Jose Francisco Puente Landeros
Expediente 1153/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1153/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Jose Francisco Puente Landeros
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de enero de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. ...Ahora, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria emitida el quince de diciembre de dos mil veintiuno, relativa al conflicto competencial 11/2021. Hágase del conocimiento a las partes la ejecutoria dictada en el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en el Rincón, Municipio de Tepic y este juzgado Federal, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Sí existe conflicto competencial. SEGUNDO. Es legalmente competente para conocer del juicio de amparo promovido por *****, el Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria en turno, por lo que se ordena remitir a dicho órgano de control constitucional el expediente 1153/2021 del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos." Atento a lo anterior, remítase el presente expediente, al archivo de este juzgado, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo. ...Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la copia certificada del acuerdo pronunciado con esta misma fecha, en el expediente administrativo de este Juzgado Federal, con motivo del oficio CAR 11/CCNO/2021, suscrito por la ******************** ********************, mediante el cual informa que el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, apoyará en el dictado de sentencias a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con treinta y ocho juicios de amparo indirecto, los cuales se deben vincular con el órgano auxiliar a más tardar el cinco de noviembre del año en curso; en consecuencia, como está ordenado en la copia certificada del proveído con que se da cuenta, vincúlese con el órgano auxiliar el presente juicio de amparo, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial ********************, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Arnulfo Torres García, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio enviado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en el Rincón, Municipio de Tepic, a través del cual devuelve los autos del juicio de amparo 744/2021, promovido por ************, toda vez que dicho Juzgado no aceptó el conocimiento del asunto, por los motivos que refiere. Acúsese recibo. Este Juzgado de Distrito respetuosamente insiste en declinar la competencia, en virtud de que el citado quejoso, esencialmente reclama la privación a la libertad ordenada por el Juez de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, en los autos de la causa penal 20/2015, tomando en consideración ciertos actos que el quejoso califica como violatorios del debido proceso; privación de la libertad que se materializa, actualmente y al momento de la presentación de la demanda, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, con domicilio ampliamente conocido en Ahora, precisamente por dicha circunstancia, así como de los antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se tiene conocimiento cierto de que la privación de la libertad que reclama, se ejecuta en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, con domicilio ampliamente conocido en Carretera Libre Tepic Mazatlán KM 10.690, Tepic, Nayarit, donde se encuentra recluido. Por ello, la regla competencial aplicable en este caso es la contenida en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, dado que la actualización de la misma parte de la existencia de datos objetivos que permiten colegir que el acto reclamado efectivamente tiene ejecución en un distrito judicial distinto al cual se presentó la demanda, y si del análisis de las constancias resultare que los actos destacados son ciertos y tienen la calidad de omisivos, lo que pudiese llegar a modificar las reglas de competencia, ello sería materia del estudio de fondo respecto de lo cual no se tienen elementos hasta ahora para poder emitir mayor pronunciamiento, donde lo evidente es que la ejecución material de la privación de la libertad que se reclama, ocurre fuera de la jurisdicción de este juzgado de distrito. Por ello, la competencia corresponde al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos de lo dispuesto por el primer párrafo del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se ejecuta el acto de autoridad reclamado, a saber, la privación de la libertad ordenada por el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con sede en Tamaulipas con base en las actuaciones acaecidas en la causa penal 20/2015 y la averiguación previa de origen. Por tanto, si los actos que aquí se reclaman, como son la privación de la libertad con base en ciertas actuaciones, que a criterio del quejoso debieron declararse nulas o carentes de valor probatorio por ser contrarias al debido proceso, son de aquellos que por su naturaleza requieren de ejecución material; es indudable que el Juez competente para conocerlos, es el de la jurisdicción donde tiene lugar la ejecución del acto reclamado, es decir, aquel en cuya jurisdicción se encuentra recluida la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1ª./J.37/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Junio de 2004, visible en la página 90, correspondiente a la novena época, que dice: "COMPETENCIA. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y EL QUEJOSO SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, LA TENDRÁ EL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN TENGA LUGAR SU EJECUCIÓN. De lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se advierte que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el Juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que lo hubiese dictado; y que de lo contrario, es decir, si requiere ejecución material, el Juez competente será el del lugar donde se verifique la ejecución del acto reclamado. En ese sentido, si el acto reclamado es una orden de aprehensión, la cual por su naturaleza requiere de ejecución material, y el quejoso se encuentra recluido, es indudable que el Juez competente será el de la jurisdicción donde tenga lugar la ejecución de dicha orden, esto es, aquel en cuya jurisdicción se encuentre la persona contra la cual va dirigida." De igual manera, a diferencia del criterio jurisprudencial citado por el juez oficiante, en este caso específico es exactamente aplicable y obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, la tesis 1ª./J/. 48/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, Tomo XXI, Junio de 2005, la cual es del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN ESTÉ RECLUIDO EL QUEJOSO, EN EL MOMENTO EN QUE SE LE NIEGUE O NO SE DÉ TRÁMITE A SU SOLICITUD DE OTORGAMIENTO RESPECTO DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS PARA SUSPENDER LA EJECUCIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN. Del artículo 36 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, c) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si se toma en cuenta que el reo está privado de su libertad en el momento en el que solicita la concesión de alguno de los beneficios previstos en la ley para suspender la ejecución de la pena de prisión, es indudable que conforme a la primera regla de competencia citada, dicho acto se seguirá ejecutando en el lugar donde aquél esté recluido y, por ende, cuando se niegue el beneficio o no se dé trámite a la solicitud indicada, resulta competente para conocer del juicio de garantías relativo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el centro penitenciario". En el presente caso, como ha quedado precisado, el acto reclamado se hace consistir en esencialmente la privación de la libertad ordenada por el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con sede en Tamaulipas, con base en diversas actuaciones de la causa penal 20/2015 que el quejoso estima contrarias a derecho, por tanto, partiendo de la premisa que el acto reclamado por su naturaleza jurídica es de tracto sucesivo, esto es, desde su emisión hasta su ejecución se suscitan hechos continuos y que estos se materializan en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 "Noroeste" con sede en el Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, por lo que es competente el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en Turno, con residencia en Tepic, Nayarit. Sin que soslaye que el quejoso señale en el capítulo de "actos reclamados" malos tratos, tortura, intimidación, y violación a sus derechos y garantías individuales, como tortura psíquica, moral y física; toda vez que del análisis integro realizado a la demanda de amparo, se evidencia que dichos señalamientos los hace como antecedentes de la situación jurídica en la que actualmente se encuentra (privado de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 "NOROESTE" con sede en el Rincón, municipio de Tepic, Nayarit), en virtud de que, bajo protesta de decir verdad refiere que dichos acontecimientos sucedieron el veintiuno de abril de dos mil quince, lo cual, en su caso, sería materia del estudio de fondo como violación de los derechos a la protección judicial y al debido proceso legal, siempre y cuando, como todo acto ilícito sea probado. En relatadas condiciones, y tomando en consideración que este órgano de control Constitucional el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, determinó carecer de competencia en virtud de que la parte quejosa se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y 37 fracción VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase el expediente en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que resuelva el conflicto competencial suscitado entre este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos y el Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en el Rincón, Municipio de Tepic. La anterior determinación hágase del conocimiento del Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en el Rincón, Municipio de Tepic, para los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 42 de la Ley de Amparo, se suspende por lo que hace al procedimiento en el juicio de amparo. Ahora, tomando en consideración que de la demanda se advierte que el quejoso se encuentran privado de su libertad, en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, Noroeste en Tepic, Nayarit, carretera libre Tepic-Mazatlán KM 10.69 63502 Tepic, Nayarit, con fundamento en el artículo 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, a fin de notificar de manera personal al quejoso, en el Centro Federal antes citado, el presente proveído, envíese exhorto al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, en turno con residencia en Tepic, Nayarit, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional ordene a quien corresponda notificar el presente acuerdo, a José Francisco Puente Landeros. Se le otorga plenitud de jurisdicción al juez exhortado, para que realice todas aquellas actuaciones que considere necesarias para lograr la diligencia encomendada, asimismo, se faculta para que proceda en términos del artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 79 y 80 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena enviar electrónicamente la comunicación oficial de referencia, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez hecho lo anterior, de no tener inconveniente alguno deberá remitir de inmediato a este Órgano de Control Constitucional las constancias de notificación relativas. Con fundamento en los artículos 107, 108, 109 y 111 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se ordena enviar electrónicamente las comunicaciones oficiales de referencia, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); empleando para ello la firma electrónica del secretario con quien se actúa. Asimismo, con fundamento en el artículo 110 del citado Acuerdo General Conjunto, se solicita al órgano jurisdiccional exhortado que la devolución de lo actuado se realice únicamente por la misma vía electrónica, ello a fin de agilizar la tramitación de la encomienda y evitar la duplicidad de actuaciones. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Macario Oviedo González, Secretario en funciones de Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por oficio CCJ/ST/2788/2021 de nueve de agosto de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, quien actúa asistido de Edna Gabriela Hernández Díaz, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
"Cuernavaca, Morelos, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por José Francisco Puente Landeros, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas y otras autoridades, por tanto, se provee como sigue. 1).- Registro de demanda. Fórmese expediente, regístrese con el número progresivo que le corresponda en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2).- Exhortación a tramitar asuntos en línea. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (en adelante A.G. 21), se exhorta a las partes que tomando en consideración la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos, continúen la tramitación de este caso mediante el esquema de juicio en línea (en el que las partes hayan solicitado su autorización para visualizar el expediente, así como para que se les efectúen las notificaciones en línea), en el entendido que para tal efecto, deberán contar con firma electrónica y usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación. 3).- Incompetencia. Ahora bien, del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala expresamente que se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 "NOROESTE" con sede en el Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, y que reclama esencialmente la privación de la libertad ordenada por el Juzgado de Primera Instancia Mixto del Noveno Distrito Judicial, con sede en Tamaulipas, así como las violaciones al debido proceso en la causa penal 20/2015; de lo que se deduce que de conformidad con lo que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo, le corresponde conocer del presente juicio de amparo a un juez de distrito en dicha jurisdicción. Lo anterior pues como ya se afirmó el promovente señala expresamente que se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, aunado a que la guía de correos mediante el cual fue remitida dicha demanda tiene como dirección de remitente el Municipio de Tepic, Estado de Nayarit. Así, debe estimarse que de la interpretación armónica del artículo 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se colige que es competente para conocer de la presente demanda, el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Tepic, Nayarit, en turno, en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. Se arriba la anterior determinación atendiendo a que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal en cita, se desprende la competencia territorial de los jueces de distrito, en tres supuestos: a) Cuando el acto reclamado deba de ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado en la residencia del lugar donde tiene su asiento el órgano jurisdiccional. b) Cuando se trate de actos reclamados que por su ejecución se inicie en la jurisdicción de algunos de ellos o se concluya en otro. c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Así, toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, "Noroeste" en Tepic, Nayarit, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el mencionado centro de reclusión; es decir, es competente el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Tepic, Nayarit, en turno. Por tanto, con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Amparo y en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se declara de plano legalmente incompetente para conocer por razón de territorio de la demanda de amparo presentada, por lo que, sin proveer trámite alguno, remítase la misma al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en Tepic, Nayarit, en turno, por las razones expuestas con antelación. Solicitando el acuse de recibo respectivo. 3).- Respecto de la suspensión. No se realiza pronunciamiento alguno, en razón de que el acto reclamado no se ubica en las hipótesis a que se refiere el artículo 48 de la Ley de Amparo. Lo anterior, no obstante que el promovente señale en el capítulo de "actos reclamados" malos tratos, tortura, intimidación, y violación a sus derechos y garantías individuales, como tortura psíquica, moral y física; toda vez que del análisis integro que se hace a la demanda de amparo, se evidencia que dichos señalamientos los hace como antecedentes de la situación jurídica en la que actualmente se encuentra (privado de la libertad), en virtud de que, bajo protesta de decir verdad refiere que dichos acontecimientos sucedieron el veintiuno de abril de dos mil quince, lo cual, en su caso, sería materia del estudio de fondo como violación de los derechos a la protección judicial y al debido proceso legal, siempre y cuando, como todo acto ilícito sea probado. En ese contexto, si de sus propias manifestaciones se pone en evidencia que se encuentra detenido desde el veintiuno de abril de dos mil quince, y que se está siguiendo en su contra la causa penal 20/2015, de allí que se trate de un acto emitido dentro de procedimiento, en la cual se han desahogado pruebas, sin que, señala, se hayan seguido las formalidades del debido proceso, aduciendo además haber sido víctima de tortura y malos tratos durante su detención (veintiuno de abril de dos mil quince), ningún caso práctico tendría en este momento procesal decretar la suspensión de oficio y de plano, ya que, en todo caso, es obligación del órgano jurisdiccional competente que conozca de la presente demanda revisar las constancias del proceso y verificar si existe algún indicio de tortura en el procedimiento y, sólo en caso de que se confirme, reponer el procedimiento y solicitar la investigación. Así, al tratarse el acto reclamado en el presente asunto en una privativa de libertad emitida dentro de un procedimiento, su constitucionalidad o no está sujeta a prueba y de la misma forma, los efectos que tal determinación produce o no a la parte quejosa, están sujetos a prueba, de allí que se concluya que en el presente caso, no procede algún pronunciamiento respecto de la suspensión de oficio y de plano del acto reclamado en términos del artículo 48 de la Ley de Amparo. Además, no debe pasarse por alto que como evidenció el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 6/2014, el sentido funcional de la suspensión de plano radica en que se encuentra establecida para aquellos actos inconstitucionales en sí mismos, esto es, de aquellos los cuales desde una primera impresión claramente es perceptible su inconstitucionalidad, por su notoriedad, dentro de los que no encuadran aquellos que su ilegalidad se encuentra sujeta a prueba, para los que se instituyó un incidente de suspensión en el cual se pueda probar la necesidad o no de conceder una medida cautelar. 5).- Domicilio de parte quejosa. Toda vez que la parte quejosa se encuentra privado de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 4 "NOROESTE" con sede en el Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el del centro de su reclusión para aquellas notificaciones que resulten personales, y en el local de este órgano jurisdiccional, mediante las listas que se publican en los estrados, en aquellas que correspondan a las de este tipo, siendo que este acuerdo será notificado por lista, al tratarse de un proveído en el que únicamente se determina la incompetencia legal de este juzgado, y en virtud de que la obligación de notificar personalmente al quejoso le resulta al juzgado que en su caso resulte competente, conforme la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 238328, de rubro "RADICACION DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO." Notifíquese y cúmplase."
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