José Francisco Mejía Gómez

Expediente 547/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
547/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
30/06/2021

Partes del expediente

  • José Francisco Mejía Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que el plazo para recurrir la sentencia... transcurrió para la parte quejosa... se declara que dicha sentencia que NO AMPARA NI PROTEGE, HA CAUSADO ESTADO. remítase el expediente de que se trata como asunto definitivo y totalmente concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo. Notifíquese.

  2. Principal

    SEXTO. Estudio de fondo. Con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, se analizan en su conjunto los argumentos del único concepto de violación, en los que aduce que la autoridad responsable vulnera los principios de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia tutelados en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, sobre la base de que la Sala determina infundada la queja por defecto justificando que la actualización solicitada en términos de lo previsto en el artículo 6, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta no fue materia de pronunciamiento al emitir la sentencia definitiva de treinta de octubre de dos mil diecinueve. Abunda en el sentido que si bien al declararse la nulidad de la resolución impugnada no se ordenó a la autoridad allá demanda a enterar de manera actualizada las diferencias que, en su caso, existieran a su favor, conforme al mencionado artículo y en observancia a la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE, LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS", se sobreentiende que sí le asiste el derecho para efectuar ese reclamo. No obstante, la sala responsable soslaya la obligatoriedad que reviste el criterio invocado y erradamente resuelve infundada la queja intentada. En este punto, destaca que los razonamientos plasmados en la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 (10a), debieron ser acatados por la autoridad responsable al momento de emitir la sentencia interlocutoria de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno y, en ese contexto, declarar fundada la queja por defecto; a fin de acceder a una pensión correctamente pagada con las diferencias debidamente actualizadas a la fecha en que el Instituto demandado dé cumplimiento al fallo de nulidad. Una vez sintetizados los motivos de disenso, este juzgador estima que son infundados. A efecto de corroborar la anterior premisa, es importante acotar que el artículo 16 constitucional6 establece el derecho de legalidad, el cual se traduce en la obligación de la autoridad de citar en el acto de molestia, los preceptos legales en los que apoya su actuación, además de señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que haya considerado para la emisión del acto, los que deberán tener adecuación con las normas en que se fundamente, de tal manera que se configuren las hipótesis normativas. Señalados los requisitos de forma que consagra el artículo 16 constitucional, a criterio de este juzgador se estiman infundados los argumentos tendentes a evidenciar la ilegalidad de la resolución recurrida; toda vez que la Sala responsable atendiendo al principio de cosa juzgada vinculado con la sentencia de nulidad, concluyó que no le asiste razón a José Francisco Mejía Gómez, para obligar al Instituto demandado al pago de las actualizaciones pretendidas Bajo tales parámetros, se impone destacar que en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se consagran a favor de los gobernados diversos principios, entre ellos, el relativo a la plena ejecución la cual versa en el sentido de que las resoluciones que constriñan a su acatamiento, tendrá que realizarse en la forma en que se haya fallado dentro de ella misma, es decir, deberá darse cumplimiento a lo resuelto por los órganos jurisdiccionales en los términos y condiciones que se dijeron en la misma obligación a la que por regla general nadie puede eximirse alegando alguna circunstancia ajena a la litis. . Así, se tiene que el derecho a que se ejecuten las sentencias firmes, conforme a las consideraciones que las conforman, impone a los órganos judiciales la adopción de todas las medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución. Pero a su vez impide que el órgano judicial se aparte, sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar, o que se abstenga de adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma cuando ello sea legalmente exigible. Corolario de lo anterior, se tiene que la postura del Juez de instancia para hacer realidad los postulados del debido proceso en relación con el cumplimiento de los fallos, debe ser estricta en la ejecución de la cosa juzgada. Por su parte, respecto de la institución de la cosa juzgada, en nuestro sistema jurídico, se destaca que constituye un acto de voluntad de soberanía del Estado, al regular en forma obligatoria e inmutable las relaciones jurídicas que le han sido sometidas en un juicio para su decisión, mediante el ejercicio de la pretensión correspondiente. Aceptar lo contrario implicaría que la autoridad demandada o una diversa, pudiera variar sucesivamente la determinación dictada en cumplimiento a la sentencia de nulidad, no obstante que ya hubiera sido calificada por la Sala Regional del conocimiento; lo que es contario, al principio de certeza jurídica, porque dicha determinación novedosa no puede prosperar o prevalecer sobre puntos que ya fueron materia de dilucidación en la sentencia emitida en el juicio correspondiente, en la que se han ya delimitado derechos y no puede modificarse unilateralmente, bajo ningún argumento, ni siquiera por la propia autoridad que la emitió. Así, a efecto de respetar los derechos fundamentales de quienes acuden ante los tribunales, al tiempo que se debe dar certeza a las relaciones jurídicas mediante instituciones como la de cosa juzgada (que implica la inmutabilidad de las decisiones adoptadas por los órganos jurisdiccionales en razón de un interés político y público, una vez precluidos todos los medios de impugnación) es que las autoridades no puedan modificar, anular o rebasar lo decidido, pues ello resulta antijurídico e ilegal, porque atenta contra los derechos fundamentales de debido proceso, invariabilidad de la litis, congruencia y cosa juzgada. Todo lo anterior, fue resumido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al sostener en las consideraciones de la ejecutoria por la que resolvió la contradicción de tesis 215/2009. Entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la cual derivó la jurisprudencia P./J. 108/2010, visible en la página 6 del Tomo XXXIII, Enero de 2011 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, materia común;7 que en el momento en que las sentencias adquieren firmeza, es decir, la autoridad de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deben consumarse en forma irreparable. En esa medida, la sentencia emitida el treinta de octubre de dos mil diecinueve -en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el amparo directo 287/2019, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito- adquirió firmeza y la autoridad de cosa juzgada. De ahí que en los términos en que fue pronunciada es que se obliga a verificar su cumplimiento. . Por lo anterior, se estima correcta la determinación de la Sala responsable, pues debe tomar en cuenta las consideraciones y los efectos precisados en la sentencia de nulidad de treinta de octubre de dos mil diecinueve, ya que tales aspectos constituyen el punto de partida para verificar su cumplimiento, sin que sea posible modificar, anular o rebasar lo decidido. . Del criterio jurisprudencial se conoce que la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica,10 en razón que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado. Por ende, si en la sentencia de nulidad no existe pronunciamiento vinculado con las actualizaciones pretendidas, es que se considera que deviene en inexacta la afirmación del quejoso, en el sentido de que se sobreentiende que sí le asiste el derecho para efectuar tal reclamo. Para evidenciar tal circunstancia, se estima prudente remitirse al diccionario de la Real Academia Española, con el propósito de conocer con certeza el significado de la palabra "sobreentender", de lo que se sigue que, éste se refiere a: "Entender algo que no está expreso, pero que no puede menos de suponerse según lo que antecede o la materia que se trata".11 Así pues, se colige que dicha prestación la deduce a base de suposiciones, puesto que desde que instauró su demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa su reclamo se ciñó a la actualización de su cuota pensionaria en términos de lo previsto únicamente en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lo que constituyó materia de estudio en el expediente 22396/18-17-02-7 y en el juicio de amparo directo 287/2019, respectivamente. De ahí, que ante dicha omisión atribuible solo al promovente es que se considera que no es viable que, atendiendo a los principios de certeza y seguridad jurídica, así como cosa juzgada, en la etapa de ejecución de sentencia se integren nuevas prestaciones, tales como la actualización con base en lo estatuido en el artículo 6, fracción II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. No es ajeno para este juzgador las consideraciones que sostienen la jurisprudencia 2a./J. 135/2019 de rubro: "PENSIONES OTORGADAS POR EL ISSSTE, LAS DIFERENCIAS DERIVADAS DE LOS INCREMENTOS OMITIDOS POR EL INSTITUTO DEBEN ENTREGARSE ACTUALIZADAS", sin embargo, se estima que no es posible aplicarla al asunto que nos ocupa. Se arriba a tal conclusión, ya que en la contradicción de tesis 187/2019, que dio origen a la jurisprudencia en cuestión, se analizaron las determinaciones emitidas en amparo directo y en revisión fiscal adoptadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, dado que al resolver los asuntos sometidos a su consideración, se enfrentaron a una misma problemática que se originó al analizar si el pago de las diferencias con motivo del incremento de las pensiones a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se debía actualizar en términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior cobra relevancia en la medida que evidencia que es en el inicio del juicio contencioso administrativo donde los accionantes demandaron del Instituto la aludida actualización, motivo por el que sendos órganos jurisdiccionales se encontraron en la posibilidad de emitir los pronunciamientos correspondientes. A más que desde que se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley del Impuesto Sobre la Renta -once de diciembre de dos mil trece- el artículo 6, fracción II,12 no ha sido reformado, modificado ni adicionado, de ahí que, desde que el pormovente instauro su demanda de nulidad se encontraba en la libertad de ejercer con plenitud el reclamo hecho valer en la queja por defecto en el cumplimiento de la sentencia de nulidad, incluso, en términos del artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación. En concordancia con lo expuesto, a fin de establecer si es jurídicamente posible aplicar de manera retroactiva la jurisprudencia 2a./J. 135/2019, resulta oportuno tener presente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció al respecto en el sentido de que, de acuerdo con este principio, ésta puede aplicarse a los actos o hechos jurídicos ocurridos con anterioridad a que cobre vigencia, siempre y cuando ello no conlleve un efecto retroactivo en perjuicio de las personas, como acontece cuando: a) Al inicio de un juicio o procedimiento existe una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; b) Antes de emitir la resolución jurisdiccional respectiva, se emite una jurisprudencia que supera, modifica o abandona ese entendimiento del sistema jurídico; y c) La aplicación del nuevo criterio jurisprudencial impacta de manera directa la seguridad jurídica de los justiciables. De ahí que si el gobernado orientó su proceder jurídico o estrategia legal conforme a una jurisprudencia anterior, siguiendo los lineamientos expresamente establecidos en ésta -ya sea para acceder a una instancia jurisdiccional, para plantear y acreditar sus pretensiones, excepciones o defensas o, en general, para llevar a cabo alguna actuación jurídica-, no es dable que la sustitución o modificación de ese criterio jurisprudencial afecte situaciones legales definidas, pues ello conllevaría corromper la seguridad jurídica del justiciable, así como la igualdad en el tratamiento jurisdiccional de las mismas situaciones y casos, con lo cual, se transgrediría el principio de irretroactividad. . Ahora, en lo relativo a la jurisprudencia 2a./J. 135/2019, se obtiene que ésta fue publicada el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve en el Semanario Judicial de la Federación, cuya aplicación es obligatoria a partir del lunes veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, cuyo rubro y texto son: . En ese sentido, en el caso la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dictó sentencia el treinta de octubre de dos mil diecinueve, mediante la cual declaró la nulidad de la resolución impugnada, debido a que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado incumplió su obligación de incrementar la cuantía de la pensión del hoy quejoso, prevista en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres y hasta el uno de septiembre de dos mil uno, ordenando así al Instituto que la aumentara de forma correcta y, asimismo, pagara las diferencias correspondientes. De lo que se desprende que no es factible aplicar el aludido criterio, pues no se actualizan los supuestos normativos para ello; toda vez que el promovente del amparo: i) Al inicio del juicio no fundó su defensa en una jurisprudencia aplicable directamente a alguna de las cuestiones jurídicas relevantes para la interposición, tramitación, desarrollo y resolución del asunto jurisdiccional; ii) en esa medida, la jurisprudencia emitida no superó, modificó o abandonó el entendimiento del aquel sistema jurídico; y, iii) el nuevo criterio jurisprudencial no se aplicó en la esfera jurídica de la parte quejosa. Resultado de lo expuesto se concluye que si bien previamente al dictado de la sentencia de nulidad entró en vigor la aludida jurisprudencia, la cual no se aplicó al caso en concreto, en aras de una tutela judicial efectiva el quejoso debió promover los medios de defensa a su alcance, para que con ello, lograra integrar a su esfera jurídica los beneficios ahí establecidos y, con ello, constreñir al Instituto a entregar las diferencias debidamente actualizadas, conforme al procedimiento que establece el artículo 6, fracción II, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Habida cuenta que la aplicación de un nuevo criterio jurisprudencial no puede impactar de manera directa a los principios de certeza y seguridad jurídica, puesto que actuar de ese modo, provocaría un perjuicio en los contendientes, porque transgrediría no solo la seguridad jurídica de los justiciables sino además las situaciones legales ya definidas. En virtud de la ineficacia de los conceptos de violación planteados, se niega el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto reclamado. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Francisco Mejía Gómez, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el considerando sexto. Notifíquese.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio del Sexto Tribunal Colegiado... acusa recibo del escrito y oficio de expresión de agravios... mediante los cuales interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia... Se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Agréguese el oficio del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el que contiene inserto el auto de veintisiete de abril del año en curso, dictado en el recurso de revisión RA (P): 68/2021, del que se advierte admite a trámite el referido recurso; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,489 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano