José Francisco Méndez Herrera

Expediente 1450/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1450/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • José Francisco Méndez Herrera

Actuaciones

  1. Incidental

    Diferimiento de audiencia incidental. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que la audiencia incidental se encuentra señalada para el día de hoy; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a las autoridades responsables Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios; Dirección de Atención al Derechohabiente Del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios y Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios para que rindan sus informes previos, según se desprende de las constancias de notificación que obran en autos. Por tanto, para dar tiempo a lo anterior, se difiere la audiencia incidental y, en su lugar se señalan las once horas con quince minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para su verificativo.

  2. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve J********************* por propio derecho, contra un acto de la Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y otras autoridades; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1450/2023-V. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 10, 12, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo. Audiencia constitucional. Se señalan las doce horas del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Incidente de suspensión. Tramitarse el incidente de suspensión toda vez que lo solicitado.

  3. Incidental

    Radicación. En cumplimiento a lo ordenado en esta misma fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de derechos, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1450/2023-V, promovida por ******************* por propio derecho, contra un acto de la Director General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM) y otras autoridades. No se apertura duplicado del cuaderno incidental. De conformidad a lo establecido en artículo 2641 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, tramítese únicamente el original del presente incidente de suspensión. 1 Artículo 264. En el juicio de Amparo Indirecto, por regla general, no será necesaria la formación del duplicado físico incidente de suspensión. Solicitud de informe previo. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 129, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, mismo que deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo. Requerimiento de constancias. Se solicita a las autoridades responsables que en el caso de aceptar la existencia de los actos reclamados se sirvan hacer del conocimiento de este Juzgador los dispositivos legales y motivos que sirvieron para emitir aquél. Información clasificada. Ahora bien, en caso de remitir constancias que justifiquen el acto reclamado y éstas consistan en documentación o información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla debidamente resguardada en sobre cerrado, especificando en el empaquetado que se trata de "información reservada" o "confidencial", ello como parte de las obligaciones que deben vigilarse en términos del artículo 1012 , 1043 y 1134 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública5 . Audiencia Incidental. Se fijan las once horas con quince minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. 2 Artículo 101. Cada Área de los sujetos obligados elaborará un índice de los expedientes clasificados por el Comité de Transparencia como reservados, por Área responsable de la información y tema. El Comité de Transparencia del sujeto obligado compilará y verificará los índices de los expedientes que haya clasificado e instruirá su publicación. 3 Artículo 104. Los documentos clasificados parcial o totalmente deberán llevar una leyenda que indique tal carácter, la fecha de la clasificación, el fundamento legal y, en su caso, el periodo de reserva. 4 Artículo 113. Se considera información confidencial: I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; II. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y III. Aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales. La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello. 5 Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016 Notificación a las autoridades responsables. Por otro lado, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, infórmese a las autoridades responsables que las notificaciones en el presente incidente se suspensión, entre ellas, los autos que tengan por recibidos los informes previos, el acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, se notificarán por lista; salvo aquellas que se estime deban efectuarse por medio de oficio. Ahora bien, para el caso de que al intentar notificar a las autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables, el fedatario judicial de la adscripción sea informado que la denominación efectuada en la demanda no es la correcta, se faculta a dicho Actuario para que proceda a realizar lo establecido en el artículo 272 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, esto es para que en dicho acto coloque una línea delgada sobre la denominación incorrecta la cual deberá salvar (firmar), y asiente la denominación correcta; ello, con la finalidad de que dichas autoridades queden notificadas del presente acuerdo y estén en aptitud de rendir su informe. En el entendido de que, si las autoridades responsables se oponen a recibir el oficio correspondiente por estar testado, el Actuario deberá proceder a practicar la notificación de conformidad con lo ordenado en el numeral 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, debiendo levantar la razón correspondiente. Análisis de la procedencia de la medida cautelar. Al respecto, la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión de realizar el pago de la pensión jubilatoria. Determinación de la suspensión. Ahora bien, la parte quejosa, solicita la suspensión de los actos reclamados para los siguientes efectos: "(.) consistir en realizar el pago de la pensión jubilatoria al suscrito (.)." De conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo, es posible restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. En efecto, sus párrafos segundo y tercero prevén la posibilidad de que la medida suspensional tenga como efecto restablecer provisionalmente a la quejosa en el goce del derecho violado, mientras se dicta la sentencia ejecutoria relativa, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible. Asimismo, debe fijarse la situación en la cual habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, hasta la terminación del juicio. El órgano jurisdiccional de amparo también está obligado a dictar las medidas necesarias para evitar que se defrauden los derechos, en tanto se dicta la sentencia definitiva, con lo cual existe la posibilidad no sólo de que sean medidas conservatorias, sino también innovativas y prohibitivas, acorde con la naturaleza del acto reclamado, para garantizar que sus derechos no se defrauden y, por ende, se hagan efectivos. Así, el citado artículo 147, obliga al Juez a analizar cada caso concreto y sin importar si el acto reclamado tiene carácter positivo, negativo u omisivo, dado que la norma no hace distinción al respecto; de igual forma, debe ponderar la apariencia del buen derecho y la afectación o perjuicio que ocasione el acto, para establecer en qué medida se afecta el derecho sustantivo del quejoso. Lo anterior ya que tan graves pueden resultar las consecuencias de un acto positivo, como las de una omisión, porque lo relevante es precisar cómo se manifiesta el acto reclamado en la esfera jurídica del quejoso. Asimismo, los artículos 17, 107, fracción X, primer párrafo, ambos de la Constitución Federal y, 147 de la Ley de Amparo, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en respetar, garantizar y preservar los derechos humanos de la parte quejosa que se encuentren en peligro, mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios provisionales). Ahora bien, previo a pronunciarse sobre la concesión de la medida esta Juzgadora debe atender a la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el primer concepto se basa en un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; por otro lado, el peligro en la demora se sustenta en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que pueda darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En el caso, a partir de la lectura de la demanda, se puede advertir que se colman estos requisitos, toda vez que: 1) El pensionado quejoso acreditó la apariencia del buen derecho, ya que aportó pruebas suficientes que apuntan a que cuenta con el derecho a recibir una pensión por jubilación, lo que actualiza el deber de cumplimiento de pago y a la seguridad social; pues del número de expediente CP/87661/2023, exhibido por el quejoso, se advierte que el promovente tiene derecho a una pensión por jubilación, el cual, se adminicula con las manifestaciones de certeza realizadas por la autoridad responsable en su informe previo. 2) Existe peligro en la demora, toda vez que los ingresos derivados de la jubilación son asimilables a los salarios, por lo que, de negarse la suspensión, se pondrían en riesgo los derechos humanos a la vida digna, al mínimo vital, al producto del trabajo y a la subsistencia del quejoso y su familia, especialmente en los casos en que las constancias evidencian el carácter intempestivo e injustificado de la falta de pago de la pensión jubilatoria por parte de la patronal. Asimismo, este juzgador destaca que en el caso se satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, pues no se contravienen disposiciones de orden público ni se afecta el interés social. Lo anterior es importante, porque sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público, se afectara a la sociedad, o bien, cuando el daño que pudiera causarse al quejoso no fuera de difícil reparación; pues en cualquiera de estos casos el otorgamiento de la medida cautelar no encontraría justificación y pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión. Es aplicable jurisprudencia PC.III.C. J/7 K (10a.), del Pleno en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable a página 2658, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, de título siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE ATENDER NO SÓLO A LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 128 DE LA LEY DE AMPARO, SINO ADEMÁS PONDERAR, SIMULTÁNEAMENTE, LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA QUE SE TRADUCE EN QUE EL ACTO RECLAMADO CAUSE PERJUICIO DE DIFÍCIL REPARACIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO)". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 128, de la Ley de Amparo, lo procedente ES CONCEDER AL QUEJOSO LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL, para el efecto de que la autoridad responsable, en el ámbito de su competencia realice el pago, concerniente a la pensión por jubilación a la parte quejosa, conforme a lo establecido por el Departamento de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. Es aplicable, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, consultable en la página 2042 del Tomo XXII de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, editado en agosto de 200, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA ES FACTIBLE ANTICIPAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, CON BASE EN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. Es posible adelantar los efectos propios de la sentencia de amparo en la medida cautelar solicitada; cuando el motivo de queja lo constituya la determinación judicial atinente a la libertad provisional bajo caución, dada la naturaleza del acto y el derecho subjetivo público reclamado como violado; ello, a fin de evitar que se causen al quejoso perjuicios de imposible reparación, en razón de que, mientras se tramita el juicio de amparo y causa ejecutoria la sentencia permanecerá privado de la libertad, en caso de que incumpla con los requisitos exigidos para gozar de su libertad provisional; de ahí que sea válido apreciar la inconstitucionalidad del acto reclamado, si con ello se evitan notorios perjuicios de difícil o imposible reparación por el peligro en la demora." En ese sentido, dada la naturaleza de los actos reclamados, así como de la medida cautelar concedida a la parte quejosa, se previene a las autoridades responsables para que en un tiempo de veinticuatro horas acrediten el debido cumplimiento a la medida suspensional, en la inteligencia que el desacato o violación a esta medida entraña la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, conforme a lo dispuesto en el precepto 262 de la ley en la materia, por lo que, de consumarse, de inmediato se dará vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Domicilio. Consulta y notificación electrónica. Se autoriza la consulta y notificación electrónica de las determinaciones emitidas en el presente asunto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes conforme al nombre de usuario que se proporciona en el escrito que se provee, ello de conformidad con los artículos 96 y 97, del Acuerdo General Conjunto 12/2020 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal; por lo que se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrito a este órgano jurisdiccional, para que proceda a registrar dicha solicitud y se permita el acceso a la consulta respectiva, al usuario "blaest". En la inteligencia que se deberá ingresar al sistema electrónico para obtener la constancia de la consulta realizada en un plazo máximo de dos días hábiles, contados a partir de que este juzgado de Distrito la hubiere enviado; hecho que sea, digitalícese la constancia generada para el expediente electrónico y agréguese una copia al expediente impreso como constancia de notificación; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación respectiva; lo anterior de conformidad con los artículos 30, fracción II, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo.

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