José Francisco Méndez Morales
Expediente 1032/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1032/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- José Francisco Méndez Morales
- Luis Vicente Ortiz Lagunes
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, el oficio remitido por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con sede en Xalapa, Veracruz, con el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por los quejosos José Francisco Méndez Morales y Luis Vicente Ortiz Lagunes en contra del acuerdo de nueve de octubre de dos mil veintitrés, con el que se radico la queja 180/2023 de su índice, de lo que esta autoridad toma conocimiento. Notifíquese.asvv
- Principal
Boca del Río, Veracruz, dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Titular de la Unidad Jurídica Delegacional con sede en Xalapa, Veracruz y un anexo; atento a su contenido, se advierte que la autoridad se encuentra realizando las gestiones correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Lo anterior, en virtud de que la citada autoridad responsable remitió adjunto a su oficio de cuenta, el comunicado 1.4.3.5597/2023 de cuatro de octubre del año en curso, por el cual la Jefa de Departamento de la Dirección de Prestaciones Económicas Comisionada a la Subdelegación de Prestaciones, le informó al oficiante que el pago de las diferencias señaladas en la resolución administrativa 1.4.5038/2023 se encuentran programadas para la nómina de noviembre del presente año; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, dado que las personas juzgadoras que emiten las sentencias son los principales operadores jurídicos encargados de velar por su exacto cumplimiento como una cuestión de orden público, para cumplir con dicha finalidad deben desplegar todas las facultades encomendadas por la Ley de Amparo. En el entendido de que en la ejecutoria de mérito, se indicaron los efectos jurídicos a realizar por la autoridad responsable, mismos que a continuación se plasman: "1. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 7 y 12, fracción III, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y no le sean aplicados en el presente ni en lo futuro. Sirve de apoyo la jurisprudencia número P./J. 112/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo X, correspondiente al mes de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materias Constitucional y Común, con número de registro 192846, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA." 2. Deje sin efectos el oficio 1.4.3.0083/2021, de cinco de enero de dos mil veintidós, emitido por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones, dependiente de la Delegación Estatal en Veracruz, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 3. Emita otra resolución, en la que, al responder la solicitud del quejoso contenida en su escrito de siete de octubre de dos mil veintiuno, las autoridades responsables prescindan de aplicar al quejoso los artículos 7 y 12, fracción III, segundo párrafo, del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se Expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y, en consecuencia: a) Pague al quejoso íntegramente las pensiones de viudez y jubilación a que tiene derecho, sin sujetarlo a los límites establecidos en los mencionados artículos. b) Le reintegre las cantidades que le hayan sido descontadas con base en las normas reclamadas desde la fecha en que se generó ese derecho. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 947, Tomo I, Febrero de 2016, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro 2010990, de rubro y texto siguiente: "PENSIÓN POR VIUDEZ. PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A AQUÉLLA CON FUNDAMENTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 97/2012 (10a.). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada sostuvo que el artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 10/10/24 21:57:19 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.71.ce FERNANDO COBOS GONZALEZ Juicio de amparo 97/2022 3 Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, transgrede los principios de seguridad y previsión social, al restringir el derecho a percibir íntegramente las pensiones de viudez y de jubilación, cuando la suma de ambas rebase 10 veces el salario mínimo previsto como cuota máxima de cotización en el artículo 15 de la propia ley; lo que se traduce en el reconocimiento del derecho de los asegurados a solicitar la devolución de los descuentos realizados con fundamento en el artículo 51, segundo párrafo, referido, en los términos siguientes: 1) A partir de que es legalmente exigible la aplicación de la jurisprudencia mencionada, al ser este momento en el cual se reconoce el derecho a su devolución, por haberse desvirtuado la presunción de constitucionalidad que dicha norma gozaba en razón de la legitimidad de los órganos que la emitieron; y, 2) Con anterioridad a la publicación de la aludida jurisprudencia en el Semanario Judicial de la Federación, siempre que no se trate de descuentos respecto de los cuales se haya actualizado la prescripción. También, apoya por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1932, del Tomo II, Libro 71, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Constitucional, con número de registro 2020857, de rubro y texto: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE. LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS. De acuerdo con el marco normativo que rige las pensiones otorgadas conforme al antiguo régimen conocido como de reparto o de beneficios definidos, corresponde al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado efectuar los incrementos de las pensiones que prevé el artículo 57 de su legislación vigente hasta el 4 de enero de 1993, esto es, cuando aumentan los sueldos básicos de los trabajadores en activo, en tanto que en términos de la legislación en vigor hasta el 31 de marzo de 2007, tal aumento debe aplicarlo anualmente conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor, con efectos a partir del 1 de enero de cada año; sin que, por tanto, sea necesario que previamente lo solicite el pensionado. De ahí que cuando el Instituto omite dar cumplimiento a la normativa en comento y el pensionado reclama (ya sea ante el propio Instituto o con posterioridad en el juicio contencioso) tanto los incrementos omitidos como las diferencias que de ellos deriven, en caso de resultar procedente dicho reclamo, el mencionado Instituto quedará constreñido a entregar las diferencias debidamente actualizadas, conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, habida cuenta que la inobservancia de la ley por parte de esa dependencia conlleva que el pensionado no pueda disponer de las cantidades respectivas en el momento en que legalmente 10/10/24 21:57:19 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.71.ce FERNANDO COBOS GONZALEZ 4 tiene derecho a ello y conforme a la realidad económica existente." Por tanto, requiérase vía telegráfica y ordinaria, a la autoridad responsable Encargada de la Subdelegación de Prestaciones Económicas, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en el Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, para que dentro del término de tres días, siguientes a que surta sus efectos la notificación del presente auto, informe de inmediato las gestiones efectuadas para el debido cumplimiento de la ejecutoria aquí dictada; remitiendo para ello, de manera íntegra y legible, las constancias con las cuales lo acredite, o informe la imposibilidad que tenga para ello, esto es: ? Acredite que al quejoso se le está pagando íntegramente las pensiones de viudez y jubilación a que tiene derecho. Es importante destacar que al ser autoridad obligada al cumplimiento, debe agotar el uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, para conseguir ese cumplimiento total de la sentencia de amparo; razón por la cual está vinculada al cumplimiento en todas las etapas correspondientes. Apercibida la referida autoridad que de no acatar lo ya ordenado, se le hará efectivo el apercibimiento decretado en auto de trece de julio de dos mil veintitrés, consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización, la cual hoy equivale a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional); misma que se actualizará al momento de realizar la conducta sancionada, pues la unidad de medida equivale a $103.74 (ciento tres pesos setenta y 10/10/24 21:57:19 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.71.ce FERNANDO COBOS GONZALEZ Juicio de amparo 97/2022 5 cuatro centavos) con fundamento en el artículo 258 de la Ley de Amparo y, se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo segundo del artículo 192 de la misma ley, que consiste en remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y sus consignaciones de conformidad en los artículos 258, 262, fracción V, 267, fracción I, 269 y 271 de la Ley de Amparo, los cuales disponen las sanciones penales para el caso de no acatar la ejecutoria de amparo. Notifíquese; y, por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda signada conjuntamente por José Francisco Méndez Morales y Luis Vicente Ortíz Lagunes; regístrese en el libro de gobierno bajo el número 1032/2023 que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO En principio, conviene precisar que ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el análisis de los actos reclamados por los gobernados que acuden en demanda de amparo debe efectuarse de modo integral y sistemático, atendiendo a la totalidad de las manifestaciones que se vierten en la demanda conducente, así como sus anexos, para estar en aptitud de dilucidar cuál o cuáles son los actos que verdaderamente se reclaman y las características propias de éstos, así como la situación jurídica que guarda la parte promovente con respecto de tales actos; y, una vez hecho lo anterior, determinar válidamente tanto la competencia del órgano de control constitucional para conocer de la demanda aludida, así como la procedencia del juicio de amparo... Atento al acto reclamado y de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, se estima que la demanda de que se trata deber ser desechada de plano por notoriamente improcedente... resulta claro que el acto reclamado en esta vía, no constituye para la parte quejosa un acto de imposible reparación, ya que no puede reputarse como de aquéllos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de ese carácter, pues no le afecta de manera directa sus derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera; es decir, el acto combatido, carece de consecuencias que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, sino que sus efectos son de naturaleza eminentemente formal o procesal, que no necesariamente llegarán a trascender al resultado de la resolución que dirima la litis en su controversia, porque sólo inciden sobre la posición de las partes dentro del proceso. En este sentido, resulta claro que lo reclamado no constituye un acto dentro de juicio que tengan efectos de imposible reparación en la esfera jurídica de la parte promovente, dado que los vicios que pudieran llegar a tener dichas actuaciones de la responsable pueden no trasgredir derecho alguno de la parte quejosa. Es decir, las violaciones que, en su caso, se cometan en el juicio de origen, sólo son reclamables cuando se vulneren de manera evidente derechos sustantivos de la parte quejosa que, por su sola actualización, transgredan de manera directa sus derechos humanos o sus garantías consagradas en la Constitución Federal o, bien, cuando se dicte la resolución definitiva en tal procedimiento. Motivo por el cual, al tratarse la actuación reclamada de un acto intraprocesal y de carácter formal, sólo 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ 8 trasciende y actualiza sus consecuencias hasta en tanto se dicte la resolución que dirima la problemática esencial del juicio, o en su caso, se violen derechos sustantivos de la parte promovente, como la vida, la integridad, la salud, entre otros de esa índole; de ahí que el acto aquí reclamado, no pueda ser calificado como acto de imposible reparación. Dicho de otro modo, la determinación de dos de octubre de dos mil veintitrés, emitida en el expediente laboral 223/2023-I, en la que el Tercer Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Veracruz, decretó la separación del procedimiento de referencia con el fin de que se registre con un nuevo número de expediente para cada uno de los promoventes en el procedimiento, no se trata de una afectación de índole trascendental, pues se analizará por cuerda separada la tramitación de los juicios laborales, esto es, de manera particular, lo que no deja en estado de indefensión a los aquí quejosos, dado que no se está negando el acceso a la justicia ni se priva del derecho de defensa, sino que, de manera independiente se analizarán las prestaciones reclamadas por cada uno de los promoventes, por lo que no constituye un acto de imposible reparación, que pueda reputarse como de aquéllos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución de ese carácter. Por otra parte, tampoco se está en el supuesto de excepción, derivado de que los actos señalados como reclamados tengan una ejecución de imposible reparación, porque sus consecuencias afecten a las partes en grado predominante o superior, pues a criterio de este órgano jurisdiccional no se advierte que concurran circunstancias de gran trascendencia que impliquen una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, o bien para asegurar la 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JUICIO DE AMPARO 1032/2023 9 continuación de su trámite con respeto a las garantías procesales esenciales de la promovente, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento, esto atendiendo a las particularidades del tipo de proceso del que derivan los actos. Aunado al hecho de que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento, aun cuando alegue violaciones a los artículos 1º, 14 y 17 de la Constitución Federal, los actos que reclame no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión autónoma" al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo. Puesto que el acto reclamado no afecta derechos sustantivos que hagan procedente el juicio biinstancial, pues tales violaciones son susceptibles de ser reparadas al momento de que el Juez responsable realice la valoración de las pruebas y determine lo que en derecho corresponda, esto es, al momento de dictar la sentencia. En ese sentido, los actos procesales emanados de un juicio susceptibles de impugnarse en amparo indirecto, son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, por regla general el amparo indirecto es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal respectiva, por ser propio del amparo directo; ello, siempre y cuando concurra alguna de las hipótesis previstas en el artículo 170, en relación con el 173, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales; y sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ 10 fundamentales del gobernado, procederá el amparo biinstancial ante el juez de Distrito. En virtud de lo anterior, el acto de que se trata no produce esa afectación, ya que no reviste la característica de ser de imposible reparación, porque aun cuando entraña una afectación al derecho de defensa establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como lo exige el artículo 6° de la Ley de Amparo, es evidente que los efectos jurídicos producidos son meramente intraprocesales y, por tanto, no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley. En las relatadas condiciones, al haberse actualizado de manera manifiesta e indudable la causal invocada, atendiendo además al diverso numeral 113, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo, por los motivos y fundamentos previamente reseñados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo y como autorizados con facultades amplias en términos de lo que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a Alonso Salud Carrillo Acosta, Francisco Javier León Castro y José Benjamín León Gamboa, ya que acreditaron estar legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho a través del registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y/o el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ JUICIO DE AMPARO 1032/2023 11 Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en 30/11/26 13:04:59 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.31.36.34.38.32.35.38.37 ADELA MARQUEZ HERNANDEZ 12 autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo.. Notifíquese personalmente a la parte quejosa...
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