José Francisco Murillo Meza

Expediente 831/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
831/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
21/12/2021

Partes del expediente

  • José Francisco Murillo Meza
  • Junta Especial Número 5 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: Causa ejecutoria sentencia. De la certificación secretarial que antecede se advierte que ninguna de las partes impugnaron dentro del plazo legal la sentencia dictada en el presente juicio, en la que se sobreseyó; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; toda vez que, se sobreseyó el juicio de amparo, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Sin que sea el caso hacer pronunciamiento sobre los cuadernos relativos al incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión de plano. Documentos. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 831/2021. R E S U L T A N D O: PRIMERO. El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, José Francisco Murillo Meza presentó demanda de amparo indirecto en contra de actos de autoridad. En la misma demanda, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violado en su perjuicio los artículos 1°, 8, 14, 16, 17, 123 y 133 Constitucionales. SEGUNDO. Trámite de la demanda. Por acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado, se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. De la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se reclama: La omisión de gestionar, dictar y establecer las medidas necesarias de ejecución y cumplimiento del laudo dictado el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en el expediente 5A-1556/2013. TERCERO. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, negó el acto reclamado, ya que refirió que en acuerdos de veinticinco de abril, seis de junio, diecinueve de agosto y veintitrés de octubre, todos de dos mil diecinueve; y, siete de octubre de dos mil veintiuno, ha solicitado que se lleve a cabo el debido cumplimiento del laudo dictado el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en el expediente 5A-1556/2013, en los que incluso refiere ha impuesto multas. Negativa que se desvirtúa, ya que si bien es cierto anexó copias certificadas de los referidos autos -con excepción del que refiere dictó el seis de junio de dos mil diecinueve-, también lo es que no anexó las notificaciones que derivan de dichos proveídos, con las que se pueda justificar que las determinaciones dadas en dichos proveídos se hicieron cumplir; de ahí que se tenga por existente el acto reclamado. Lo que se corrobora con las copias certificadas que derivan del expediente 5A-1556/2013. Constancias que tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de este último ordenamiento. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, se considera que respecto al acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, ya que se encuentra en trámite la Revisión de Actos de Ejecución de la Presidenta de la Junta responsable, promovida por la parte actora -aquí quejosa-; según se advierte del acta correspondiente, a la cual compareció el quejoso José Francisco Murillo Meza. El precepto legal invocado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; (.)" En la fracción citada se materializa una de las vertientes del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, que impone a los gobernados la obligación de que, previamente a la interposición de la demanda, agoten aquellos medios de defensa previstos por la ley aplicables al caso, cuando puedan tener por efecto la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado. Así las cosas, el principio de definitividad tiende a evitar que el juicio de amparo se convierta en un recurso más, y que el juez constitucional sustituya en sus funciones al del orden común, impidiendo que el amparo como juicio extraordinario pierda su naturaleza como institución encargada del control constitucional. El juicio de amparo, procede únicamente contra actos definitivos, es decir, contra aquéllos que no sean susceptibles de ser modificados, revocados o anulados por algún recurso o medio de defensa ordinario. De esta forma es como se erige y justifica el principio de definitividad, regulado entre otros dispositivos en las fracciones XVIII, XIX y XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Bajo esta tesitura, mientras las fracciones XVIII y XX, requieren como presupuesto que el juicio de amparo se hubiere promovido con anterioridad al medio de defensa ordinario, la diversa fracción XIX se actualiza cuando simultáneamente con la promoción del amparo se encuentre en trámite algún medio de defensa propuesto por la propia parte quejosa que pueda tener como efecto modificar, revocar o anular el acto reclamado, en el entendido de que este precepto no exige que el medio ordinario se haya promovido directamente contra aquél, sino que basta con que exista ese medio ordinario en trámite, cuyos efectos, en caso de que su resultado sea favorable a la parte quejosa, se proyecten sobre los actos reclamados por ser éstos consecuencia de los actos materia del medio ordinario de defensa, modificándolos, revocándolos o nulificándolos. Por tanto, para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, se requiere que el recurso ordinario o medio de defensa legal que se haga valer en contra del acto reclamado en el juicio de amparo, haya sido admitido por la autoridad respectiva y que tenga por objeto la revocación, modificación o nulificación del acto reclamado en el juicio de amparo. Como puede verse, el precepto en análisis establece como causa de improcedencia del juicio de amparo, que se esté tramitando algún recurso o medio de defensa legal propuesta por el quejoso. Los recursos son los medios de impugnación que otorga la ley a las partes y a los terceros para que obtengan, mediante ellos, la revocación o modificación de una resolución judicial, sea ésta auto o decreto. Excepcionalmente, el recurso tiene por objeto nulificar la resolución o la instancia misma. De ahí que, conforme al precepto en estudio no es factible la coexistencia de un recurso ordinario o un medio de defensa legal que pueda tener por finalidad la revocación, modificación o nulificación de un acto de autoridad, al mismo tiempo que se tramita el juicio de amparo, pues no se permite la tramitación de juicios de amparos que puedan implicar la solución de un negocio que esté en vías de ser resuelto con efectos semejantes a los que se obtienen o derivan de la acción constitucional. Sobre estas bases, para que se actualice la improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se requiere que se cumplan los siguientes requisitos: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido cuando se resuelva el juicio de garantías; y c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya una vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia número P/J 144/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, del tomo XII, diciembre de dos mil, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo". De las constancias allegadas al juicio por la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se advierte que a las doce horas del diez de agosto de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos de la Revisión de Actos de Ejecución de la Presidenta de la Junta responsable, promovida por la parte actora -aquí quejosa-; según se advierte del acta correspondiente, a la cual compareció el quejoso José Francisco Murillo Meza. En efecto, de la audiencia de pruebas y alegatos de la Revisión de Actos de Ejecución de la Presidenta de la Junta responsable, se obtiene que: En términos de la fracción III, del artículo 852 de la Ley Federal del Trabajo, se procedió al desahogo de la audiencia de pruebas y alegatos dentro de la revisión contra actos de ejecución de la Presidenta y Secretaria de Acuerdos de la junta responsable. Luego, en el punto I se acordó tenerle a la parte actora recurrente, por hechas sus manifestaciones y por ratificada la revisión planteada, así como las pruebas ofrecidas en el escrito que exhibió en ese momento, las cuales se admitieron y desahogaron, dada su naturaleza jurídica, mismas que -se dijo- serían valoradas en el momento procesal oportuno. En el punto II se hizo efectivo el apercibimiento decretado a la demandada Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana y al tercero con interés Lic. Miguel Medina Méndez, en el sentido de que la revisión planteada se resolverá únicamente con las constancias que obren en autos. Y, en el punto III se determinó que en razón de no existir pruebas pendientes por desahogar, se dejó los autos en estado de emitir la resolución interlocutoria que en derecho correspondiera. Quedando notificados en ese acto los comparecientes, Ese contexto permite evidenciar que, contra el acto reclamado consistente en la omisión de gestionar, dictar y establecer las medidas necesarias de ejecución y cumplimiento del laudo dictado el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en el expediente 5A-1556/2013, la parte quejosa promovió revisión de los Actos de Ejecución del laudo, mismo que a la fecha se encuentra en trámite, pues a las doce horas del diez de agosto de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos de la Revisión de Actos de Ejecución de la Presidenta de la Junta Especial, de la cual se tiene que en el punto III se determinó que en razón de no existir pruebas pendientes por desahogar, se dejaron los autos en estado de emitir la resolución interlocutoria que en derecho correspondiera. Dicha revisión encuentra su fundamento en los artículos 849, 850, 851 y 852, de la Ley Federal del Trabajo, aplicables al momento en que fue promovido el juicio natural de donde emana el acto reclamado -año dos mil trece-, conforme al artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve, que textualmente disponen: "De la Revisión de los Actos de Ejecución (REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 849. Contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios, legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede la revisión. (REFORMADO, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) Artículo 850. De la revisión conocerán: I. La Junta Especial de la de Conciliación y Arbitraje correspondiente, integrada con los representantes de los patrones y de los trabajadores y con el auxiliar que esté conociendo del asunto, conforme al artículo 635 de esta Ley, cuando se trate de actos de los Presidentes de las mismas; II. El Presidente de la Junta o el de la Junta Especial correspondiente, cuando se trate de actos de los actuarios o de los funcionarios legalmente habilitados; y III. La Junta de Conciliación y Arbitraje con la participación del Secretario General de Acuerdos, cuando se trate de actos del Presidente de ésta o cuando se trate de un conflicto que afecte dos o más ramas de la industria. (REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 851. La revisión deberá presentarse por escrito ante la autoridad competente, dentro de los tres días siguientes al en que se tenga conocimiento del acto que se impugne. (REFORMADO Y REUBICADO, D.O.F. 4 DE ENERO DE 1980) Artículo 852. En la tramitación de la revisión se observarán las normas siguientes: I. Al promoverse la revisión se ofrecerán las pruebas respectivas; II. Del escrito de revisión se dará vista a las otras partes por tres días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y ofrezcan las pruebas que juzguen pertinentes; y III. Se citará a una audiencia de pruebas y alegatos, dentro de los diez días siguientes a la presentación de la revisión, en la que se admitirán y desahogarán las pruebas procedentes y se dictará resolución. Declarada procedente la revisión, se modificará el acto que la originó en los términos que procedan y se aplicarán las sanciones disciplinarias a los responsables, conforme lo señalan los artículos 637 al 647 de esta Ley". Revisión que se advierte, procede en contra de actos que realicen los presidentes de las Juntas en o durante la ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo, o cualquier otro emitido con motivo de la aplicación o interpretación de las normas de trabajo. Lo anterior encuentra apoyo por identidad jurídica sustancial, en la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA JUNTA QUE DECLARA CUMPLIDA LA CONDENA DECRETADA EN EL LAUDO Y ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2002-SS, definió que la procedencia del recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, no puede entenderse restrictiva sólo contra las resoluciones emitidas estrictamente para la ejecución del laudo, sino que debe interpretarse de modo extensivo incluso a todas aquellas que, aunque no tengan como objetivo directo e inmediato conseguir el cumplimiento del laudo, se emitan en o durante la etapa de ejecución, justamente porque fue intención del legislador dotar a las partes de un medio ordinario para que soliciten la revisión de los actos del Presidente en ejecución de los laudos, a fin de que pueda enmendarse cualquier error de procedimiento o de fondo. Bajo esa premisa, la resolución dictada por el Presidente de una Junta de Conciliación y Arbitraje que declara cumplida la condena decretada en el laudo y ordena el archivo del expediente como asunto concluido, constituye un acto dictado en la etapa de ejecución, precisamente porque con ese acto el Presidente ejecutor verifica la satisfacción de las obligaciones impuestas en el laudo, declarando su cumplimiento y, en consecuencia, ordenando el archivo del asunto; sin que sea obstáculo que con ese acto concluya la fase de ejecución, pues esa sola circunstancia no indica que esté fuera de esa etapa; al contrario, tan forma parte de ella que la finaliza. En consecuencia, contra la resolución referida procede el recurso de revisión y debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo indirecto, a fin de satisfacer el principio de definitividad, conforme al artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo." De lo anterior se desprende la materialización del motivo de improcedencia en estudio, dado se tiene acreditado que, a la fecha de presentación de la demanda que dio origen al presente juicio de amparo -ocho de septiembre de dos mil veintiuno-, en la cual se reclamó la omisión de gestionar, dictar y establecer las medidas necesarias de ejecución y cumplimiento del laudo dictado el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, en el expediente 5A-1556/2013, ya se encontraba en trámite la Revisión, si se considera que solamente la audiencia de pruebas y alegatos de la Revisión de Actos de Ejecución de la Presidenta de la Junta Especial, tuvo verificativo a las doce horas del diez de agosto de dos mil veintiuno, audiencia de la cual se tiene que en el punto III, se determinó que en razón de no existir pruebas pendientes por desahogar, se dejaron los autos en estado de emitir la resolución interlocutoria que en derecho correspondiera. De ahí que al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, por lo que respecta al acto reclamado. Al actualizarse la causal de improcedencia indicada, no se aborda el estudio de los conceptos de violación, en términos de la jurisprudencia número 1028, del rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, no resulta innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." QUINTO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. SEXTO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 831/2021, promovido por José Francisco Murillo Meza, por el acto, autoridad; y, razones precisados en los considerandos segundo y cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En términos del considerando quinto, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese mediante lista publicada en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee: Autoridad remite constancias requeridas. Agréguese a los autos el oficio enviado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado por este Órgano Jurisdiccional a través del proveído del diecisiete de noviembre del año en curso, remite las constancias que le fueron solicitadas y que obran dentro del juicio laboral 5A-1556/2013; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese en el Portal en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma, la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta se provee. Diferimiento audiencia constitucional. De la revisión de autos se advierte que, la autoridad responsable Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado por conducto de su Presidenta, hizo del conocimiento que en el juicio laboral 5A-1556/2013, del cual deriva el acto reclamado, se encuentra en trámite un incidente de revisión contra actos de dicha responsable; y, con base en ello, solicita el sobreseimiento en el juicio, toda vez que dicho incidente -afirma- aún no finaliza. Sin embargo, en las constancias remitidas como complemento del informe justificado, no obra constancia procesal que acredite lo informado. En ese contexto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede debidamente notificada del presente proveído, remita copia certificada de las constancias relativas al incidente de revisión tramitado dentro del juicio laboral 5A-1556/2013, del que se afirmó ".dicho incidente aún no finaliza". Lo anterior es así, puesto que tales actuaciones se estiman necesarias para la resolución del asunto. Apercibida la autoridad responsable, que de no hacerlo, de conformidad con el precepto 260, fracción II, en relación con el 238 del ordenamiento invocado, se le impondrá una multa de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será a la fecha de que incurran en la omisión), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere, y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su verificativo. Fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese; a las partes en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.

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