José Francisco Jiménez Alvarado

Expediente 260/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
260/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • José Francisco Jiménez Alvarado

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 260/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de mayo de dos mil veintidós. Remisión del oficio original. Visto el oficio de la secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, se advierte que se encuentra dirigido al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, asimismo, del auto inserto se aprecia que acusa de recibo de los autos originales del juicio de amparo 260/2022, de su índice, promovido por Merced Ruiz López. En consecuencia, a fin de evitar dilaciones procesales, se ordena remitir el oficio original de cuenta 9844/2022 al Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en este municipio, previa copia que se deje en este expediente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 260/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. 1. Estado de autos. Advirtiéndose de la certificación que antecede que ha transcurrido el término conferido para hacer valer el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, contra el auto de cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, sin que lo hubiese interpuesto. 2. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el auto de desechamiento estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso a) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino (destrucción). Transcurrido el plazo de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21 y 24 del referido acuerdo. 6. Archivo reciente. Conforme al artículo 21, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruible, remitiendo el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. 7. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, como se precisó en el auto inicial, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 8. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente conste la leyenda que el mismo es destruible. 9. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula de expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL 260/2022 MESA 4 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo promovida por José Francisco Jiménez Alvarado, por propio derecho, contra actos del presidente de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca y otra, depositada el dos de marzo del año en curso en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, y turnada a este órgano jurisdiccional el tres siguiente; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 260/2022. 2. Integración del expediente. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, tan pronto como se normalicen de forma presencial las actividades jurisdiccionales, o se hagan presentes en el órgano jurisdiccional dentro de los días y horario establecido, y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, se deberá incorporar a éste la totalidad de las constancias que falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al (la) fedatario (a) correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que, en su oportunidad, haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento. 3.1 Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, para los efectos del desechamiento de la demanda de amparo, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda; se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Del estudio íntegro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: (Imagen escaneada) Que reclama a las autoridades responsables: (Imagen escaneada) De las imágenes escaneadas se advierte que la parte quejosa se duele, esencialmente, del acuerdo dictado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, por el que el presidente de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje negó la medida de subsistencia como trabajador, mientras dure el juicio de amparo directo promovido por el tercero interesado, Instituto Mexicano del Seguro Social, contra el laudo dictado por la autoridad responsable el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, en el expediente laboral 676/2016. Aunado a ello, como lo manifestó la parte quejosa, el tercero interesado solicitó la suspensión de la condena mientras se resolvía el amparo directo, a lo que la autoridad responsable, presidente de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, concedió la suspensión respecto a la condena económica, pero se le negó la suspensión respecto a la reinstalación del quejoso; en cumplimiento a lo anterior, fue reinstalado de manera provisional, el veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Por ello, mediante escrito de veintidós de enero de dos mil veintiuno solicitó a la Junta responsable para que requiriera al Instituto demandado el pago de seis meses de salario o el que considerara, como medida de subsistencia, mientras se resolvía el fondo del juicio de amparo directo. En atención a dicho escrito la el presidente de la Junta responsable emitió auto de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en el que negó lo solicitado. En ese orden, se advierte que se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción IX, de la citada ley, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;". Al respecto, el precepto transcrito, cuando hace referencia al "juicio de amparo", comprende tanto al juicio de amparo directo como al indirecto y también a las resoluciones pronunciadas en lo principal como en la suspensión del acto reclamado; asimismo, tratándose del juicio de amparo directo, incluye a las resoluciones pronunciadas por la autoridad que conoce del juicio de origen, en este caso la Junta Laboral (autoridad responsable), que actúa como auxiliar de los Tribunales Colegiados de Circuito al recibir la demanda de amparo directo, darle trámite, y conocer de la suspensión del laudo reclamado. Es así porque, conforme a lo dispuesto en el artículo 190 de la Ley de Amparo, en los juicios de amparo directo, competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, la autoridad responsable decide respecto de la suspensión de la ejecución del acto reclamado, de los requisitos para su efectividad y del peligro de la parte trabajadora de no subsistir mientras se resuelve el juicio de amparo. En la parte sustancial, se cita como apoyo la jurisprudencia siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LOS ACTOS EMITIDOS POR LA RESPONSABLE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. En la jurisprudencia 2a./J. 4/90 (*), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, determinó que el juicio de garantías inicia con la presentación de la demanda ante el órgano jurisdiccional; tal criterio se confirmó en el artículo 170, fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, para efectos de esa ley, el juicio inicia con la presentación de la demanda. En ese sentido, de la interpretación integral de los preceptos legales que rigen el trámite del juicio de amparo directo en ambas legislaciones, deriva que los actos emitidos por la autoridad responsable en torno a la presentación de la demanda relativa forman parte del procedimiento del juicio de amparo directo, por lo cual la responsable funge con carácter de auxiliar de la Justicia Federal en los actos inherentes, tales como la recepción del libelo, el otorgamiento de la suspensión del acto reclamado, el emplazamiento al o a los terceros perjudicados y la remisión de la demanda al tribunal competente para su conocimiento; sin que pueda estimarse que los actos dictados dentro del juicio de amparo directo violen derechos fundamentales. Por ello, contra esos actos resulta improcedente el juicio de amparo indirecto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor." En ese entendido, al decidir lo correspondiente a la medida cautelar, la autoridad laboral se constituye en un órgano de amparo, en tanto que actúa como auxiliar al determinar si concede o niega la suspensión, fijar los términos de la medida cautelar concedida, cuidar que no se ponga en peligro la subsistencia de la parte trabajadora, fijar las garantías y contragarantías, tramitar el incidente de daños y perjuicios y, en general, cualquier actuación relacionada con esas determinaciones. Luego, la causa de improcedencia invocada se actualiza contra el acto reclamado consistente en la negativa de otorgar la medida de subsistencia al trabajador, aquí quejoso, mientras dure el juicio de amparo directo por la autoridad responsable, presidente de la Junta Especial número treinta y dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, pues la negativa reclamada fue pronunciada por la autoridad responsable derivado de su facultad legal para proveer todo lo relativo a la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo directo. Por las razones precisadas, la ejecución de laudo, así como las medidas adoptadas para garantizar la subsistencia del trabajador, no se constituye como un acto propio de la autoridad laboral en la fase de ejecución de laudo; sino como una providencia en el juicio de amparo directo, donde la autoridad laboral es auxiliar. Luego, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable al negar al trabajador lo solicitado relacionado a la medida de subsistencia mientras se resuelva el amparo directo es producto del análisis jurídico realizado de los alcances de la determinación de suspensión decretada en el juicio de amparo. Máxime que, al tener actualizada la improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, se evita a la parte quejosa seguir todo un juicio cuando tiene a su alcance los recursos previstos en la Ley de Amparo; los cuales, por su celeridad e idoneidad para revisar el actuar de las autoridades en materia de suspensión, procuran mayor posibilidad de obtener lo pretendido oportunamente. Luego, el trabajador actor, aquí quejoso, tiene a su alcance los medios de defensa de la Ley de Amparo, en particular, el recurso de queja, previsto en el artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo que, de manera extensiva, procede contra la suspensión, cuando la conceda o niegue. Por lo anterior, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dictados en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; así, la referida negativa no constituye un acto propio de la autoridad laboral en la fase de ejecución del laudo en un juicio laboral, sino un acto dictado en el juicio de amparo directo, toda vez que, como se precisó, la Junta es auxiliar de los Tribunales Colegidos de Circuito, lo que implica que las medidas adoptadas concernientes a la suspensión del laudo, debe ser analizado por aquéllos, en virtud de que deriva de actos dentro del amparo directo. Es aplicable, al respecto, la tesis siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA EL SUPUESTO PREVISTO EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA QUE NIEGA EJECUTAR EL LAUDO PARA QUE EL TRABAJADOR OBTENGA LA CANTIDAD FIJADA EN LA SUSPENSIÓN PARA GARANTIZAR SU SUBSISTENCIA MIENTRAS SE TRAMITA EL AMPARO DIRECTO PROMOVIDO POR EL PATRÓN. Hechos: En un juicio de amparo indirecto se reclamó la negativa de ejecutar el laudo para garantizar la subsistencia de la parte trabajadora durante la tramitación del juicio de amparo directo promovido por el patrón, solicitada ante la Junta con motivo de la suspensión de la ejecución del laudo reclamado, concedida en términos del artículo 190 de la Ley de Amparo, en cuanto al excedente de la cantidad fijada como necesaria para tal efecto. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución de la Junta que niega ejecutar el laudo para que el trabajador obtenga la cantidad fijada en la suspensión para garantizar su subsistencia mientras se tramita el amparo directo promovido por el patrón. Justificación: Ello es así, pues conforme a la fracción IX del artículo 61 de la citada ley, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; así, la referida negativa no constituye un acto propio de la autoridad laboral en la fase de ejecución del laudo en un juicio laboral, sino un acto dictado en el juicio de amparo directo, donde la Junta es auxiliar de los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que de acuerdo con el mencionado artículo 190, la autoridad responsable decidirá lo relativo a la suspensión de la ejecución del acto reclamado, los requisitos para su efectividad y del peligro de la parte trabajadora de no subsistir mientras se resuelve el juicio, lo que implica que se constituye en un órgano de amparo al proveer lo correspondiente a la medida cautelar y decidir sobre la subsistencia de la parte trabajadora; prerrogativa que, al derivar de una providencia decretada en el incidente de suspensión, subsiste sólo mientras se resuelve el juicio de amparo directo, pues su monto se fija en relación directa con la duración de éste y lo entregado para garantizar la subsistencia no siempre será considerado como pago de lo laudado, pues cuando el patrón obtiene la concesión de amparo no podrá recuperarlo, conforme a la tesis de jurisprudencia PC.III.L. J/14 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de título y subtítulo: "GARANTÍA DE SUBSISTENCIA OTORGADA AL TRABAJADOR EN TANTO SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 174 DE LA LEY DE LA MATERIA ABROGADA Y 190 DE LA VIGENTE. ES IMPROCEDENTE ORDENAR QUE SE DEVUELVA AL PATRÓN EL MONTO RESPECTIVO, AUN CUANDO SE CONCEDA LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL." (Tesis: Tesis III.2o.T.6 L (11a.) de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en Semanario Judicial de la Federación Undécima Época, registro 2024237). 3.3 Determinación. Por lo expuesto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO la demanda promovida por José Francisco Jiménez Alvarado, ante un motivo manifiesto e indudable de su improcedencia. 4. Acceso a la justicia. Debe decirse que la actualización de la causa de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que en este asunto se interpretaron de manera estricta, sin que esto implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". Y, por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.3 K (10a.), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Materia Común, página 2066, del rubro: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." 4. Domicilio y autorizados. a) Domicilio. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica. b) Autorizado. De conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado con las facultades amplias a Yori Santos Martínez Ortiz (cédula 10254422), por haberse encontrado registrada su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación (http://ciber.cjf.gob.mx/RegProf/). Y únicamente para recibir notificaciones, en términos del segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de Amparo, a Úrsula Ortiz Avendaño, por así solicitarlo de manera expresa. 5. Correo electrónico y teléfono móvil. Ahora, toda vez que también proporciona correo electrónico y número telefónico, mismos que, no obstante que no reúnen los requisitos previstos en los artículos 3º y 24, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, sin embargo, debido a la situación de contingencia en que se encuentra el país, se autorizan dichos medios únicamente para que el actuario judicial tenga comunicación con la parte quejosa. 6. Habilitación de días y horas inhábiles. Dada la situación de contingencia en que se encuentra este país, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo; asimismo, se le faculta emplear todas las formas de notificación (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal, 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; y que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no el acceso a la información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley avocada; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de las resoluciones que se lleguen a dictar en este juicio de amparo, se elaborará la versión publica a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni las obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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