José Francisco Muñoz Rodríguez

Expediente 110/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
110/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
18/04/2018

Partes del expediente

  • José Francisco Muñoz Rodríguez

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia de veintisiete de marzo del año en curso, sin que lo hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, conforme al artículo 2 de la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia de que no obren en autos los acuses de recibo de los oficios 9260/2018, 9261/2018, 9262/2018, 9264/2018, 9265/2018 y 9266/2018, dirigidos a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, Veracruz, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XVIII, en Cosamaloapan, Veracruz, Coordinador de División de Detectives de la Policía Ministerial Zona Centro Cosamaloapan, Veracruz, Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial XIX, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, Comandante de la Policía Ministerial en la Zona Centro, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz y Fiscal de Investigaciones Ministeriales en Xalapa, Veracruz, en razón a que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado; sin embargo, el presente asunto al haberse sobreseído es obvio que no les afecta y, por tal motivo, no están en aptitud de interponer el citado recurso. Lo anterior encuentra su apoyo en la jurisprudencia XX. J/74, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página ochenta y cuatro, tomo 83, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a noviembre de 1994, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMÓ. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguno a la citada autoridad recurrente." Así como la tesis XI.3º. 4K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 706, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada en junio de 1988, que literalmente establece: "REVISIÓN RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recurso previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósitos de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría para perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, por que no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." De conformidad con la fracción II, del capítulo relativo a "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio de este órgano de control constitucional no tiene relevancia documental para su conservación.

  2. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 110/2018-II, enseguida provee: De conformidad con la fracción III, del capítulo relativo a "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO, DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, último párrafo, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se concedió la suspensión provisional y se negó la definitiva; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la suspensión provisional y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación.

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