José Francisco López Vidal

Expediente 971/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 13 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
971/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
31/05/2021

Partes del expediente

  • José Francisco López Vidal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    MESA 5 Villahermosa, Tabasco, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a José Francisco López Vidal; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, dado que el quejoso de mérito, se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Cunduacán, Tabasco; por tanto, con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la notificación del presente auto, se realice al impetrante por el método alternativo de videoconferencia. Para ello, se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales de la adscripción a fin que en coordinación con la autoridad penitenciaria correspondiente y a través del sistema?????? de video comunicación que otorga la plataforma denominada "ZOOM", programen fecha y hora para el desahogo de la diligencia ordenada; cabe precisar, que el número telefónico de la autoridad carcelaria es 914-336-06 13. Lo anterior, a fin de salvaguardar la salud del fedatario de este órgano jurisdiccional, con motivo de la actual contingencia sanitaria, así como el respeto al principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dotar de seguridad jurídica, a través del correo electrónico dirigido a la dirección carcelcunduacan@hotmail.com, mediante oficio, envíese a la precitada autoridad copia autorizada del presente auto, a fin de que el encargado del departamento jurídico del referido centro carcelario le haga entrega al quejoso del mismo al momento de iniciar la práctica de su notificación. En atención a lo anterior, prevéngase a la aludida autoridad a fin de que otorgue las facilidades necesarias al actuario de este Juzgado, a efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. De lo anterior, el Actuario Judicial deberá levantar el acta pormenorizada de la diligencia de notificación que se ordena y deberá integrarla al expediente tanto físico como electrónico. Luego, toda vez que en el presente asunto se ordenó abrir cuadernillo de sigilo, dese vista con el sentido del presente acuerdo en dicho cuaderno, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo Notifíquese.

  2. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; del estado procesal de autos, se advierte que el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se dictó la sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se negó el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso José Francisco López Vidal, quien se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Cunduacán, Tabasco. Por tanto, con fundamento en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena que la notificación de la sentencia de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, se realice al impetrante por el método alternativo de videoconferencia; así como los subsecuentes acuerdos que se emitan en el presente juicio. Para ello, se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales de la adscripción a fin que en coordinación con la autoridad penitenciaria correspondiente y a través del sistema de video comunicación que otorga la plataforma denominada "ZOOM", programen fecha y hora para el desahogo de la diligencia ordenada; cabe precisar, que el número telefónico de la autoridad carcelaria es 914-336-06 13. Lo anterior, a fin de salvaguardar la salud del fedatario de este órgano jurisdiccional, con motivo de la actual contingencia sanitaria, así como el respeto al principio de impartición de justicia pronta y expedita tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para dotar de seguridad jurídica, a través del correo electrónico dirigido a la dirección carcelcunduacan@hotmail.com, mediante oficio, envíese a la precitada autoridad copia autorizada de la referida sentencia, a fin de que el encargado del departamento jurídico del referido centro carcelario le haga entrega al quejoso de la misma al momento de iniciar la práctica de su notificación. En atención a lo anterior, prevéngase a la aludida autoridad a fin de que otorgue las facilidades necesarias al actuario de este Juzgado, a efecto de que pueda dar cabal cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Apercibida que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se hará acreedora a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. De lo anterior, el Actuario Judicial deberá levantar el acta pormenorizada de la diligencia de notificación que se ordena y deberá integrarla al expediente tanto físico como electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    MESA 5 En la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, siendo las diez horas con veinte minutos del veintiuno de abril de dos mil veintiuno, estando en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa asistido de Raúl Gamboa Barradas, secretario que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, respecto del juicio de amparo 971/2020-5, promovido por José Francisco López Vidal. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y el secretario da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117, 119 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta las documentales que acompañó la autoridad responsable Juez de Control de la Región Dos de Cunduacán, Tabasco, consistentes en copias certificadas relativas a la causa penal 57/2020 de su índice (fojas 31 a 40). Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hicieron uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 971/2020-5, promovido por José Francisco López Vidal, contra actos del Juez de Control de la Región Judicial Dos de Cunduacán, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el cinco de noviembre de dos mil veinte, a través del buzón judicial de los juzgados de Distrito, recepcionado el mismo día en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este Juzgado Tercero de Distrito en esa misma fecha, José Francisco López Vidal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 "De la autoridad que señalo como responsable reclamo el oficio 4584/2020-C-I que se me notificó con fecha 14 de octubre de 2020 en consecuencia a la solicitud planteada sobre la modificación de la medida cautelar, por considerar que no existen suficientes elementos de pruebas para que emerja a la vida jurídica la medida cautelar de prisión preventiva en mi contra, dentro de dicho oficio de notificación la autoridad responsable contestó lo siguiente: "visto lo anterior no se advierte la necesidad de establecer fecha y hora para debatir sobre la solicitud del imputado, en virtud que de lo expuesto en su escrito, no se advierte que haya variado las condiciones objetivas que justificaron la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa decretada al imputado José Francisco López Vidal en términos del artículo 19 constitucional y 167 párrafo tercero del código nacional de procedimientos penales." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Juez de Control de la Región Judicial Dos del municipio de Cunduacán, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El seis de noviembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 971/2020-5; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 17 a 21). TERCERO. SUSPENSIÓN DE LABORES Y ATENCIÓN DE CASOS URGENTES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal." En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19". Luego, mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signado por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REACTIVACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. En acuerdo de doce de enero de dos mil veintiuno, se reactivó el presente juicio y se señaló fecha para audiencia constitucional, por lo que de conformidad con la fracción II, del referido Acuerdo 21/2020, los plazos comenzaron a transcurrir a partir de que se notificó el referido proveído a las partes; y, QUINTO. EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERA INTERESADA. En proveído de once de febrero de dos mil veintiuno; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada de identidad reservada K.A.G.V., mismo que se llevó a cabo mediante diligencia de veintitrés de febrero del año en curso (foja 50 del cuaderno de sigilo). CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: El oficio 4584/2020, en el que se le notificó el auto de catorce de octubre de dos mil veinte, dictado en la causa penal 57/2020, que desechó la solicitud del quejoso respecto a la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva a la que está sujeto. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Juez de Control de la Región Judicial Dos de Cunduacán, Tabasco, al rendir su informe justificado ni afirma ni niega el acto reclamado que se le atribuye; sin embargo, de las manifestaciones vertidas en el propio informe se advierte la certeza del mismo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 917812, que dice lo siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo cual se corrobora con las constancias que en copia certificada acompañó a su propio informe, relativas a la causa penal 57/2020 (fojas 31 a 40); documental a la que se otorga valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°. Sobre el valor de tales documentales, se cita la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha con el registro 394182, del epígrafe y contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". QUINTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. SEXTO. DETERMINACIÓN DE ESTE JUZGADOR RESPECTO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que aparecen insertos en su escrito de demanda, los cuales se tienen por reproducidos en este apartado, en interés del principio de economía procesal, aunado que la omisión de su trascripción no impide al suscrito cumplir con los principios de exhaustividad y congruencia analizándose para tal efecto, los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, tomo XXXI, mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." No obstante, debe precisarse que los motivos de disenso, hechos valer por el quejoso José Francisco López Vidal, y que en su momento se abordarán, están dispersos en diversas exposiciones, por lo que se resumirán al momento de su análisis; lo anterior, toda vez que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia no llega al extremo de obligar a los órganos jurisdiccionales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto por punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquéllos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que en su caso, les pueda asistir, pero, se reitera, no a los diversos argumentos los cuales, más que demostrar defensa alguna, revelan la reiteración de ideas ya expresadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª. CVIII/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a fojas 793, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Así, resultan infundados, sin que se advierta motivo alguno por el cual suplirlos en la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, en atención a las siguientes consideraciones. En principio es importante establecer que los artículos 19, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 7.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 9. 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, establecen, en lo conducente, lo siguiente: "Artículo 19. (.) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud." "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal (1,2,.) 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio." "Artículo 9. (1, 2,.) 3. Toda persona detenida o presa a causa de una infracción penal será llevada sin demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad. La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá estar subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo." Asimismo, es oportuno citar el contenido de los artículos 153, 155, fracción XIII, 156, 157, 158, 159, 164, primero y segundo párrafos, y 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 153. Reglas generales de las medidas cautelares. Las medidas cautelares serán impuestas mediante resolución judicial, por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento. Corresponderá a las autoridades competentes de la Federación y de las entidades federativas, para medidas cautelares, vigilar que el mandato de la autoridad judicial sea debidamente cumplido.". "Artículo 155. Tipos de medidas cautelares A solicitud del Ministerio Público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares: (.) XIII. El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o (.)". "Artículo 156. Proporcionalidad El Juez de control, al imponer una o varias de las medidas cautelares previstas en este Código, deberá tomar en consideración los argumentos que las partes ofrezcan o la justificación que el Ministerio Público realice, aplicando el criterio de mínima intervención según las circunstancias particulares de cada persona, en términos de lo dispuesto en el artículo 19 de la Constitución. Para determinar la idoneidad y proporcionalidad de la medida, se podrá tomar en consideración el análisis de evaluación de riesgo realizado por personal especializado en la materia, de manera objetiva, imparcial y neutral en términos de la legislación aplicable. En la resolución respectiva, el Juez de control deberá justificar las razones por las que la medida cautelar impuesta es la que resulta menos lesiva para el imputado". "Artículo 157. Imposición de medidas cautelares Las solicitudes de medidas cautelares serán resueltas por el Juez de control, en audiencia y con presencia de las partes. El Juez de control podrá imponer una de las medidas cautelares previstas en este Código, o combinar varias de ellas según resulte adecuado al caso, o imponer una diversa a la solicitada siempre que no sea más grave. Sólo el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva, la cual no podrá combinarse con otras medidas cautelares previstas en este Código, salvo el embargo precautorio o la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren en el sistema financiero. En ningún caso el Juez de control está autorizado a aplicar medidas cautelares sin tomar en cuenta el objeto o la finalidad de las mismas ni a aplicar medidas más graves que las previstas en el presente Código.". "Artículo 158. Debate de medidas cautelares Formulada la imputación, en su caso, o dictado el auto de vinculación a proceso a solicitud del Ministerio Público, de la víctima o de la defensa, se discutirá lo relativo a la necesidad de imposición o modificación de medidas cautelares". "Artículo 159. Contenido de la resolución La resolución que establezca una medida cautelar deberá contener al menos lo siguiente: I. La imposición de la medida cautelar y la justificación que motivó el establecimiento de la misma; II. Los lineamientos para la aplicación de la medida, y III. La vigencia de la medida". "Artículo 164. Evaluación y supervisión de medidas cautelares. La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad. La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso o sea inminente su comisión, y peligre la integridad personal o la vida de una persona, el entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal. (.)". "Artículo 166. Excepciones En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan. De igual forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia. No gozarán de la prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes a criterio del Juez de control puedan sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una conducta que haga presumible su riesgo social." De la interpretación sistemática de dichos preceptos constitucionales, internacionales y legales, se tiene que el Juez de Control está facultado para resolver lo conducente respecto de las solicitudes de medidas cautelares, lo que deberá realizar en audiencia y con presencia de las partes; asimismo, está facultado a imponer las medidas cautelares que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, en consonancia con el texto constitucional, ya sea una o combinar varias de ellas, e incluso imponer una diversa a la que sea solicitada, siempre que resulte adecuado al caso y no sea más grave que la que fue solicitada. Que las medidas cautelares que se pueden llegar a dictar en contra del imputado, serán impuestas por el tiempo indispensable para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o del testigo, o evitar la obstaculización del procedimiento; que la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad; que se evaluará el riesgo de sustracción del imputado, la que no podrá ser usada para la investigación del delito ni proporcionada al Ministerio Público. Por otra parte, el marco normativo aplicable a la solicitud de revisión o modificación de la medida cautelar se encuentra previsto, en lo que aquí interesa, en los artículos 161, 162 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 161. Revisión de la medida Cuando hayan variado de manera objetiva las condiciones que justificaron la imposición de una medida cautelar, las partes podrán solicitar al Órgano jurisdiccional, la revocación, sustitución o modificación de la misma, para lo cual el Órgano jurisdiccional citará a todos los intervinientes a una audiencia con el fin de abrir debate sobre la subsistencia de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida y la necesidad, en su caso, de mantenerla y resolver en consecuencia." "Artículo 162. Audiencia de revisión de las medidas cautelares De no ser desechada de plano la solicitud de revisión, la audiencia se llevará a cabo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes contadas a partir de la presentación de la solicitud." "Artículo 165. Aplicación de la prisión preventiva Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será ordenada conforme a los términos y las condiciones de este Código. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. "Artículo 167. Causas de procedencia El Ministerio Público sólo podrá solicitar al Juez de control la prisión preventiva o el resguardo domiciliario cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso, siempre y cuando la causa diversa no sea acumulable o conexa en los términos del presente Código. En el supuesto de que el imputado esté siendo procesado por otro delito distinto de aquel en el que se solicite la prisión preventiva, deberá analizarse si ambos procesos son susceptibles de acumulación, en cuyo caso la existencia de proceso previo no dará lugar por si sola a la procedencia de la prisión preventiva. El Juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud." De los preceptos transcritos, se desprende con claridad la posibilidad de la revisión de la medida cautelar decretada, incluso bajo las reglas del sistema tradicional, bajo los parámetros del sistema de justicia penal acusatorio; empero, de los mismos, se desprende que tal revisión y posible modificación no es absoluta, sino que se encuentra sujeta a un procedimiento, además que, específicamente su numeral 162, establece la hipótesis de desechar de plano la solicitud correspondiente, lo que acontecería en el caso que no pudiera ser procedente de origen la medida solicitada. Atendiendo a lo antes expuesto, es que pueda determinarse que fue ajustada a derecho el auto aquí reclamado de desechar de plano la solicitud de revisión de la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso, en primer lugar porque la posibilidad de desecharla se encuentra prevista en la legislación procesal aplicable y además, como correctamente lo dejó sentado el Juez responsable en dicho auto, porque el delito que se persigue en la causa penal de origen (violación) es de aquéllos considerados como graves y sujetos a prisión preventiva oficiosa, lo que significa que no procede analizar o revisar la posibilidad de alguna otra medida pues dada la gravedad de dicho ilícito, constitucionalmente, se prohíbe que pueda enfrentar su proceso penal en libertad, lo que haría ociosa la tramitación de la solicitud si, después de sustanciada la misma, no prosperaría, pues es precisamente ese su objetivo. Cobra aplicación al caso, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Pena del Segundo Circuito, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2016349, que dice: "REVISIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA PREVISTA EN EL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTROS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016. RESULTA OCIOSA LA CONCESIÓN DEL AMPARO PARA QUE EL JUEZ DEL PROCESO REALICE EL TRÁMITE DEL INCIDENTE CORRESPONDIENTE, SI DEBIDO A LA GRAVEDAD DEL DELITO POR EL QUE SE SIGUE EL PROCESO, EL QUEJOSO NO PUEDE ENFRENTARLO EN LIBERTAD. La revisión de las medidas cautelares se encuentra prevista en el orden jurídico nacional, como una medida que tiende a proteger los derechos humanos de los indiciados que fueron sujetos a un auto de formal prisión, y que, sometidos a una medida cautelar de prisión preventiva para que puedan, en igualdad de circunstancias, enfrentar los procesos en libertad, cuando se trate de delitos diversos a los establecidos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, si la finalidad del artículo quinto transitorio indicado es que los gobernados que hayan sido sujetos a una prisión preventiva en el sistema mixto tradicional puedan enfrentar sus procesos en libertad, cuando los delitos por los que se les siga el procedimiento no sean de los que corresponde prisión preventiva oficiosa, se concluye que si se les está siguiendo una causa penal por los delitos señalados en el precepto citado, no prosperará el incidente no especificado previsto en el artículo quinto transitorio de referencia. De ahí que resulte ociosa la concesión del amparo para que el Juez del proceso realice el trámite correspondiente, si el Tribunal Colegiado de Circuito puede advertir que no se obtendrá la libertad pretendida por los justiciables, debido a que la gravedad de los ilícitos por los que se les sigue proceso, impide que puedan enfrentar su proceso penal en ejercicio de la facultad deambulatoria. Además, la jurisprudencia 1a./J. 74/2017 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida al resolver la contradicción de tesis 64/2017, de título y subtítulo: "PRISIÓN PREVENTIVA. PROCEDE QUE LOS INCULPADOS EN EL SISTEMA PROCESAL MIXTO SOLICITEN LA REVISIÓN DE DICHA MEDIDA, DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016.", no obliga a tramitar un incidente en caso de notoria y manifiesta improcedencia, ya que el carácter oficioso de la prisión preventiva y la excepcionalidad que la ley aplicable prevé para los delitos que la merezcan lo excluye; ello, tomando en consideración los parámetros normativos aplicables por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el Código Nacional de Procedimientos Penales." Así, es infundado el concepto de violación hecho valer por la parte quejosa en el sentido de que el Juez responsable transgredió su derecho a la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta, pues aun y cuando dicho juzgador hubiese tramitado el procedimiento respectivo a nada practico llevaría si existe prohibición constitucional para el tipo de delito por el que se le tramita el procedimiento penal de origen para enfrentar el proceso en libertad. Así, del análisis realizado al auto reclamado de trece de octubre de dos mil veinte, no se advierte violación al derecho fundamental consagrado en el artículo 14 Constitucional, en razón que el procedimiento de la que deriva dicho acto de autoridad, se substanció por la autoridad jurisdiccional legalmente competente, conforme a las disposiciones legales contenidas en el código adjetivo de la materia y fuero, en los términos y con las formalidades que el mismo exige. Asimismo, la responsable invocó los fundamentos que estimó aplicables al caso, lo que respeta lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es claro que con la emisión del acto reclamado no se transgredieron los derechos fundamentales y humanos en menoscabo del amparista, toda vez que la emisión del mismo se encuentra debidamente fundado y motivado. En tales condiciones, se estima que la medida decretada por el juez responsable de desechar la petición del quejoso, resulta idónea pues a nada práctico llevaría desahogar una audiencia para la revisión de la medida, pues el delito por el que se le persigue en la causa penal de origen, es el delito de violación, el cual es de aquellos que son considerados como graves y sujetos a prisión preventiva oficiosa, tal como lo expone expresamente el segundo párrafo del artículo 19 Constitucional, lo que significa que no procede analizar o revisar la posibilidad de alguna otra medida pues dada la gravedad de dicho ilícito, constitucionalmente, se prohíbe que pueda enfrentar su proceso penal en libertad, en el que se le impuso para asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, toda vez que mediante dicha medida cautelar, se tendrá la certeza de que no se evadirá de la acción de la justicia, aunado a que no se está en ninguna de las excepciones a que se refieren los artículos 166 y 167, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que el motivo de disenso establecido por el quejoso, resulta infundado, pues como ya se estableció el juez de origen estuvo en lo correcto al determinar desechar de plano la solicitud del imputado por no advertir la necesidad de establecer fecha y hora para debatir sobre su solicitud, puesto que de acuerdo a lo peticionado en su escrito, no advertía que hubieran variado las condiciones objetivas que habían justificado en su momento la imposición de la medida cautelar consistente en prisión preventiva oficiosa decretada en su contra en términos del artículo 19 Constitucional y 167 párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sobre el tema, es aplicable la tesis de jurisprudencia número de registro 238212, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto, siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otra parte, debe decirse que el acto reclamado tampoco transgrede en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Federal. Ello, porque la verificación del auto que constituye el acto reclamado se realizó desde una perspectiva constitucional y ámbito de legalidad, y una vez superadas tales exigencias, no procede resolver las cuestiones planteadas por la parte quejosa de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Resulta aplicable el criterio jurisprudencial 1a./J. 104/2013 (10a.), sustentado por la Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, octubre de 2013, Tomo 2, página 906 del rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de Derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes". En tales consideraciones, ante lo jurídicamente infundados los motivos de disenso y la falta de demostración de las violaciones aducidas a las prerrogativas y derechos fundamentales reconocidos en los preceptos constitucionales que el quejoso expresó como fundamento de su demanda; sin que exista queja deficiente que suplir, lo conducente es negar el amparo solicitado. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de seis de noviembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elaborándose versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217, así como sexto transitorio de la Ley de Amparo, se. R E S U E L V E PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Francisco López Vidal, por los motivos expuestos en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vistos; de autos se advierte que por auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional, acordó el reenvió del despacho 108/2020, orden 203/2020, dirigido al Juez Civil de Primera Instancia de Cunduacán, Tabasco, en turno, en virtud de que el mismo fue devuelto por el Servicio Postal Mexicano. Ahora, agréguese a los presentes autos sin mayor pronunciamiento, el oficio de cuenta, signado por Zaraid Magaly Contreras Gómez, en su carácter de apoderada legal de la empresa denominada ESTAFETA MEXICANA, sociedad anónima de capital variable, mediante el cual da cumplimiento a lo solicitado por este juzgado en auto de doce de los actuales. No obstante, téngase a la promovente señalando como domicilio fiscal para oír y recibir todo tipo de notificaciones en avenida José Vasconcelos, número 105, Piso 4, colonia Hipódromo Condesa, código Postal 06170 Ciudad de México. Asimismo, se tiene a la ocursante proporcionando el correo electrónico atención.cjf@estafeta.com, con la finalidad de agilizar cualquier información o consultas respecto de las notificaciones. Al respecto, dígase que este juzgado toma conocimiento del mismo, únicamente como una comunicación no procesal, de conformidad con lo establecido en el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Por otra parte, como de la certificación secretarial se observa que el diecisiete de marzo del presente año, se ordenó que la notificación del auto de inicio de seis de noviembre de dos mil veinte, se realizara al quejoso por el método alternativo de videoconferencia, en virtud de que se encuentra privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Cunduacán, Tabasco; así como los subsecuentes acuerdos que obran en el presente juicio; en esa razón se deja sin efecto el reenvió del despacho 108/2020, orden 203/2020, dirigido al Juez Civil de Primera Instancia de Cunduacán, Tabasco, en turno, tomando en consideración que aún, no se ha turnado a la Oficialía de Partes de este Juzgado para su correspondencia. En consecuencia, dése de baja a dicha comunicación oficial de la estadística que se lleva en este juzgado y háganse las anotaciones en el libro de gobierno que corresponda. Notifíquese

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