José Francisco Latacunga Pilatasig

Expediente 627/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
627/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • José Francisco Latacunga Pilatasig
  • Lida Balbina Chiguano Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de julio de dos mil veintidós. Visto; el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, mediante el cual solicita el acceso al expediente electrónico en el presente juicio y proporciona nombre de usuario ********************; de igual forma, señala el mismo para oír y recibir notificaciones electrónicamente. Al efecto, se acuerda: Atento a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos el pedimento de cuenta. Atento a lo peticionado por dicha representante social, de conformidad con el artículo 3, de la ley de la materia, se le tiene como autorizada para consultar electrónicamente el juicio de amparo en que se actúa; se ordena al Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), dar de alta en el presente juicio a la antes citada, registrada con el nombre de usuario ********************, para consultar de manera electrónica el presente juicio. De igual manera, se instruye al personal comisionado de efectuar la digitalización de constancias, que realice el escaneo de las documentales que integran el presente sumario incluyendo las notificaciones respectivas, a fin de que el expediente electrónico coincida con el expediente físico. Por otra parte, de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza hacer las notificaciones a través del usuario ********************; por lo que se instruye a los actuarios de la adscripción para que tomen nota. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de junio de dos mil veintidós. Vistos; el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que la parte quejosa no se inconformó contra el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el que se dictó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposiciones expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha quedado firme para todos los efectos legales a los que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a la autoridad responsable y terceros interesados, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido del auto pronunciado, se estima no causa ningún perjuicio a sus intereses. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de depuración al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso a), en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la suspensión de plano. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se formaron los cuadernos incidentales, se deja de acordar lo conducente. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 18, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, así como en la carátula del mismo y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, procédase a su depuración. Realizado lo anterior, solicítese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes susceptibles de devolución, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto; el oficio de cuenta recibido vía correo electrónico suscrito por la Encargada de la Administración del Centro Concentrado de Familias Migrantes acompañadas de sus hijas e hijos menores de dieciocho años "La Algodonera", por medio del cual rinde informe de suspensión de plano, exhibiendo diversas documentales en apoyo al mismo y señala correo electrónico. Al efecto, se acuerda: Asimismo, respecto al oficio en cuestión y sus anexos, con fundamento en lo previsto por el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, este Juzgado otorga valor probatorio a los mismos, sin obstar que haya sido enviado vía correo institucional, pues obra la certificación del día y la hora de su recibo y la autoridad que lo envió; además, dado el problema de contingencia sanitaria derivado del virus COVID-19, se ha dificultado para que la autoridad oficiante pueda rendir la información requerida a través de los medios tradicionales (correo ordinario, estafeta, telegrama), en tal sentido se estima pertinente darle trámite a éstos. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 27/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación, Tomo XXV, Marzo de 2007, Registro: 173071 de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos el oficio cuenta y sus anexos. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de suspensión de plano. En este tenor, por lo que hace a las documentales exhibidas, con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tienen por admitidas las documentales que adjuntan, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Por otro lado, como lo establece el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 2019, el correo electrónico, es sólo un medio para entablar comunicaciones no procesales con las partes, y por tanto se le tiene por ofrecido el mismo, solo para el efecto antes mencionado. Sentado lo anterior, como cuestión preliminar es necesario puntualizar que en términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, este juzgado procede a realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual se analiza en su integridad, la demanda de amparo. Lo anterior, de conformidad con la tesis jurisprudencial que en su rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, resulta aplicable al caso, la tesis aislada siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Acorde a lo anterior, se precisa que los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en: - Aseguramiento; - Alojamiento; - Detención; - Privación ilegal de la libertad; -Incomunicación; - Deportación; -Expulsión; - Repatriación; y - Su ejecución. Así pues, en ese orden de ideas, respecto a los actos reclamados a las autoridades responsables, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, ya que aquellos se consumaron de forma irreparable. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la resolución de la contradicción de tesis 136/2007-SS de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 171/2007, señaló que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese orden de ideas, de las documentales que obran en autos, documentales a la que se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, párrafo segundo, por tratarse de una actuación emitida por la autoridad responsable en el ejercicio de su encargo y dentro del ámbito de su competencia legal, se desprende que los directos quejosos efectivamente se encontraban albergados en el "Centro Concentrador para Familias Migrantes acompañadas de sus hijas e hijos menores de 18 años", por lo que, se presupone la existencia de las actuaciones combatidas; no obstante, el dieciocho de mayo de dos mil veintidós, efectuaron una salida no planificada, por lo que, el encargado de dicho centro procedió a efectuar una constancia de hechos para deslindar responsabilidades. De lo se colige que si bien es cierto, dichas actuaciones son susceptibles de estudio en la instancia constitucional, también lo es que, las mismas han quedado consumadas en razón de que los impetrantes de amparo efectivamente fueron puestos a disposición de la autoridad migratoria por lo que a su libertad personal se refiere, sin embargo, estos efectuaron una salida no planificada del centro donde se encontraban sin que posteriormente se supiera de su paradero. En esa línea argumentativa, es inconcuso que a nada práctico conduciría analizar la constitucionalidad de un reclamo que, por su naturaleza, quedó irreparablemente consumado, es decir, que ni con la sentencia amparadora podría darse efectos restituitorios a favor de los agraviados, como en la especie acontece. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 62, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 106 de la Parte I, del Apéndice de 1988, Quinta Época, cuyo rubro y texto son: "ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. IMPROCEDENCIA.- El amparo contra ellos es improcedente y debe ser sobreseído." Asimismo, es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a fojas 16, del Tomo 5 Sexta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que dice: "ACTOS CONSUMADOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; pero no basta que el acto se consume de manera material para que por ese sólo hecho se tenga como irreparable, ya que sólo tienen ese carácter, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, aquellos actos en que físicamente sea imposible que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de la violación; pero no lo son los que, en virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación." En esa tesitura, con fundamento en la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, resulta procedente sobreseer el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la ley de la materia. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia cuyo rubro y epígrafe señalan: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No se soslaya el hecho de que no se cuenten con los informes justificados por las autoridades responsables, ello en la inteligencia de que las mismas rindieron sus informes de suspensión de plano, siendo que de estos se evidencia la causal de improcedencia citada. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la tesis de rubro y texto siguientes: "INFORME RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO. PUEDE PRODUCIR LOS EFECTOS DE INFORME JUSTIFICADO Y CONSTITUIR UN MEDIO IDÓNEO PARA DETERMINAR LA EXISTENCIA O INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, SIEMPRE QUE REÚNA LOS REQUISITOS LEGALES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE EXIMIR A LA AUTORIDAD OMISA DE LA MULTA POR NO RENDIR ÉSTE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación relacionada y sistemática de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se advierte que el informe justificado no reviste solemnidad alguna ni debe cumplir con mayores requisitos que los siguientes: a) Rendirse en el plazo correspondiente (quince días, prorrogables por diez más); b) Exponer las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; c) Anexar copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; y, d) Las exigencias adicionales previstas para los actos materialmente administrativos y agrarios. En ese tenor, partiendo de la base lógica que representa la imposibilidad de aportar razones, fundamentos y constancias de un acto inexistente, se arriba al convencimiento de que, en tal caso, bastará que el oficio correspondiente haga referencia al juicio de amparo en cuestión, quejoso y acto reclamado, negando expresamente la existencia de éste, con indicación del nombre y cargo del servidor público que lo rinde (requisitos legales), para que dicha comunicación sea considerada como informe justificado en toda forma, y produzca plenos efectos para determinar la existencia o inexistencia del acto reclamado, con independencia de que se haya rendido con alguna otra finalidad manifiesta, como puede ser cumplir con el requerimiento relativo a la suspensión de oficio, sobre todo, al considerar que ambos informes (justificado y de suspensión de plano), por regla general, son requeridos en el mismo proveído inicial, siendo irrelevante la denominación que se dé a la comunicación procesal en cuestión, lo que no opera respecto del informe previo rendido en el incidente respectivo, que se lleva por cuerda separada pues, resultaría inadmisible hacer que un informe rendido en determinados cuadernos (incidentales) produzca efectos en otro (principal), sin que medie alguna intervención de las partes en ese sentido y, derivado de ello, se realice el cotejo de la copia correspondiente para agregarse al expediente respectivo o, al menos, se certifique el contenido del informe que pretende trasladarse, siempre que no exista algún otro motivo legal que impida acceder a tal solicitud, y sin que ello implique eximir a la autoridad omisa de la multa que pudiera imponérsele, en términos de la fracción II del artículo 260 de la propia ley, ni de cualquier otra sanción, por no rendir el informe justificado." Por otro lado, visto el resultado alcanzado, se deja sin efectos la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TRECE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Visto; el oficio de cuenta signado por el Sub representante Federal Zona Centro del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, por medio de los cuales rinde informe de suspensión de plano en atención a los oficios 11480/2022 y 11482/2022, exhibiendo diversas documentales en apoyo al mismo, señala domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos el oficio cuenta y sus anexos. Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126, de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de suspensión de plano. En este tenor, por lo que hace a las documentales exhibidas, con fundamento en los ordinales 119, y 123, de la ley de la materia, se tienen por admitidas las documentales que adjuntan, las que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que serán valoradas en el momento procesal oportuno. Respecto al domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados, dígasele que deberá de estarse a lo acordado en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintidós. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

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