Jose Francisco Loria Ayala

Expediente 2171/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2171/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/11/2022

Partes del expediente

  • Jose Francisco Loria Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto en el que sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Con apoyo en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción toda vez que en el mismo se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De igual manera, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Pablo Pérez Pacheco, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, encargado del despacho por licencia oficial de la titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial; por autorización otorgada en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada en oficio CCJ/ST/5739/2022, suscrito por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de la Comisión de Carrera Judicial del propio Consejo, asistido de Libia Beatriz Cua Mejia, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, y anexo que adjuntó, del que se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el citado artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.1" De lo hasta aquí expuesto, se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a) Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b) Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, la parte quejosa reclama de la responsable, la omisión de acordar su escrito presentado el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se le solicita a la juez responsable, que resuelva lo procedente en relación al recurso de revocación interpuesto en contra el auto de dieciocho de enero del año en curso, en autos del expediente de origen 773/2021. En ese sentido, se tiene que la autoridad responsable adjuntó a su informe justificado, la sentencia interlocutoria de doce de septiembre del año en curso, en el que resolvió sobre el recurso de revocación que interpuso el aquí quejoso, respecto al memorial presentado el veinticinco de agosto del año en curso, en autos del expediente de origen 773/2021. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, pues por resolución de doce de septiembre del año en curso, resolvió el recurso de revocación que interpuso el aquí quejoso, y de cuyo omisión de acordar su memorial presentado el veinticinco de agosto del año en curso, en autos del expediente de origen 773/2021, reclamaba en este juicio de amparo. Por consiguiente, al haber cesado los efectos del acto reclamado, procede sobreseer con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, fuera de audiencia este juicio de amparo, en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional programada para celebrarse el día de hoy, a las diez horas con nueve minutos. Finalmente sólo resta señalar, que por auto de siete de septiembre del año en curso, se reservó acordar lo conducente respecto de a quién le podría recaer el carácter de tercero interesado, hasta en tanto se rinda el informe de Ley, lo cual aconteció; sin embargo, por los motivos expuestos párrafos precedentes, resulta innecesario hacer tal pronunciamiento. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a estos autos el telegrama remitido por el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en representación de las autoridades responsables, Director en Jefe y por el Dirección General de Registro y Control Documental, ambos adscritos al Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la resolución dictada en estos autos; sin que haya necesidad de hacer pronunciamiento alguno al respecto, toda vez que el siete anterior, se dio vista a la parte quejosa por el término de tres días, a fin de que manifieste lo que a su derecho corresponda respecto del cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Maricarmen Zermeño Ocampo, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que ya obran los oficios INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/936/2022, firmado por la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán y RAN/YUC/SR/DJ/3161/2022, suscrito por la encargada del despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, y anexos que se acompañaron a éstos, y que ya obran glosados a los presentes autos, con los cuales informaron lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria concesoria de amparo; y dado que mediante proveído de veintitrés de agosto anterior, se dio vista a la parte quejosa con dicha documentación, para que en el término de tres días hábiles, manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, esta Juzgadora Federal, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obraran en este expediente y de los datos aportados por las responsables. Por lo anterior, la parte quejosa dio contestación a la vista que le dio en proveído de veintitrés de agosto anterior, mediante el escrito que se tuvo por presentado el treinta y uno de agosto citado. Consecuentemente, se procede a resolver si, de acuerdo con las constancias de autos, la invocada sentencia concesoria ha sido cumplida, o no; lo antes expuesto encuentra apoyo en lo establecido en el artículo 196 párrafo segundo de la Ley de Amparo. En este sentido es importante asentar que por sentencia definitiva dictada el diecisiete de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa. Asimismo, por auto de once de julio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la citada resolución, requiriendo a las autoridades responsables que dieran cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. De manera que las autoridades responsables estaban obligadas a acatar la resolución referida en el párrafo que antecede, en los términos siguientes: "Que el Delegado del Registro Agrario Nacional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, de inmediato, dado el tiempo transcurrido, cumpla con lo dispuesto en el artículo 8 Constitucional, 56, 57 y 64 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, y con libertad de jurisdicción, dé respuesta a lo requerido por el quejoso en su escrito presentado el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, respecto de la solicitud de inscripción de la adopción de dominio pleno a su favor, de la parcela 860, ubicada en el ejido Progreso, municipio de Progreso, Yucatán, así como respecto de la consecuente expedición del título de propiedad, debiendo hacérselo de su conocimiento, de manera personal, a la brevedad debida. Y para que las diversas autoridades Director en Jefe y Director General de Registro y Control Documental, ambos del Registro Agrario Nacional, con residencia en la Ciudad de México, en el ámbito de sus atribuciones, den cumplimiento a la sentencia concesoria del amparo." En ese tenor, la encargada del despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, para acatar el fallo protector, debió realizar la inscripción de la adopción de dominio pleno a favor del quejoso, de la parcela 860, ubicada en el ejido Progreso, municipio de Progreso, Yucatán. Así, de las constancias se advierte que la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, informó mediante su oficio INSEJUPY/DRPPYC/DJ/AR/936/2022, que el título de propiedad 1005400, quedó debidamente inscrito con el número de tablaje catastral 45409, correspondiente al municipio de Progreso, Yucatán, con folio electrónico 1492222 y número de inscripción 3098590, a nombre de Antonino Almazán Arteaga, y la encargada del despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, por oficio RAN/YUC/SR/DJ/3161/2022, que el diecisiete de agosto del año en curso, notificó y entregó a la parte quejosa, el título de propiedad 1005400 que ampara la parcela "861" del ejido de Progreso, Yucatán, dando por concluido el trámite de la solicitud SIMCR31190007362. No obstante lo anterior, tomando en consideración lo manifestado por la parte quejosa en su escrito de cuenta, y a juicio de la suscrita, se estima que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues, la responsable no acreditó la inscripción de la adopción de dominio pleno a favor del quejoso, de la parcela 860, ubicada en el ejido Progreso, municipio de Progreso, Yucatán, ni expidió el título de propiedad correspondiente, dado que de las constancias remitidas por las responsables, se aprecia que inscribió, notificó y expidió a la parte quejosa el título relativo a una diversa parcela, esto es, la marcada con el número 861, y no la 860, como se ordenó en sentencia emitida en estos autos. En ese contexto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se previene a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, emita nueva determinación en la que dé cumplimiento al fallo protector, y con ello restituir plenamente a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que le fueron vulnerados y remita las constancias certificadas de las constancias relativas. Se apercibe a la responsable que de no cumplir con lo anterior en el lapso señalado, se le impondrá una multa mínima de cien veces el valor diario de la Unidad y Medida y Actualización, en términos del artículo conforme al numeral 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos del citado ordenamiento legal; en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. Notifíquese por lista.

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