José Francisco Ortíz Rodríguez

Expediente 1415/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1415/2016
Año
2016
Actuaciones
13
Última actuación
18/01/2017

Partes del expediente

  • José Francisco Ortíz Rodríguez
  • Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Aguascalientes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Archivo Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y archívese. se determina que el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, de conformidad con lo que dispone la fracción IV del artículo Vigésimo Primero, en razón de que se negó el amparo solicitado por la parte quejosa. VI

  2. Incidental

    archívese el expediente en que se actúa. se determina: a) El cuaderno duplicado del incidente de suspensión en que se actúa, es susceptible de destrucción, por ubicarse en la hipótesis a que se refiere el Artículo Vigésimo, fracción III del Acuerdo en consulta, y b) El cuaderno original, se estima susceptible de destrucción, por referirse al supuesto contemplado en el primer párrafo de la fracción III del Artículo Vigésimo Primero del invocado Acuerdo, toda vez que se negó tanto la suspensión provisional como definitiva de los actos reclamados. VI

  3. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1415/2016-VI, promovido por José Francisco Ortiz Rodríguez, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto de lo Familiar del Estado de Aguascalientes, y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto de la autoridad que se precisará en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes y señaló como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil, dieciséis este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes ordenó su registró con el número 1415/2016-VI, admitió a trámite la demanda, solicitó de la autoridad responsable su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a la tercera interesada Karina Edith Nieto Córdoba y señaló fecha para la audiencia constitucional, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, acorde a lo establecido en los artículos 103 fracción I, y 107 fracciones II y XI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37, 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; toda vez que el acto que se reclama se atribuye a una autoridad judicial residente en el ámbito territorial que comprende la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de la certeza o existencia del acto reclamado, a fin de cumplir con la congruencia que debe distinguir toda decisión judicial y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, conviene indicar con precisión el acto aquí reclamado, atendiendo para ello a la lectura íntegra de la demanda de amparo así como al pensamiento e intencionalidad de su suscriptor. Resulta aplicable la jurisprudencia P. VI/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, del mes de abril de dos mil cuatro, sustentada por el Pleno de nuestro máximo tribunal constitucional visible en la página doscientos cincuenta y cinco, de rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Igualmente, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, foja 32, que es del tenor: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Del análisis integral a la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama: Del Juez Cuarto de lo Familiar del Estado de Aguascalientes: La resolución interlocutoria dictada el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, que resuelve la custodia provisional de los menores Francisco Daladier, Daniel y Santiago todos de apellidos Ortiz Nieto en favor de su madre Karina Edith Nieto Córdova, así como en lo relativo a que la C. Karina Edith Nieto Córdova habitará la morada conyugal junto con los menores, por lo que el C. José Francisco Ortiz Córdova deberá abandonar el domicilio conyugal, todo esto en autos del juicio 0611/2015. TERCERO. Existencia del acto. La Juez Cuarto Familiar del Estado de Aguascalientes, al rendir su informe justificado reconoció la existencia del acto que se le reclama. Para apoyar la constitucionalidad de su proceder remitió copia certificada de las constancias que integran el expediente 611/2015, que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2º, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Al efecto resulta aplicable la Jurisprudencia 278, publicada en el Apéndice dos mil, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo VI, Común, Quinta Época, página doscientos treinta y uno, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Previo al análisis de fondo del asunto, es conveniente hacer una relación de aquellos antecedentes destacados que se aprecian de las constancias remitidas por la autoridad responsable, siendo los siguientes: 1. Por escrito de trece de abril de dos mil quince, Karina Edith Nieto Cordova, promovió juicio único civil solicitando se decretara el divorcio y la fijación de una pensión alimenticia hacía sus menores hijos Francisco Daladier, Daniel y Santiago todos de apellidos Ortiz Nieto. 2. Mediante acuerdo de siete de mayo de dos mil quince, se admitió a trámite la referida demanda, con el número de expediente 611/2015 del índice del Juzgado Cuarto de lo Familiar del Estado de Aguascalientes, en relación con la guarda y custodia provisional de la menor, se reservó acordar lo conducente hasta en tanto fuera escuchada la opinión de los menores, el tutor designado aceptara el cargo y se emplazara a la parte demandada, y por cuanto a la petición de que el padre de los menores no pueda acercarse al domicilio conyugal, se le dijo que no a acordar de conformidad en virtud de que también es su domicilio. 3. El diez de junio de dos mil quince, se fijó fecha y hora para la audiencia de desahogo de la prueba testimonial, para que se probaran los extremos respecto a la necesidad de alimentos por parte de Karina Edith Nieto Córdova, así como de los menores Francisco Daladier, Daniel y Santiago todos de apellidos Ortiz Nieto. 4. El veintiuno de julio de dos mil quince, se dictó sentencia interlocutoria en la cual se condenó a José Francisco Ortiz Rodríguez a pagar una pensión provisional por una cantidad equivalente al 56% (cincuenta y seis por ciento) de sus percepciones. 5. El veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, se fijó fecha y hora para la audiencia en la que habría de escucharse la opinión de los menores, con citación de las partes, del agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen, de la psicóloga adscrita al Centro de Piscología del Poder Judicial del Estado, así como el tutor asignado a los menores. 6. El catorce de julio de dos mil dieciséis, se llevó acabo la audiencia en la cual se procedió a tomar los testimonios de los menores Francisco Daladier, Daniel y Santiago todos de apellidos Ortiz Nieto, asistidos tanto por la Psicóloga adscrita así como por el agente del Ministerio Público. 7. En dicha audiencia, la Psicóloga procedió a rendir su dictamen con relación a las opiniones referidas por los menores de edad. En dicho dictamen, consideró conveniente para los tres menores continuar habitando en el lugar que actualmente viven a lado de su madre, así como que siga existiendo una convivencia amplia entre los infantes y su padre, y por lo que respecta a la opinión del Ministerio Público adscrito así como de la Tutora de los menores, se señaló que estos deben continuar viviendo en el lugar en que se encuentran actualmente a lado de su madre ya que está satisface sus necesidades afectivas y materiales. 8. El veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, la juez natural dictó sentencia interlocutoria en la que determinó que la custodia provisional de los menores Francisco Daladier, Daniel y Santiago todos de apellidos Ortiz Nieto, corresponde a Karina Edith Nieto Cordova, quienes debían permanecer en el domicilio conyugal, por lo que le dio un término de cinco días a José Francisco Ortiz Rodríguez para que abandone el domicilio conyugal. QUINTO. Conceptos de violación. Al no existir causa de improcedencia alguna que hagan valer las partes respecto del acto reclamado, o bien, que el suscrito advierta que se actualice de oficio, lo que procede es entrar al estudio del fondo del asunto planteado, al tenor de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, sin que sea necesario transcribirlos, por no existir norma legal que imponga esa obligación. Es aplicable al respecto el criterio sustentado en la contradicción de tesis 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en la página ochocientos treinta, del Tomo XXXI, mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que lleva por rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa aduce esencialmente que el acto reclamado transgrede en su perjuicio los derechos humanos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. En su primer concepto de violación la parte quejosa señala lo siguiente: * Que la autoridad responsable no funda ni motiva la sentencia interlocutoria, ya que resuelve la cuestión de la guardia y custodia sustentándose únicamente en los dichos de la psicóloga, el Ministerio Público y el tutor de los menores, mas no así de lo manifestado por los propios menores. * Que, si bien la autoridad en la audiencia de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis transcribe todos los dichos de los menores, lo cierto es que no valora cada una de ellas y solo toma en cuenta al dictamen rendido por la psicóloga, pero no respecto de las demás constancias que obran dentro del expediente principal, lo que desde luego vulnera el principio de legalidad privándole el derecho de poder ejercer la custodia de sus menores hijos. * Que el principio de interés superior del menor es un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral, y por ser un derecho de los menores, antes de tomar cualquier medida se deben adoptar aquellas que promuevan y protejan sus derechos, tratando de superar dos posiciones, el autoritarismo del poder así como el paternalismo de las autoridades cuando se toman decisiones referidas a menores; siendo que en este caso la responsable actúa de manera más paternalista que efectivamente cuidando el interés superior de los menores. * Que en los casos en que se toma una decisión que afecte el interés de los menores, el proceso deberá incluir una estimación de las repercusiones de estas decisiones, por lo que en la sentencia debe quedar patente el porqué de la resolución de la autoridad, ya que de los dichos de los menores se desprende que ha estado más al pendiente de sus menores hijos. * Que en cuanto al dictamen rendido por la psicóloga en la parte que aduce que el menor Francisco Daladier Ortiz Nieto busca vivir con él por una protección económica es en razón de que el dinero que le es descontado por concepto de pensión no es destinado con ese propósito; a pesar del porcentaje que le es descontado sigue estando al pendiente de las necesidades económicas de sus hijos, circunstancias que la psicóloga al emitir su dictamen no valoró tal como la responsable al emitir su sentencia. Dichos argumentos son infundados. Primeramente, es pertinente establecer algunos aspectos fundamentales que circunscriben a los derechos de los niños. En este aspecto, el derecho de familia se ocupa, entre otros aspectos, de la protección de los menores, que tiene instituida una figura a través de la cual se materializa esa salvaguarda denominada patria potestad, la cual nace de la filiación y es considerada como una institución protectora de la persona, y no solo de ella, sino también de los bienes de los hijos menores de edad, no emancipados. Dicha institución jurídica a partir de la vigencia de la Convención sobre los Derechos del Niño, constriñe a los tribunales judiciales a velar por el interés superior del niño y como efecto inmediato aparece en el sistema jurídico mexicano el concepto del interés superior de la niñez, el cual implica que en todo momento, las decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, tendrán que realizarse de tal manera que, en primer término, se busque el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. La declaración de principios, contenida en el preámbulo de ese instrumento de derecho internacional, resalta como puntos esenciales: la igualdad de derechos para todos los miembros de la familia humana; la dignidad y el valor de la persona humana; la promoción del progreso y elevación de los niveles de vida dentro de un marco de libertad; el derecho de la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física como mental; la protección de la familia como grupo en el cual la niñez crece y se desarrolla; el reconocimiento de la persona humana en su niñez, su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión para lograr un desarrollo pleno y armonioso; la preparación de la niñez para una vida independiente con "espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad"; la toma de conciencia de las condiciones especialmente difíciles en las que viven muchos niños y niñas en el mundo, y la importancia de las tradiciones. Con base en esa declaración de principios, los artículos del 1 al 41 de la citada convención enuncian los siguientes derechos para la niñez: el derecho a la vida y a un sano desarrollo psicofísico; el derecho a la identidad, que incluye el derecho al nombre y a la nacionalidad; el derecho a una atención especial en consideración a sus propios intereses calificados de superiores en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social; el derecho a dar su opinión y que ésta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo; el derecho a la no discriminación; el derecho a vivir en familia, que incluye la incorporación plena a una nueva familia a través de la adopción; el derecho a ser protegido contra peligros físicos o mentales, contra el descuido, el abuso sexual, la explotación, el uso de drogas y enervantes o el secuestro y la trata; el derecho a que se le proporcionen los cuidados alternativos adecuados en caso de desamparo familiar; el derecho a una educación, trato y cuidados especiales en caso de impedimento psicofísico o cuando hayan sido víctimas de maltrato; el derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud; el derecho a la enseñanza primaria y a una educación que respete su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia; el derecho al descanso; al juego y a las actividades culturales y artísticas; el derecho a disfrutar libremente de su cultura, religión o idioma, entre otros. Es por ello, que en toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse atendiendo a un principio básico, el interés superior del niño. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página cuatrocientos cincuenta, Tomo I Libro 5, Abril de 2014, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "GUARDA Y CUSTODIA DE LOS MENORES DE EDAD. ELEMENTOS A LOS QUE HA DE ATENDER EL JUEZ AL MOMENTO DE MOTIVAR SU DECISIÓN. El interés superior de los menores, previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como criterio ordenador, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia de menores de edad. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En consecuencia, al interpretar la norma aplicable al caso concreto, el juez habrá de atender, para la adopción de la medida debatida, a los elementos personales, familiares, materiales, sociales y culturales que concurren en una familia determinada, buscando lo que se entiende mejor para los hijos, para su desarrollo integral, su personalidad, su formación psíquica y física, teniendo presente los elementos individualizados como criterios orientadores, sopesando las necesidades de atención, de cariño, de alimentación, de educación y ayuda escolar, de desahogo material, de sosiego y clima de equilibrio para su desarrollo, las pautas de conducta de su entorno y sus progenitores, el buen ambiente social y familiar que pueden ofrecerles, sus afectos y relaciones con ellos, en especial si existe un rechazo o una especial identificación; la edad y capacidad de autoabastecerse de los menores, entre muchos otros elementos que se presenten en cada caso concreto." Ahora bien, la juez de la causa, en virtud de que se trata de una acción de divorcio y atendiendo a lo señalado en el artículo 292 letra B, fracciones I, II y III del Código Civil del Estado de Aguascalientes, tuvo bien a dictar las medidas provisionales que estimó pertinentes. Las cuales versaron en los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se decreta que Karina Edith Nieto Cordova deberá habitar el que fue él domicilio conyugal ubicado en la Avenida Ojocaliente número trescientos dieciséis interior cuatro, Fraccionamiento Ex Hacienda Ojocaliente de esta Ciudad de Aguascalientes en compañía de sus hijos menores de edad FDON, DON, y SON. SEGUNDO. Se decreta que la guarda y custodia provisional de los menores de edad FDON, DON y SON será ejercida de forma exclusiva por Karina Edith Nieto Cordova. TERCERO. Se requiere a José Francisco Ortiz Rodríguez para que, en el término de cinco días, contados a partir de la notificación de la presente resolución, salga del domicilio conyugal; llevándose del mismo exclusivamente los objetos que han sido autorizados por esta autoridad, apercibido que en caso de no hacerlo en dicho término, esta autoridad facultará al Ministro Ejecutor adscrito a este Juzgado a fin de que en rebeldía lo lance del domicilio. CUARTO. Se determina que José Francisco Ortiz Rodríguez convivirá con los menores de edad FDON, DON y SON de manera libre por los motivos señalados en la parte considerativa de la presente resolución, en los días y horas señaladas para tal efecto. QUINTO. Notifíquese y cúmplase." De ahí se sigue que la resolución que constituye la materia del reclamo en el presente juicio de garantías verse sobre las medidas provisionales dictadas en un juicio de divorcio, las cuales subsistan hasta en tanto no se resuelva el incidente relativo a la situación de los hijos y de sus bienes. Así, tenemos que al tratarse de medidas provisionales, de previo y especial pronunciamiento, así como atendiendo al interés superior de los menores en cumplimiento del artículo 242 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado, es que la juez responsable procedió a escuchar a los menores en audiencia de fecha catorce de julio de dos mil dieciséis. En este contexto, atendiendo al citado precepto legal también se obtiene que a dicha audiencia deberán comparecer tanto el Ministerio Público adscrito, la tutora de los menores, así como un perito en psicología, mismos que comparecieron a dicha audiencia y emitieron sus respectivas opiniones, así como el dictamen correspondiente del perito en psicología. Además, como puede verse, contrario a lo sostenido por el quejoso, la custodia de los menores otorgada a Karina Edith Nieto Cordova fue de manera provisional y solo como una medida cautelar con el fin de preservar el interés superior de los menores. A su vez la juez responsable para llegar a determinada decisión realizó las acciones tendientes a salvaguardar el interés superior de los menores, tan es así, que en el procedimiento les nombró tutor, asimismo, le dio la participación que le corresponde al Agente del Ministerio Público de su adscripción y ordenó la realización de un dictamen emitido por perito en psicología. Resulta aplicable la jurisprudencia 1ª./j 28/2004, del tomo XIX, del mes de junio de dos mil cuatro, sustentada por la Primera Sala de nuestro máximo tribunal constitucional visible en la página ciento treinta y ocho, de rubro y texto: "MEDIDAS PRECAUTORIAS TRATÁNDOSE DE LA GUARDA Y CUSTODIA DE MENORES DE EDAD. NO PROCEDE, PREVIO A SU IMPOSICIÓN, OTORGAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA EN SU FAVOR Y EN EL DEL CÓNYUGE EJECUTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). El artículo 249 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco, que se refiere al capítulo de las providencias precautorias, establece expresamente que antes de iniciarse el juicio, o durante su desarrollo, a solicitud del interesado pueden decretarse todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho o de derecho existentes, así como para garantizar las resultas de una sentencia ejecutoria. Asimismo, establece que dichas providencias se decretarán sin audiencia de la contraparte. Por su parte, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en la tesis de jurisprudencia 21/98, que las citadas medidas cautelares constituyen medidas provisionales que se caracterizan generalmente, por ser accesorias y sumarias y sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes, de tal forma que para la imposición de esas medidas no rige la garantía de previa audiencia. Luego, si con fundamento en el numeral citado un cónyuge promueve ante el Juez competente providencias precautorias a efecto de obtener la guarda y custodia de menores de edad, resulta incuestionable que para decretar la medida solicitada no existe obligación de otorgar la garantía de audiencia a favor del cónyuge afectado y de los menores involucrados. No obstante lo anterior, como uno de los requisitos para decretar la medida cautelar es que esté justificada la necesidad de la misma, el Juez atendiendo a las circunstancias del asunto y a los intereses superiores del menor, podrá determinar en qué caso la audiencia que se dé en su favor debe ser previa y cuándo deberá primero lograr el aseguramiento del infante para escucharlo con posterioridad" Es verdad, como lo refiere el quejoso que la juez responsable en la sentencia interlocutoria no realiza un análisis minucioso respecto a lo dicho por los menores, y solo se limita a transcribirlos; no obstante, esa trascripción conlleva el hecho de que implícitamente si las consideró, y si a ello le agregamos que, escuchó la opinión tanto del agente del Ministerio Público, así como de la tutora de los menores, quienes al emitir su opinión estimaron procedente, a fin de salvaguardar el interés superior de los menores, que su custodia provisional debía corresponder a su progenitora, es claro que su conclusión al determinar la custodia en favor de Karina Edith Nieto Cordova, es jurídicamente válida y conforme a lo dispuesto artículo 242 bis del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Por tanto, dicho acto no es violatorio de los derechos fundamentales del quejoso, siendo infundado lo alegado por este, dado que la custodia solo fue dada de manera provisional a Karina Edith Nieto Cordova mientras continua el procedimiento, hasta en tanto no se dicte sentencia definitiva. Es cierto que del dicho del menor Francisco Daladier Ortiz Nieto se desprende que él prefería vivir con José Francisco Ortiz Rodríguez; empero, el valorar dichos emitidos por los menores, se deben atender otros aspectos importantes que deben tomarse en cuenta al momento de decidir respecto a quien debe detentar la custodia de los mismos. Ello es así, porque aun cuando los menores externen sus opiniones y preferencias ante el Juez, sus declaraciones deben ser ponderadas según las circunstancias del caso, con el fin de que se decida lo más conveniente para su sano desarrollo, en cuanto a señalar en cuál progenitor debe recaer su guarda y custodia pues precisamente por su edad, debe verificarse en forma especial, que la preferencia de los menores no esté viciada ni sea subjetiva, como ocurre cuando alguno de los padres ofrezca menores restricciones y exigencias de convivencia y acepte vivir con el padre más permisivo y menos controlador de sus actividades. Es así, pues la preferencia de los menores no puede ser determinante para resolverse sobre su guarda y custodia ya que para ello se deben atender a las diversas circunstancias que rodean el caso, en concatenación con todo lo alegado y probado en autos, ya que, de no ser así, se llegaría al extremo de que los menores decidieran sobre su guarda y custodia, lo cual le corresponde determinar al Juez, siendo que el interés superior del menor no consiste en hacer lo que el menor (o algún tercero) cree que es mejor para él; sino que corresponde a las autoridades estatales en el ámbito de sus competencias el analizar el asunto concreto y de las circunstancias que lo rodean y que hasta el momento en que se resuelve se conocen. Por lo expuesto, contrario a lo que indica el quejoso, la responsable acató el principio de congruencia que toda resolución debe contener, tomando en cuenta lo manifestado por los infantes, la opinión de la experta en psicología, así como lo manifestado por el Ministerio Público al respecto, valorando las pruebas allegadas, y las constancias de autos a fin de determinar a quién correspondería la custodia provisional de los menores. En ese contexto, la autoridad resolvió sobre la custodia provisional de los menores, tomando en consideración que no existen elementos que patenticen que el hecho de que los menores Francisco Daladier, Daniel y Santiago todos de apellidos Ortíz Nieto, y que José Francisco Ortiz Rodríguez vivan con su madre les perjudique física o emocionalmente, aunado a que es más conveniente vivir con su madre y que el entorno social en que se desenvuelve es favorable para su sano desarrollo. En su segundo concepto de violación el quejoso aduce lo siguiente: * Que la autoridad responsable viola el principio de legalidad, en virtud de que sabedora de que actualmente se le descuenta el 56% (cincuenta y seis por ciento) de su salario para el pago de la manutención de sus hijos incluido el pago de casa habitación, se le priva sin justa causa de sus posesiones como lo es su domicilio, pues los gastos para él incrementarían al tener que rentar una vivienda, poniendo en riesgo su situación económica y también la de sus hijos. Es incorrecto este motivo de disenso en virtud de que, al tratarse de una medida provisional, la petición que se le hace al quejoso para que abandonar el domicilio conyugal no constituye un acto privativo, más bien un acto accesorio, ya que en el presente caso la privación no constituye un fin en sí mismo, en virtud de que sus efectos provisionales quedan sujetos a lo que se resuelva en la definitiva. Resulta aplicable la jurisprudencia P./j 21/98, del tomo VII, del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Pleno de nuestro máximo tribunal constitucional visible en la página dieciocho, de rubro y texto: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia." En efecto, la Juez responsable al momento de determinar que quien debía permanecer en el domicilio conyugal debería ser Karina Edith Nieto Cordova, esto en virtud de que al ser ella quien conservaría la custodia de manera provisional de los menores Francisco Daladier, Daniel y Santiago todos de apellidos Ortíz Nieto, y que quien debía abandonar el domicilio sería José Francisco Ortíz Rodríguez, fue tomada, como una medida cautelar mientras continua el proceso de divorcio, a razón de que los menores pudieran seguir viviendo en un ambienta sano y condiciones favorables para su desarrollo atendiendo lo señalado por el artículo 43 de la Ley de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Aguascalientes, ya que estos están habituados a dicho domicilio, realizando todas sus actividades en torno al mismo. La medida cautelar tiene sustento, no solo en la problemática familiar por la que se encuentran pasando con el divorcio de sus progenitores, sino además, y por lo que representa su hogar, al ser el medio social en el que se desenvuelven los infantes, lo que ineludiblemente de abandonar el mismo, les genera un detrimento en su interés superior, ya que la finalidad de éste es que se procure el desarrollo pleno e integral de los menores, proporcionándoles estabilidad, cuidados y asistencias necesarias. Tan es así que el inconforme estima que por el hecho de ser quien tenga que desocupar el hogar común, le genera una afectación en sus posesiones; lo que sin duda, mayor afectación podría generar en el ánimo de sus menores, quienes debido a su arraigo al lugar donde actualmente viven están acostumbrados a un entorno, por lo que un cambio respecto al mismo podría conllevar un perjuicio en ellos. Esto en atención a como se ha dicho el interés superior del menor está constituido por todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos que deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, y no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bien de los hijos. En tal virtud, ante lo infundado de los conceptos de violación hechos valer, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicitó. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Francisco Ortiz Rodríguez, contra el acto reclamado al Juez Cuarto de lo Familiar del Estado de Aguascalientes, precisado en el segundo de los considerandos, por las razones expuestas en el último de ellos. Notifíquese personalmente. Lo resolvió Jaime Páez Díaz, Juez Primero de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido de Arturo Montes de Oca Gálvez, secretario que autoriza y da fe, hoy veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis en que se engrosó.

  4. Principal

    sentencia: único.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege...VI

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