José Francisco Pérez Pérez

Expediente 739/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 19 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
739/2018
Año
2018
Actuaciones
19
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • José Francisco Pérez Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido...

  2. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo, mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada,1 sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión ordinaria de cinco de marzo de dos mil veinte,2 este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Dicte una nueva en la que: a) Reitere la nulidad de la resolución recurrida e impugnada. b) Se pronuncie sobre el reclamo al pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones que le correspondan al actor en el juicio de origen. c) Observando el principio de motivación, en atención a lo expuesto en la ejecutoria resuelva sobre la procedencia o no de la indemnización de los daños y perjuicios solicitados." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala responsable: a) Mediante oficio 28-1-2-3578/20, de trece de agosto de dos mil veinte,3 la autoridad responsable transcribió el acuerdo de esa misma fecha, en el que dejó insubsistente la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciocho y se ordenó turnar los autos a los Magistrados integrantes de la Sala Regional para que emitieran la sentencia correspondiente. b) Por oficio 28-1-2-4087/20, de catorce de agosto de dos mil veinte,4 la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución de esa misma data, en donde: - Se reiteró la nulidad de la resolución recurrida e impugnada. - Respecto al pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones que le correspondan al actor, de conformidad al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Sala determinó condenar a la entidad demandada al pago de las citadas prestaciones, sin que implicara el pago de salarios vencidos ni a la reinstalación. - Finalmente, la autoridad responsable, en atención a la indemnización de los daños y perjuicios solicitados, resolvió que el particular tenía el derehco de ser resarcido en su patrimonio; en consecuencia, ordenó remitir los autos a la Magistrada Instructora, a efecto de que tramitara el incidente de indemnización por daños y perjuicios ocasionados al actor en el juicio. De lo anterior este órgano colegiado concluye que, atento a lo resuelto por el Tribunal responsable, en cuanto a que dejó insubsistente la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictó una nueva resolución en donde reiteró lo que no fue materia de la concesión del juicio de amparo; determinó condenar a la entidad demandada al pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones que le correspondían al actor, de conformidad al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que implicara el pago de salarios vencidos ni a la reinstalación; determinó sobre la procedencia de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al actor en el juicio, ordenando la tramitación del incidente respectivo; en ese sentido, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Por otra parte, cabe aclarar que en el presente asunto, el auto de vista de nueve de septiembre de dos mil veinte, no pudo ser notificado en varias oportunidades al tercero interesado Consejo General de Desarrollo de la Policia Federal de la Secretaria de Gobernación, y fue hasta en diverso proveído de tres de noviembre de la presente anualidad, que este órgano colegiado tuvo por diligenciado el exhorto 10/2021 de su índice, en el cual la autoridad que conoció de la referida comunicación oficial determinó que ante la negativa del mencionado tercero de recibir el oficio 6581-Bis/2021, para que estuviera notificado del citado auto de nueve de septiembre, se tenía por hecha dicha notificación. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo, mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte se ordenó dar vista a las partes quejosa y tercera interesada,1 sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión ordinaria de cinco de marzo de dos mil veinte,2 este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Dicte una nueva en la que: a) Reitere la nulidad de la resolución recurrida e impugnada. b) Se pronuncie sobre el reclamo al pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones que le correspondan al actor en el juicio de origen. c) Observando el principio de motivación, en atención a lo expuesto en la ejecutoria resuelva sobre la procedencia o no de la indemnización de los daños y perjuicios solicitados." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que la Sala responsable: a) Mediante oficio 28-1-2-3578/20, de trece de agosto de dos mil veinte,3 la autoridad responsable transcribió el acuerdo de esa misma fecha, en el que dejó insubsistente la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciocho y se ordenó turnar los autos a los Magistrados integrantes de la Sala Regional para que emitieran la sentencia correspondiente. b) Por oficio 28-1-2-4087/20, de catorce de agosto de dos mil veinte,4 la Sala responsable remitió copia certificada de la resolución de esa misma data, en donde: - Se reiteró la nulidad de la resolución recurrida e impugnada. - Respecto al pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones que le correspondan al actor, de conformidad al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Sala determinó condenar a la entidad demandada al pago de las citadas prestaciones, sin que implicara el pago de salarios vencidos ni a la reinstalación. - Finalmente, la autoridad responsable, en atención a la indemnización de los daños y perjuicios solicitados, resolvió que el particular tenía el derehco de ser resarcido en su patrimonio; en consecuencia, ordenó remitir los autos a la Magistrada Instructora, a efecto de que tramitara el incidente de indemnización por daños y perjuicios ocasionados al actor en el juicio. De lo anterior este órgano colegiado concluye que, atento a lo resuelto por el Tribunal responsable, en cuanto a que dejó insubsistente la resolución de nueve de mayo de dos mil dieciocho, dictó una nueva resolución en donde reiteró lo que no fue materia de la concesión del juicio de amparo; determinó condenar a la entidad demandada al pago de la indemnización constitucional y demás prestaciones que le correspondían al actor, de conformidad al artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que implicara el pago de salarios vencidos ni a la reinstalación; determinó sobre la procedencia de la indemnización de los daños y perjuicios ocasionados al actor en el juicio, ordenando la tramitación del incidente respectivo; en ese sentido, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Por otra parte, cabe aclarar que en el presente asunto, el auto de vista de nueve de septiembre de dos mil veinte, no pudo ser notificado en varias oportunidades al tercero interesado Consejo General de Desarrollo de la Policia Federal de la Secretaria de Gobernación, y fue hasta en diverso proveído de tres de noviembre de la presente anualidad, que este órgano colegiado tuvo por diligenciado el exhorto 10/2021 de su índice, en el cual la autoridad que conoció de la referida comunicación oficial determinó que ante la negativa del mencionado tercero de recibir el oficio 6581-Bis/2021, para que estuviera notificado del citado auto de nueve de septiembre, se tenía por hecha dicha notificación. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe y agrega el oficio de cuenta, mediante el cual remite debidamente diligenciado el exhorto 10/2021 del índice de este órgano colegiado, toda vez que el tercero interesado Consejo Federal de Desarrollo Policial de la Secretaría de Gobernación, por conducto de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Dirección de lo Contencioso de la Policía Federal, se negó a recibirlo, por ende se tuvo por hecha. En consecuencia, una vez que transcurra el plazo de diez días otorgado al tercero interesado, para que manifieste lo que a su derecho corresponda en torno a las actuaciones realizadas por la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector; emítase la resolución correspondiente.

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