José Francisco Rivera Hernández
Expediente 545/2022 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 14 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 545/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 15/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Francisco Rivera Hernández
- Ángel Bertha Muñoz Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, quince de mayo de dos mil veintitrés. En cumplimiento a la ejecutoria dictada por este tribunal colegiado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en el recurso de inconformidad 5/2023 del índice de este órgano jurisdiccional, agréguese copia certificada de la misma al expediente en que se actúa para los efectos legales procedentes. Ahora, tomando en consideración que en dicha sentencia se declaró infundado el citado recurso interpuesto en contra de la determinación dictada el seis de marzo de dos mil veintitrés en el expediente en que se actúa, en la que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo; y ya que de autos se advierte que no existe trámite pendiente por realizar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, en su oportunidad, archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. De la certificación secretarial de cuenta se advierte que con esta fecha se admitió a trámite el recurso de inconformidad interpuesto por José Francisco Rivera Hernández, por propio derecho, así como por Margarita Yannet Hernández Hernández, en su carácter de representante de su hijo cuya identidad se protege, quejosos en el presente juicio de amparo directo, en contra del auto de seis de marzo del año en curso, dictado en el expediente en que se actúa, mismo que se registró con el número 5/2023. Atento a lo anterior, una vez que se resuelva dicho recurso, agréguese copia certificada de la resolución correspondiente, para lo efectos legales a que haya lugar.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 102 y 103), siendo que a los quejosos José Francisco Rivera Hernández, por propio derecho, así como Margarita Yannet Hernández Hernández, en su carácter de representante de su menor hijo de identidad reservada, se les tuvo por desahogada mediante auto de uno de febrero de dos mil veintitrés (fojas 111 y 112), manifestando que se incurrió en defecto en el cumplimiento al fallo protector. En esas circunstancias, con apoyo en el Acuerdo General número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito que abroga el diverso Acuerdo General Plenario 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de diecisiete de noviembre de dos mil veintidós, este órgano colegiado concedió a José Francisco Rivera Hernández, por propio derecho y Margarita Yannet Hernández Hernández, en su carácter de representante de su menor hijo de identidad reservada, la protección constitucional solicitada, en los siguientes términos: "1) Que la Sala responsable deje insubsistente la sentencia reclamada. 2) Emita otra en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, declare inoficioso el testamento materia del litigio y, hecho lo anterior, resuelva lo que en derecho corresponda." (foja 62). I. Del examen de las constancias que remite la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, dejó insubsistente la sentencia reclamada de veintitrés de junio anterior y ordenó turnar los autos a la vista para emitir la resolución correspondiente. El seis de enero de dos mil veintitrés dictó un nuevo fallo en el que: 1. Siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo, declaró inoficioso el testamento materia del litigio, con base en las consideraciones torales siguientes: Son fundados los agravios formulados por los apelantes, pues como en ellos se aduce, la sentencia recurrida infringe los principios de exhaustividad y congruencia, ya que el juzgado de origen no analizó todos los puntos controvertidos que se esgrimieron en la demanda y omitió valorar las pruebas ofrecidas por los actores. Máxime que realizó un estudio somero de los hechos invocados por la parte actora, particularmente, las cláusulas tercera, cuarta y sexta del testamento controvertido, lo cual pone de manifiesto que no fundó ni motivó debidamente su determinación. Al no existir la figura del reenvío en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, lo que procede es analizar la acción de inoficiosidad de testamento, cuyos elementos son: a) La existencia de un testamento; b) La obligación del testador de dejar alimentos a determinadas personas, por encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en la ley; y c) El incumplimiento de tal obligación al otorgar el testamento. El juzgado de primer grado estimó cumplida la obligación del de cujus de dejar alimentos a sus hijos, con la cláusula sexta del testamento en que dispuso que esa carga sería proporcionada por el abuelo y la abuela paterna. Tal cláusula tan sólo constituye para los apelantes una mera expectativa de derecho para reclamar alimentos a los abuelos paternos, pero esta circunstancia no significa que su esfera jurídica se encuentre beneficiada con una pensión alimentaria, lo cual pone de manifiesto la ausencia de compromiso del testador a garantizar los medios de subsistencia en favor de sus hijos. Aun cuando el autor del testamento haya dispuesto que si existieran acreedores alimentarios, los herederos instituidos están obligados a proporcionarlos, lo cierto es que esta disposición no se traduce en que efectivamente se haya gravado con ella a esos sucesores, para liberar de dicha carga a la masa hereditaria, como lo prevé el artículo 2690 del Código Civil del Estado de Tlaxcala, toda vez que no establece la forma precisa en que deben cumplir dicha obligación legal, a través de recursos monetarios o de otra índole, ciertos y determinados, así como los aumentos que deban darse a la propia pensión. Una de las personas herederas (padre del testador), ya falleció, según lo corrobora el acta de defunción respectiva. Al haber muerto uno de los herederos designados por el de cujus, la cláusula sexta no puede operar, ya que la obligación alimentaria que se pretendió establecer a cargo de ambos herederos, es mancomunada, por lo que el cumplimiento al pago de alimentos, debe llevarse a cabo por los dos y no sólo uno de ellos, a menos que la abuela de los recurrentes exprese su compromiso a cumplirla por sí misma, o bien que así se haya establecido en el testamento, lo que no ocurre en la especie, toda vez que la enjuiciada, en su escrito de contestación, negó la procedencia de la acción. Si bien en el párrafo segundo de la cláusula tercera del testamento, el autor señaló que designaba a su esposa e hijos como herederos de la pensión que percibía del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cierto es que el juzgado no advirtió que con la resolución de otorgamiento de pensión por orfandad, los actores demostraron la insuficiencia económica de ese beneficio, toda vez que su monto asciende a novecientos cuarenta y dos pesos sesenta y cinco centavos ($942.65) mensuales, por ambos descendientes. Aun cuando el pago de alimentos y la pensión de orfandad pudieran compartir un mismo objeto, que es la solidaridad humana; sin embargo, su naturaleza jurídica es diferente, porque la pensión por orfandad nace de los denominados derechos sociales y sólo coadyuva al sostenimiento de los descendientes del trabajador que fallece, para afrontar las vicisitudes de tan difícil trance; mientras que la pensión alimenticia, nace del derecho civil como una obligación que constriñe a determinadas personas a entregar a otras lo necesario para su subsistencia en forma integral. No puede supeditarse la obligación del testador de dejar alimentos, a la inexistencia del beneficio de seguridad social destacado, pues no se advierte disposición expresa en ese sentido dentro del Código Civil del Estado de Tlaxcala. Máxime que asumir dicha postura, ignorando las marcadas diferencias entre ambas figuras jurídicas, no resultaría acorde al derecho fundamental de acceso a un nivel de vida adecuado, del cual emanan obligaciones para el Estado en el ámbito del derecho público ?régimen de seguridad social? y para los particulares en el rubro del derecho privado ?obligación de alimentos?. Las razones expuestas justifican los elementos de la acción, por lo que se declara inoficioso el testamento público abierto de veinte de mayo de dos mil trece, que en vida otorgó el de cujus. 2. Asimismo: Declaró improcedentes las prestaciones consistentes en la restitución a la masa hereditaria del inmueble ubicado en calle San Lucas, número doscientos treinta y cuatro, lote nueve, manzana dos, fraccionamiento habitacional "Cuamanco", de la calle del convento, barrio de San Sebastián, Municipio de Huamantla, Tlaxcala, así como su entrega a los actores, bajo el argumento que la consecuencia que en el testamento no se dejen alimentos no es que se declare nulo, sino inoficiosos, pues subsiste en todo lo que no perjudique a los acreedores alimentarios. Desestimó la excepción de oscuridad de demanda, pues consideró que al oponerla, la demandada no precisó el hecho en que la hizo consistir. Estimó improcedente la excepción de falta de acción y derecho, con sustentó en lo expuesto al analizar la acción. Al haber declarado la inoficiosidad del testamento, dejó a salvo el derecho de los apelantes a reclamar alimentos en la vía y forma que a su interés convenga. 3. Hecho lo anterior, revocó la sentencia recurrida para declarar probada la acción de testamento inoficioso. II. A. Los impetrantes José Francisco Rivera Hernández, por propio derecho, así como Margarita Yannet Hernández Hernández, en su carácter de representante de su menor hijo de identidad reservada, exponen su inconformidad en contra de los términos en que se emitió la sentencia dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al señalar esencialmente que: La Sala responsable omitió precisar la consecuencia de la declaración de inoficiosidad de testamento, es decir, nada dice respecto a la pensión alimenticia que puede constituirse sobre la masa hereditaria, siendo que debió tomar las medidas necesarias para asegurar el derecho que asiste a los accionantes a percibirlos. En el nuevo fallo se declararon improcedentes las prestaciones consistentes en la restitución a la masa hereditaria del inmueble objeto del testamento controvertido, así como su entrega a los actores; determinación que es contraria a derecho pues esos reclamos son la finalidad de la acción, ya que dicho bien era el único patrimonio del de cujus. B. Tales planteamientos son inoperantes. En efecto, el análisis del cumplimiento de las sentencias de amparo, sin excesos o defectos, a que se refiere el artículo 196 de la Ley de Amparo, supone la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que se puedan incorporar elementos novedosos al análisis, para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones que no hayan sido motivo del otorgamiento del amparo. Dicho de otro modo, el estudio sobre el exceso o defecto en que incurra la responsable al cumplir el fallo constitucional, obliga al Tribunal Colegiado a delimitar el objeto de estudio en la resolución relativa, para lo cual debe tomar en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo, es decir, el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal solicitada, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable. Ahora, lo alegado por los inconformes se centran en poner de manifiesto que es ilegal la absolución de las prestaciones consistentes en la devolución a la masa hereditaria del bien inmueble objeto del testamento controvertido, y su entrega a los actores; así como la violación formal en que -según el dicho de los inconformes- incurrió la Sala al dictar la nueva sentencia, consistente en la omisión de tomar las medidas necesarias para asegurar el derecho de los actores a percibir alimentos. En esa virtud, si de la ejecutoria de amparo no se advierte que se haya constreñido a la responsable a pronunciarse en determinado sentido en relación a tales aspectos, entonces debe estimarse que los planteamientos de los inconformes se sitúan fuera de la materia de concesión. De ahí que el escrutinio de legalidad de la nueva sentencia a la luz de las infracciones que hacen valer los inconformes, debe efectuarse en otro amparo y no en esta vía. Por las razones que la informan se invoca la jurisprudencia 121/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 786, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE NO CONTROVIERTEN LO RESUELTO POR EL ÓRGANO DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR.- El hecho de que el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establezca que la ejecutoria de amparo se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, no implica el estudio de aspectos que no fueron materia de análisis en el juicio de amparo, sino exclusivamente del exacto cumplimiento de las cuestiones que sí lo fueron, concretamente, de aquellas que dieron lugar a la concesión de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, los agravios expuestos en el recurso de inconformidad resultan inoperantes cuando no controvierten lo resuelto por el órgano de amparo en relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio, sino la forma en que la autoridad responsable cumplió con la sentencia protectora, con la pretensión de analizar aspectos ajenos a la materia del recurso de inconformidad hecho valer". De lo anterior, se tiene que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la ley de la materia, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercera interesada. Así lo proveyó y firma el Magistrado Juan Pablo Rivera Juárez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe.- Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que transcurrió el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, mediante proveído de diez de enero del año en curso, para que manifestaran lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, haciéndolo los quejosos ******************** ********************por propio derecho, así como Margarita Yannet Hernández ********************en su carácter de representante de su menor hijo de iniciales ********************; con fundamento en el Acuerdo General 1/2023 de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, procédase a dictar la resolución correspondiente.
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