Jose Francisco Lara Alfaro
Expediente 1049/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1049/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 17/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Jose Francisco Lara Alfaro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Enseguida el Secretario hace una relación de las constancias de autos, y certifica: que obran las de emplazamiento de las partes, con excepción del tercero interesado, ya que por auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se ordenó postergar su emplazamiento hasta en tanto obrara en autos el informe justificado de la autoridad responsable, el cual se encuentra agregado al presente sumario. Que las partes no manifestaron su intención de comparecer a la presente audiencia, mediante el método de video conferencia. Enseguida el Juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. En ese orden, toda vez que ninguna de las partes manifestó su intención de comparecer a la audiencia de ley, a través del sistema de video conferencia, se procede a realizar la presente audiencia vía tradicional (física). Ahora bien, toda vez que obra en autos el informe justificado de la autoridad responsable, sobre ordenar el emplazamiento del tercero interesado, no ha lugar a ello, pues lo único que traería sería el retardo del fallo y lo que se busca consagrar con la presente celebración es el principio contenido en el artículo 17 Constitucional; aunado a ello el sentido de la resolución no variaría. A continuación se abre el período probatorio: el Secretario da cuenta con las constancias que la autoridad responsable allegó al presente cuaderno. El Juez acuerda: Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las documentales de referencia, y como no se ofrecieron más elementos de convicción se cierra dicha etapa. Enseguida se abre el periodo de alegatos: el Secretario hace constar que ninguna de las partes ofreció de su intención. El Juez acuerda: Al no haber alegatos que relacionar, se declara el cierre de dicha etapa. Con lo anterior se da por concluida la presente audiencia, y se procede a dictar la siguiente: SENTENCIA Vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1049/2022, promovido por José Francisco Lara Alfaro; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintidós, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, recibido en este juzgado en esa propia fecha, compareció José Francisco Lara Alfaro, por conducto de quien se ostentó como su apoderado legal, licenciado Benito Hernández Pérez, a solicitar el amparo y protección de la justicia federal contra la omisión de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia esta ciudad, por considerarlas violatorias del derecho fundamental consagrado en los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir literalmente en: "ACTO RECLAMADO: La dilación en el proceso, respecto de resolución dentro del expediente 16/E02/2019." Sin embargo, el acto reclamado antes transcrito, se precisará para su estudio en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Prevención. Por auto de trece de junio de dos mil veintidós, se previno al licenciado Benito Hernández Pérez, a efecto de acreditara con documento idóneo la personalidad con que se ostentó, es decir, como apoderada legal de la parte quejosa José Francisco Lara Alfaro, dentro del expediente laboral 16/E02/2019 del índice de la autoridad señalada como responsable. Trámite. Posteriormente, en auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, se tuvo por cumplida la citada prevención, por lo que se admitió a trámite la demanda y se registró con el número 1049/2022; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado, se postergó el emplazamiento del tercero interesado, se dio vista al Fiscal de la Federación adscrito, y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo lugar al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque se reclaman actos omisivos de autoridad con residencia en esta ciudad, la cual se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción, y tocó conocer del asunto a prevención. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ".La fijación clara y precisa del acto reclamado.". Lo que además se contiene en la tesis de jurisprudencia P/J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, correspondiente al mes de abril de 2000, Novena Época, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, del análisis íntegro practicado a la demanda de amparo, así como a las constancias relacionadas con el juicio laboral 16/E02/2019, y considerada la demanda de amparo como un todo, se obtiene que a la autoridad responsable se le reclama: El dejar de dictar proyecto de resolución en forma de laudo, dentro del expediente laboral 16/E02/2019. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe justificado, manifestó que no es cierto el acto que se le atribuye, sin embargo, refiere que el estado procesal no lo permite, toda vez que el treinta de junio de dos mil veintidós se certificó la inexistencia de pruebas pendientes por diligenciar, concediéndose a las partes término de a fin de que manifestaran lo que a su interés conviniera. Lo anterior, se corrobora con las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales adquieren pleno valor probatorio al tratarse de documentos públicos, atento a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo anterior, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene como plenamente probado el acto reclamado a la responsable. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página 391, del texto y rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Asimismo, la jurisprudencia número 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no hicieron valer contra el acto reclamado alguna causa de improcedencia, ni de manera oficiosa se aprecia alguna que, por ser de orden público, deba ser analizada preferentemente a las cuestiones de fondo, en términos de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, por lo que se procede abordar el estudio de fondo del asunto. QUINTO. Conceptos de violación. Los motivos de disenso formulados por la parte quejosa, son los que se contienen en la demanda, mismos que se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SEXTO. Estudio. Los conceptos de violación externados por la parte quejosa resultan infundados, respecto a la omisión de dictar el proyecto de resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral número 16/E02/2019. En ese sentido, es conveniente precisar que el impetrante aduce que se violentan en su perjuicio las garantías contenidas en el artículo 17 Constitucional, al aplicar inexactamente la autoridad responsable el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, precepto que se trae a la vista para una mejor comprensión: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos." Visto lo anterior, es importante precisar que el numeral transcrito establece que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos por las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas pendientes por desahogar, y concluida la vista dada a las partes, el auxiliar de oficio declarará cerrada la instrucción, y dentro de los diez días siguientes deberá formular por escrito el proyecto de resolución en forma de laudo. Luego, en el presente asunto se reclama la omisión de dictar el proyecto de resolución en forma de laudo dentro del sumario de origen, y, de las documentales aportadas por la autoridad responsable, a través de su informe justificado, se llega a determinar que el estado de los autos del expediente laboral 16/E02/2019, al momento de presentar la demanda, no permitía dictar el laudo correspondiente, ello toda vez que no fue sino hasta el treinta de junio de dos mil veintidós, cuando se emitió la certificación de la inexistencia de pruebas pendientes por diligenciar, otorgándose término de tres días a las partes, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera. Y, como se destacó, previo al dictado del laudo que se reclama, una vez emitida la certificación de inexistencia de pruebas pendientes por diligenciar, y transcurrido el término de tres días concedido a las partes para que manifestaran su conformidad o no con dicha certificación, el auxiliar declarará el cierre de instrucción dentro del sumario de origen, y dentro de los diez días siguientes, emitirá el proyecto de resolución en forma de laudo, empero, la emisión de la aludida certificación aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, es decir, hasta el treinta de junio del año que transcurre. Con lo anterior, se pone de manifiesto que la estadía procesal del sumario de origen, no permite el dictado del proyecto de resolución en forma de laudo. Puesto que no se han agotado las fases procesales establecidas en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo; y toda vez que el sumario laboral no se encuentra en el momento procesal oportuno, la responsable se encuentra impedida para dictar la resolución reclamada. Ello a razón de que a la presente fecha no existe constancia dentro del sumario en el que se actúa, que ponga de manifiesto que la secuela procesal contemplada en el numeral 885 de la Ley Federal del Trabajo ha culminado, es decir, que se haya dictado el cierre de instrucción, y que el término para que el auxiliar emita el proyecto de laudo ha concluido. De todo lo anterior, se concluye que el acto reclamado debe existir al presentar la demanda y no posterior a ello. En apoyo a lo anterior se cita el criterio sostenido por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 273, del Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." Por ello, resulta infundada la manifestación que realiza la parte quejosa en contra de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y como consecuencia de lo anterior, se debe negar el amparo en el presente juicio. Sin perjuicio de que, si subsiste la omisión reclamada precisada en el presente considerando, esta puede ser subsanada por esta vía, a través de la interposición de un nuevo juicio de amparo. Los criterios que se citan son aplicables aun cuando se hayan conformado a la luz de la Ley de Amparo abrogada, porque en términos del artículo Sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente, no se advierte se opongan a ésta. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Francisco Lara Alfaro, contra el acto que reclamó del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los razonamientos expuestos en el último de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agregan los oficios signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, por el cual remite copia certificada de diversas constancias de las que se desprende que el licenciado Benito Hernández Pérez, tiene el carácter de apoderado legal de la parte actora, dentro de los autos del expediente laboral de donde emana el acto reclamado; en tales condiciones, téngasele por reconocida la personalidad con que comparece dentro del presente expediente. Ahora bien, toda vez que mediante acuerdo de diecisiete de junio del presente año, se reservó a proveer respecto a su solicitud de acceso al expediente electrónico, hasta en tanto se reconociera la personalidad con la que comparecía a la presente instancia, y tomando en consideración que en esta propia fecha se le reconoce tal carácter, atento al Acuerdo General 13/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, así como el Acuerdo General 12/2020, del PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, en términos de los artículos 77 y 79 del Acuerdo que Reglamenta los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación del Juicio de Amparo en Línea, este órgano de control constitucional otorga acceso a Benito Hernández Pérez, para que consulte las determinaciones emitidas en el asunto que nos ocupa; así como para enviar promociones, documentos, comunicaciones y recibir, en su caso notificaciones en forma electrónica; lo anterior también con lo establecido en el arábigo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario "benito-hdz" en la página del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Se hace del conocimiento del promovente que el acceso a los expedientes electrónicos solo es otorgado o revocado por los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, y atenderá en todo caso a la situación jurídica que respecto a cada usuario impere en los asuntos en que se solicite, de conformidad con los términos legales que las propias partes otorgaron al solicitante, así como a la vigencia de su firma electrónica. De igual forma, con fundamento en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que los quejosos o terceros interesados que cuenten con Firma Electrónica están obligados a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, en cuyo caso, el plazo será de veinticuatro horas; que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación dentro de los plazos señalados, el órgano jurisdiccional que corresponda tendrá por hecha la notificación. Ello, sin perjuicio de que, cuando el órgano jurisdiccional lo estime conveniente por la naturaleza del acto pueda ordenar que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además, hará constar en el expediente cualquiera de las situaciones anteriores, ordena practicar a la impetrante de amparo las notificaciones de forma electrónica en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, utilizando su firma FIREL, con el nombre de usuario antes aludido. Al respecto, se cita la jurisprudencia 71/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, número de registro 2020082, la cual en su rubro refiere "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO." Ahora, y toda vez que resulta necesario habilitar al promovente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), notifíquese el presente proveído a la Encargada de dicho sistema, a efecto de que realice las gestiones administrativas correspondientes. Notifíquese; y por correo electrónico a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este juzgado.
- Principal
Visto el estado procesal del presente asunto, se advierte que por auto de once de julio del año en curso, se requirió a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a fin de que informe si el promovente Benito Hernández Pérez, tiene el carácter de apoderado legal del actor José Francisco Lara Alfaro, dentro del juicio laboral 16/E02/2019, proveído que se notificó a la citada autoridad por oficio 24110/2022 -el quince de julio de dos mil veintidós -, según acuse que obra en el expediente electrónico. Por tanto, se encuentra transcurriendo el término otorgado a la autoridad responsable a fin de que cumpla con lo requerido; de ahí que, no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional programada para el día de hoy, por lo que se difiere la misma y se señalan las DIEZ HORAS DEL DIECISIETE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo su desahogo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, tomo VI, Materia Común, página 309, cuyo rubro es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Finalmente, de conformidad con los artículos 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad que, con la finalidad de optimizar los recursos materiales, únicamente se le notificará de manera personal, es decir, por medio de oficio, aquellas determinaciones que por la trascendencia del contenido del auto o resolución que deban notificársele lo ameriten; en tanto que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificará de la misma manera que a las demás partes, esto es, por medio de lista. De la misma manera, tomando en consideración que el segundo de los numerales en cita prevé que, en los juicios de amparo, las notificaciones por lista se harán en una que se fijará y publicará en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las partes que, en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (www.cjf.gob.mx), o bien, mediante el ingreso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), pueden realizar la consulta de dicha lista, así como de la información que de este expediente se encuentra capturada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se agrega el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual rinde informe justificado dentro del presente asunto; con su contenido y con las constancias que se anexan, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convengan. Por otro lado, toda vez que la autoridad responsable omitió expresar si el promovente Benito Hernández Pérez, tiene el carácter de apoderado legal del actor José Francisco Lara Alfaro, dentro del juicio laboral 16/E02/2019, y requiérasele, para que, dentro del plazo de tres días contados a partir de su legal notificación, informe si el promovente tiene tal carácter dentro del citado juicio y remita copia certificada de las constancias correspondientes; o bien, manifieste el impedimento que tenga para hacerlo. Apercibida de que en caso de no cumplir con lo anterior dentro del término concedido, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Notifíquese.
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