Jose Francisco Martinez Fuentes
Expediente 161/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 161/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Francisco Martinez Fuentes
Actuaciones
- Principal
JUICIO DE AMPARO 161/2022-I Puebla, Puebla, siete de marzo de dos mil veintidós. Declaración de firmeza procesal. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido acuerdo ha causado estado (quedó firme). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previo análisis de las constancias, se estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (Archivo físico). Con fundamento en el artículo 9, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Inexistencia de documentos originales. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que no se tienen documentos originales (anexos) para devolver al quejoso. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a los quejosos, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer dado que ha quedado firme el proveído de desechamiento. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente juicio, se considera que tiene las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. De ahí que este proveído se les habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 161/2022. Puebla, Puebla, veintidós de febrero de dos mil veintidós. Se agrega al expediente el escrito signado en forma electrónica (con evidencia criptográfica) por la autorizada en términos amplios del quejoso * mediante el cual solicita la devolución de la documental exhibida con la demanda, consistente en el original del certificado de gravamen número * Por tanto, se pone a disposición del quejoso * el referido documento. Lo anterior, para que lo recoja -de manera directa o a través de su autorizada- dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al cual surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, deberá obtener una cita en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Así podrá recoger el mencionado documento, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma; de todo lo cual se dejará razón de recibo en autos para constancia. Se apercibe al quejoso, que de no comparecer en el plazo señalado, el documento que exhibió en este expediente será destruido. Lo anterior, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
- Principal
JUICIO DE AMPARO 161/2022. Puebla, Puebla, diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Radicación de la demanda. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales que presentó Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En el caso, se observa que la demanda presentada por José Francisco Martínez Fuentes, queda subsumida en la hipótesis normativa prevista por el artículo 113 de la Ley de Amparo; esto es, el desechamiento de plano. Para demostrarlo, es necesario destacar lo señalado en la demanda como acto reclamado: ".se reclama la ilegal orden y/o oficio .". En ese sentido, se considera que el quejoso, antes de acudir a la demanda de amparo, se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige, ya que al no hacerlo así, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. (...)". Entonces, el artículo 97, en relación con los diversos 10 y 11, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales establecen: "Artículo 97. Principio general Cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento (.)". "Artículo 10. Principio de igualdad ante la ley. Todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa. No se admitirá discriminación motivada por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condición de salud, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades velarán por que las personas en las condiciones o circunstancias señaladas en el párrafo anterior, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad, deberán preverse ajustes razonables al procedimiento cuando se requiera." "Artículo 11. Principio de igualdad entre las partes Se garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno e irrestricto ejercicio de los derechos previstos en la Constitución, los Tratados y las leyes que de ellos emanen". De los preceptos legales transcritos se desprende que cualquier acto realizado con violación de derechos humanos será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento. Lo anterior se traduce en que cualquiera de las partes puede plantear el control judicial en "cualquier momento", esto es, a lo largo del procedimiento; lo que incluye la fase de investigación inicial que, en términos del diverso numeral 211, fracción I, inciso a), del código en mención, comprende desde la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para que se le formule imputación. Es así, dado el principio de igualdad que debe imperar entre las partes en el sistema acusatorio penal adversarial, ya que todas las personas que intervengan en el procedimiento penal recibirán el mismo trato y tendrán las mismas oportunidades para sostener la acusación o la defensa; lo que conduce a la posibilidad de la aquí parte quejosa de plantear la nulidad de la actuación en cuestión, ahora señalada como acto reclamado. Por consiguiente, si el oficio aquí combatido fue emitido por la agente del ministerio público señalada como responsable durante la indagatoria llevada a cabo en la carpeta de investigación natural, es inconcuso que antes de acudir a esta instancia de amparo, la parte quejosa estaba en condiciones de plantear la nulidad de dicho oficio mediante el control judicial, esto es, ante el juzgador de control y en términos de los dispositivos jurídicos en cita. Así es, lo expuesto permite concluir que las determinaciones del ministerio público en el desempeño de su labor investigadora que se hayan realizado con violación de derechos humanos podrán nulificarse a petición de parte en cualquier momento y, por ello, deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise su legalidad. Por tanto, resulta evidente que la parte quejosa debió agotar el principio de definitividad en mención, antes de instar el presente juicio de amparo. Con base en lo anterior y con apoyo en el artículo 113 de la ley de la mantera, debe desecharse de plano la demanda de amparo de cuenta, al actualizarse la improcedencia estudiada, en forma indudable y manifiesta. En efecto, decidió promover el juicio de amparo indirecto aun cuando tuvo la posibilidad de que el juez responsable efectuara un nuevo análisis de su determinación. Dicho de otro modo, promovió este juicio de amparo indirecto sin agotar el recurso previsto en el artículo 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a pesar de que tuvo a su alcance ese medio ordinario de impugnación. Por consiguiente, debe operar la improcedencia en este juicio por la desatención al principio de definitividad, consagrado en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente : "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. ." Además, la omisión de impugnar ese oficio no encuentra alguna circunstancia extraordinaria para justificarla y conducir a la procedencia del sumario constitucional. Por lo que se sostiene que el quejoso debió agotar el recurso ordinario antes de acudir a este juicio constitucional, porque los lineamientos actuales del bloque de constitucionalidad, permiten imponer los requisitos de procedencia al extremo de sostener la obligación de que las personas agoten los medios de defensa existentes, en los procedimientos de instancia donde intervengan como partes. Ello de conformidad con la tesis jurisprudencial "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XX del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó José Francisco Martínez Fuentes, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Autorizados, Usuario para acceso electrónico y notificación por ese medio. Asimismo, quedan autorizadas en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, Ingrid Dennis Organista Acua y Mayra Palacios Méndez, porque se encontró registro de sus cédulas profesionales, en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación. Luego, como lo solicita el quejoso, se autoriza el acceso y consulta del expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a los usuarios "**" y "*" lo cual les permitirá dicha consulta y la presentación de escritos por la misma vía (electrónica). En relación a la solicitud para poder acceder y ser notificado por medio del expediente electrónico, .. es procedente su pretensión porque proporciona los "nombres de usuario" utilizados al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. se toma nota del correo electrónico proporcionado por el quejoso en su demanda, para ser utilizado como medio de contacto en caso de ser necesario. Notifíquese; en forma electrónica al quejoso; y cúmplase.
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