José Francisco Robles Grijalva
Expediente 258/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 258/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 31/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Titular del Poder Ejecutivo Federal
- José Francisco Robles Grijalva
Actuaciones
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés.********************Declaración de estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos de los cuales se advierte que la parte promovente fue notificada del auto de ocho de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se tuvo por no presentada la demanda, sin que haya impugnado tal acuerdo dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado.********************Háganse las anotaciones correspondientes.********************Archivo y valoración de expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años.********************Devolución de documentos. Se requiere a la parte promovente para que, en caso de que hubiere exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos; con apercibimiento que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, en su caso, la documentación será glosada y correrá la misma suerte que el presente expediente. ********************Notifíquese.********************Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, ocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término de cinco días que se concedió a la parte promovente ********************, en proveído dictado por este órgano de control constitucional el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en el que se le requirió para que bajo protesta de decir verdad y con las copias de ley, manifestara lo siguiente: "PRIMERO: Atento al contenido del anexo que acompaña a su demanda de amparo, deberá precisar si acude al juicio de amparo por propio derecho o como representante de alguna persona moral, al parecer de la denominada Super Carne Slecta Las Quintas, y en el último de los casos, deberá acreditar con documento fehaciente la representación que ostenta. (.) SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad, deberá señalar que los antecedentes que señaló en su demanda son realizados bajo tal protesta, y deberá ampliar los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto o actos reclamados, de los fundamentos de los conceptos de violación, es decir, una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto que impugna en esta instancia constitucional y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, lo que hará en orden cronológico y precisando las fechas en que sucedieron los acontecimientos que narrará." Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior su demanda se tendría por no presentada. En consecuencia, toda vez que la parte promovente no dio cumplimiento con el requerimiento contenido en dicho acuerdo, se hace efectivo el apercibimiento formulado, y con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de garantías. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante la secretaria Guadalupe López Gutiérrez, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Radicación. Fórmese el expediente respectivo y regístrese bajo el juicio 258/2023, háganse las anotaciones correspondientes. 2. Prevención de la demanda. Previo a admitir la demanda de amparo que nos ocupa con fundamento en lo dispuesto por el artículo 108, fracciones I, II, III, IV y V, 113 y 114, fracciones I, II, IV y V, en relación con el diverso numeral 110 de la Ley de Amparo, se hace necesario requerir a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito aclare su demanda. En efecto, del escrito que nos ocupa se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados lo siguientes: Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós; en específico los artículos 1, 2, fracciones VI bis y VI ter, 40, fracciones IX y XII y 50 bis y cuarto transitorio. Acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, en su totalidad. En ese sentido, en los términos que antes se precisaron se requiere a la parte promovente para que: PRIMERO: Atento al contenido del anexo que acompaña a su demanda de amparo, deberá precisar si acude al juicio de amparo por propio derecho o como representante de alguna persona moral, al parecer de la denominada Super Carne Slecta Las Quintas, y en el último de los casos, deberá acreditar con documento fehaciente la representación que ostenta. Lo anterior, dado que en el proemio de la demanda dice comparecer por propio derecho; sin embargo, en los antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, señaló: "El hoy quejoso cumple con cabalidad todas las disposiciones normativas referentes a la comercialización de productos de tabaco. Desde su constitución ha buscado la realización legal de su OBJETO SOCIAL COMERCIALIZANDO productos legales y atendiendo a la normatividad correspondiente, siendo el caso que el pasado 16 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento que constituye el acto reclamado cuya inconstitucionalidad se reclama. Luego, el 13 de enero de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta, conforme al decreto mencionado. El quejoso depende de la exhibición normal, reglada y con apego a derecho de los productos que comercializa como productos del tabaco, razón por la cual se decide interponer la presente demanda de garantías y así solicitar se respeten sus derechos humanos. Con base en los documentos que se acompañan como Anexo 1 se acredita que en mi punto de venta se comercializa y exhiben habitualmente productos del tabaco y que la entrada en vigor del acto hoy reclamado afecta sustancialmente mis derechos humanos, razón por la cual se actualiza un interés jurídico y legítimo para impugnar el acto hoy reclamado." Asimismo, el quejoso anexó a su escrito de demanda el documento cuya imagen se inserta a continuación. Al efecto, es importante destacar el contenido del artículo 10 de la Ley de Amparo: "Artículo 10. La representación del quejoso y del tercero interesado se acreditará en juicio en los términos previstos en esta Ley. En los casos no previstos, la personalidad en el juicio se justificará en la misma forma que determine la ley que rija la materia de la que emane el acto reclamado y cuando ésta no lo prevenga, se estará a lo dispuesto por el Código Federal de Procedimientos Civiles. Cuando se trate del Ministerio Público o cualquier otra autoridad, se aplicarán las reglas del artículo anterior." En efecto, el artículo 17 constitucional prevé la garantía relativa a la pronta y expedita impartición de justicia, que obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, los cuales evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se haya instituido por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos y omisiones de autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados, éstos adquieren matices propios tratándose del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo. Esto es, si en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, en el juicio de amparo, a diferencia de otros donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al juez de amparo analizarla al considerar que la materia del debate no son intereses puramente privados sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional. Por ende, analizar la personalidad de la parte promovente del amparo, implica que el estudio oficioso de esta cuestión no debe realizarse en cualquier momento del juicio, ni tampoco dejarse a la oportunidad con que el conductor del proceso advierta una irregularidad en su acreditamiento, porque este criterio conduce a un resultado que abiertamente se opone a los fines del artículo 17 constitucional, en cuanto favorece la tramitación ociosa de un juicio, en una o dos instancias, que no culmina con la solución del conflicto y sí en cambio distrae la atención de los tribunales federales y causa perjuicios a las partes litigantes, ya que de estimarse lo contrario acarrearía un empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, con la que ocasionaría perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad de la parte promovente que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidas no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantía para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes son partes en juicio. Sobre el particular se invoca por analogía la jurisprudencia 2a./j./96, por analogía, visible a foja 47 del Semanario Judicial de la Federación, enero 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo contenido es: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19 a 21, con los títulos de 'PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL y PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER', para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo.". Aunado a la circunstancia de que no nos encontramos en el supuesto establecido en el artículo 14 de la Ley de Amparo, ya que el promovente no se ostenta como defensor de algún indiciado. Asimismo, en caso de promueva a como representante de alguna persona moral o negociación, al caso, Super Carne Slecta Las Quintas deberá exhibir 5 copias del documento con el que acredite su personalidad respecto dicha persona moral, para distribuirlas como sigue: (3) tres para las autoridades responsables, (1) una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y (1) una más para formar el cuaderno incidental. De conformidad con el artículo sexto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, por el que se expidió la Ley de Amparo, se cita, la tesis de rubro: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS". Lo anterior, toda vez que, en su caso, el documento con el que se demuestra la representación de quien promueve a nombre de la parte quejosa es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes. Además, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa. Apoya lo anterior la tesis de jurisprudencia, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. La personalidad constituye un presupuesto procesal que debe satisfacerse desde la presentación de la demanda en términos del artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que de no presentarse el documento con que se acredite o porque el exhibido sea insuficiente, dará lugar a que el juzgador prevenga al quejoso para que subsane esa deficiencia en términos del numeral 114, fracción III, del mismo ordenamiento, lo que de no ocurrir, provocará que se tenga por no presentada la demanda. Por tanto, el documento con el que se demuestre la representación de quien promueve a nombre del quejoso es parte integrante de la demanda y, en este sentido, para satisfacer la carga procesal prevista en el artículo 110 de la legislación aludida, debe exhibir no sólo las copias de la demanda, sino también las del documento con que acredita su personalidad para que se corra traslado a las demás partes, salvo en los casos en que corresponda al Juez de Distrito ordenar de oficio la expedición de las copias. Ello, además de facilitar al juzgador el cumplimiento de sus atribuciones, permite a las partes preparar su defensa en tanto tienen derecho a conocer si quien se ostenta como representante de otra persona para iniciar la acción constitucional realmente cuenta con esa atribución, sin que constituya un obstáculo para el acceso a la justicia ya que se trata de una formalidad procesal y no de una carga arbitraria o caprichosa." Cuestiones que resultan de importancia a fin de estar en condiciones de fijar la litis constitucional, para que las partes cuenten con los elementos indispensables a efecto de defender sus intereses y las autoridades estén en posibilidad, en su caso, de rendir su informe justificado. SEGUNDO. Bajo protesta de decir verdad, deberá señalar que los antecedentes que señaló en su demanda son realizados bajo tal protesta, y deberá ampliar los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto o actos reclamados, de los fundamentos de los conceptos de violación, es decir, una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al acto que impugna en esta instancia constitucional y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, lo que hará en orden cronológico y precisando las fechas en que sucedieron los acontecimientos que narrará. En esa medida, atento a que reclama las normas como autoaplicativas señalando como antecedentes del acto reclamado lo siguiente: "El hoy quejoso cumple con cabalidad todas las disposiciones normativas referentes a la comercialización de productos de tabaco. Desde su constitución ha buscado la realización legal de su OBJETO SOCIAL COMERCIALIZANDO productos legales y atendiendo a la normatividad correspondiente, siendo el caso que el pasado 16 de diciembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento que constituye el acto reclamado cuya inconstitucionalidad se reclama. Luego, el 13 de enero de 2023 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se dan a conocer los requisitos y características con las que deberá contar la lista textual y escrita de los productos de tabaco para su comercialización en los puntos de venta, conforme al decreto mencionado. El quejoso depende de la exhibición normal, reglada y con apego a derecho de los productos que comercializa como productos del tabaco, razón por la cual se decide interponer la presente demanda de garantías y así solicitar se respeten sus derechos humanos. Con base en los documentos que se acompañan como Anexo 1 se acredita que en mi punto de venta se comercializa y exhiben habitualmente productos del tabaco y que la entrada en vigor del acto hoy reclamado afecta sustancialmente mis derechos humanos, razón por la cual se actualiza un interés jurídico y legítimo para impugnar el acto hoy reclamado." Deberá precisar bajo protesta de decir verdad: 1. El domicilio correcto y completo de la persona moral o negociación donde dice efectúa el comercio y exhibición de los productos del tabaco. 2. Exhibir documento que acredite la ubicación o domicilio de la persona moral o negociación donde dice efectúa el comercio y exhibición de los productos del tabaco. Lo anterior sin soslayar que hace mención de una dirección al inicio de la demanda de amparo, pero se advierte incompleta y la menciona como su domicilio sin precisar si se trata de su casa habitación o precisamente se trata del sitio donde realiza las actividades señaladas. Cuestiones que resultan de importancia a fin de estar en condiciones de fijar la litis constitucional, para que las partes cuenten con los elementos indispensables a efecto de defender sus intereses y las autoridades estén en posibilidad, en su caso, de rendir su informe justificado. Con el apercibimiento de que en caso de que afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, con fundamento en el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días; numeral que a la letra dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y (.)" Lo que deberá hacer bajo protesta de decir verdad, es decir, de manera personal, dado que es un requisito formal que debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción V, del artículo 108 de la ley de la materia, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual los autorizados por la parte quejosa, no pueden desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda. Lo anterior, en virtud de que precisar a las autoridades responsables y los antecedentes del acto reclamado, es una cuestión que atañe o debe provenir directamente de la voluntad del interesado, ya que incide o modifica la configuración de la litis constitucional, y en esa medida es una atribución personalísima del agraviado. Al respecto cobra aplicación, la jurisprudencia 50/2014, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTA FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". Copias. Se hace saber a la parte promovente que deberá acompañar (5) seis copias de su escrito aclaratorio para distribuirlas como sigue: (1) una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, (3) tres para las autoridades responsables y (1) dos más dos para la integración de los cuadernos incidentales; así como las necesarias en caso de que señale nuevas autoridades; lo anterior conforme lo establece el artículo 110 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J.106/2005 de rubro "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS". Apercíbase a la parte promovente de amparo que de no dar cumplimiento a lo requerido en el punto número dos, dentro del plazo concedido para ello, su demanda se tendrá por no presentada, conforme lo establecido en el penúltimo párrafo del numeral 114 de la Ley de Amparo. 3. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 55, 56, 57 y 60 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza el uso de medios electrónicos a la parte quejosa, con nombre de usuario "********************", para los efectos solicitados, así como para que se le notifiquen electrónicamente las resoluciones judiciales que se emitan en el presente juicio de derechos. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." En esta apartado, debe precisarse que no se soslaya el señalamiento de la promovente de domicilio para oír y recibir notificaciones; sin embargo, dígasele que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber: a) Las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) La vía electrónica, al haber señalado el nombre de usuario aludido. Pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. Por su parte, en relación con los diversos usuarios "********************", "********************", y "********************", de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, se advierte que los referidos usuarios no existen; en consecuencia una vez que se proporcionen usuarios ciertos y correctos se acordará lo correspondiente a su solicitud. 4. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 5. Información de contacto. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 6. Herramientas de comunicación. De igual forma, acorde a lo dispuesto en el citado numeral y Acuerdo General se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 11. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firmó Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Guadalupe López Gutiérrez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.
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