José Francisco Rocha Valencia
Expediente 1438/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1438/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- José Francisco Rocha Valencia
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, con fundamento en el dispositivo 214, de la ley de la materia, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Del incidente de suspensión Cabe señalar que en el presente juicio no se ordenó la apertura del incidente de suspensión por no haber sido solicitado Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cuatro de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales a que haya lugar, el oficio suscrito por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual remite copias certificadas del juicio de amparo 1320/2022, promovido por José Francisco Rocha Valencia, contra actos del Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, y un anexo, en cumplimiento a la separación de autos dictada por dicho órgano jurisdiccional; asimismo, se toma conocimiento del registro que efectúo dicha funcionaria de un asunto más a la estadística de este juzgado derivada de la separación de juicios mencionada. Aceptación de Competencia. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los preceptos 38 y 48 de la Ley de Amparo, se acepta la competencia que se plantea para conocer de la demanda de que se trata y este juzgado se avoca al conocimiento de la misma; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el consecutivo 1438/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento de la demanda. Ahora bien, sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los ordinales 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en atención a que de su contenido, este órgano de control constitucional advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuyo estudio corresponde efectuar oficiosamente de acuerdo con el numeral 62 de la Ley de la Materia. Resta decir, que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes (o solicitudes ajenas al juicio de amparo), para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio, se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De ese precepto se sigue la obligación del juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia. En la especie, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicado a contrario sensu, de la ley de Amparo. Para mejor entendimiento, es pertinente transcribir las citadas porciones normativas, las cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:[.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.[.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; [.] La causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de dicho ordenamiento, asimismo, la diversa fracción VI, del artículo 107, de la legislación mencionada, instituye que el juicio de amparo procederá contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas, fracción normativa aplicada en sentido contrario, concluye que el juicio no procederá cuando tales actos de existir no afecten a quien se ostenta como tercero extraños a un procedimiento. Para arribar a la anterior conclusión, debe precisarse que la demanda de amparo fue promovida por José Francisco Rocha Valencia, quien solicitó la protección de la justicia federal, entre otros, contra actos de los Juez y Actuario, adscritos al Juzgado Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, consistentes en, la falta de emplazamiento, así como sus consecuencias, consistentes en la orden de embargo, desalojo y/o desocupación que se pretende ejecutar respecto del inmueble propiedad del quejoso ubicado en Privada Puerto Escondido, número 200, colonia Fraccionamiento Bugambilias, Cuernavaca, Morelos. Asimismo, que el Juez Segundo Menor en Materia Civil y Mercantil de la Primera Demarcación Territorial del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado en el juicio de amparo 1320/2022, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos (motivo de la separación de juicios), hizo del conocimiento que ante dicha potestad se ventila el juicio ejecutivo mercantil 411/2021, incoado por el actor Eloy Portillo Córdoba, en contra de Marco Antonio Rocha Valencia, quien fuera emplazado el veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno; además, que en diversas fechas la actuaria adscrita a dicho órgano jurisdiccional se constituyó en el domicilio aludido, para notificar al demandado, el proveído de treinta y uno de agosto del año en curso, enfatizando que el aquí quejoso no es parte en dicho sumario. Para acreditar lo anterior, remitió copia certificadas del citado juicio mercantil ejecutivo, documentales que adquieren valor probatorio para este juzgador en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición del ordinal segundo de esta última. En ese sentido, y en atención a la separación de juicio realizada por el Juez Segundo de Distrito en el Estado, el acto reclamado consiste en la falta de emplazamiento de la parte quejosa al juicio ejecutivo mercantil 411/2021, del índice de la responsable, y las consecuencias del mismo. Sobre esa base, y del estudio de la demanda y de las constancias remitidas, este juzgador advierte que las responsables no han ordenado y/o ejecutado orden de embargo, desalojo y/o desocupación en contra del quejoso o del inmueble que defiende, o bien que hubiera falta de emplazamiento y/o llamamiento a juicio de la parte quejosa en el juicio mercantil de referencia, pues a fojas siete del anexo remitido, se observa que el documento base de la acción en la controversia de origen fue suscrito por Marco Antonio Rocha Valencia como deudor principal y como aval Pedro Bailón Contreras, además que la responsable ordenó emplazar a juicio fue al primero de los nombrados, dada la acción cambiaria ejercitada por Eloy Portillo Córdoba. Por lo tanto, sí el acto reclamado es la falta de emplazamiento y sus consecuencias, en el juicio ejecutivo mercantil 411/2021, incoado por Eloy Portillo Córdoba en contra de Marco Antonio Rocha Valencia, que se traducen en cualquier orden de embargo, desalojo y/o desocupación respecto del inmueble que refiere el quejoso José Francisco Rocha Valencia, y éste no es parte material en dicha contienda, aunado al hecho de que no existe acto dictado en dicho juicio en el que le afecte un derecho subjetivo de manera personal y directa, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicada a contrario sensu, de la ley de Amparo. Ello en razón de que los actos realizados dentro del juicio ejecutivo mercantil mencionado, no afectan de manera inmediata y directa los intereses legítimos y jurídicos del quejoso José Francisco Rocha Valencia, bajo su calidad de persona extraña a juicio. Pues, como se expuso dicho carácter quedo desvirtuado con lo expresado en el informe justificado rendido por la responsable, así como de las copias certificadas que adjuntó al mismo, elementos suficientes con los que este juzgador cuenta para llegar a la presente determinación, dada su eficacia probatoria. Para apoyar lo anterior, por las razones que la conforman, se invoca la jurisprudencia 2a./J. 5/2021 (10a.), de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2023029, , que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." Si bien, el criterio transcrito versa sobre el desechamiento de la demanda, cuando el Juez de Distrito, cuente con elementos suficientes para corroborar que el quejoso no es tercero extraño por equiparación, esto es, que quien siendo parte formal en juicio no fue llamado a juicio o bien su llamamiento fue defectuoso, sirve como directriz para la presente determinación, pues resulta evidente que el quejoso no es tercero extraño ni mucho menos uno por equiparación, pues de las documentales que obran en autos, se observa que éste no es parte formal en el juicio de origen, ni que en la contienda se la hayan transgredido sus derechos. Decisión. En consecuencia y toda vez que el acto reclamado no produce una afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos del quejoso atento a su calidad de persona extraña con la que pretende ostentarse la parte quejosa, se actualiza la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, aplicado a contrario sensu, de la indicada normativa, por lo que SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR JOSÉ FRANCISCO ROCHA VALENCIA. Finalmente debe decirse al promovente, que lo anterior no es violatorio del derecho de acceso a la justicia, ya que el desechamiento de mérito obedeció al marco jurídico establecido para la procedencia y tramitación del juicio de amparo. El aserto de este Juzgador, se corrobora con lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó que la aplicación del principio pro persona no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales de legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Esto se desprende de la jurisprudencia de número 2a./J. 56/2014 (10a.), cuyos datos de identificación y rubro a continuación se transcriben: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función." Domicilio, autorizados y notificaciones electrónicas. Como el impetrante señaló expresamente como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado Federal, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena que la notificación de este auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, se efectúe por medio de lista que se coloca en lugar visible y de fácil acceso a este órgano jurisdiccional; lo anterior, tiene apoyo además en la tesis XXII.1o.22 K, de la Novena época cuyos rubro cita, enseguida se trascriben: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL." Asimismo, se tiene por autorizada a la profesionista que propone, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga registrada su cédula profesional en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Uso de medios electrónicos: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente, así como firma de constancia que obre en autos de dicha actuación. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales) Este asunto y los datos que en él se contengan quedan sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; en Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aplicables. Esto implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Aunado a ello, conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de datos personales, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto deberán manifestarlo las partes expresamente. La falta de oposición conlleva su consentimiento para que en las resoluciones que se dicten no haya supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. Disponibilidad del Portal de Servicios en Líneadel Poder Judicial de la Federación. Finalmente, se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través de los servicios en línea que ofrece el Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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