José Francisco Navarro

Expediente 614/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 9 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
614/2017
Año
2017
Actuaciones
9
Última actuación
06/04/2018

Partes del expediente

  • José Francisco Navarro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    El seis de abril de dos mil dieciocho, se da cuenta con la promoción registrada con folio 7203. Conste. Zacatecas, Zacatecas, seis de abril de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos la promoción signada por el quejoso José Francisco Navarro Hernández, como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amaro, devuélvasele el documento que refiere, autorizando a las personas que señala, debiendo dejarse en su lugar la certificación correspondiente y recabarse constancia de su entrega. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EMVG

  2. Principal

    En veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, certifico: Que el término de tres días concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, respecto de los actos realizados para cumplir con la sentencia protectora transcurrió del veinte al veintidós del mes y año en curso. Doy fe. En la misma fecha, la secretaria doy cuenta a la juez con la certificación que antecede, así como un escrito signado con folio 12811 y con el estado de autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete. Vistos los presentes autos de los que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa por auto de trece septiembre pasado (foja 136), para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación con el cumplimiento dado por la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; y con el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual, desahoga dicha vista, informando que la autoridad responsable ha dado cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues ha devuelto al quejoso la totalidad de los conceptos declarados inconstitucionales; ante ello, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, se analizará si la sentencia está cumplida. El diez de agosto de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia en el presente juicio de derechos fundamentales (fojas 91 a 107), en la que por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto que enseguida se precisa: "a) Los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, sean desincorporados de la esfera jurídica del quejoso José Francisco Navarro Hernández, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el ticket folio V 8736900 (74 I), de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, salvo la existencia de algún estímulo por alguno de los conceptos analizado, lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente". Mediante proveído de treinta de agosto de dos mil diecisiete (fojas 121 a 123), la sentencia antes citada causó ejecutoria y se procedió a requerir al Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, para que cumpliera el fallo protector de que se trata. Por auto de trece de septiembre actual (foja 136), se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario responsable, en el que informó que María Lucia Espinosa Hernández en representación del quejoso José Francisco Navarro compareció ante la Dirección de Ingresos de esa secretaría para recibir las cantidades pagadas por los conceptos de impuesto adicional para Infraestructura e impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y Derecho de Control Vehicular, además remitió las constancias respectivas de las que se advierte que le fue entregada la suma de tres mil cuatrocientos dieciocho pesos con treinta y cinco centavos; asimismo, realizó la declaratoria expresa de que esa autoridad y cualquier otra que dependa de ella en la gestión de cobro y administración de contribuciones, se abstendría de aplicar a la quejosa los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, respecto al ejercicio fiscal dos mil diecisiete. Ahora bien, a efecto de determinar si la sentencia protectora de que se trata se encuentra cabalmente cumplida, es pertinente destacar lo siguiente: Los efectos de la ejecutoria de amparo se concretan en la desincorporación de los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, tanto en lo presente como en lo futuro, lo que, en particular, conllevaba la devolución de lo erogado en el recibo fiscal con folio V 8736900 (74 1) lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente. Así pues, la quejosa erogó la cantidad de dos mil trescientos cincuenta pesos ($2,350.00), por derecho de control vehicular; setecientos cinco pesos ($705.00) por concepto de impuesto adicional para infraestructura; y, trescientos cuarenta y seis pesos ($346.00) por concepto de impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas, las cuales habría de devolvérsele, mismas que dan un total de ($3,401.00) tres mil cuatrocientos y un pesos. Cantidad, la anterior que tendría que ser debidamente actualizada, en términos del artículo 8 del Código Fiscal para el Estado de Zacatecas y sus Municipios. Así, en términos de la disposición fiscal citada, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior del más antiguo. La contribución fue cobrada en el mes de mayo de dos mil diecisiete (foja 24), por la cantidad de $3,816.00 (tres mil ochocientos dieciséis siete pesos, a la que, al restarle ($400.00) cuatrocientos pesos más ($15.00) quince pesos que no fueron materia del amparo, queda un total a devolver de $3,401.00 (tres mil cuatrocientos y un pesos), que es la que estaba obligada la autoridad a devolver; la devolución se realizó el uno de septiembre pasado (foja 130), por la cantidad actualizada de $3,418.00 (tres mil cuatrocientos dieciocho pesos). Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril de dos mil diecisiete, entre el índice para el mes de agosto de este año, (al ser los meses inmediatos anteriores a los de los periodos involucrados); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril de dos mil dieciséis es 126.242.; y para el mes de agosto, anterior al en que se llevó cabo la actualización es 127.513. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de la contribución erogada: 1.0100. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad entregada, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado, a saber, $ 3,435.01 (tres mil cuatrocientos treinta y cinco pesos con un centavo, por lo que, existe una diferencia de dieciséis pesos con sesenta seis centavos. Sin embargo, al haber manifestado el quejoso su conformidad con el cumplimiento, resulta ocioso requerir a la responsable la entrega de dicha cantidad. Conforme a lo expuesto, y toda vez que en la ejecutoria emitida por este Juzgado Federal, se otorgó la protección de la Justicia Federal solicitada, para el efecto de que los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, fueran desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. Asimismo, para que el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devolviera las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el recibo fiscal V 8736900 (74 1) de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, lo que debería incluir la actualización fiscal correspondiente; y, toda vez que dichos hechos ya acontecieron; este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. En atención a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el archivo del presente expediente, como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por haberse concedido el amparo; con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse, por lo cual, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase, previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, secretaria que autoriza. Doy fe. EMVG

  3. Principal

    En trece de septiembre de dos mil diecisiete, la Secretaria licenciada María Concepción García Jacobo da cuenta a la Juez con el oficio registrado con el folio 12305 y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, trece de septiembre de dos mil diecisiete. Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente sumario, informa que María Lucia Espinosa Hernández en representación del quejoso José Francisco Navarro, compareció ante dicha autoridad con la finalidad de que se le restituyera de las cantidades pagadas por los impuestos y derecho declarados inconstitucionales en el fallo dictado en el presente sumario, por lo que para acreditar ese hecho, allega copia certificada de las constancias respectivas entre las que se encuentra el recibo de pago de uno de septiembre del presente año, por la cantidad total de $3,418.35 (tres mil cuatrocientos dieciocho pesos 35/100 m.n.). Asimismo, la autoridad oficiante en cumplimiento al fallo protector indica que realizó declaratoria en el sentido de que se abstendrá de aplicar al quejoso, el contenido de los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, tanto en lo presente como en lo futuro. Con lo anterior, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna al respecto, este Juzgado con base a los documentos que obren en autos, se pronunciará sobre el cumplimiento por parte de la autoridad responsable al fallo constitucional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza.- Doy fe. Karla

  4. Principal

    EJECUTORIA AMPARO CONCEDIDO El licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre- - - - - - - - - - - - - - - - - - CERTIFICA - - - - - - - - - - - - - - - - - Que el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para las autoridades del catorce al veinticinco de agosto de este año y para la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, del quince al veintiocho del presente año, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Asimismo se certifica lo siguiente: Que al revisar el expediente en que se actúa, se advierte que existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales. Se hace constar que no se aperturó incidente de suspensión; por lo que tampoco se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Que no existen tomos de prueba por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de agosto de dos mil diecisiete. Doy fe. En la misma fecha, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González, da cuenta a la Juez con la certificación secretarial que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a treinta de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la sentencia pronunciada por este órgano jurisdiccional el diez de agosto del año actual, en la que se por una parte se sobreseyó el juicio de amparo en que se actúa y por la otra se concedió al quejoso José Francisco Navarro Hernández, el amparo y protección de la justicia federal solicitados; en razón de lo anterior, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de artículo 2 de la ley de la metería, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Ahora, en consideración que en la sentencia protectora se determinó que los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, fueran desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro; por tanto, resulta innecesario requerir a las autoridades responsables Congreso y Gobernador del Estado de Zacatecas que participaron en el proceso legislativo del acto reclamado en cuanto a su creación se refiere; lo anterior, en términos del artículo 192, de la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este Juzgado determina no requerirlas para el cumplimiento de la ejecutoria. Es aplicable al respecto la tesis de clave siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." REQUERIMIENTO. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la ley en consulta, requiérase a la autoridad responsable Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas, con sede en esta ciudad, para que a más tardar dentro del plazo de tres días hábiles de cumplimiento de manera total al fallo protector en los siguientes términos: "a) Los artículos 78 a 88 y 99 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, que prevén respectivamente el impuesto adicional para infraestructura, el impuesto para la Universidad Autónoma de Zacatecas y el derecho por el servicio de control vehicular, sean desincorporados de la esfera jurídica del quejoso José Francisco Navarro Hernández, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Secretario de Finanzas del Estado de Zacatecas devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores en el número de ticket folio V 8736900 (74 I) de treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, salvo la existencia de algún estímulo por alguno de los conceptos analizados, lo que debe incluir la actualización fiscal correspondiente. Sin que sea necesario remitirle copia autorizada de la aludida resolución, toda vez que la misma se le hizo llegar mediante oficio 17062/2017 de diez de agosto del año en curso. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia, se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no dar cumplimiento en el término indicado se hará a acreedora a una multa equivalente a CINCUENTA DÍAS de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, cuya cuantía va en directa proporción al cargo que ostenta y emolumentos que por esa causa recibe; asimismo, se le hace saber que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de este circuito para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación de salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. OTRAS CONSIDERACIONES. Tomando en cuenta que la parte quejosa adjuntó a su escrito inicial de demanda el recibo de pago original con número de folio V 8736900 (74 1), por la cantidad de tres mil ochocientos dieciséis pesos con cero centavos, moneda nacional; por tanto, en atención a lo acordado en párrafos precedentes, se pone a su disposición dicho documento, por el término de noventa días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que lo recoja, apercibida que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido al realizarse la depuración de constancias que integran el juicio principal en que se actúa. En otro aspecto, se hace constar que al no haberse aperturado incidente de suspensión, no se exhibió billete o alguna otra garantía que amerite su devolución o proveer sobre su destino. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario que autoriza y da fe. María del Carmen.

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