSOS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Las resoluciones que se dicten en ejecución de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. En los demás casos, las resoluciones no serán recurribles.". Conforme al contenido de ambas normas y como lo estableció la Sala responsable, las resoluciones que se dicten en ejecución de la sentencia y particularmente aquéllas emitidas con motivo de la solicitud de liquidación de la sentencia, no son recurribles; de ahí que aquéllos preceptos sustentan el desechamiento del recurso de queja promovido por JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ. Consecuentemente, ya que se combate en esta instancia constitucional la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, en la cual la responsable sustentó el desechamiento del recurso de queja contra la determinación que resolvió el incidente de liquidación del convenio elevado a categoría de cosa juzgada, en los artículos 606, fracción I, y 616, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, sin que la parte quejosa combata ambos preceptos, sino sólo el primero, deviene improcedente el juicio de garantías de conformidad con lo ordenado por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por los artículos 77 y 78 del mismo ordenamiento. Ello, en virtud de que aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento sí impugnado, sería imposible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, dado que la resolución reclamada subsiste con el sólo apoyo del diverso ordenamiento que no se combatió. Hipótesis que se surte en el caso, ya que el numeral 616, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos determina que fuera de los casos previstos expresamente, las resoluciones que se emitan en el periodo de ejecución no serán recurribles, estimando la responsable que la que dirime la solicitud de liquidación de sentencia, no está prevista expresamente como aquéllas que son recurribles a través de dicho medio de defensa, con lo cual dicha disposición sustenta por sí misma el desechamiento del recurso en cita, y por ese motivo al no combatirse conjuntamente con el diverso 606, fracción I, del Código en comento, el juicio de amparo para impugnar aisladamente ésta última disposición, resulta improcedente. Es aplicable al respecto la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 197893, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Agosto de 1997, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 32/97, Página: 79, del texto y rubro siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE DOS NORMAS DISTINTAS QUE LO FUNDAMENTAN. ES IMPROCEDENTE SI SÓLO SE IMPUGNÓ UNA DE ELLAS, CUANDO EL ACTO SUBSISTE APOYÁNDOSE EN LA OTRA NORMA QUE NO SE COMBATIÓ. Cuando se reclama un acto de autoridad que se funda en dos ordenamientos distintos y sólo se impugna uno de ellos, el juicio de garantías es improcedente de conformidad con lo ordenado por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto por el artículo 80 del mismo ordenamiento, toda vez que, aun en el caso de que se declarara la inconstitucionalidad del ordenamiento impugnado, sería imposible restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, siempre y cuando el acto reclamado subsista con el solo apoyo del diverso ordenamiento que no se combatió.". En las condiciones apuntadas, al actualizarse la causal de improcedencia explicada, lo procedente es sobreseer en el juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al no existir causa de improcedencia hecha valer o que se advierte de oficio, respecto la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 244/2019-15-10-11 procede al análisis de fondo de los vicios que se le atribuyen. QUINTO. ANÁLISIS DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En este apartado se analiza la constitucionalidad de la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, emitida por la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca civil 244/2019-15-10-11, arribándose a la conclusión de que los conceptos de violación que por vicios propios endereza la parte quejosa contra dicha resolución, son infundados. El peticionario de amparo sostiene que la resolución combatida viola el derecho fundamental de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, al desechar la queja en una etapa procesal distinta a la de admisión o desechamiento, por lo que el proceder de la autoridad responsable es contrario a lo previsto en el artículo 595 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos. Refiere que de acuerdo a dicha disposición el desechamiento del recurso de queja procede en dos hipótesis: a) Que el recurso se funde en hechos falsos o no esté fundado en derecho; y b) Cuando exista otro medio de defensa contra la resolución impugnada. Que el acto reclamado desechó el recurso de queja interpuso sin que se surtiera ninguna de las hipótesis anteriores, porque dice, la queja se fundó en hechos verdaderos y con apoyo en los preceptos legales citados y con la expresión de agravios. Aunado a lo anterior, que la propia Sala determina que no procede recurso contra la resolución emitida en la liquidación de la sentencia; existiendo por ende contradicción es su actuar, al no poder desechar la queja si a la vez determinó que no hay recurso contra la resolución impugnada a través de dicho medio de impugnación. Es infundado lo anterior. Si bien el artículo 595 del Código Procesal Familiar vigente en el Estado de Morelos alude a que se desechará la queja cuando no se den las condiciones anotadas en los incisos de referencia, debe decirse que si bien en el acto reclamado la Sala no se sustenta en dicha norma, lo cierto es que no debe ser interpretada de forma aislada en razón de que la procedencia del recurso de queja al promoverse la ejecución en el juicio natural, se rige también conforme a los diversos artículos 606, fracción I, y 616, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, como correctamente lo determinó la Sala responsable en el acto reclamado. Es así, porque de acuerdo al contenido de ambas normas y como adecuadamente lo estableció la Sala responsable, las resoluciones que se dicten en el periodo de ejecución de la sentencia y, particularmente aquéllas emitidas con motivo de la solicitud de liquidación de la sentencia no son recurribles. Es por eso que aun y cuando un recurso de queja colme los requisitos de contener los hechos, el derecho y los agravios respectivos, de todas maneras no sería admisible si a través de él se pretende impugnar una resolución sobre liquidación de sentencia, pues como lo señaló la Sala responsable, no sólo no está previsto expresamente el recurso de queja para combatir una resolución de esa naturaleza, sino que hay disposición que indica con toda claridad que no será recurrible. En ese sentido, resulta innecesario colmar los requisitos aludidos en el artículo 595 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos al actualizar la condición para su desechamiento por diverso motivo legal, incluso no impugnado por el impetrante; por tal razón es infundado que a la luz de esta disposición, la responsable obrara ilegalmente al declarar inadmisible la queja interpuesta por el quejoso al evidenciar que resultaba improcedente dicho recurso con base en diversas razones legales ya expuestas. Cabe apuntar que no pueden analizarse en este apartado los conceptos de violación en los que se sostiene la inconstitucionalidad del artículo 606, fracción I, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos, ya que como se expuso en el considerando anterior, se actualizó en relación a su reclamo una causa de improcedencia, sustentada en el hecho de que tal responsable sustentó el desechamiento del recurso de queja, tanto en dicha norma como en el diverso 616, del Código en cita; sin embargo, en el presente juicio, la parte quejosa sólo combatió el primero de los preceptos, lo que devino en la improcedencia del reclamo. Entonces, a virtud del sobreseimiento los conceptos de violación hechos valer aduciendo la inconstitucionalidad del referido precepto legal no pueden ser analizados; pues el sobreseimiento no sólo libera del deber de abordar su estudio, sino que imposibilita realizarlo, pues constituiría un proceder incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. Es aplicable al respecto la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 195741, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Agosto de 1998, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 52/98, Página: 244, que se cita enseguida: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito resuelve sobreseer en un juicio, donde se reclama la inconstitucionalidad de una ley, son inoperantes los agravios que se hacen consistir en la omisión de análisis de los conceptos de violación, pues el sentido del fallo no sólo liberaba al a quo de abordar tal estudio, sino que lo imposibilitaba para realizarlo; de lo contrario su proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es, precisamente, poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo.". Es por eso que las argumentaciones del quejoso en torno a la trasgresión al derecho a un recurso sencillo y efectivo contra violaciones a derechos humanos, como parte del derecho a la tutela judicial efectiva, al constituir una de las bases de los conceptos de violación enderezados contra el citado precepto 606, fracción I, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, no pueden ser analizados en relación a la supuesta inconstitucionalidad de la sentencia de once de abril de dos mil diecinueve. Por lo demás, tampoco se estima que esta resolución desatienda lo previsto en la tesis que invoca en la demanda correspondiente a la Décima Época, Registro: 2003026, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 3, Materia(s): Constitucional, Civil, Tesis: I.2o.C.5 C (10a.), Página: 1992, con el rubro: "DERECHOS HUMANOS. EL DE ACCESO A LA JUSTICIA NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBA SUBSANAR EL ERROR EN QUE INCURRAN LAS PARTES AL INTERPONER UN RECURSO NO IDÓNEO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD, ATENTO A LOS PRESUPUESTOS PROCESALES, FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS.", porque precisamente en dicha tesis se sostiene que el hecho de que una de las partes interponga un recurso que no es el idóneo para impugnar la resolución de que se queja, no da lugar a que la autoridad jurisdiccional corrija el error, inclusive cuando se trate de menores de edad, pues para ejercer el derecho de acceso a la justicia se debe cumplir con los presupuestos procesales formales y materiales de admisibilidad y de procedencia de las acciones y de los recursos, lo que brinda certeza jurídica a los gobernados; de ahí que las reglas de su procedencia no pueden alterarse a través de una pretendida protección a los derechos humanos, por lo que si el medio de impugnación interpuesto no resulta ser el idóneo, fue correcto que se desestimara por la Sala responsable. Porque como se ha sostenido en la resolución combatida correctamente se sustentó el desechamiento en sendas disposiciones legales conforme a las cuales no es admisible la posibilidad de admisión del recurso de queja, para combatir la resolución que en el juicio de origen declaró infundado el incidente de liquidación del convenio elevado a categoría de sentencia, a saber los artículos 606, fracción I y 616, del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos; de ahí es infundado lo alegado en relación a que el proceder de la Sala trasgrediera el derecho humano de acceso a la justicia, pues no podía al amparo de esas normas declarar admisible un recurso que no lo era, pues ello atentaría contra los principios de equidad procesal y seguridad jurídica que deben observarse en materia civil. En efecto, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Consecuentemente, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2005917, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a./J. 22/2014 (10a.), Página: 325, del rubro siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL.". En estrecha vinculación con lo anterior, debe decirse que ante la no admisión del recurso de queja, la parte quejosa no ha sido afectada en el derecho humano a una recurso judicial efectivo, ya que en caso de que en el juicio natural se inste un nuevo incidente de liquidación -la resolución de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, declaró infundado el incidente de liquidación de pensiones alimenticias hecho valer en el juico natural, dejando a salvo los derechos de las partes- y de resultar afectado por la resolución que llegara a dictarse, estará en aptitud de combatirla a través del juicio de amparo, que constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación, a la luz de la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2010984, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 2a./J. 12/2016 (10a.), Página: 763, con el rubro: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Entonces un recurso judicial efectivo es aquel capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido, es decir, debe ser un medio de defensa que puede conducir a un análisis por parte de un tribunal competente para determinar si ha habido o no una violación a los derechos humanos y, en su caso, proporcionar una reparación. En este sentido, el juicio de amparo constituye un recurso judicial efectivo para impugnar la inconstitucionalidad, o incluso la inconvencionalidad, de una disposición de observancia general, pues permite al órgano jurisdiccional de amparo emprender un análisis para establecer si ha habido o no una violación a los derechos humanos de los solicitantes y, en su caso, proporcionar una reparación. Además, en la jurisprudencia de la Novena Época, Registro: 196891, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia(s): Civil, Tesis: 1a./J. 6/98, Página: 60, con el rubro: "INTERLOCUTORIA QUE PONE FIN AL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO", se ha reconocido la procedencia del juicio de amparo para combatir las determinaciones que ponen fin al incidente de liquidación de sentencia, al ser considerado para efectos del juicio de amparo, un acto ejecutado después de concluido el juicio, es decir, como un acto de los considerados como aquellos que pueden impugnarse ante un Juez de Distrito, dado que emanaría de un tribunal judicial, reclamable a través del juicio de amparo biinstancial. Atento todo lo anterior, los conceptos de violación hechos valer contra la resolución combatida, son infundados, sin que se advierta materia que suplir en deficiencia de la queja, estimando que esta conclusión no desatiende en modo alguno la jurisprudencia de la Décima Época , Registro: 2018093, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: 1a./J. 42/2018 (10a.), Página: 773, con el rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. SU PROCEDENCIA DEBE ANALIZARSE CASO A CASO, CUANDO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA SEA LA QUE DECRETA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL", ya que aunque la causal de suplencia de la queja a favor del orden y desarrollo de la familia debe operar a favor de ésta, su procedencia no se da en todos los caso ni bajo cualquier circunstancia, sino sólo en aquéllos casos en que se adviertan razones fundadas para ello, lo cual no ocurre en el caso específico, al ser evidente que aun de acceder a ésta no sería útil favorecer al quejoso. Sobre este último aspecto, es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2019687, Instancia: Plenos de Circuito, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo II, Materia(s): Común, Civil, Tesis: PC.VII.C. J/7 C (10a.), Página: 1631, con el rubro "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. TAMBIÉN PROCEDE A FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO.". Por lo anteriormente expuesto, y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ, respecto a la expedición y promulgación de los artículos 606, fracción I y 616, del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, reclamados al Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Morelos, en términos del considerando cuarto. SEGUNDO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A JOSÉ FRANCISCO RUIZ VÁZQUEZ, respecto a la resolución de once de abril de dos mil diecinueve, emitida en el toca civil 244/2019-15-10-11, reclamada a la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy doce de julio de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

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