Jose Francisco Peniche Segura

Expediente 2264/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 13 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2264/2021
Año
2021
Actuaciones
13
Última actuación
17/05/2022

Partes del expediente

  • Jose Francisco Peniche Segura

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Incidental

    (...) SE ARCHIVAN LOS PRESENTES AUTOS (...)

  2. Principal

    (...) SE ARCHIVAN LOS PRESENTES AUTOS (...)

  3. Principal

    MESA VIII. Vistos para resolver el juicio de amparo 2264/2021-VIII promovido por Jorge González Castillo a favor de José Francisco Peniche Segura, contra actos que reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por violación a los artículos 1 y 14 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Demanda de Amparo. En demanda de amparo presentada el veintidós de noviembre dos mil veintiuno, José Francisco Peniche Segura solicitó la protección del amparo a favor de Jorge González Castillo, contra actos que reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, los cuales hizo consistir en el arresto administrativo, ataques a la libertad personal o detención y privación del automóvil marca mercedes Benz modelo C250, color negro. Segundo. Concesión de la suspensión de plano. Por acuerdo de veinte de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo por presentada la demanda, se concedió la suspensión de plano por lo que refiere al arresto administrativo, ataques a la libertad personal o detención, dichos actos atribuidos a la autoridad señalada como responsable; y se requirió al directo quejoso la ratificación de la demanda promovida a su favor. Tercero. Admisión de demanda. Mediante acuerdo de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad señalada como responsable su correspondiente informe con justificación, mismo que fue puesto a la vista de las partes oportunamente; y se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete. Cuarto. Acuerdo de vista de ampliación de la demanda. Mediante acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, este Juzgado advirtió que la detención del aquí quejoso derivó en una sanción administrativa de arresto de veinticuatro horas impuesta por el Director Jurídico de la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, por lo que se le requirió al quejoso para que dentro del término legal establecido en el artículo 17 de la ley de amparo, manifestara si señalaba como acto reclamado dicho arresto y a la autoridad que lo emitió, sin que hubiera ampliado la demanda respecto a ese acto y por dicha autoridad responsable. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el caso se reclaman actos cuya ejecución tuvieron lugar dentro del territorio en el que este Juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es determinar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio de amparo. Del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias de autos, se puede advertir que la parte quejosa reclama: - Arresto administrativo, ataques a la libertad personal o detención y la privación del automóvil marca mercedes Benz modelo C250, color negro. Tercero. Certeza de actos. El Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en representación del Secretario de dicha dependencia, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado respecto de la detención y/o arresto del quejoso. Ahora bien, respecto del acto reclamado consistente en la privación del automóvil marca mercedes Benz modelo C250, color negro, si bien es cierto la autoridad responsable no se pronunció sobre su certeza, de las constancias remitidas en apoyo a su informe justificado, las cuales tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria tal y como dispone el numeral 2º de la Ley de Amparo, se advierte la existencia del mismo, de ahí que se tiene por cierto. Cuarto. Estudio oficioso de las causales de improcedencia respecto del acto reclamado consistentes en la privación de la propiedad. Respecto del acto reclamado consistente en la privación del automóvil marca mercedes Benz modelo C250, color negro, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia señalada en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Esto porque uno de los principios rectores del juicio de amparo es el que se siga siempre a instancia de parte agraviada; es decir, por la parte que resienta el agravio actual y concreto por el acto o ley que se reclama; en consecuencia, una persona ejerce la acción de amparo cuando el acto autoritario le ocasiona perjuicio a sus intereses jurídicos, pudiendo ser estos personales o patrimoniales; de ahí, que el interés jurídico se traduce en un derecho público subjetivo oponible a la autoridad, supeditado ese derecho a los medios de convicción efectivos, porque de ellos se desprenden los titulares del derecho fundamental que estiman conculcados. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I. 1o. A. J/17, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, diciembre de 1992, página 35, tomo 60, Octava Época, Materia Común, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, NOCIÓN DE. PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. El interés jurídico necesario para poder acudir al juicio de amparo ha sido abundantemente definido por los tribunales federales, especialmente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al respecto, se ha sostenido que el interés jurídico puede identificarse con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derecho que, derivado de la norma objetiva, se concreta en forma individual en algún objeto determinado otorgándole una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Así tenemos que el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular. De esta manera no es suficiente, para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por ello, tiene interés jurídico sólo aquél a quien la norma jurídica le otorga la facultad de exigencia referida y, por tanto, carece de ese interés cualquier miembro de la sociedad, por el solo hecho de serlo, que pretenda que las leyes se cumplan. Estas características del interés jurídico en el juicio de amparo son conformes con la naturaleza y finalidades de nuestro juicio constitucional. En efecto, conforme dispone el artículo 107, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo deberá ser promovido sólo por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como de relatividad o particularidad de la sentencia." Al respecto, es preciso mencionar que el accionante de amparo se ostentó como propietario del vehículo marca mercedes Benz modelo C250, color negro; por lo que se estima necesario verificar si se encuentra demostrada la propiedad que aduce tener el quejoso (interés jurídico), a efecto de establecer si los actos que reclama le pueden ocasionar un perjuicio en sus derechos sustantivos. En ese contexto, para la defensa de la propiedad de dicho mueble, es necesario precisar, en primer término, qué debe entenderse por interés jurídico; de esta manera, por tal ha de tenerse el derecho derivado de alguna disposición legal y que se pueda exigir de la autoridad determinada conducta al sentirse afectado por los actos de esa potestad, ello de conformidad con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentado en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala, aplicada por analogía, visible en la página 173, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 205-216, tercera parte, Séptima Época, cuyo rubro y texto establecen: "INTERESES JURÍDICOS, CUANDO SE AFECTAN LOS. Como el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, procede aceptar que, cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir en sus bienes jurídicos no afectan real y objetivamente a éstos, entonces no puede decirse que exista un agravio en términos jurídicos. Luego, si las afectaciones que constituyen un perjuicio deben ser reales, es obvio que para que puedan ser estimadas en el amparo, es indispensable que sean susceptibles de apreciarse objetivamente. De no ser así, sería difícil que se surtiera, en la práctica, la causa de improcedencia prevista por la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo, pues bastaría la mera afirmación del promovente del juicio de garantías, no corroborada por prueba alguna, de que la autoridad le irroga molestias en sus derechos, y ciertamente no es eso lo que tutela la fracción V del artículo 73 citado." A su vez, de los artículos 5, fracción I y 6 de la ley de la materia, se deduce que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo cual implica que uno de los presupuestos que debe concurrir para la procedencia de la acción constitucional, es la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa que la titularidad que tiene la parte quejosa en relación con los derechos y obligaciones afectados por el acto de autoridad reclamado. Asimismo, establecen que es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción de amparo, que el peticionario demuestre su interés jurídico o derecho subjetivo que estime se transgredió por la actuación de una autoridad. El interés jurídico consiste en la titularidad de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado, mientras que la afectación a dicho interés se presenta cuando la autoridad produce un menoscabo en ese derecho subjetivo. Afectación que debe ser real, susceptible de apreciarse objetivamente. Criterio que ha sustentado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007, de la Novena Época, que se encuentra visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, enero de 2008, materia común, página 225, del rubro y contenido siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Atento a lo anterior, resulta claro que el interés jurídico de quien promueve la acción constitucional, sólo se puede actualizar en la medida que demuestre que el acto de autoridad reclamado le ha causado molestias relacionadas a su esfera jurídica, entendiéndose por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones que legalmente le corresponden. Ahora bien, respecto a la condición de la parte quejosa con relación al bien mueble materia de la litis, para determinar si los actos que reclama le pueden ocasionar un perjuicio en sus derechos sustantivos, debe decirse que aun y cuando señala ser propietario del vehículo marca mercedes Benz modelo C250, color negro, tal afirmación debe ser probada de manera plena dentro de la presente instancia constitucional, por recaerle la carga de la prueba. Lo anterior encuentra sustento, por la idea que contiene, en la jurisprudencia 1/2002, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, tomo XV, febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." Por otra parte, por derecho subjetivo se entiende la facultad o potestad de exigencia que tiene una persona, que deriva de una norma y que pueda ser oponible a terceros. En consecuencia, el interés afectado que se requiere para la procedencia del juicio de amparo, es aquel que es reconocido por el derecho. Por ello, no existe derecho subjetivo, ni por tanto interés jurídico, cuando se tiene sólo una facultad o potestad, reconocida por la norma, sin que tal facultad pueda imponerse coercitivamente a otro sujeto, es decir, es indispensable que el ordenamiento jurídico, otorgue la potestad para obtener coercitivamente su respeto. De manera que para la procedencia del juicio de amparo, resulta necesario que el agravio o menoscabo que se infringe con la conducta de la autoridad recaiga sobre derechos subjetivos públicos, es decir, aquellos que pueden hacerse valer de forma coercitiva para su respeto. En ese sentido, para efectos del juicio de amparo y a fin de acreditar el interés jurídico, debe demostrarse plenamente que se es titular de un derecho subjetivo tutelado por la ley y que ese derecho se ve lesionado o afectado en virtud del acto de autoridad que se reclama. De lo contrario, ello acarreará el sobreseimiento en el juicio. Además, la afectación causada por el acto de autoridad al interés jurídico del quejoso, debe ser plena, indubitable, en atención al carácter excepcional que tiene el juicio de amparo y los efectos que debe tener la sentencia que conceda la protección federal, ya que ésta encierra una declaración de restitución de esos derechos afectados o violados por el acto de autoridad. Así, la afectación debe ser real, susceptible de demostrarse objetivamente, es decir, debe comprobarse plenamente que la actuación de la autoridad produce realmente un menoscabo en el derecho legítimamente tutelado del quejoso. Por ello, si la parte quejosa, ostentándose propietaria del mueble afectado, acude a solicitar la protección constitucional en contra de la retención del mismo, entonces debe acreditar fehacientemente el interés jurídico que le asiste para impugnar dicho acto. Al respecto, de autos se advierte que la quejosa no exhibió documento de propiedad a su nombre o endosado a su favor, que evidencie la titularidad del bien que por esta vía defiende Entonces, al no acreditarse la infracción al derecho que aduce la parte quejosa, respecto a la propiedad del mueble que señala en su demanda de amparo; esto es, el interés jurídico para comparecer al presente juicio, en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, motivo por el cual, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos de la fracción V del numeral 63 de la propia ley de la materia. Al respecto se cita la tesis del entonces Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Tesis: III.2o.C.294 C, Tribunales Colegiados de Circuito Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, Febrero de 1991, Materia(s): Civil, Registro: 223536, página 177, de rubro y texto, son: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, CARECE DE, QUIEN NO PRUEBA LA PROPIEDAD DE BIENES EMBARGADOS. Si con las pruebas aportadas en un amparo indirecto por quien se dijo tercero extraño en un juicio mercantil ejecutivo seguido ante la potestad común, no quedó probado de manera fehaciente su derecho de propiedad sobre los bienes embargados, la medida de referencia no le irroga perjuicio patrimonial de ninguna especie, y, consiguientemente, al no afectarse sus intereses jurídicos, se actualiza, con el correspondiente sobreseimiento, la causal de improcedencia a que se refiere la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo." Por las consideraciones anteriores, no es posible ocuparse del análisis de los conceptos de violación en cuanto al fondo del asunto. Es aplicable la tesis de jurisprudencia número 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." En ese sentido, al actualizarse la causal de improcedencia de mérito lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, del ordenamiento legal de mérito. Quinto. Estudio oficioso de las causas de improcedencia respecto del acto reclamado consistente en el arresto administrativo (ataques a la libertad, detención). Por ser de orden público debe estudiarse si en el presente asunto se actualiza alguna causa de improcedencia, tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, respecto al acto reclamado consistente en la detención que se adujo sufrió el directo quejoso José Francisco Peniche Segura, que se relaciona con la sanción de un arresto administrativo, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 5º, fracción II, y 108, fracción III, del mismo ordenamiento, en razón de que el referido quejoso fue omiso en señalar con el carácter de responsable a la autoridad que emitió dicho acto. Dicho lo anterior, es necesario tener en consideración lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. [.]". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. [.]". Los dispositivos legales transcritos, instituyen que el juicio de control constitucional es improcedente cuando en la demanda de amparo no se señale la autoridad o autoridades responsables a quienes se les atribuya el o los actos reclamados. Precisado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que debe sobreseerse en el presente juicio de amparo en relación con el acto reclamado por el directo quejoso José Francisco Peniche Segura, consistente en la detención derivada del arresto como sanción administrativa en la cárcel pública de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. En efecto, de las constancias que en copias certificadas obran en autos, se advierte que fue el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, en términos de los artículos 263, fracción XIV, 264 y 265 del Reglamento del Código de la Administración Pública, la autoridad que ordenó la detención a propósito de la imposición de un arresto administrativo por veinticuatro horas al quejoso José Francisco Peniche Segura; sin embargo, como se dio noticia en líneas que anteceden, no obstante que este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, le dio vista al citado quejoso para que ampliara la demanda de amparo por dicha autoridad, mismo que se abstuvo de realizar, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento en el sentido de resolver únicamente respecto de la autoridad señalada inicialmente. Consecuentemente, tal actuación no puede ser materia de estudio al no haber sido expresamente imputada a la autoridad que realmente la emitió, por lo que no es posible analizar la constitucionalidad del acto de una autoridad, si ésta no fue llamada a juicio a defender la legalidad de su actuación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional advierte que si bien es cierto, existe el arresto impuesto como sanción administrativa al directo quejoso José Francisco Peniche Segura; también lo es, que no es procedente analizar la legalidad del mismo al no haber sido señalado como autoridad responsable el funcionario que emitió esa sanción. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 93, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 73, Apéndice 2000, del tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." Así como la diversa jurisprudencia VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 468, del tomo II, octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal". De igual forma, robustece a la anterior determinación, por analogía y en lo conducente, la jurisprudencia VII.A.T.J/6, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, consultable en la página 738, tomo III, correspondiente al mes de junio de 1996, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que señala: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTÍAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal". Por todo lo que antecede, es que, con fundamento en lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción II, y 108, fracción III, con fundamento en el artículo 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo, ha lugar a decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa. Sexto. Protección de datos personales. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya alguna obligación de transparencia prevista en la ley. Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo aplicable, Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Jorge González Castillo a favor de José Francisco Peniche Segura, contra actos que reclama de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. (.)

  4. Principal

    MESA VIII. Mérida, Yucatán, trece de enero de dos mil veintidós. Visto el presente asunto y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que está transcurriendo el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, para que manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo por el acto reclamado la sanción administrativa consistente en un arresto por veinticuatro horas que le fue impuesto por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y si señala a ésta como autoridad responsable. Por tanto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las ocho horas con diez minutos del catorce de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · 9,211 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano